La batalla jurídica de Garoña empieza ahora

Muchos frentes son previsibles en la batalla jurídica derivada del cierre de Garoña; algunos ya se han manifestado y otros apurarán hasta el 3 de octubre, momento en que los plazos jurídicos vencen. La primera en avisar ha sido la Junta de Castilla y León, quien ya ha acordado presentar recurso ante la Audiencia Nacional. Según se recogía en los medios de comunicación la semana pasada, la Junta alegaría el grave perjuicio económico que ocasiona la medida, que además considera injustificada, injustificable y arbitraria. Además, la medida, a juicio de esta administración regional, adolece de grandes defectos al no contar con las Administraciones concernidas, en este caso, el trámite de audiencia tras la emisión del Informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

Paso por paso, los argumentos de la Junta son de mucho peso. En primer lugar, el perjuicio económico y de empleo. El perjuicio económico no sólo tiene que ver con el que lógicamente y legítimamente reclama la Junta. Tiene que ver con el efecto a medio plazo en la tarifa eléctrica de la eventual salida de parte de la producción nuclear, el aumento de la dependencia energética exterior, la sustitución por tecnologías emisoras, contaminantes y más caras. Es decir, de estropicio en el equilibrio de pesos relativos de las tecnologías en el mix de generación, algo que era calificado como modélico y equilibrado y que pasa a descompensarse. Los intentos baldíos de enfrentar renovables a nuclear (es el mix que proponen la Unión Europea y los EEUU) y la defensa en términos de políticos, más que jurídicos y energéticos hacen el resto.

De hecho, conscientes de que esta decisión causa notable perjuicio económico, la maquinaria propagandística y de comunicación política se apresuró a anunciar un plan para la zona que incluía un nuevo Parador Nacional (¿?), un paliativo leve para la destrucción de tejido productivo directo e indirecto y del que nunca más se supo. Al Plan ya se le denomina Plan Fantasma, lo cual ya es indicativo de la convicción que refleja el Gobierno y de lo pronto que se le pasan las actuaciones orquestadas en el plano del márketing. Parece que la comunicación política se topa con sus peores enemigos: la improvisación y el oportunismo.

El segundo argumento tiene que ver con la idea de arbitrariedad e injustificación. Justificación y excusa son cosas diferentes, tengámoslo claro. Cuando se utiliza la lectura integrista del programa electoral socialista en las pasadas elecciones que indicie el cierre de Garoña, estamos hablando de excusa. Y también hablamos de excusas, cuando hablamos del Informe de la Fundación Ideas (del que ya nadie habla, por cierto) en su debilidad económica y su argumentación urgente y apresurada, agónica y agonística. Por tanto, teníamos que haber visto cómo se procuraba dar cuartelillo a la decisión con el Informe de la Fundación Ideas que el intelectual socialista, Jesús Caldera, dirigió o encargó. Por otra parte, hay que tener en cuenta la debilidad de los argumentos dictados de índole político de la Orden Ministerial que sigue, en términos económicos, jurídicos y de derecho administrativo. Además el grado de la norma (una Orden Ministerial) da idea de su fácil revocabilidad, por ello el acento en la palabra irreversible.

Por tanto, la arbitrariedad es palmaria, en la medida que se trata de una decisión presidencial-presidencialista al margen de la legislación, los procedimientos y las instituciones. Y, posiblemente, Zapatero se quemó especialmente en ese empeño personal de hacerla personalista y que se viera. Recordemos múltiples intervenciones en medios de comunicación, con mensajes felinos, en un principio, y algunos no tanto, como el bochornoso espectáculo en «Las mañanas de Cuatro», con afirmaciones erróneas y tergiversaciones de grano gordo.

Pero lo más grave, finalmente, es la resultante de todo: el importante deterioro institucional, la corrosión de los mecanismos de decisión política, el estropicio realizado con un órgano regulador como el Consejo de Seguridad Nuclear. El intervencionismo entiende poco de independencia y mucho de arbitrariedad. A veces la política de partido se apunta a considerar que la política momentánea todo lo puede, por encima del Estado de Derecho y de la gestión de los asuntos públicos.

En círculos jurídicos especializados se aventura poca suerte a la orden de cierre de Garoña. Por otra parte, Nuclenor ha concertado al Uría Menéndez la estrategia jurídica en una batalla que se anticipa sin cuartel. En juego está que la planta opere hasta 2019 (tal y como permite el Consejo de Seguridad Nuclear) e indemnizaciones que incluyen el lucro cesante y que podrían ser de mareo. Y, el pasado sábado, Mariano Rajoy, en su encuentro con los alcaldes, hizo suya la posición de Garoña, con una breve pero eficaz crítica a la decisión de Zapatero. La batalla jurídica ha comenzado y al Gobierno, en pendiente de bajada, con muchos frentes abiertos, empiezan a caérsele los brazos.