Aquelarres, procesos elusivos y estratagemas contra la liberalización eléctrica

Sería momento de hacer un repaso a los modos de oposición a la última fase del proceso de liberalización pendiente en el sector eléctrico y de cómo se puedan apreciar desde un desconocimiento generalizado (real o intencionado), hasta posiciones y comportamientos como los que van apareciendo tanto en la escena partidista del ámbito político (la posición del principal partido político de la oposición, el Partido Popular, que inició el proceso de liberalización eléctrico en 1998), la intervención de los medios de comunicación o la posición de la Comisión Nacional de Energía conocida ayer a raíz del análisis de la metodología de la tarifa de último recurso.

Un ejemplo de esto último, es el que pudimos escuchar hace dos noches en la tertulia nocturna de la Cadena Ser, uncidos en este proceso de cambio en el sistema de tarifas hacia la liberalización, tan mal explicado. El hecho es que este tema fue incluido en plena tertulia nocturna del programa «Hora 25» y así, tras varios desabarres de la política diaria española, como el ponerse tetas, el avión del Presidente, el famoso caso Gürtel o los rifi-rafes de la campaña electoral, llegamos a la polémica de las tarifas de último recurso y de la posible subida asociada en clave de alarma según la posición del Partido Popular. Y, la forma en que se produjo el debate en las intervenciones de Emilio Contreras y Miguel Ángel Aguilar fue casi en forma de aquelarre.

Desde descalificaciones al proceso de liberalización, insidias referidas al reciente Real Decreto Ley y a la deuda tarifaria contraída en estos años y que debe ser financiada por decisiones políticas anteriores (en una reacción que hace pensar en la de aquél al que le recuerdan una deuda y se hace renuente al pago). Incluso, alguno de los contertulios, en ese afán por demediar el último Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno para resolver esta cuestión (y por el Parlamento el jueves pasado, ¡con la abstención del grupo popular!), hizo notar que todavía está esperando la convalidación ¡ya cumplida!, lo que evidencia, primero, el grado de conocimiento del tema en cuestión.

Y, alguno, en concreto, en referencia a la tarifa social, también rebajó ostensiblemente el porcentaje de consumidores beneficiados por la tarifa social (mecanismo para no trasladar la subida a determinados colectivos y que sufragan las propias eléctricas, no el Presupuesto del Estado, siendo una decisión de política fiscal) de forma que 3 millones (posibles beneficiarios), sobre 25 millones de consumidores, se transformó en un error aritmético a la hora de calcular los porcentajes, exagerada y casualmente a la baja, escondiendo que el Gobierno ha buscado en esto un espacio transitorio razonable a tres años, incluyendo mecanismos para evitar que los consumidores más vulnerables se vean afectados por las subidas.

Por su parte, la CNE afirma que hay poco tiempo para la aplicación de las tarifas de último recurso y para gestionar el proceso de cambio de suministrador. Seguramente sea una afirmación correcta, y seguramente haya sido un proceso poco informado, como afirman y señalan las asociaciones de consumidores. Siendo correcta, no tiene por qué ser cierta o, mejor dicho, no tener una parte falaz o saducea a la luz de la coherencia de la actuación pasada o de cómo el organismo no ha salido precisamente a cuerpo limpio defendiendo la liberalización y explicando las consecuencias del déficit de tarifa para los consumidores (más bien tomando posturas pintorescas en todo el proceso). De hecho, a lo que estamos asistiendo es la última fase de reacción a la derrota de las posiciones contrarias a la liberalización.

Pero, por ello, hay que señalar que parte del problema han sido los retrasos y demoras que se han acumulado derivados de las intervenciones mefistofélicas en todo este proceso, inclusive en la resolución del déficit tarifario acumulado, el fracaso de la CNE en la financiación y la necesidad de actuar con responsabilidad económica, gestora y de gobierno en todo el problema. Por ello, si hacen repaso del compartamiento del órgano regulador podrán comprobar que éste se ha comportado como el Tendido 7 de Las Ventas en el proceso de liberalización, aportando más bien poco y removiendo a través de las corrientes ocultas más retroprogresivas el cotarro alrededor del mismo (en lo que se ve y en lo que se ha venido conociendo, incluyendo la secreta ambición y los teje manejes para que se revocase el Real Decreto Ley 6/2009 en el Congreso). Por tanto, es razonable que nos tengamos que acercar al momento de la verdad en la liberalización y hacerlo. Por tanto, hoy sería impropia otra estratagema más para demorar el proceso de liberalización, sobre todo habiendo sido freno y resabio hasta el momento. En fin, ayer tuvo que ser aquello otro aquelarre.

Este sería el momento de plantearnos con mayor visión y contexto lo que está pasando, porque puede ser que estemos en un bucle. Tendríamos que entrenar más el pensamiento positivo, colectivo y constructivo: cómo hacer para que nuestro país transite a la liberalización del sector eléctrico, de forma que, en el marco de un modelo competitivo y de mercado en generación y comercialización, se transmitan señales de precio para la eficiencia energética y para la inversión. Además de defender el modelo de liberalización que data de 1998 y que el propio partido que lo realizó ahora no lo entiende.

En términos de lectura política, podemos señalar también el interés del pase a navaja al ministro Miguel Sebastián a cuenta de la energía eléctrica y del proceso de liberalización, sobre todo si podemos identificar sus inductores. Tampoco tiene mucho sentido esta batalla que se libra, se alimenta y se suministra entre este colectivo de retroprogresivos contrarios a la liberalización y sus terminaciones, si no es por el hecho de cómo se revuelven de manera oculta ante estas decisiones de política energética.

Por tanto, no es momento de continuar la inflamación a la opinión pública o la utilización de los consumidores con otros fines. Se requiere un análisis serio y riguroso, un trabajo directo para finalizar el proceso de liberalización, de informar a los consumidores y a la sociedad sin descanso sobre la liberalización y sus efectos, sobre el papel de la comercialización, concienciar sobre los costes energéticos y su realidad (y de que no somos venezolanos), no amarrarse al pasado protector, intervencionista e involucionista, promover y aumentar la competencia en la comercialización para que haya oferta y un mercado de este tipo a medio plazo y pensar en un mix de generación razonable a medio plazo que combine requisitos medioambientales y económicos.

Así estaríamos centrados en lo que hay que hacer y reformar, y no perdidos en cuestionamientos y debates trasnochados, modelo años 60, que no conducen a nada, en conductas de los órganos reguladores que no asumen el proceso de liberalización que proviene de nuestro marco legal español y europeo. Todas estas reacciones, más o menos dispersas, se realimentan y tienen un origen común y, claramente, reactivo. Otra vez más, otro aquelarre. Probablemente sea la última trinchera. Que pase pronto.