La Refinería Balboa desea que no se dilate por más tiempo la declaración impacto ambiental

Según ha informado esta empresa, que lidera este proyecto que cuenta con accionistas como BBVA, Caja Madrid, Caja Extremadura, la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura y que supondría una inversión de 2.500 millones de euros, el pasado 31 de diciembre ya entregó los informes solicitados por el MARM y el pasado 3 de enero recibió un nuevo requerimiento, que ya ha respondido.

Por ello, espera una resolución por parte del Ministerio en tres meses, que es el plazo marcado por la ley, aunque expresa sus dudas de que así sea «ya que se sigue retardando la decisión final pidiendo informaciones y estudios sin sentido que ya han supuesto un desembolso millonario para el promotor».

En este sentido, recuerda que el pasado septiembre, la entonces titular del Ministerio, Elena Espinosa, aseguró que no se estaba poniendo ninguna traba al proyecto y se comprometió a que en un plazo máximo de tres meses, tan pronto se presentara la documentación solicitada, resolvería.

Por ello, entiende que una vez entregados los dos últimos estudios solicitados en agosto por el Ministerio, comenzará la cuenta atrás para la resolución de la DIA», unos estudios «de tal envergadura» -señala- que llevó al promotor a solicitar una prórroga para disponer de tiempo suficiente para responder.

En concreto, se trataba de un informe sobre la evolución de la trayectoria de un vertido accidental en las instalaciones del puerto de Huelva y su afección a las costas y otro sobre la posibilidad de accidentes por el aumento del tráfico marítimo.

«Sorprendentemente», subraya el Grupo Gallardo, el Ministerio no ha requerido estos estudios a Cepsa para conceder la DIA a su proyecto de ampliación de la refinería de Huelva, «teniendo el mismo área de influencia en el puerto onubense que Refinería Balboa».

El Grupo Gallardo no descarta que le soliciten más información, pues «es la forma que tiene el Ministerio de justificar su retraso y su falta de resolución» respecto a un proyecto que inició su tramitación administrativa en 2005.