Industria dice que la norma sobre el bono social es «transitoria» y podría ampliarse a más colectivos

En su Informe Anual de 2010 remitido a las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo dice haber recibido quejas de ciudadanos que se sienten discriminados por no poder disfrutar del bono social, a pesar de que sus pensiones o ingresos son inferiores a los de los colectivos beneficiados.

En concreto, el bono social congela hasta 2012 el recibo de la luz a potencias inferiores a 3 kilovatios (kW), familias numerosas, familias con todos los miembros en paro y pensionistas mínimos con más de 60 años de edad.

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, recibió quejas de consumidores con pensiones a favor de familiares o de orfandad, de pensionistas de clases pasivas, de los que reciben pensión de la Seguridad Social y otros grupos que han quedado fuera del bono social.

Tras dirigirse a Industria para trasladar estas quejas, la institución recibió la respuesta de que «en la actualidad se mantiene una regulación transitoria del bono social que no exige ningún umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar para su aplicación».

En concreto, se fijaron colectivos de aplicación «con independencia de la renta per cápita», de modo que las condiciones de pertenencia son independientes del nivel económico. Ante esta situación, el Gobierno analiza la posible ampliación del bono a nuevos colectivos y el Defensor del Pueblo decidió dar por finalizada la investigación.

Por otro lado, la institución recordó a las compañías eléctricas que solo pueden interrumpir el suministro a consumidores privados a tarifa dos meses después de haber requerido fehacientemente a los mismos el pago de recibos atrasados.

«Con frecuencia», indicó, se infringe este principio, y en algunos casos se ha interrumpido el servicio a pesar de que el consumidor había abonado el importe de la factura. Los afectados, señaló, se quejan además de la «falta de eficiencia y el trato desconsiderado» de los servicios de atención al cliente de las distribuidoras eléctricas.

Durante el pasado ejercicio, el Defensor del Pueblo recibió 449 quejas relacionadas con la industria, la energía y el comercio, de las que 389 son individuales y 60 colectivas. Esta cifra es inferior a las 976 quejas relacionadas con telecomunicaciones y servicios postales, o a las 781 en la actividad de hacienda y tributos.