La cacería sobre Fabrizio Hernández y las manos peligrosas

No ha sido así. El hecho de que sea un hombre externo a la «nomenklatura» habitual del sector energético y de que tenga un perfil promercado y proliberalización ha desatado, con el nombramiento caliente, una cacería instada con particular virulencia y frontalidad desde el colectivo retroprogresivo de la energía y su encarnación en el bloque de consejeros de la CNE pertenecientes a esta facción. El hecho de que Hernández provenga del sector privado y, por tanto, de ninguna de las camarillas que tienen interceptado y condicionado el debate energético en nuestro país, ha hecho el resto, alineando al «establishment» público e intervencionista contra él. El nombramiento de un hombre del sector privado es una cuestión, opción y decisión que, por otra parte, hay que saludar y agradecer al actual Ministro de Industria, siendo deseable que, con las debidas cautelas y equilibrio en su ejecutoria posterior hacia el bien común y la cosa pública, se pueda comprobar.

La clave estaría en el aprovechamiento de la experiencia anterior de Fabrizio Hernandez, totalmente pública, transparente y conocida, por otra parte por el Ejecutivo, habiendo pasado por un proceso de revisión de los conflictos de interés muy minucioso. No hay ningún secreto de Estado escandoloso. Por otra parte, hay que reconocer que desde el Ejecutivo se dan signos de virar hacia una política energética y tarifaria, más ortodoxa, que se aleja de la intervención y de sus postulantes, también con una postura más pragmática y menos ideológica con lo nuclear (a lo mejor, esto es lo que perturba a los colectivos retroprogresivos).

En cambio, esta experiencia profesional se quiere utilizar en su perjuicio y viene siendo difundida y retransmitida con escándalo por los medios de comunicación por filtraciones orientadas a la generación de alarma en beneficio de ciertos intereses (posiciones antinucleares o antimercado). Escándalo, por otra parte, impropio, que nos recuerda a las estrategias trostkistas de propaganda muy conocidas en el sector y utilizadas para laminar la energía nuclear (siempre desaparece, casualmente, un maletin en Móstoles o se amplifica una avería en el momento oportuno), el mercado eléctrico o las tarifas.

En suma, y en el caso que nos compete, se quiere echar «plomo en las alas» del recién nombrado Secretario de Estado con dos condicionantes previos: primero, las reticencias de Economía y Moncloa a su nombramiento (que deseaban más experiencia política y conocimiento de la Administración para el cargo, sin cuestionar su perfil y capacidad profesional) y segundo, el hecho de provocar pánico en el nombrado a base de amedrentarlo o, como mínimo, condicionarlo fuertemente.

Si el fin de semana pasado, podíamos leer la crónica de «ABC» respecto a su nombramiento, que intentaba estigmatizar al Secretario de Estado entrante por la supuesta proximidad con una empresa eléctrica, ayer por la noche en la edición digital del diario «El País» se recogía con escándalo que Fabrizio Hernández habría peritado un informe para Nuclenor la empresa titular de la Central de Santa María de Garoña en el momento en que se estaba tratando su cierre (hoy lo confirma su edición impresa).

Por tanto, parece ser que la idea retroprogresiva era que hubiese sido elegido un Secretario de Estado que hubiera tenido en su trayectoria anterior opúsculos y tesis doctorales inspiradas en el Informe de Costes y Precios. La alternativa dos de este colectivo era buscar un hombre con orientación a la intervención operativa, decidido a convertir al operador de sistema del sector eléctrico en el Gran Hermano que redujera la capacidad de actuación empresarial y de los mercados a la mínima expresión. La tercera opción, derivada de este grupo era el adanismo, buscar un hombre sin pasado, ni experiencia, que pudiera ser fácilmente abducible y asustable por la presión política y mediática debidamente engrasada. Por eso, la cuarta opción, la decidida por el Ministro de Industria, la elección de un hombre del sector privado, con experiencia y predicamento internacional, con visión de dinámica de mercado y no de intervención ha sacado de sus tumbas a los zombies del sector energético con anormal virulencia y sadismo como ocurre en «La noche de los muertos vivientes».

En todo caso, la catadura de la inmadura democracia española debe valorar la actuación posterior de un responsable del Gobierno en términos de bien público. En este ejecutivo, tenemos ejemplos de incorporación de independientes y profesionales, con posturas muy marcadas y claras previas a su nombramiento. Por ejemplo, es el caso de José Manuel Campa, Secretario de Estado de Economía por sus posiciones liberales, respecto al mercado laboral por ejemplo. O, si así lo pueden comprobar, del actual Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, con relación directa con las organizaciones sindicales, pública, conocida y notoria. Por su ejecutoria los conocemos y los conoceremos. Y da la impresión, que los dos, desde posturas muy diferentes de partida, están prestando un servicio importante a las necesidades de la economía española, sin retrocesos en las necesidades reformistas. Por tanto, escandalizarse continuamente por sus declaraciones, exhibir como un espantajo sus actuaciones pasadas es un signo de inmadurez e infantilismo ideológico insoportable.

No nos engañemos. Estamos en un conflicto ideológico. Fabrizio Hernández, antes de ser nombrado secretario de Estado de Energía venía procedido de un currículum profesional de primer orden a nivel internacional y nacional. Ha ido a recaer en un sector que está acostumbrado a pedir la filiación y procedencia y certificados de pureza de sangre, con una fuerte ideologización en su transfondo. El sector eléctrico no puede vivir anclado en el carné y en formatos de confrontación política atávicos y guerracivilistas. Los problemas actuales, financieros y de mercado, no lo permiten. Dejemos margen de actuación para que haga su papel.

En la toma de posesión de Fabrizio Hernández fue significativa la ausencia de consejeros de la CNE (tan sólo asistió su actual Presidenta), con el anuncio de la remoción de sus cargos a través del Proyecto de Ley de Economía Sostenible recién transcrita al diario de sesiones del Congreso. El fin está cerca. Mientras, la información publicada por «El País» y «ABC«, referida al supuesto «escándalo» por su papel como profesional en el caso del cierre de la Central de Garoña, viajaba de la CNE a sus rotativas. La guerra ha comenzado.