Decreto Ley de Navidad: bajo el signo de lo inevitable

El Real Decreto Ley para el sector eléctrico que aprobó el Gobierno el pasado jueves en el último Consejo de Ministros está diseñado bajo el signo de lo inevitable. La medida clave del Real Decreto Ley es la elevación del techo del déficit tarifario en 2010 en 1.000 millones de euros reconociendo el desbordamiento de la realidad de la tarifa eléctrica antes de fin de año. El desfase tarifario de este año que se había desbocado, supone además el incumplimiento del último Real Decreto Ley del sector, el 6/2009, aprobado hace algo más de un año. El Real Decreto Ley recién aprobado además afecta a la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado, recién estrenada, en lo que se refiere a la necesidad de aumentar los avales para la titulización del déficit tarifario en 2011, incluyendo las cantidades no titulizadas del déficit acumulado hasta 2010. Recordemos que la titulización del déficit hasta 2010 no se había efectuado por muchos motivos: un procedimiento hiperadministrativo demoníaco, algunos despistes en su tramitación y por la combinación de todo ello con la crisis de los mercados financieros internacionales de forma que vencieron los plazos previstos.

A cambio de reconocer esta deuda, de forma que no quedase en un limbo, Industria sube los costes para las empresas. Impone una nueva tasa de 0,5 euros por MWh a las generadoras, prolonga a las empresas el pago del denominado “bono social” y les obliga a soportar el coste de los planes de eficiencia energética. En todo caso, es un fuerte impacto y, en total, se trata de una cantidad sustancial para las empresas.

Además, el Gobierno se atrevió a incorporar una limitación horaria para las tecnologías fotovoltaicas, a cambio de prolongar a 28 los años de vida útil (un día habrá que preguntarse por qué en los estudios de rentabilidad de las plantas fotovoltaicas empleados para diseñar su retribución se hacían con muchas menos horas que las que efectivamente se vienen liquidando con la sustanciosa prima que perciben). Esta medida es la que más polémica ha generado, aunque haya sido en realidad sea extremadamente tímida. Todo esto ocurre, en el momento en que aparentemente se puede llegar a efectuar la primera subida de tarifas de dos dígitos, inevitable, pero que tampoco consigue atajar el déficit tarifario ni reducir su montante.

Por su parte, el ministro Miguel Sebastián en la presentación que realizó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ya había pasado por el túnel de lavado de los asesores de comunicación política. Tal y como se puede ver en la web de la Moncloa, se empleó en profundidad en la retórica para hablar de “esfuerzo compartido”, señalando la necesidad de que las “eléctricas tradicionales” asumieran parte de los costes de la electricidad, de forma que no recaiga íntegramente en los consumidores. Evidentemente, el Real Decreto Ley, en términos netos, viene a aumentar los costes de las empresas eléctricas con la contrapartida (llamémosle así) de reconocer la deuda real del año, encomendarse al 2011 para colocar el déficit tarifario y dar una patada hacia adelante a todos los problemas, en lugar de hacer un calendario creíble de subidas para ajustar la electricidad a sus precios reales. Sigue siendo una solución provisional e inevitable.

Un elemento positivo del Real Decreto Ley es no haber caído en la trampa que se viene tendiendo desde las facciones retroprogresivas de la energía, consistente generar un estado de excepción en el sector energético para introducir medidas conducentes a intervenir en el mercado eléctrico (separación de tecnologías, incorporación de tasas discrecionales, planificación centralizada de la generación…). Es decir, para acabar con el mercado eléctrico, una vieja aspiración en la que se emplean con fruición. Al menos, con este Real Decreto ley se mantiene intacto el modelo de liberalización del mercado y, por eso, debemos felicitarnos. Hoy, el problema de los precios de la energía eléctrica en España se puede resumir como sigue: el precio del mercado mayorista es de los más bajos de Europa mientras que el precio para el consumidor, además de no reflejar la realidad, es más alto por los costes regulados como son el pago de la deuda y déficit pasados, la retribución fija de ciertas actividades y las primas desaforadas para determinadas tecnologías en régimen especial (concedidas en años de bonanza y seguidas con muy poca atención).

Frente a eso, los colectivos retroprogresivos al conocer la existencia del Real Decreto ley, volvieron a alimentar este imaginario de la involución en la liberalización. Así, aquellos medios de comunicación que habían recibido algún tipo de filtración previa al consejo de Ministros, hablaban en sus ediciones digitales de que el Gobierno iba a reformar el mercado eléctrico y que iba a revisar los costes, apelando incluso a esa diferenciación de tecnologías clasificando kilowatios. Del mismo modo, de forma oportunista también recogían estos argumentos en sus propias opiniones editoriales el día después. Por tanto, ¿quién tiene las manos azules? ¿Quién les contó esto? ¿Cómo llegaron a esa interpretación?

Por otra parte, el mismo día el presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer, profería unas opiniones en la misma línea. Unas declaraciones antimercado eléctrico al diario Expansión, sin hechos que lo avalen. Pero de eso, que requiere análisis detenido y particular, hablaremos mañana.