La privatización de REE para avanzar en el modelo eléctrico liberalizado

La semana pasada, conocimos la decisión del Gobierno de la venta de las participaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Red Eléctrica de España. Por tanto, con esta decisión previsiblemente, se completa el proceso de privatización de REE (cuyo límite posible se cifra en que la SEPI mantenga un 10 % del total de su accionariado). Hay que señalar que, con independencia de las cuestiones relativas al equilibrio presupuestario y su relación con el déficit público (el Gobierno espera recuperar 509 millones de euros), esta operación es una buena noticia, por varios motivos que enunciaremos a continuación.

No obstante, y contrariamente a lo que se piensa, e incluso al imaginario colectivo de muchos de sus responsables y de nostálgicos de un cierto «ancien régime» en torno a esta compañía, REE ya era una empresa privada, con un 80% aproximadamente de su capital en manos de accionistas privados, aunque su propia relación con la sociedad estatal, sus relaciones con la Administración Energética y sus comportamientos han perfilado una versión empresarial semejante a «ser más que un club», una especie de octavo pasajero del sector energético.

En todo caso, hay que resaltar la imagen de «eficacia» y capacidad técnica de la compañía, en su función de transportista. Las determinadas sombras que planean sobre su actividad, provienen de su capacidad de condicionamiento del sistema y mercado eléctricos, por la vía de hacer cabalgar transporte y operación del sistema conjunta y su influencia en la Administración, más allá de sus funciones o por la puesta en valor de las mismas. Consecuentemente, en primer lugar, hay que saludar esta decisión porque supone profundizar en un modelo liberalizado, de mercado y con operadores privados, favoreciendo un mayor equilibrio de fuerzas.

En segundo lugar, está decisión debe avanzar en la despolitización de Red Eléctrica de España. Hasta ahora, esta empresa transportista de electricidad, era un destino político (en los partidos políticos lo pedían, si podía ser). Tampoco hay que remontarse a hemerotecas muy antiguas para escuchar declaraciones de su presidente que van más allá de su misión como responsable del operador del sistema eléctrico y terciar en la cuestión nuclear (ora de una manera, ora de otra y en general en línea con las tesis oficiales de cada momento), las renovables o la necesidad o ausencia de necesidad de nueva inversión en potencia. En muchos momentos, se ha hablado de Luis Atienza como Ministerio de Energía en la sombra.

Y por otra parte, REE tenía una notable capacidad de intervención en determinadas funciones anteriores y posteriores en su papel de generación y distribución, más allá de lo que es un operador de sistema neutral. En muchos casos, se trataba de acomodar la función del operador de sistema a las «necesidades» del transporte en el caso de coágulos en el acceso a la generación o a la distribución.

Incluso, y en mucha mayor escala, todo el mundo recuerda cómo se produjo su entrada en la red de 220 kV y quién fue la mano amiga que le ayudó «in términis» en su tramitación parlamentaria desde la propia Secretaria General de Energía. O las propuestas que Red Eléctrica de España ha provisionado al Ministerio de Industria (en muchos casos haciéndole un flaco favor, como en el caso reciente de la que al final resultó fallida regulación del carbón). Pero es que, incluso, de hecho, en algún momento, en su seno se han mostrado veleidades tendentes a la participación de REE en el sector de la generación.

Por tanto, de una cosa y de otra, se deduce que esta decisión (la venta del 10% de REE), tiene que tener un tercer efecto, que es avanzar hacia un modelo en que el operador de sistema y de transporte estén separados empresarialmente de forma que, la red de transporte quede en manos de la empresa privada resultante y, por otra parte, se produzca la separación de la función de operador de sistema en un nuevo órgano diferente y neutral. Pero de eso, hablaremos mañana.