Industria apoya la idoneidad de Fabrizio Hernández para su cargo, mientras que IU y Greenpeace quieren su cese

Así, fuentes de este departamento han señalado que el hecho de que Hérnandez elaborara un informe para cuantificar el lucro cesante de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos) a raíz de la órden ministerial de Industria que establece el cierre de la planta el 6 de julio de 2013, no es incompatible con su actual actividad.

De este modo, añaden que el documento elaborado desde su cargo en Nera Economic Consulting para Nuclenor (titular de Garoña) es «uno de muchos» informes que habrá firmado y realizado sobre este u otros aspectos, precisamente porque se trata de un experto en energía.

Además, aseguran que antes de su nombramiento se ha evaluado su idoneidad, pero también si existen incompatibilidades para ejercer su puesto actual y que la Subsecretaria del Ministerio de Industria vio que no era incompatible. En este sentido, apuntan que el hecho de que haya estado en contacto con estos temas es un activo, porque conoce las debilidades y fortalezas del sector.

En todo caso, subrayan que, aunque proceda de la empresa privada, al entrar a formar parte del Gobierno Fabrizio Hernández asume las decisiones del Gobierno y su postura es la de la defensa del interés general de los ciudadanos.

Finalmente, sobre la posibilidad de que éste tenga que comparecer ante la Audiencia Nacional donde ha sido citado por la sala de lo Contencioso Administrativo por el proceso de alegaciones sobre el cierre de la planta burgalesa, el Ministerio ha confirmado que el nuevo secretario de Estado de Energía no acudirá, puesto que ya no pertenece ni está vinculado a la citada empresa consultora.

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha pedido la comparecencia urgente en sede parlamentaria del nuevo secretario de Estado de Energía, para que explique su «relación directa» con la causa abierta en la Audiencia Nacional por la empresa Nuclenor para resarcirse de supuestas pérdidas de 951,4 millones de euros que le ocasionará el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013.

Asimismo, cuestiona la posibilidad de que este nombramiento pueda «vulnerar la Ley de Incompatibilidades», y pregunta al Ejecutivo que confirme la existencia de un Dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Secretaría de Estado de la Función Pública a este respecto, que exige que se remita al Congreso «para despejar cualquier duda». «¿Por qué razones el Gobierno ha persistido en este nombramiento, pese al mencionado Dictamen?», insiste.

Llamazares ha afirmado que IU posee documentación que demuestra que Hernández es el perito elegido por Nuclenor para avalar sus tesis en contra del Estado ante la Audiencia Nacional.

Además, «la contradicción y lo surrealista del caso» se extiende al hecho de que Fabrizio Hernández estaba citado a declarar por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en calidad de perito para explicar el citado informe.

«Esto es, como poco, sorprendente y chusco. Es como poner al zorro a guardar el gallinero«, afirma Llamazares, quien considera los hechos «altamente preocupantes y graves».

En este sentido, pregunta al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero si «considera coherente» el nombramiento de un perito que acaba de redactar un dictamen esgrimido contra el Gobierno en un pleito «en el que se reclaman 951,4 millones de euros de daños y perjuicios».

Greenpece exigirá al Gobierno que cese a Hernández

Asimismo, la organización ecologista Greenpeace exigirá al Gobierno el cese de Fabrizio Hernández, al considerarle «inhabilitado» para ejercer su cargo dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y por su «trayectoria contra las renovables», después de realizar un informe económico sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

Así, el portavoz nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha explicado que la ONG está «preparando» exigir su cese por vía judicial o administrativa.

«Es evidente que no puede seguir en el puesto por lo que pedimos que el Gobierno le cese«, ha apostillado Bravo, quien ha calificado de «inadmisible, sorprendente, rocambolesco y surrealista» que el perito pedido por Nuclenor y citado «expresamente» por la Audiencia Nacional para ratificar el documento que reclama al estado casi 1.000 millones de euros, sea ahora el secretario de Estado de Energía, que debe defender la orden ministerial del cierre de la planta burgalesa.

En ese sentido, manifiesta que «esta persona está completamente inhabilitada, por su trayectoria, para decidir cualquier cosa sobre Iberdrola y Endesa«, que son propietarias al 50 por ciento de Garoña. Bravo defiende que él y no otro ha sido citado expresamente, por lo que estima que no debería o no podría mandar a otra persona.

En este contexto, Bravo incide en que el nuevo encargado de Energía «no es imparcial» porque «ha mantenido una postura muy concreta contra las energías renovables» y porque ve «evidencias de que no va a ser imparcial». «No puede seguir en el puesto porque dudamos que sea compatible», ha reiterado.

Finalmente, ha manifestado que Hernández es ahora «juez y parte implicada por parte de Nuclenor» en el contencioso sobre el cierre de Santa María de Garoña.

Hasta su entrada en el Gobierno, Fabrizio Hernández fue director asociado de la consultora Nera Economic Consulting, a través de la cual elaboró y firmó un informe pericial encargado por Nuclenor denominado «Cuantificación del Lucro Cesante originado por la Orden ITC/1785/2009. Informe pericial elaborado a petición de Nuclenor«, que fija el cierre de la planta el 6 de julio de 2013

En él llega a la conclusión de que Nuclenor perderá 951,4 millones por el cierre de Garoña, cantidad que debería ser indemnizada por el Gobierno del que ahora forma parte el propio autor.

Asimismo, Ecologistas en Acción ha criticado el nombramiento de Fabrizio Hernández «por apoyar la energía nuclear frente a los intereses generales de la ciudadanía» y ha pedido al Gobierno que reconsidere esta decisión.

Asimismo, han comentado que «cuando menos causa sorpresa y desconcierto el nombramiento como alto cargo de una persona dispuesta a que el erario público gastara una enorme cantidad de dinero para poder cerrar una central nuclear, para lo que tiene potestad el Ministerio de Industria».

Los ecologistas han añadido que, dado el trabajo previo del nuevo secretario de Estado de Energía, es posible que su nombramiento vulnere la Ley de incompatibilidades, «por lo que Ecologistas en Acción va a estudiar el caso con detenimiento».

Además, EeA ha indicado que, junto a las posibles incompatibilidades que esta decisión puede entrañar, el nombramiento «está rodeado de sombras desde el punto de vista político» ya que, a su juicio, el trabajo previo de Hernández par la industria nuclear «arroja serias dudas sobre su imparcialidad y sobre si su trabajo se dirigirá a la defensa de los intereses de la ciudadanía o los de la industria nuclear».