Fabrizio Hernández valoró en 951,4 millones de euros las pérdidas de Nuclenor por el cierre de la central de Garoña

Este informe, desvelado por la cadena SER, lo elaboró por encargo de Nuclenor, compañía propietaria de la central burgalesa y participada al 50% por Iberdrola y Endesa, la consultora «Nera Economic Consulting», de la que Hernández era entonces director asociado.

La Audiencia Nacional, ha llamado a declarar el 14 de enero a Fabrizio Hernández, en condición de perito, dentro del proceso que se sigue por la demanda que Nuclenor interpuso contra la orden ministerial que decretó el cierre de la central para julio de 2013. La Audiencia Nacional quiere que Hernández explique las conclusiones del informe.

Sin embargo, fuentes de Industria confirmaron que el secretario de Estado no acudirá finalmente a la cita al estar ahora desvinculado de la consultora, y en su lugar, se ha solicitado que comparezca Óscar Arnedillo, quien también suscribió el informe.

Además, la Sala de la Audiencia Nacional que tramita la causa, y que se encuentra en la fase de escuchar a las partes y conocer los informes y pruebas de todos los que han presentado recursos, tanto a favor como en contra, del cierre de la planta, ha llamado a declarar a primera hora del 14 de este mes a dos peritos más para que ratifiquen dicho estudio.

Las mismas fuentes de Industria reconocieron que el Ministerio tenía conocimiento de dicho informe antes de que se nombrara a Hernández sustituto de Pedro Marín, quien se presentará como candidato a la dirección de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), al frente de la Secretaría de Estado de Energía.

Sin embargo, entienden que el conocimiento del sector energético y la sólida experiencia de Hernández prevalecen sobre el estudio que elaboró cuando trabajaba en la consultora y recuerdan que su trabajo en Nera no dependía de las propias empresas eléctricas, sino que eran éstas las que contrataban a la compañía en busca de asesoramiento.

Asimismo, sostienen que el recién nombrado secretario de Estado de Energía se encuentra completamente desvinculado de la empresa privada, por lo que descartan un supuesto conflicto de intereses.

El informe encargado por Nuclenor a dicha consultora se produce después de que el Gobierno anunciase el 2 de julio del 2010 que la central nuclear de Garoña cerrará definitivamente el 5 de julio de 2013, dos años más tarde del final de «su vida útil», que se estima para este año.

Tras la decisión de cierre que hizo pública el titular de Industria, Miguel Sebastián, Nuclenor presentó a finales de marzo del pasado año una demanda ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial que decretó el fin de la central, al entender que es contraria a la legislación vigente que autorizaba prorrogar el funcionamiento de las plantas siempre que se demuestre su seguridad.

Dicho informe, que fue admitido como prueba en el marco del proceso judicial por la sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 30 de noviembre de 2010, solicita además que la central nuclear siga funcionando.

Además, sostiene que, en caso de producirse el cierre definitivo de la central nuclear, se reclamarán las cantidades económicas oportunas en concepto de daños y perjuicios.

Nuclenor entiende que en el supuesto de que finalmente se cierre la planta ha de ser indemnizada con 951,4 millones, ya que la planta cuenta con todos los avales técnicos para continuar operando hasta 2019, incluido el correspondiente informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Asimismo, la empresa propietaria de la central nuclear reclama una autorización por diez años, de 2009 a 2019, y no de cuatro, hasta 2013, como le concedió finalmente el Ministerio de Industria.