Los fotovoltaicos recurrirán a los tribunales el recorte de primas fijado por el Gobierno

La primera de estas asociaciones en propnunciarse tras el recorte de primas, vía limitación de las horas de operación con derecho a percibir prima, aprobado por el Gobierno para la energía solar fotovoltaica ha sido ASIF que ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales en defensa de los intereses del sector y establecerá cauces especiales para facilitar los recursos de sus casi 500 socios y de sus miles de clientes, puesto que estas medidas causan un gravísimo quebranto al sector fotovoltaico español y vulneran el principio de confianza legítima en las leyes.

Según ha explicado, los ingresos de una instalación solar son, básicamente, el producto de multiplicar la tarifa fijada por el Gobierno por sus horas de operación. Cualquier alteración de estos dos factores supone un cambio en la rentabilidad final de dicha instalación.

«Sin embargo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio considera que, aunque sea ilegal modificar retroactivamente la tarifa, no lo es introducir una limitación en el número de horas de operación«, ha añadido ASIF.

«Basándose en esta abstracción mental, el Gobierno ha aprobado una normativa gravemente perjudicial para el sector, para los miles de inversores que han confiado en la seguridad jurídica del país y para la propia credibilidad de España, precisamente en un momento en que se halla muy cuestionada por la dureza de la crisis», ha afirmado.

El Gobierno, a juicio de ASIF, ha ratificado su abandono de la apuesta solar, de la que había hecho bandera el mismo presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero. «Ya no cabe ninguna duda sobre la hipócrita incoherencia entre el discurso favorable a la energía solar del Gobierno y la realidad de sus actos«, recriminó.

Todavía es pronto para conocer el alcance del «desastre» que se cierne sobre el mercado fotovoltaico nacional, añadió, si bien «recientemente ASIF ha estimado que si España abandona la fotovoltaica, obtendrá un saldo económico negativo de 5.000 millones de euros hasta 2020 y perderá la oportunidad de disponer de unos 40.000 empleos estables y de calidad«. «Las sucesivas actuaciones del Ministerio contra la fotovoltaica nos aproximan a ese pésimo escenario y deben considerarse una torpeza más del Gobierno», ha concluido.

Por su parte, AEF ha hecho un «llamamiento urgente» al Congreso de los Diputados con la intención de que el poder legislativo pueda «corregir el dislate y el desequilibrio planteados por el Ministerio de Industria con un real decreto-ley que ofrece notables lagunas técnicas y legales».

Esta organización ha calificado de «claro atentado contra el sector solar fotovoltaico y la economía y política energética sostenible» el recorte de horas con derecho a prima aprobado por el Gobierno.

Para AEF, las medidas anunciadas «son claramente retroactivas, se han dictado sin tener en cuenta ni a la industria, ni a los inversores ni a la banca, y conducirán inexorablemente a una situación concursal a la gran mayoría de las instalaciones fotovoltaicas españolas».

AEF ha denunciado además que el ministro Miguel Sebastián haya omitido en su comparecencia, que la industria solar fotovoltaica «ya ha asumido responsablemente más de 600 millones de euros en recortes, de acuerdo a lo estipulado en el Real Decreto 1.565/2010, aprobado hace apenas un mes».

De salir adelante ahora el nuevo real decreto-ley, AEF juzga inevitable que el sector se vea abocado a solicitar de forma masiva concursos voluntarios, ante la imposibilidad de asumir sus compromisos crediticios y financieros, así como el pago a proveedores.

Por último, APPA ha afirmado que denunciará ante los tribunales españoles y europeos las medidas «retroactivas» que introduce el recorte de primas aprobado para la energía solar fotovoltaica, que «provocarán la ruina de miles de inversores», así como el incumplimiento de la directiva europea de renovables.

Además, ha criticado la inestabilidad regulatoria que, a su juicio, se constata con esta norma, la cuarta sobre energía fotovoltaica en los últimos cuatro años.

La nueva regulación, ha añadido, no resuelve el déficit de tarifa ni las futuras subidas de la luz, que estarán marcados por las ayudas al carbón y la evolución del precio de los hidrocarburos.

«En vez de hacer cumplir la legislación actual, combatiendo el fraude y ejecutando avales, se opta por establecer medidas retroactivas», ha insistido APPA.