La Xunta pedirá autorización al Parlamento para anular el concurso eólico del bipartito

Según el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, ésta es la fórmula aconsejada por la asesoría jurídica de la Xunta como la mejor solución para ‘dar seguridad jurídica’ y ‘evitar posibles indemnizaciones’.

En esta línea, Feijóo recordó que ninguno de los actos administrativos efectuados al amparo del decreto que se va a derogar ‘adquirió firmeza’, puesto que se estaba en la fase de admisión a trámite, y no de autorización, por lo que el Ejecutivo considera que ‘no habrá indemnizaciones por esta decisión’. ‘Estamos a tiempo’ aseveró el presidente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Xunta, Feijóo desgranó algunas de las claves del anteproyecto de ley que regulará el aprovechamiento eólico en Galicia y aseguró que tramitar la anulación y el nuevo procedimiento, a través de una ley, permitirá ‘ganar más de medio año’, al evitar que se tenga que elaborar y tramitar un nuevo decreto antes de iniciar el proceso de autorizaciones administrativas.

Dichas autorizaciones para explotar los 2.300 megawatios de potencia eólica que la Xunta volverá a repartir no se darán en un único concurso conjunto, sino que se distribuirán en forma de ‘paquetes’ para evitar que un posible error o problema en una autorización afecte a todas las demás.

El presidente de la Xunta también aseguró que en el nuevo proceso de autorizaciones ‘ningún consejero ni Gobierno de turno serán los que decidan lo que se debe hacer, sino que será el Parlamento gallego el que garantice la objetividad y transparencia de la adjudicación eólica y el que imponga al Gobierno condiciones de publicidad y concurrencia competitiva’.

Además, Feijóo insistió en la importancia de que se cree un canon medioambiental que grave la instalación de los molinos eólicos y que se destinará ‘fundamentalmente’ a los ayuntamientos donde están radicados los parques. Actualmente, alrededor de la mitad de ayuntamientos gallegos cuenta con instalaciones de este tipo.

Según explicó, está previsto que el 50% de lo recaudado vaya directamente a las arcas municipales, y la otra mitad irá a la hacienda autonómica, aunque con el compromiso de que la ‘inmensa mayoría’ de ese dinero se invertirá en los concejos.

Feijóo justificó la decisión del Gobierno gallego de anular el decreto y el concurso eólico desarrollados por el bipartito con la ‘necesidad de restaurar la legalidad’ y apoyándose en el informe de la asesoría jurídica de la Xunta que detectó ‘hasta cuatro puntos de ilegalidad que acarrean la nulidad de pleno derecho’.

Esta previsto que miembros del Gobierno autonómico se reúnan con representantes del sector eólico para presentarles el proyecto de ley, ya que, según reiteró Feijóo, la intención del Gobierno gallego es que la nueva norma esté aprobada a finales de año, de modo que se ‘recupere el tiempo perdido’ y las autorizaciones puedan estar resueltas en el segundo semestre de 2010.

El PSDEG alerta de que la derogación supondrá un retraso de dos años

Por su parte, el portavoz del grupo del PSdeG-PSOE en el Parlamento de Galicia, Xaquín Fernández Leiceaga, alertó de que la decisión de la Xunta de anular el decreto eólico retrasará ‘de manera considerable’, aludió a un mínimo de ‘más de dos años’, el desarrollo del sector, y criticó las ‘contradicciones notables’ del nuevo proyecto, augurando una ‘guerra judicial’ entre el sector y la Xunta.

Esta paralización, según argumentó, reducirá las opciones de acceder a las primas estatales, que están en ‘progresiva reducción’ y que serán mucho más bajas cuando estén operativos los nuevos parques. ‘El señor Feijóo no verá funcionando en este mandato parques eólicos derivados de la nueva adjudicación’, afirmó.

Leiceaga criticó el ‘revisionismo de carácter político’ de la Xunta, a la que acusó de ‘imponer un sesgo ideológico’ en sus decisiones. Asimismo, alertó del posible intento del Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo de ‘ponerse al servicio de las empresas’ y de recuperar el sistema de adjudicación ‘discrecional y para los amigos’ del anterior Gobierno del PP.

Para el diputado socialista, la derogación del decreto ‘introduce más inseguridad jurídica’, ya que generará recursos por parte de los actuales adjudicatarios. ‘El sector y la Administración entrarán en una guerra judicial’, auguró, al tiempo que destacó que esto supondrá ‘un quebranto para las arcas públicas’, por las indemnizaciones que la Xunta habrá de pagar ante los derechos adquiridos por las empresas.

Además, Leiceaga señaló que la propuesta de la Xunta, a falta de conocerla en detalle, supone una ‘rectificación triple’ y presenta ‘contradicciones notables’. Entre las rectificaciones respecto a la posición de partida del PPdeG, Leiceaga señaló que recoge la concurrencia competitiva que ya tenía el anterior proyecto, que incluye un canon ambiental y no desea afectar zonas de Red Natura.

Finalmente, en el caso del canon, el diputado del PSdeG señaló la contradicción que supone recurrir a esta figura cuando el PP criticó duramente el canon hidroeléctrico aprobado por el bipartito.