El sector fotovoltaico insta al Gobierno a que modifique su política en torno a renovables

ANPER hizo esta petición tras el «varapalo» que, a su juicio, ha supuesto para el Ejecutivo «el tirón de orejas» que le dio el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, quien criticó el carácter «retroactivo» de algunas de las medidas adoptadas.

La nueva regulación para la energía fotovoltaica, que permitirá reducir los costes del sistema en 740 millones anuales para los próximos tres años, se incluye dentro de un paquete normativo con el que el Gobierno prevé un ahorro para el sistema eléctrico de más de 4.600 millones de euros hasta 2013.

Según la asociación, la «pretendida retroactividad» del decreto que regula los recortes a las fotovoltaicas supone «un perjuicio» para los derechos adquiridos por los inversores en energía solar, e «impide avanzar» en la implantación de energías limpias.

El secretario de ANPER Miguel Ángel Martínez-Aroca, aseguró que la Constitución «ofrece instrumentos» que impiden que una regulación sea contraria a otra anterior.

Asimismo, para ANPER las declaraciones del comisario «legitiman» la lucha contra la nueva norma, que afectará «a miles de españoles», y se ajustan a «las cifras incumplidas» por España respecto a las renovables.

La asociación subrayó que, en 2009, España se quedó un 2,7 % por debajo del objetivo del 12,1 %, fijado para la energía primaria, mientras que en electricidad se quedó un 5,2 % por debajo del objetivo del 30,3 % establecido para 2010.

Además, señaló que en este último sector el Gobierno tampoco ha transpuesto la normativa europea correspondiente en el plazo estipulado.

En su opinión, estos objetivos, que por el momento no han sido alcanzados, están en sintonía con «un sistema de alimentación energética independiente» y «al margen de los recursos fósiles limitados».

Por otro lado, recordó que los gobiernos autonómicos, y los respectivos órganos representativos de Navarra, Extremadura, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana se han mostrado «receptivos» en cuanto a la inseguridad jurídica y al perjuicio que supone la retroactividad de la regulación frente a los derechos de los propietarios de las placas.