El Gobierno revisará todos los sistemas de seguridad de las centrales nucleares españolas

En concreto, el ministro indicó que se dará prioridad a la central valenciana de Cofrentes, cuya prórroga de funcionamiento de diez años se aprobó en la víspera del seísmo nipón, el 10 de marzo.

Según Industria, la central de Cofrentes, de 27 años de antigüedad, acaba de recibir el informe favorable del CSN para seguir operando, a expensas del cumplimiento de determinadas condiciones relativas a la seguridad. Ahora, el CSN analizará, a la mayor brevedad posible, el impacto de esta nueva situación sobre las condiciones incluidas en dicha autorización, por si fuera necesaria una actuación complementaria a la luz de los nuevos acontecimientos.

Según el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, hay que abogar por ser «prudentes» sobre la vida útil de la central nuclear del municipio valenciano de Cofrentes y por tratar este tema «con cautela».

Sebastián argumentó que «creemos que estas son las medidas razonables para acometer ya que otro tipo no están justificadas en estos momentos. Quiero reiterar que las centrales en España son seguras y que estas medidas se adoptan para garantizar su seguridad».

Asimismo, Sebastián, que quiso mostrar su solidaridad con el pueblo de Japón, remarcó que España es un país que cuenta con una institución de «acreditada solvencia» en materia de seguridad nuclear, el CSN, que desde que se tuvo noticia de la catástrofe de Japón no ha dejado de informar y evaluar los hechos.

«Para el Gobierno la seguridad es, antes y después de este accidente, una prioridad absoluta. En este sentido seguiremos trabajando dentro del contexto para que las centrales no supongan riesgo para la población y el medio ambiente. Este no es el momento para extraer conclusiones por los acontecimientos de Japón», añadió.

El ministro de Industria respondió así a una pregunta del diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien le reprochó al Gobierno que su reacción ante esta catástrofe nuclear similar «a la de Chernobil» fue considerar que no era el momento del debate público, «cruzarse de brazos» y minimizar la gravedad de los hechos. En su opinión, se trata de una crisis global de opinión pública internacional, que afecta a España, que no sólo está teniendo lugar en Japón.

A juicio de Llamazares, el CSN en vez de tranquilizar a los ciudadanos y abordar un reforzamiento de las centrales nucleares españolas, especialmente a las de Garoña y Cofrentes, de diseño similar a la japonesa cuyos reactores han fallado, lo que ha hecho es una «enorme campaña de propaganda» en favor de la seguridad nuclear.

Las nucleares españolas estarán protegidas por ley de ataques terroristas

Asimismo, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley de protección de infraestructuras críticas de España, por el que se protegerá de atentados terroristas instalaciones clave como centrales nucleares, redes de transportes y sistemas de comunicaciones.

La aprobación de este texto legal tuvo lugar en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, que actuó en esta materia con competencia legislativa, lo que supone que la aprobación del nuevo texto legal es ya definitiva y no tiene que ir al pleno del Congreso.

El visto bueno a este proyecto de ley de protección de infraestructuras críticas se produjo por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, después de que el PSOE aceptase enmiendas planteadas por el PP y por nacionalistas de CiU y PNV.

En este último caso, los nacionalistas vascos y catalanes abogaron porque en la protección de las infraestructuras críticas tuvieran su papel las comunidades autónomas. Esto supone, por ejemplo, que en las autonomías con policía propia, este cuerpo de seguridad tendrá un papel protagonista en situaciones críticas.

Zapatero subraya la seguridad de las nucleares pero no descarta nuevas «exigencias»

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó que las centrales nucleares españolas están sometidas ya a «rigurosos exámenes de sus condiciones de seguridad», de su estado y de la «calidad de su funcionamiento», pero adelantó que no descarta hacer alguna «exigencia más» a alguna de ellas «ante hipotéticos riesgos» si así lo aconsejan los nuevos exámenes del CSN.

