La Xunta de Galicia dice que mantendrá sus recursos tras el auto del Tribunal de UE

Javier Guerra mostró su máximo respeto por las resoluciones de los tribunales de justicia y señaló que esta decisión del Tribunal General de la Unión Europea era «la esperada, viendo que las eléctricas habían retirado sus recursos por la presión del Gobierno de España».

Esta resolución «anima a la Xunta a seguir manteniendo el recurso presentado ante esta instancia jurídica contra la decisión de la Comisión de autorizar el decreto del carbón, pero también a mantener los presentados en los diferentes tribunales españoles para defender los intereses socioeconómicos y energéticos de Galicia y de los gallegos», señaló.

A su juicio, en los fundamentos del auto el Tribunal «da la razón a la Xunta» al reconocer que la Comisión pudo incumplir el artículo 108.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al no otorgar audiencia a Galicia, circunstancia que fue «amplia y reiteradamente demandada por el Ejecutivo gallego, sin contar con el apoyo, una vez más, del Ministerio de Industria».

El conselleiro destacó también que el Tribunal sostiene que la decisión que tomó la Comisión a instancias del Gobierno central y «de espaldas» a Galicia debe ser objeto de un examen más minucioso en el que se estudien los argumentos defendidos por la Xunta debido a la complejidad del decreto y «su posible incompatibilidad con el mercado interior, tal y como defendió Galicia desde el primer momento».

Guerra añade que el auto del Tribunal no prejuzga el resultado final del proceso judicial y es «muy crítico» con el procedimiento seguido por la Comisión para autorizar el decreto. Además, recoge «muy claramente» que no admite las medidas cautelares solicitadas por la Xunta por una comunicación pública del Ministerio de Industria en la que «desvirtúa» la urgencia de las medidas provisionales defendidas por Galicia.

El conselleiro precisó también que esto es sólo «una primera fase» y que la Xunta no retirará los recursos. «Vamos a seguir en la batalla, digamos que queremos ganar la guerra», dijo.

Guerra criticó la falta de diálogo del Gobierno de España y adelantó que la Xunta va a seguir impugnando todos los acuerdos que se deriven de la aplicación de este decreto. Anunció también que convocará a los alcaldes de As Pontes y Cerceda, donde se ubican las dos centrales térmicas gallegas, para conocer su punto de vista y «ver qué otras cosas se pueden hacer» para defender los intereses de Galicia.

Para la Xunta, este decreto pone en riesgo más de 3.000 empleos y más de un 1.000 millones de euros de inversión.