El recorte de primas para la fotovoltaica no contradice ni la legislación comunitaria ni la española, según Industria

Así lo afirmaron fuentes del Ministerio, un día después de que el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, arremetiera contra España y advirtiera de que las políticas de renovables han de dar estabilidad al inversor y no deben ser retroactivas, puesto que desmotivaría la inversión.

Desde Industria subrayaron que los cambios introducidos en la retribución que reciben estas fuentes por su producción son «absolutamente legales» y «garantizan una rentabilidad suficiente» para las instalaciones afectadas.

Se trata, añadieron, de «ajustes necesarios para garantizar la viabilidad, estabilidad y sostenibilidad del sistema a largo plazo y son consecuencia de las lecciones aprendidas por España, que ha sido un país pionero en las renovables y, en consecuencia, ha ido abriendo camino en la regulación».

Recordaron, además, que el Ministerio decidió modificar la retribución que reciben las renovables «de mutuo acuerdo» con los sectores eólico y termosolar. Sólo en el caso de la fotovoltaica «no fue posible el entendimiento, a pesar de que el Gobierno ha puesto toda su voluntad en alcanzar un acuerdo», añadieron.

Además, indicaron que «los ajustes aprobados son proporcionados y en ningún caso van en contra de los principios recogidos en la legislación comunitaria y española, ni en la letra ni en el espíritu; más al contrario: dan visibilidad y certidumbre al resolver algunos elementos de insostenibilidad sobre los que era necesario actuar».

Finalmente, las citadas fuentes de Industria sostuvieron, por su parte, que «España ha superado con creces, concretamente en seis puntos, los objetivos de renovables para 2010».

A finales de 2010, el Gobierno aprobó un real decreto para regular la actividad eólica y termosolar que incluye un recorte de primas con el que el Ejecutivo prevé ahorrar 1.100 millones de euros hasta 2013.

Sobre la fotovoltaica, donde las medidas aprobadas han generado un fuerte rechazo por parte de la industria, señalaron que no fue posible el «entendimiento» a pesar de que el Gobierno puso «toda su voluntad en alcanzar un acuerdo».

La semana pasada el Congreso aprobó, dentro del paquete normativo para reducir los costes del sistema eléctrico, una reducción de las horas con derecho a prima que pueden cobrar las fotovoltaicas que se suma a un recorte de las retribuciones aprobado en diciembre.

Los fotovoltaicos afirman que la UE «legitima» su lucha contra el recorte de las primas

Por su parte, las organizaciones que agrupan a la industria fotovoltaica entienden que las palabras del comisario de Energía, Günther Oettinger, legitiman sus posiciones frente a la normativa que recorta sus primas y ven en Bruselas «la esperanza del sector».

Las patronales fotovoltaicas incidieron, por ello, en que «la contundente declaración del máximo exponente europeo de la Energía supone un atisbo de esperanza para la recuperación de la seguridad jurídica en nuestro país y para que, definitivamente, España cumpla con sus compromisos europeos«.

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) salieron también al paso de la posición del Ministerio y rechazaron que las normas publicadas recientemente aporten «visibilidad y certidumbre». Tampoco estuvieron de acuerdo con que el Ministerio haya «puesto toda su voluntad en alcanzar un acuerdo, cuando mantuvo casi seis meses de silencio con el sector».

Las tres asociaciones fotovoltaicas ven en las declaraciones del comisario europeo «una desautorización de la regulación retroactiva que, en materia de renovables, está llevando a cabo el Ministerio de Industria».

El comisario, añadieron, «habla claramente de retroactividad, algo evidente para el sector y para los distintos grupos parlamentarios que expresaron su rechazo a la norma en el Congreso el pasado día 26 de enero».

Las «duras» declaraciones del comisario Oettinger, en las que señala que los cambios retroactivos planteados por España no son aceptables, «dan esperanza a las denuncias que, desde los servicios legales de las asociaciones, se realizarán ante la Comisión Europea por incumplimiento» de la normativa comunitaria.