La «negociación» vive arriba

La presencia en los medios de comunicación de noticias referidas al efecto de la elevación de los precios de la electricidad por el tránsito a un escenario liberalizado sobre determinadas industrias han vuelto a cobrar actualidad. Son noticias que tienen un denominador común. El de una empresa que pertenece a lo que se podría llamar industria pesada siderurgia o cementera, multinacional, que está afincada en España y que estaba sometida a un tipo de tarifa de alta tensión que entrañaba precios de la energía por debajo de los precios reales y por debajo también de la tarifa que se aplicaba a los consumidores residenciales. Y que en el escenario actual, expresa su malestar por los nuevos precios de la energía.

Lo que si parece demostrado es que esa transferencia de los precios que soportaban los consumidores residenciales a los grandes consumidores, es cierta, sólo que se justificaba en motivos de “fuerza mayor”, es decir, por el bien común nacional. El mensaje, añadido e incorporado, era una amenaza más o menos velada de deslocalización industrial, de razonable preocupación en momentos de crisis.

Segundo, un escenario redivivo, un cierto deja vú, percibible en el hecho de que el año pasado cuando se trató la forma de retribuir los denominados servicios de “gestión de la demanda”, fórmula instrumentada para retribuir determinados servicios a las empresas que ponen a disposición del sistema eléctrico determinadas facilidades como la interrumpibilidad o la energía reactiva. Por estos servicios las empresas perciben una retribución específica, que se articula como mecanismo de reducción de su factura eléctrica, y al mismo tiempo se puede intervenir en el sistema ante problemas de indisponiblidad o de cuellos de botella.

Situación que por otra parte, cada vez se ha venido reduciendo en su incidencia, fruto de la disposición de mayor capacidad de generación en nuestro país (ciclos combinados y renovabales incorporadas en los últimos años). La última vez que sucedió un apagón de las empresas interrumpibles, sucedió, en octubre de 2007 por motivos extremos. En 2006 y anteriores, estuvo decreciendo la utilización de este “Código Rojo”, hasta que lo habitual es que se utilice nunca o casi nunca.

Por tanto, ahora nos hemos adentrado en el terreno de que vuelve a cobrar vigencia, a la vista está la desaparición definitiva de la tarifa de alta tensión, elemento que falta por ser eliminado en el proceso de liberalización (cuestión que ha sido demorada “in extremis” hasta que los reglamentos comunitarios nos impelen).

En ese contexto, y ante la retirada del escenario protector de la tarifa regulada, las dos vías que se abrían para este tipo de consumidores eran las de los contratos bilaterales entre las industrias y las eléctricas y la de la constución de una central de compras de electricidad que operase de forma semejante, pero concentrando esta demanda. En este caso, se constituyó Fortia como entidad que pudiera, o bien acudir a realizar esos contratos bilaterales evidenciando su poder de compra por volumen o acudir al mercado diaria y directamente (algo que siempre sería más oneroso por no obtener ninguna mejora en los precios). Así por lo menos, se hizo patente en su presentación conjunta hace unos meses.

Por otra parte, esta industria viene reclamando contratos a muy largo plazo (quince años), una especie de hipoteca eléctrica, para suscribir estos contratos y condiciones económicas próximas al escenario pretérito de precios regulados. La no obtención de estas condiciones es lo que ha sido causa a su juicio de verse obligados a acudir al «mercado eléctrico».

El hecho es que actualmente Fortia acude al mercado, así como a las subastas virtuales de capacidad, en lugar de haber suscritos contratos bilaterales. Algo que implica que las mejoras en los precios de la electricidad, que han ido consiguiendo aquellas empresas que han hecho contratos bilaterales, no las están percibiendo. Una unidad de acción rota, en la medida, que según el propio Ministerio de Industria, un gran número de este tipo de industria se ha bilateralizado.

En consecuencia, parece que toca el ejercicio de segunda vuelta, volver a los clásicos. Acudir a la instancia reglamentaria, al Ministerio de Industria a solicitar el aumento de la retribución por determinados servicios (los anterioes y alguno nuevo), instrumentando una presión mediática a tal efecto. En paralelo, el mecanismo de la central de compras en su caso, más o menos se queda a su suerte y a la del mercado, aceptando precios inimaginables hace solamente un año. Estos son los términos de esta denominada y anómala negociación.

(Todo ello, sin que entremos a plantearnos, que hacemos produciendo determinado tipo de bien, intensivo en energía, cuando ni contamos con materia prima, ni contamos con energía propia y en el que se plantea un ejercicio de presunta competitividad sobre el hecho de que unos consumidores subvencionen a otros.)