Coacción a un mercado

La publicación por el diario económico Cinco Días en crónica de Carmen Monforte sobre las acciones legales que la Comisión Nacional de Energía podría tomar contra Iberdrola, a cuenta de la polémica sobre el informe sobre costes y precios de la energía, señalan, nuevamente, el dislate en el que se ha precipitado el organismo que preside Maite Costa con motivo de tan desgraciado informe. Parece ser que la fanfarria con la que los autores materiales e intelectuales de este informe del ácido bórico del sector energético, quieren celebrar y parapetar su obra, se aúpa por encima del propio comportamiento institucional y de los acuerdos de su Consejo de Administración.

Repasemos los hechos. El pasado 13 de mayo la Comisión Nacional de Energía publicó un informe sobre costes y precios, cuyo objetivo fundamental no era analizar vías para reducir los precios de la energía en nuestro país (algo que hubiera sido loable en estos momentos). El objetivo era cuestionar el funcionamiento del mercado eléctrico, atacando las rentas resultantes que percibirían dos tecnologías, la hidráulica y la nuclear, por las diferencias entre el precio que fija el mercado eléctrico y sus respectivos costes (todo ello sin información contable y económica real, un enfoque académico muy “sui géneris”). El informe, como se ha podido saber, fue elaborado por el Consejero de la Comisión Nacional de Energía, Jorge Fabra (su contenido es una copia de un artículo que publicará próximamente la CNE) y “dado” al director de Regulación del organismo, para que lo adoptase como propio, es decir, que pasase como fruto de los servicios del organismo. Todo ello, hecho con enorme velocidad y fruición, inclusive la aprobación por el Consejo.

Esta es la maniobra con la que se “traviste” un informe que no es un informe. Es una posición ideológica-académica, sostenida en estimaciones y no en la información económica que posee el organismo regulador. Una práctica completamente anómala a la tradición de los informes precisos, rigurosos y documentados del organismo y sus servicios técnicos. El objetivo era retroceder en el mercado eléctrico y, de hecho ese es el hilo argumental que se sostiene cada vez que sale a la palestra el consabido informe. Los windfall profits. (Por cierto, ¿se imaginan Vds. hablando de esto en cualquier otro sector, energético o no? ¿Conoce Vd. si hay windfall profits en los diferentes medios de transporte para hacer el viaje Madrid-Barcelona?)

Hasta aquí, el contenido de la bomba por debajo de la puerta que un organismo que debería estar dedicado a la garantía de la legalidad y el mercado y acaba en una deriva mezcla del Comité Central del PCUS, medio falangista-requeté . En definitiva, se aprecia un funcionamiento institucional, forzado, instrumentado en su debilidad, de una institución en plena descomposición, la Comisión Nacional de Energía, dónde sus corrientes subterráneos y sus grupúsculos de consejeros subvierten la propia actividad institucional del organismo.

Cronología de los hechos

Retomemos el relato de los hechos. El día 13 de mayo junto con el dictamen del Consejo del organismo, se advierte que la semana siguiente se aprobará una ‘addenda’ metida como una “morcilla” en la revisión tarifaria del tercer trimestre. La semana siguiente, los consejeros conocen el “Informe” la tarde anterior a su aprobación, 19 y 20 de mayo respectivamente. Por su parte, la patronal UNESA, contestó el pasado 22 de mayo duramente al informe, con una nota de prensa colectiva. Tras eso, empezó un carteo entre Iberdrola y la Comisión Nacional de Energía, que fue desvelado en su momento por el diario El Mundo. El 3 de julio el Consejo de Administración de la CNE analiza la primera carta de Iberdrola y decide contestar una semana más tarde en su sesión del 10 de julio de 2008. En esa contestación, el Consejo de Administración de la CNE actúa con extrema dureza con Iberdrola. En esa primera comunicación es en la que veladamente la CNE traslada sus amenazas a Iberdrola por las supuestas presiones al Consejo de Administración que serían estas comunicaciones.

Seguidamente, la compañía que preside y dirige Ignacio Sánchez Galán replicó en términos más suaves al Consejo de Administración y, esta segunda misiva, fue tratada en el consejo de administración de la CNE en su reunión del 17 de julio. En esa reunión, primó la prudencia finalmente entre los Consejeros y se decidió no alimentar más leña al fuego, triunfando la tesis de relajar la polémica. No hubo respuesta, a esta segunda carta, por parte del organismo y de su Consejo. Cuatro días más tarde aparece esta noticia en Cinco Días.

La CNE en redifusión: el informe de la langosta recalentada

Curiosamente, es en ese momento en que aparece la información del Consejo en el que la CNE amenaza a Iberdrola, echando combustible al fuego. Según, este artículo, “el organismo podría denunciar las presiones al Consejo”. Lo más peculiar es que la crónica surge después del desistimiento conjunto del consejo a esta opción, tras la segunda misiva de Iberdrola a la CNE. Algún día se podrá conocer porque en el seno del propio Consejo, los relatores internos trasladan noticias tardías para reincendiar los problemas del organismo, cuando sus decisiones colectivas son diferentes. Es decir es el momento de la langosta recalentada. ¿Quién coloca a la CNE en redifusión permanente? De hecho, la respuesta de Iberdrola a esta nueva indiscreción no se ha hecho esperar, y ha remitido una nueva comunicación al Consejo de la CNE.

Las consecuencias de todo este embrollo deberían ser, en primer lugar, que se imponga definitivamente la prudencia, se corten los mecanismos de alimentación artificial de este Informe, una falacia compositiva que debería haberse dado ya por desahuciado. Parece que es un informe en redifusión permanente, a ver si, de repetir sus conclusiones (equívocas, perjudiciales, falaces, venenosas) se hacen ciertas. Y, también, como sucedió con el informe del ácido bórico, esta teoría necesita sus altavoces.

Ácido bórico para el sector energético

La segunda consecuencia corresponde al análisis interno de la situación del organismo regulador independiente. Esta situación señala como una minoría creativa retroprogresiva va conduciendo subrepticiamente los designios del organismo, por detrás y por encima de los propios mecanismos institucionales. Al margen de los servicios internos y de la actividad de la propia presidencia, de su gabinete y del servicio de prensa. Parece ser que toda esta situación ha llegado demasiado lejos, dejándo nuevamente caer a la CNE en una crisis institucional sin precedentes, además del daño causado a la credibilidad del sector energético español, a la estabilidad regulatoria y a la valoración de las empresas energéticas en bolsa.

De todas formas, no está tan claro que todo este carteo se pueda advertir que haya «coacción» al Consejo de Administración de la CNE (que ya se coacciona solo, entre sí o por debajo). Lo que si está claro es que el Informe sobre Costes y Precios, es una coacción. Al proceso de liberalización de los sectores energéticos, a la Unión Europea, Ministerio de Industria, a las empresas, al sector energético y al mercado eléctrico. Por este orden.