La CNE cree que el bono social debe ir asociado a criterios de la renta

Ésta es una de las conclusiones a las que ha llegado el Consejo de la CNE tras examinar la propuesta de resolución elaborada por el Gobierno para regular la implantación de dicho bono.

Al bono social pueden acogerse las familias numerosas, aquéllas con todos sus miembros en paro, los mayores de 60 años que perciben una pensión mínima y aquellos consumidores con potencias contratadas de hasta 3 kilovatios (Kw), lo que equivale a cinco millones de hogares.

La CNE considera por tanto que estos colectivos beneficiarios deben cumplir «adicionalmente» un límite de renta para poder disfrutar del bono social.

Asimismo, la entidad que preside Maite Costa cree que la propuesta del Ejecutivo «puede discriminar» a determinados colectivos en la aplicación de la Tarifa Eléctrica de Último Recurso (TUR) y del bono social.

En este sentido, la CNE rechaza que las empresas distribuidoras transfieran sus clientes a un suministrador que no sea de último recurso -en caso de que el consumidor no haya elegido de forma expresa comercializadora de último recurso (CUR)-, ya que estos usuarios no podrán acceder al bono social.

Según la CNE, deben tener derecho a la TUR y al bono social «todos» aquellos consumidores que tengan una potencia contratada inferior a 10 kw «con independencia del distribuidor al que estén conectados».

En caso de que el bono social se mantenga finalmente a los consumidores con una potencia inferior a 3 Kw, la CNE propone que sea «obligatorio» instalar un interruptor de control de potencia.

Por último, la Comisión reconoce que el éxito de la aplicación del bono social dependerá «en gran medida» de la información que se facilite al consumidor, así como de la existencia de procedimientos adecuados para la recaudación, liquidación y aplicación del bono.