El Parlamento Europeo pide mantener las ayudas al carbón nacional hasta el año 2018

La enmienda sobre la extensión de las ayudas hasta diciembre de 2018 ha sido aprobada por 453 votos a favor, 184 en contra y 16 abstenciones, según informó el Europarlamento, con sede en Estrasburgo (Francia).

El Ejecutivo comunitario defiende la fecha de octubre de 2014 como el límite definitivo para los subsidios a las explotaciones no competitivas, aunque se mostró dispuesto a «escuchar con mucha atención» los puntos de vista de la Eurocámara y de los Estados miembros.

Dentro de los Veintisiete, un grupo liderado por España y Alemania batalla para que las ayudas puedan continuar, al menos, hasta 2018, frente a la postura de otros socios, principalmente los escandinavos, que quieren terminar con ellas antes.

Por el momento, 2018 es la fecha que reúne un respaldo «mayoritario» en el Consejo de la Unión Europea, tal y como reconoció el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que intervino ante el pleno del Parlamento.

Almunia lamentó que el anterior reglamento no haya conseguido orientar las minas hacia la rentabilidad y a su vez éstas no hayan sido cerradas.

«La Comisión no comparte los argumentos en favor de ayudas ilimitadas al carbón no competitivo«, señaló, y reiteró que «el cierre debe ser gradual» y que no debe producirse al final del plazo. «Las ayudas distorsionan la competencia y sólo pueden ser autorizadas si propician efectos positivos», añadió.

Sin embargo, para modificar la propuesta de la Comisión Europea, los países necesitan de la unanimidad, algo que para Almunia es prácticamente seguro» que no ocurrirá.

Por ello, aseguró que la Comisión tendrá en cuenta las posturas del resto de instituciones antes de posicionarse definitivamente, sugiriendo que podría aceptar la extensión de los subsidios para facilitar un consenso, tal y como ya había apuntado previamente el comisario de Energía, el alemán Günter Oettinger.

Según fuentes diplomáticas, la prolongación de las ayudas hasta 2018 podría salir adelante a través de una petición de la Presidencia de turno belga a la Comisión Europea, que esta aceptaría para que el nuevo reglamento pudiese ser aprobado definitivamente el 10 de diciembre.

El actual régimen que autoriza las ayudas a la minería expira a final de año, por lo que de no ser sustituido las ayudas deberían suspenderse a partir del 1 de enero.

Dentro del procedimiento para la aprobación de un nuevo reglamento, el Parlamento Europeo es únicamente consultado, pues no cuenta con poder de codecisión en la materia.

Los eurodiputados, sin embargo, han debatido en profundidad el asunto y han terminado por acordar 2018 como la fecha idónea para poner fin a las ayudas.

Así lo aprobaron por una amplia mayoría, que refuerza la postura de países como España Alemania y Rumanía, donde se concentran la mayor parte de las minas deficitarias.

Los diputados de estos países, precisamente, han sido los más activos en el debate parlamentario sobre el futuro del carbón.

El socialdemócrata alemán Berhnard Rapkay, autor del informe aprobado, insiste en el mismo en las «graves consecuencias sociales y regionales» que tendría el cierre de las minas en los términos planteados por Bruselas.

Mientras, eurodiputados españoles del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE) defendieron la continuidad de la minería más allá incluso de 2018.

«El impacto económico y social exige que no se contemple el cierre de las minas ni en 2014 ni en 2018», señaló ante el pleno la socialista María Muñiz, para quien además de la competitividad en términos económicos la Unión Europea debe tener en cuenta la «competitividad laboral y medioambiental» del carbón europeo, que «es seguro y puede ser limpio».

Su compañero Antonio Masip reclamó «neutralizar la amenaza de terminar con la explotación del carbón autóctono» y defendió la «pervivencia razonable de este sector estratégico».

Salvador Garriga (PP) -impulsor de una enmienda no aceptada para prolongar las ayudas hasta 2020-, recordó que aunque se cierren las minas europeas, las centrales térmicas de los Veintisiete seguirán quemando carbón y lo harán con producto importado que no incorpora los costes sociales y medioambientales del europeo.

Según datos de Bruselas, el sector del carbón emplea a unas 100.000 personas en Europa, de las cuales 42.000 trabajan en las minas y más de 55.000 en industrias relacionadas. En 2008, las ayudas públicas al sector fueron de 2.900 millones de euros, frente a 6.400 millones cinco años antes.