Una vela a Dios y otra al diablo

La enmienda aprobada en la Ley de Economía Sostenible relativa a la vida de las centrales nucleares, en realidad, lo que ha hecho es modificar la voluntad de parte del Ejecutivo de Zapatero, incluido el presidente de limitar la vida útil de las centrales nucleares españolas y zanjar por vía legal el mecanismo actual: se revisa el estado de la central por el Consejo de Seguridad Nuclear dos años antes de la decisión correspondiente y se emite informe favorable o no a la prolongación de la vida de la central. En sentido contrario, tampoco ha cambiado la política del Gobierno, si la hubiera, dado que mantiene intactas sus capacidades discrecionales de no atender los criterios técnicos u económicos en estas decisiones.

En concreto, la enmienda, tal y como queda finalmente, recoge «mantener el calendario de operación de las centrales del parque nuclear existente, considerando las solicitudes de renovación y potenciación que presenten los titulares de las centrales y que cumplan con los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica que establezca el órgano regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear, y teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero».

Por tanto, en realidad, tanta polémica renovada para que todo permanezca igual. Nada y todo cambia a la vez. Es posible. El caso Lampedusa, la italianización de nuestra política. En suma, no se produce una modificación de la situación regulatoria actual, sino de la voluntad o expectativas, expresadas por determinadas facciones del Partido Socialista Obrero Español y por el propio presidente y sus más afines en el pasado. Dicho posicionamiento se puso de manifiesto con especial virulencia y cerrazón con motivo de la decisión de prolongación o cierre de la central de Garoña y ahora, tras la aprobación de esta Ley, ha vuelto a levantar los demonios familiares. Lo que si se produce es su puesta en apuros o en aprietos, de cara a sostener y no enmendar una política fuertemente ideologizada y dogmática.

Tras la aprobación de la LES, esta polémica, desde el partido del gobierno se trata de dar cobertura a una decisión ideológica y ultramontana sobre su política nuclear para intentar no desmovilizar a su electorado más antinuclear, de forma que los argumentos políticos formados al hilo de esta decisión sobre Garoña se intentaran proyectar imaginariamente a la política nuclear.

Recordemos, aquella mañana de domingo soleada en Galapagar, en la que Zapatero trató de justificar su postura relativa al cierre de la central de Garoña en la Fundación Jaime Vera, con un argumentario político muy rocoso, todo iba viento en popa para los sectores más partidarios al cierre de las centrales nucleares del partido del gobierno. Estaban muy motivados y crecidos con el apoyo del propio Zapatero. Unos días más tarde, tras mucha intriga y misterio, a los que nos tiene acostumbrados Zapatero, se anunciaba la autorización de dos años adicionales por encima de los 40 años, pero inferior a lo que pedían los responsables de la instalación y de lo que recomendaba el Consejo de Seguridad Nuclear con un programa de mantenimiento e inversiones. En suma, para una instalación de este tipo, se producía el cierre en 2013.

Uno de los argumentos que se esgrimían es que el tamaño de la planta era relativamente pequeño respecto al volumen total de suministro eléctrico del país. Pero el problema no es ese. El problema es si nos podíamos permitir desperdiciar una central en buen estado; si su impacto en el mercado de la electricidad dado que abarata precioso; su impacto en reducción de emisiones de efecto invernadero; su efecto sobre el mix energético español, empeorando su grado de diversificación, el valor más importante del mismo. Con su posición llevada a extremos dogmáticos, Zapatero había ideologizado y politizado una decisión técnica relativa a una de las mejores centrales de Europa, convirtiéndola en un «casus belli» político personal y de sus más afines.

Por otra parte, tampoco es cierto que el Partido Socialista Obrero Español tuviera una postura concreta y única respecto al cierre de las centrales nucleares. El debate interno en el seno del PSOE existía e incluso se difundieron informaciones que señalaban a miembros del gobierno partidarios de mantener la capacidad de generación mediante tecnología nuclear. Felipe González también mostró una posición muy clara y evidente con respecto a la continuidad de Garoña y respecto de la energía nuclear. Al final, la crisis, el sentido común y la real politik se ha impuesto y todo el arco parlamentario ha decidido de forma sensata, no asirse a maximalismos o a límites temporales de forma prohibicionista. Y, para más inri, de todo lo prometido como planes de desarrollo de la zona, nunca más se supo.

Ahora lo que es difícil es mantener una decisión como la de Garoña, con argumentos forzados y falaces con la Ley de Economía Sostenible recién aprobada. No sería lógico dejar caer la Central de Santa María de Garoña de lo que ahora se ha “reregulado”, una planta en funcionamiento, con incidentes mínimos, con unas importantes inversiones en mantenimiento y actualización de la central y una de las centrales nucleares ejemplares, más eficientes de Europa y con una cultura de seguridad reconocida.

La reverberación de la polémica que se ha producido ahora y los pobres argumentos políticos esgrimidos, propios de marketing electoral en apuros, desatados artificialmente apelando a posiciones pasadas antinucleares, y pretenden salvar la cara de una posición llevada al borde del abismo. Además, intentan trasladar imaginariamente la posibilidad de poner una vela a Dios y otra al diablo, uniendo pragmatismo, flexibilidad y un guiño para sus votantes más antinucleares y a los sectores ecologistas que no están de acuerdo con la capacidad de la energía nuclear para la reducción de emisiones y con las tendencias internacionales en este sentido, incluyendo la Administración Obama.

En suma, un ejercicio de equilibrio y funambulismo político difícilmente «sostenible», nunca mejor dicho. Tarde o temprano las aguas volverán a su cauce y se deberá revisar la decisión de Garoña, con criterios puramente técnicos y económicos. Ya dijimos aquí que se había reabierto el debate nuclear pese al intento de cerrojo o cierre en falso. ¿No sería más fácil, productivo y con menores costes, asumir los cambios de manera proactiva? Así habría realmente una política nuclear: por eso no ha cambiado.

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