«Lo que vamos a hacer ahora es asegurarnos más» y aseguró que las condiciones de seguridad tendrán que acreditarse en «informes con criterios mucho más exigentes de los que se han aplicado hasta ahora», dijo Zapatero en el Congreso. «Japón debe servir como experiencia, debemos extraer conclusiones, pero conclusiones medidas, conclusiones científicamente avaladas, y eso es lo que debe sostener las decisiones políticas al respecto», manifestó.

Zapatero precisó que los nuevos «informes complementarios» encargados al CSN son los que recomendó la Comisión Europea y se centrarán en las «ubicaciones» de las centrales nucleares y en el riesgo de terremotos, inundaciones u otras catástrofes naturales y su posible impacto en las centrales. «Todos sabemos cuáles son las condiciones geográficas y naturales de nuestro país», señaló para subrayar que, aunque se deben hacer estos informes, «hay motivos para mantener la tranquilidad».

«La iniciativa, precisó, «busca fundamentalmente reforzar la convicción de la seguridad, las condiciones de la seguridad con informes aún mucho más exigentes«. Eso sí, no pudo precisar cuánto tiempo llevará la elaboración de los nuevos exámenes porque, según explicó, antes de someter a las centrales españolas a «pruebas hipotéticas de situaciones muy difíciles» los expertos consideran «fundamental» tener «un buen relato de cómo se han producido los hechos en Japón».

Es más, apuntó que «seguramente» la capacidad de las centrales nucleares para reaccionar ante una falta de suministro eléctrico para generar mecanismos propios para enfriar sus reactores es «la gran cuestión sobre la que trabaja la comunidad científica nuclear».

También aseguró que el Gobierno facilitará el retorno a los españoles que lo deseen, pero ha recalcado que será «coherente» en «respetar y atender» la información que den las autoridades japonesas sobre los niveles de radiactividad y recalcó que el Gobierno de España no puede decir que sea «imprescindible salir de allí».

No obstante, el jefe del Ejecutivo remarcó que la prioridad ahora no es tanto sacar conclusiones o ver cómo puede afectar a España la alerta nuclear, sino «ayudar a Japón» y a su pueblo que está «sufriendo». Además, dijo que «cuanto más difícil es una situación, más contenidas deben ser las palabras», en relación a las palabras del comisario europeo de Energía, Gunther Oettinger, calificando de «apocalipsis» la situación.

Por otro lado, confió en que ahora desaparezca la acusación contra él de que es contrario a la energía nuclear por «prejuicios ideológicos» y llamó a plantear el debate energético, que será uno de los «grandes debates», «en términos de racionalidad, y alejado de planteamientos ideológicos».

Así, aunque reconoció que la nuclear tiene «importancia para la producción de energía» y la energía es «un problema», defendió que «un gobernante» siempre debe tender a ser «lo más prudente y reflexivo posible». De este modo, sostuvo que la edad de las centrales «es un factor relevante y que cuenta» a la hora de alargar su vida útil, porque serán más seguras cuanto más modernas sean y, por ello, aprovechó para defender su decisión de cerrar en 2013 la central de Garoña, en Burgos.

En este sentido, el jefe de Relaciones Exteriores de la central de Garoña, Elias Fernández Centellas, descartó que lo sucedido en Japón con la central nuclear de Fukushima pueda repetirse en la central burgalesa, que funciona «con toda seguridad» y con personal «muy preparado». Además, sostuvo que en Garoña «no puede suceder eso, porque no estamos en una zona sísmica de ese nivel y porque el mar nos queda un poco lejos. Olas de 15 metros probablemente nunca tengamos aquí».

Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, defendió la postura del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que hay que tener «aplomo» y «serenidad» en materia de centrales nucleares. Por eso, su actitud debe hacer «reflexionar» a todos los que manifestaron que Zapatero tenía «prejuicios técnicos» en energía nuclear, cuando lo que en realidad tenía, a su parecer, era conciencia.

