La sinécdoque, el déficit de tarifa de todos y su titulización

Se habla del déficit tarifario de las eléctricas y de la titulación del mismo. Incluso, determinados medios de comunicación cuando hablan de las garantías públicas de estos activos financieros se extrañan de que éstas existan o de que sea comparable con la deuda pública. Porque lo es.

Recordemos que el déficit de tarifa es un problema público y nacional o procedente de decisiones políticas continuadas, consistentes en que la tarifa eléctrica (fijada administrativamente) no reconozca los costes que la integran, evitando que los ciudadanos experimentasen alzas en sus recibos coherentes con los costes en que se incurre para su suministro. Decisiones que han ido pasando gobierno a gobierno, en la convicción de que la electricidad era un servicio intervenido, reducto de las prácticas que venían produciéndose en determinados bienes y servicios, dónde el Estado ejercía su tutela.

El planteamiento de las sucesivas Administraciones desde 2002, ha venido siendo que la electricidad admitía elevaciones en sus precios correlacionadas, como máximo, con el IPC cuando se estaban produciendo elevaciones mucho mayores en el coste de la electricidad mucho mayores por distintos motivos.

De hecho, en un primer momento, el déficit estaba en el mercado de generación como consecuencia de la elevación de precios de la electricidad, por la tensión de la oferta y la demanda (fundamentalmente en los tiempos del auge económico) además del crecimiento de los combustibles fósiles y las fuertes sequías que impedían el uso de la energía hidráulica. Por el contrario, hoy el déficit que se está generando está en los costes regulados y en las primas a las renovables incluidas en la tarifa, el pago del déficit tarifario pasado, con un mercado eléctrico cuyos precios siguen deprimidos por la caída de la demanda y el exceso de capacidad de generación.

Junto a esto, la alternativa radical respecto de este problema político ha sido elusiva. Ha consistido en introducir el pánico y la desestabilización sectorial continuada: cuestionar el mercado eléctrico (aunque desde hace un año se registran los precios más bajos de la última década), proponer la vuelta a modelos de costes reconocidos intervenidos por tecnologías (una solución subversiva como la intervención plena de los mercados de generación imponiendo precios de forma discrecional), imaginar «razzias» mediante partidas descontables de la tarifa en las liquidaciones, intentos de resurrección de conceptos vencidos como las liquidaciones de los CTC’s y sugerir renuncias o «quitas» como resultado de la de una turbamulta demagógica: una ceremonia que recordaría un saqueo a los accionistas a modo de pogromo.

Indudablemente, el déficit tarifario (de todos), que es una deuda «pública», daña a las empresas, en lo que se refiere a contar con mayores niveles de deuda reconocida en sus balances, empora el rating, encarece su financiación y penaliza sus resultados. También daña a todos, porque su generación, por procesos de «ilusión tarifaria», ha devenido en resultados débiles en eficiencia energética y en ahorro por parte de los consumidores con pocos incentivos al ahorro, o lo que es peor, con señales erróneas de precio. Y, también, daña a los usuarios actuales que no aprecian los beneficios de la liberalización porque, en definitiva, hay poco margen de flotación de precios eléctricos dado que las deudas a pagar y los costes regulados, dejan poco espacio para el mercado y las mejoras (lo que retroalimenta las teorías de los propios retroprogresivos). Y, finalmente, penaliza a los consumidores futuros porque pagarán los excesos del pasado, con tarifas más altas, que absorban las letras de esta deuda pasada, un problema intergeneracional. En todo caso, es ya urgente e imprescindible, la vía de generación de más déficit, todavía descontrolado, y cerrar la sangría galopante que está creciendo este año por encima de lo previsto y de lo regulado.

Por su parte, la elongación del proceso de titulación del déficit, viene generando un estado de tensión en las empresas, en los mercados y en los analistas. A la crisis de la deuda pública, se han sumado episodios sucesivos de distinto cariz entre Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, Dirección General de Tesoro, Comisión Nacional del Mercado de Valores y ahora el Banco Central Europeo. De hecho, como en las películas de terror con tensión continuada, desde hace más de un año, ha existido un proceso de generación de expectativas de titulación, que nos ha llevado a que todavía siga en blanco a esta fecha. En todo caso, el hecho de que parece haberse resuelto el último problema pendiente, el de la calificación del Banco Central Europeo es una buena noticia, aunque la actual elevación de la prima de riesgo matiza este desbloqueo, además de la lentitud e hiperprocedimentación que lleva todo el proceso, que aboca a que diciembre se nos haya echado encima y la colocación prometida en las declaraciones y pronunciamientos del Ministerio de Economía, de 3.000 millones de euros, cuenta con un número importante de suspicacias para que se produzca en 2010, a la luz de esta trayectoria, aunque se ha anunciado que hoy se aprueba la emisión en la CNMV.

Conclusiones: la naturaleza de la decisión de generar déficit tarifario es pública y política y supone un perjuicio para las empresas eléctricas, para los ciudadanos, a los consumidores, presentes y futuros. Cuestiona, sin sentido, el propio modelo de liberalización y la demora en su titulización, por cuestiones de procedimiento y otras episódicas, requieren de rápida solución. Y, finalmente, es urgente y apremiante cortar la vía de generación de más déficit (superando lo previsto y normado para este año) y de engrosamiento del problema.

A lo mejor, hablar de déficit como problema de las empresas no es sinécdoque, es de amnesia.