Voladura controlada

En todo caso, las palabras de Mas, que inauguró el sábado una central termosolar cuya producción será fuertemente primada, se apuntaban a un relativamente fácil «totum revolutum» y no eran muy esclarecedoras, a la vez que también eran lo suficientemente ambiguas como para dar pábulo a las posiciones cambiantes de CiU sobre la revisión de los parámetros de retribución a la energía solar fotovoltaica que prepara el Gobierno para contener las primas a esta tecnología. Al parecer la presión de colectivos de payeses, en busca del maná de las subvenciones, se ha traducido en que se hayan reabierto nuevamente las «negociaciones» al respecto. De hecho, si se volviera a revisar el último Acuerdo del Congreso, serían cuatro posiciones diferentes y alternativas por parte de Convergencia i Unió, una de las bisagras parlamentarias aunque, por otro lado, con una ventanilla bastante eficaz en la gestión de este tipo de asuntos.

Dado que Artur Mas criticó duramente la política energética del Gobierno Central, cabría preguntarle al presidente de la Generalitat si desde Convergencia i Unió se apunta a impulsar este tipo de tecnologías como futuro energético en España. Cuando se habla de impulsar estas tecnologías, se tiene que comprender que esa afirmación se traduce en una grosera materialización pecuniaria y económica que alguien tiene que pagar: la subvención o prima asociada conformando las generosas condiciones retributivas de las que goza esta tecnología. Incluso si el punto de partida es la conformidad con esta afirmación, o con este modelo, la pregunta derivada es si las primas deben ser sufragadas a través de los Presupuestos Generales del Estado, de los precios de la electricidad (en la factura o tarifa, con los matices adecuados) o que los sufrague la propia Generalitat. Sin responder a estas preguntas con precisión jansenita, sólo estamos ante retórica política.

Dice Enric Juliana que Catalunya es la sociedad más mesocrática de España. Y esa mesocracia sirve de excipiente para la conformación de intereses pancatalanistas, que van más allá de las ideologías, de los partidos, de las siglas, incluso de las personas. En suma, esto viene a decir que en pos de los intereses «comunes» o afines (en este caso, catalanes) las distancias en términos de siglas son más o menos salvables. Algo que define un clima de pacto, negociación e intereses alternantes y combinados colectivos.

Sólo así se puede entender el caso paradigmático de que un consejero de la Comisión Nacional de Energía, como Sebastiá Ruscalleda haya sido avalado por PSC, por CiU y por ERC en distintos momentos en los que se ha producido la renovación de mandato. Del mismo modo, en el marco de las maniobras que están empezando a producirse en torno a los nombramientos de los dos consejeros que deben incorporarse en breve a la Comisión Nacional de Energía, podemos detectar también movimientos de más largo alcance en el entorno catalán, vistos de forma global.

Por eso cabe preguntarse si los artículos recientemente publicados en Cinco Días por el también catalán Marcel Coderch, actualmente Vicepresidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y autor de un libro sobre energía nuclear («El espejismo nuclear«), pueden entenderse como una autopostulación para ocupar uno de esos dos puestos que quedarán vacantes en la CNE, en fase de proceso de cobertura. Coderch puede ser el sustituto idóneo de Ruscalleda, si contase con el aval de la Generalitat, Convergencia y, si fuera necesario, del partido de Joan Laporta. Sí que se asegura, en ambientes solventes de la capital y por fuentes diferentes, el interés de Coderch por este sector y por ese organismo.

En paralelo, tres cuestiones añadidas y complementarias que no hay que dejar pasar. Primera, la postura de ERC respecto al sector energético se ha radicalizado, pidiendo incluso la abolición del mercado mayorista de electricidad en las últimas intervenciones parlamentarias de sus portavoces, volviendo al marco legal estable, siguiendo las pautas que marcan los colectivos retroprogresivos de la energía partidarios de la involución en la liberalización, aunque favorables a la discrecionalidad de las primas renovables.

Por otra parte, estamos asistiendo al desmontaje de los anclajes políticos del PSC en Madrid, en una voladura controlada, para que se arbitre una sustitución de continuidad en la que la presencia de Convergencia i Unió parece que puede ser la sustitución más o menos programada, en pos de una gobernabilidad. Es la vuelta a un modelo PSC de los tiempos de Felipe González, con los socialistas catalanes capitaneados por Ramon Obiols encapsulados para las elecciones catalanas y contribuyendo como granero de votos para las elecciones generales. El PSC, por tanto, se vuelve a los cuarteles de invierno.

Finalmente,, la entrada de Artur Mas en la Generalitat es el tercer hecho significativo, cuyas aspiraciones sobre el control del sector energético y su ascendencia en las empresas genéticamente catalanas es ya indisimulado y público. Mas ha empezado su mandato dando preocupantes signos de autoafirmación y, a la vez, tutela de las empresas catalanas, transparentando un modelo en que las empresas y sus activos, más allá de la lógica capitalista y de mercado, adquieren un valor político-nacional, por lo que habrá que seguir con atención estos postulados.

Por tanto, se anticipan renovaciones y cambios sin estridencias en este reparto, con mucho seny. De hecho, la postura parlamentaria del PSC en el Parlamento catalán es tibia como se puede comprobar por las declaraciones de sus portavoces, además del propio interés de CiU por el pacto con PSC. En todo este tablero, parece que habrá que seguir de cerca el destino de los principales protagonistas afectados por las maniobras que se producen en este teatro de operaciones, incluso de Antoni Llardén y de Maite Costa, así como de sus posibles sustitutos. El PP observa de forma indirecta.