FAES propone la suspensión de las nuevas plantas renovables mientras haya déficit de tarifa

En su documento «Propuestas para una estrategia energética nacional«, FAES explica que existe «un problema grave de distorsiones en los precios y en el funcionamiento de los mercados, derivado de un sobrecoste en la electricidad no asumido ni por los consumidores ni por los contribuyentes, y que se ha embalsado en el denominado déficit de tarifa».

Este mecanismo -el déficit de tarifa-, por el que los consumidores no pagan todo el coste de producción de la electricidad y esa diferencia se va acumulando (generando una deuda que los usuarios habrán de pagar en el futuro) fue creado por el Gobierno del PP en el año 2000.

Sin embargo, en este documento FAES defiende que «este sobrecoste tiene su origen fundamental en el crecimiento descontrolado del volumen de primas a las energías renovables».

El secretario general de la Fundación FAES y diputado nacional del Partido Popular por Murcia, Jaime García-Legaz, indicó que se debe «dejar de autorizar la instalación de nuevos parques de fotovoltaica subvencionados», al tiempo que relacionó el incremento de la tarifa eléctrica con el coste que supone una energía subvencionada. Como respuesta, propuso «una moratoria» y «que no se instalen más parques de este tipo, a no ser que sean rentables al mercado».

Por ello, la fundación plantea cambiar el modelo de los incentivos al régimen especial (renovables y cogeneración), mediante la generalización de los procesos de subasta con apoyos en forma de estímulos fiscales, en lugar de primas o precios garantizados «distorsionadores de los mercados». FAES estima necesario, en este sentido, «eliminar de las tarifas y de los peajes del sector de la electricidad todas las subvenciones».

También aconseja analizar el impacto redistributivo efectivo del bono social (la tarifa creada por el Gobierno para proteger a los usuarios con consumos más bajos, además de a parados, jubilados y familias numerosas) y proceder a su eliminación. En concreto, recomienda sustituir el bono social por un tratamiento fiscal adecuado de los hogares con acceso al mismo.

Entre otros puntos, el informe de FAES denuncia la «insuficiente independencia y necesidad de reforma de los organismos reguladores», esto es, de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Una falta de independencia que, desde su punto de vista, conduce a «la pérdida de seguridad jurídica y a la erosión de su prestigio y credibilidad».

Propone, por ello, «diseñar un sistema de nombramiento o elección de los miembros de la CNE y el CSN que asegure su independiencia y capacidad».

A pesar de ello, FAES estima que el CSN es el organismo adecuado para supervisar las condiciones de seguridad de las centrales nucleares que, a su juicio, deben prolongar su operación ordinaria hasta los 60 años.

De hecho, aconseja encargar al Consejo de Seguridad Nuclear el estudio de las condiciones en las que las centrales nucleares en funcionamiento podrán alargar su vida útil operativa más allá de esas seis décadas, «en función de criterios aceptados en otros países y siempre con la garantía de las condiciones de seguridad de operación de las instalaciones».

En este sentido, el secretario general de la Fundación FAES aseguró que «las centrales pueden tener 60 años de vida útil» y que «quizás dentro de diez años puedan tener incluso más». Por ello, reclamó «prorrogar la vida de las centrales nucleares todo lo que sea técnicamente viable, tal y como se está haciendo en todos los países serios, empezando por Obama en EEUU.

Asimismo, señaló que la central de Garoña «aporta muchísima energía eléctrica», por lo que «se debería permitir que se le trate igual que las demás y no sea una excepción rara». Así, el PP ha prometido que si llegan al poder en 2012 no se cerrará, aunque aseguró que su intención era «llegar a un pacto de Estado y que el PSOE también se sumara a esta decisión».