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, también destacó que España «haya dado el paso» y se haya «adelantado en poner en marcha las medidas de seguridad para las centrales nucleares de manera inmediata» una iniciativa que, a su juicio, «dejará más tranquila» a la sociedad aunque quiso señalar que «no se ha detectado ningún problema con las centrales españolas». Así, afirmó que en política energética «España no puede hacer otra cosa que estar alineada» con Europa y «con los proyectos comunes». Sin embargo, apuntó que el país tiene también «sus propios retos» y se encuentra entregado «a la búsqueda de soluciones».

El PP aplaude la revisión de la seguridad de las centrales españolas

Para Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Partido Popular en el Congreso, la decisión del Gobierno de revisar la seguridad de todas las centrales nucleares en España es «positiva» y añadió que en el futuro de la energía nuclear «deben primar criterios de seguridad y protección radiológica», por lo que «toda medida para reforzar la seguridad de las centrales será buena». Por todo ello, mantuvo que el criterio del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), basado en la seguridad y la protección radiológica, es el que debe primar en las decisiones relativas a las centrales nucleares.

A su juicio, las nuevas políticas que puedan ponerse en marcha en este sector deberían partir de forma «muy recomendable» desde la Unión Europea, ya que -recordó- esta alianza de países «nació en el ámbito de la energía» con el tratado para la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero tras la II Guerra Mundial.

En el caso de España, dio credibilidad a las afirmaciones del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de que las centrales de este país «son seguras». Y en relación a la central de Garoña, apuntó que el CSN ya hizo una valoración de la misma, al tiempo que el Ejecutivo decidió en julio prorrogar las instalaciones de Almaraz y Vandellós II.

También, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que no se muestra partidaria «de prescindir» de la energía nuclear y se mostró a favor de «complementar» el uso de las diferentes fuentes de energía, partiendo de una premisa mínima y básica, la seguridad. Aseguró que tanto en España como en Europa existen los organismos correspondientes que pueden garantizar la utilización de la energía, por eso no se mostró «ni a favor ni en contra de construir, cerrar o alargar de la vida» de centrales nucleares.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó que habrá que replantearse el rigor y la seguridad de las centrales nucleares y
afirmó que «siempre es buena la serenidad y la ausencia de dogmatismo».

Cayo Lara apuesta por una plataforma antinuclear de ámbito estatal

Izquierda Unida apostó por constituir una plataforma antinuclear a nivel nacional, que agrupe a partidos políticos y colectivos antinucleares, para fomentar el debate sobre el futuro energético del país y demostrar que «es posible, es necesario y es útil» apostar por las energías renovables, tal y como anunció el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara.

Lara apostó por un Plan Energético Nacional que potencie las energías limpias y programe el cierre de las nucleares, puesto que la energía nuclear es «un peligro para la humanidad».

Rosa Díez: «El debate nuclear debe tener como objetivo principal que las fuentes de energía sean seguras»

Para Rosa Díez, diputada nacional de UPyD, el debate nuclear tiene que tener como objetivo principal que las fuentes de energía sean «seguras, compatibles y sostenibles» y pidió que éste no sea un debate ideológico sino basado en apoyos científicos.

De este modo, la líder de UPyD aseguró que el debate sobre la seguridad de las instalaciones nucleares es «un debate siempre necesario» y consideró que hay que plantearlo «para llegar a conclusiones». Para Díez, España tiene la «necesidad imperiosa» de definir un modelo energético y decidir qué porcentaje de ese «mix energético» proceda de cada una de la energías que han de convivir.

«Una tarea que, en su opinión, tenemos pendiente y tenemos que hacer no porque se haya producido este trágico acontecimiento de Japón sino porque hace mucho tiempo que lo deberíamos haber hecho porque nuestros elevados déficit en materia energética nos generan problemas«, agregó Díez, quien recordó que España es el único país de Europa sin un modelo definido.

La presidenta del CSN solicita comparecer ante el Congreso

La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, solicitó al Congreso de los Diputados comparecer ante la Comisión competente, para informar al Parlamento del seguimiento efectuado por el CSN de las plantas afectadas, realizado en coordinación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) e informar sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas.

