Secretario

Hace años, el grupo Mocedades interpretaba una canción que incorporaba la relación silenciosa entre una secretaria y su jefe. Esta relación, que acaba en un cierto síndrome de Estocolmo, estaba teñida por la lealtad y la amargura, de forma que concluía la protagonista del relato en yo “sólo fui tu secretaria”, habiendo sido copartícipe de la organización de citas clandestinas y toda clase de enjuagues por lealtad y denuedo.

La palabra “secretario”, en los días pasados, ha vuelto a cobrar vigor con la entrevista que el ex Ministro de Economía y Hacienda y de Industria, Carlos Solchaga, ha protagonizado para Vanity Fair (magnífica entrevista, por cierto, de Ana Cañil que cualquier medio nos hubiera gustado firmar). Solchaga señala que el Presidente del Gobierno trata a sus Ministros como si fueran secretarios: secretario de Sanidad, de Trabajo, de Industria,…

Todo ello sucede simultáneamente en el momento en que se desveló en sede parlamentaria (ya había sido conocido a través de varios medios de comunicación) la existencia de un plan para obligar (o despachar preferentemente) a producir energía eléctrica mediante la quema acelerada de carbón nacional, más contaminante y menos eficiente que el carbón importado y que otras fuentes de energía. Por tanto, esta es la forma de configurar el Plan Protección Plus del Carbón Nacional Español.

La historia que precede a este borrador de Real Decreto ya se ha venido radiando. Rodiezmo, lugar en el que se concitan anualmente los sindicatos de las cuencas mineras, fue donde se alumbró esta propuesta de engendro regulatorio, cuyos costes son mucho más importantes que los propios beneficios para el sector minero español. De una petición del sector minero de aumentar en 300 millones de euros el Plan del Carbón, se ha pasado a influir en el sector eléctrico y en el mercado mayorista, por la vía de las grandes palabras y la demagogia de la comunicación política: sangre, sudor y lágrimas eran palabras que ayer profería el titular de la cartera de Industria. Muchos más costes evidentes y ocultos para desequilibrar el funcionamiento del mercado. En defensa de este Plan, en forma de borrador de Real Decreto, un tono denodado y heroico del que reivindica que, además de economista, puede ser político y utilizar esa misma prosodia.

¿Y cómo ha sido el paso de una petición de mayores ayudas a tener en jaque el sector eléctrico? Al parecer, desde la propia Presidencia del Gobierno y con la influencia de sus asesores energéticos se formuló el que las ayudas al carbón nacional se hicieran con “cargo a las empresas eléctricas” en un modelo en que las empresas son un brazo armado del intervencionismo. Algo que desde el ramo correspondiente se recibe como una mandato y se procura suavizar. Primero, existe una convicción larvada de que las empresas “para eso están”. Segundo, porque la conclusión es que ni hablar de reestructurar el sector minero español. Y, tercero, la debilidad institucional y la obediencia debida han hecho el resto.

La apelación a la seguridad de suministro en tiempos de exceso de capacidad y precios bajos de la energía es poco creíble y poco consistente. La pérdida de eficiencia energética (el carbón nacional y la producción por carbón precisa mucha más energía primaria) opera justo en contra de los propios criterios y políticas del Ministerio de Industria en este sentido. Las consecuencias desde el punto de vista de emisiones de carbono es también perjudicial para el medio ambiente y para la economía del país que tendrá que pagar más derecho de carbono (¡pero como luego se sindican!). Las consecuencias, en términos de falta de credibilidad en política energética y medioambiental e, incluso, a nivel europeo, el hecho de que puedan considerarse ayudas de Estado, son más que latentes.

Y, entonces, ¿cómo es posible todo esto? Por lealtad con un sector minero, mantenido artificialmente y por las vías más alambicadas y rocambolescas. Con sufrimiento, por “motivos estratégicos”, como dice Miguel Sebastián. Como la Secretaria de Mocedades.