Industria plantea, sin el apoyo del sector, suavizar el recorte de las primas fotovoltaicas a las plantas de menos de 50 kW

En el encuentro estuvieron presentes el secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, y los representantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Asociación de la Industria Eléctrica (ASIF), la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) y la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (ANPER).

Durante el mismo, Industria ofreció la posibilidad de que el recorte en un 30% en el número de horas con derecho a prima durante los próximos tres años quede reducido progresivamente para las plantas menores a 50 kilovatios (kW), de modo que el porcentaje inicial solo se aplique el primer año y dé lugar a una quita de cerca de la mitad en el siguiente y a ninguna en el último.

Las asociaciones consideraron insuficiente esta medida y se negaron a adoptar un acuerdo con el Gobierno. Antes de la reunión, se les había planteado informalmente varias medidas, entre ellas la de aliviar el recorte no solo para los 50 kW, sino para todas las plantas, a razón de un 30% el primer año, un 15% el segundo y nada el tercero, o un 26%, 12% y nada en cada uno de los ejercicios.

También se les había planteado antes del encuentro la posibilidad de que la revisión de las primas se realizase conforme al IPC, y no con IPC menos 0,5 puntos como ocurre en la actualidad, o que en las líneas de crédito del ICO se permita presentar como garantía las propias plantas.

Las fuentes indicaron que Industria ofreció el «paliativo» para las plantas de menos de 50 kW a cambio de «firmar la paz» y de que las asociaciones retiren los distintos recursos presentados e incluso frenen las demandas ante la Comisión Europea, lo que al sector no le ha parecido aceptable, ya que hay una amplia «masa social» que sige afectada por los recortes.

Pese a la falta de acuerdo, fuentes de ASIF expresaron el deseo de su asociación de «mirar al futuro y solucionar otros temas pendientes, como la normativa de autoconsumo, la simplificación de los procedimientos y la adaptación de las instalaciones al sistema eléctrico».

La propuesta de suavizar el recorte a plantas de menos de 50 kW afecta a un total de 27.000 instalaciones, o a cerca de la mitad de las existentes. No obstante, estas plantas apenas suman un 8,5% de la potencia y del coste total del sector. La medida no supondría, a juicio de las asociaciones, un ahorro importante para el sistema eléctrico, aunque sí podría evitar un grave perjuicio económico a cerca de 100.000 personas.

Por su parte, la sección fotovoltaica de APPA mantendrá los recursos judiciales tras el «auténtico fracaso» con el que se cerró la reunión.

El presidente de APPA Fotovoltaica, Javier García Breva, aseguró que antes de la reunión no se produjo «ni una sola propuesta de la Administración por escrito» y recordó que el Gobierno «había roto unilateralmente las conversaciones y hasta hoy no ha habido más relación». «El Gobierno se ha querido cargar el sector y lo ha conseguido», dijo.

Pese a estas circunstancias, aseguró que las asociaciones esperaban por parte del departamento dirigido por Miguel Sebastián un «planteamiento más global» con respecto al real decreto ley 14/2010, que recoge el recorte de horas con derecho a prima de las instalaciones fotovoltaicas.

«La única salida que le queda al sector es la vía de los recursos ante los tribunales», señaló, antes de explicar que ya están en marcha las demandas contra el real decreto 1565/2010 y que «habrá que plantear todos los recursos habidos y por haber».

García Breva lamentó además que se haya «estado lanzando mensajes equívocos con respecto a la fotovoltaica sin ninguna rectificación» y que se haya eliminado la seguridad jurídica en esta actividad.

«El tema de la seguridad jurídica es fundamental, pero este sector sigue sumido en la inestabilidad regulatoria, pendiente del decreto del próximo mes y de los próximos acontecimientos, así que difícilmente podrán hacerse inversiones», afirmó.