Asimismo, todos los partidos con representación parlamentaria acordaron solicitar la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados de Carmen Martínez Ten. Esta petición conjunta vino precedida por un acuerdo alcanzado ayer entre el PSOE y ERC, para solicitar esa comparecencia.

Foro Nuclear: «El análisis de las nucleares debe ser internacional»

Por su parte, «el análisis de las centrales nucleares que definirá y revisará las normas, requisitos y regulaciones de aplicabilidad debe hacerse dentro del marco internacional», afirmó el Foro Nuclear tras la petición del Gobierno para revisar los sistemas de seguridad de las centrales.

El Foro Nuclear insistió en que «la industria nuclear española trabajará de forma proactiva para continuar garantizando la seguridad de las instalaciones cumpliendo los nuevos criterios que de las nuevas evaluaciones puedan establecerse». No obstante, señaló que esta participación «se realizará tras un riguroso análisis de lo ocurrido y fundamentalmente en lo referido a fenómenos externos, concretamente en las áreas de inundaciones y riesgo sísmico».

La industria nuclear volvió a reiterar «el máximo nivel de seguridad de las centrales nucleares españolas, que operan con unas bases de diseño sólidas, establecidas por los estándares de seguridad nacionales y contrastadas internacionalmente».

Asimismo, el catedrático emérito experto en seguridad nuclear y ex consejero del CSN, Agustín Alonso, aseguró que la revisión de las centrales nucleares anunciada por el ministro de Industria tras el desastre de Japón es «normal» en estos casos, ya que también se producirán en el resto de países.

«Cuando hay una averia en cualquier central del mundo, existe un convenio de retroalimentación por el que todo el mundo está obligado, a través de la AIEA, a comunicar estos hechos para beneficio de todos«, indicó Alonso. Así, los estudios que se llevarán a cabo –en los que participarán expertos en sismos y en diseños antisismos– analizarán aspectos como los máximos sismos previsibles, la situación de cada central y las opciones de reforzamiento, además de analizar si el diseño antisísmico puede soportar las nuevas previsiones. Alonso vaticinó que los trabajos serán «largos», ya que es probable que duren más de un año.

Alonso también apostó por «reforzar y reanalizar» la seguridad de las centrales nucleares españolas en lugar del proceder a su cierre en caso de no superar los estudios. En cualquier caso, se mostró convencido de que las centrales españolas «están preparadas para un seísmo, tomando como referencia los estudios que se han hecho al respecto». A pesar de todo, puntualizó que «si hubiese un sismo más allá de lo previsto estaríamos en dificultades».

Por otro lado, el experto calificó de «intolerables» las declaraciones de Günther Oettinger, que calificó de «apocalipsis» el accidente e insistió en que «no hay por qué alarmarse ni decir cosas que no son ciertas». «La extrapolación es alarmista y eso es lo que está sucediendo», apostilló.

Además, Alonso defendió que, «porque ha ocurrido un accidente en Japón, no se trata de cerrar todas las centrales». Por ello, pidió «reanalizar» la seguridad en este campo porque existen «soluciones intermedias al respecto» ya que, a su juicio, «parar necesariamente no es la única solución».

Asimismo, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac) pidió que las decisiones sobre energía nuclear no se tomen en función de lo ocurrido en Japón. Desde su punto de vista, «los ocho reactores que operan en España son hoy igual de seguros que la pasada semana». Por ello, y como parte implicada en la energía nuclear, Amac quiso hacer un llamamiento a la tranquilidad, desde el punto de vista de la seguridad.

Los geólogos piden profundizar en estudios de riesgos naturales

El presidente del Colegio Oficial de Geólogos, Luis Suárez, propuso «profundizar» en los estudios de riesgos naturales «para descartar cualquier duda sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas». Tras señalar que «ninguna está situada en las zonas de riesgo sísmico peninsular», Suárez indicó que «el único riesgo potencial» para las centrales españolas «serían las inundaciones que podrían inutilizar, en su caso, los sistemas de alimentación eléctrica de los mecanismos de refrigeración».

«Hasta la fecha no se ha producido ninguna alarma por ese motivo, por lo que desde el Colegio abogamos por la cautela y los mapas de riesgos naturales para precisar posibles áreas inundables«, añadió Suárez. Ante la posibilidad de prolongar la vida útil de las centrales, el presidente del Colegio Oficial de Geólogos señaló la importancia de «actualizar y renovar los estudios geológicos, sísmicos y de posibles fallas activas».

Los ecologistas dicen que la decisión del Gobierno es «una tomadura de pelo»

Por su parte, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF/Adena advirtieron de que si las pruebas de seguridad que se van a realizar en las centrales nucleares españolas se centran en comprobar su resistencia ante tsunamis y seísmos, será una «tomadura de pelo» y solicitaron que los test analicen la refrigeración y la presión en las contenciones.

«España, afortunadamente, no tiene el riesgo sísmico de Japón», indicó el responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace España, Carlos Bravo, que advirtió de que las pruebas tendrían que basarse en estudiar los sistemas de refrigeración de los reactores, que «pueden presentar problemas por otros motivos además del corte de suministro eléctrico, como ha ocurrido en la central de Fukushima en Japón».

Asimismo, reclamó al Gobierno y los grupos parlamentarios que aprueben un régimen de responsabilidad civil ilimitada ante un caso de accidente nuclear en España, puesto que «1.200 millones de euros son claramente insuficientes para cubrir un accidente nuclear», y dijo que «las empresas propietarias de las centrales nucleares deberían tener que responder por todos los daños que causen en lugar de traspasar ese coste a los ciudadanos a través del Estado·.

Sobre la decisión del Gobierno de prorrogar la actividad en la central valenciana de Cofrentes, Bravo señaló que responde a una «actitud muy irresponsable». A su juicio, debería postergarse unos meses, a la espera de los resultados de las pruebas de seguridad y aseveró que Zapatero debería imitar a la canciller alemana Angela Merkel y cerrar todas las centrales de forma cautelar «y no actuar como si no hubiera pasado nada».

En esta línea, la portavoz en la materia de WWF/Adena, Raquel García Monzón, incidió en que la decisión de prorrogar la licencia de Cofrentes debe tomarse «siguiendo criterios de seguridad» que, en este caso, llevarían al «paralizar la central» porque «la planta ha sufrido 102 sucesos de seguridad en la última década y 25 paradas no programadas para realizar reparaciones».

«Estamos de acuerdo en que se revisen todos los sistemas de seguridad, sobre todo tras la catástrofe atómica de Japón, que ha reactivado el debate político y social sobre nucleares y sobre el modelo energético en todo el mundo, pero debería servir para diseñar una transición hacia un modelo energético sostenible«, señaló.

Por su parte, el portavoz en materia de nucleares de Ecologistas en Acción, Carlos Castejón, señaló que los test de estrés «son imprescindibles», especialmente la realización de pruebas de presión en las contenciones, para marcar un calendario escalonado del cierre de las centrales, principal objetivo de Ecologistas en Acción porque, según dijo, visto lo ocurrido en Japón, «no hay medidas de seguridad que valgan» cuando se trata de centrales nucleares.

Por su parte, los candidatos que encabezan las listas electorales de Los Verdes y Ecolo, la plataforma electoral de la Coordinadora Verde, pidieron a los parlamentos autonómicos y de las principales capitales la desnuclearización del Estado y la puesta en marcha de un plan de cierre de las centrales nucleares en España, a la vez que demandaron de manera «urgente» una estrategia energética basada en el «ahorro y la apuesta por las energías renovables». Asimismo, Equo, el proyecto «verde» impulsado por Juan López de Uralde, convocó una concentración para el domingo 20 de marzo en Madrid, para pedir el cierre paulatino de todas las centrales nucleares españolas, comenzando por la clausura «inmediata» de Garoña (Burgos).