El sector fotovoltaico cree «exagerado y discriminatorio» el recorte para sus primas

La normativa aprobada por el Consejo de Ministros reducirá la retribución que reciben las plantas fotovoltaicas en techo entre un 5% y un 25%, en tanto que las instalaciones en suelo verán reducida su tarifa un 45%.

Con el recorte de las primas fotovoltaicas, Industria prevé ahorrar 607,2 millones de euros en beneficio de los consumidores y garantizando una rentabilidad «razonable» para los productores.

ASIF rechaza la reducción de primas por realizarse sin consenso

La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), rechazó el nuevo real decreto para la energía solar fotovoltaica. A su juicio, se ha elaborado «totalmente de espaldas al sector» y reducirá a casi la mitad el volumen del mercado solar en España.

A falta de conocer en detalle la norma, ASIF expresó su más firme rechazo al nuevo real decreto, tanto por haberse elaborado sin consenso (considera que «hubo unas pseudonegociaciones en las que el Ministerio de Industria nunca mostró voluntad de acuerdo con el sector»), como por incluir medidas «discriminatorias y muy perjudiciales para la fuente renovable».

Entre estas medidas, destacó «una súbita y brutal reducción de tarifa del 45% para las plantas fotovoltaicas en suelo, lo que impedirá la rentabilidad de esas instalaciones». En consecuencia, el volumen total del mercado solar se reducirá casi un 50%, desde los 500 MW (megavatios) anuales previstos por la regulación hasta poco más de 250 MW.

Esta reducción del mercado, que «rompe el pacto alcanzado hace dos años entre el Ministerio y el sector, se mantendrá hasta que los costes de la tecnología hayan bajado en la misma proporción». Algo que, según sus cálculos, llevará años en las regiones con menos irradiación del país.

La industria fotovoltaica española, cuarta del mundo tras la china, alemana y japonesa, tiene una capacidad de fabricación superior a los 1.000 MW anuales, con lo que la reforma regulatoria le obliga, inevitablemente, a depender de los mercados exteriores sin contar con el respaldo de su mercado natural, añadió esta patronal.

ASIF estudiará inmediatamente el inicio de las actuaciones legales oportunas contra la limitación del derecho a la percepción de prima equivalente para las instalaciones fotovoltaicas a los 25 años de vida útil que recoge la nueva regulación, «medida retroactiva y claramente discriminatoria en relación a las demás fuentes de energía renovable».

Finalmente, ASIF confió en que la nueva regulación termine con el período de incertidumbre regulatoria y parálisis al que lleva sometido el mercado fotovoltaico nacional desde hace más de dos años.

La asociación «no consigue comprender el brusco cambio de rumbo que el Gobierno ha decidido aplicar a la tecnología fotovoltaica en España, habida cuenta de sus enormes ventajas ambientales, su capacidad para disminuir la dependencia energética, y su contribución a la generación de riqueza y empleo».

AEF lamenta la «restricción excesiva» y advierte de la retroactividad

Por su parte, la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) lamentó «la restricción excesiva impuesta por el Ministerio de Industria a la fotovoltaica», pero muestra su satisfacción porque la aprobación de la nueva regulación supone «el punto final de la incertidumbre».

El presidente de AEF, Juan Laso, advirtió además de que la limitación a 25 años del derecho a la percepción tarifaria para las instalaciones fotovoltaicas supone una medida retroactiva, por lo que su asociación estudiará «las medidas oportunas para que se corrija lo antes posible».

AEF criticó la «exagerada reducción» tarifaria, la discriminación respecto a las demás renovables y el cambio «retroactivo» que Industria les ha impuesto, «sin posibilidad de negociar», en el nuevo real decreto que regula el sector.

A pesar de que AEF criticó «en fondo y forma» la nueva regulación, Laso expresó su deseo de que la nueva norma «garantice de una vez y para siempre la rentabilidad razonable de las inversiones, proporcione certeza a futuro a los inversores nacionales e internacionales presentes en esta industria, y respete los legítimos derechos de los titulares de las instalaciones».

Para Laso, el recorte tarifario aprobado resulta «exagerado, casi brutal y, además, de forma incomprensible, exclusivo para la fotovoltaica». «Sus efectos», afirmó, «se acumularán a los diez meses de moratoria» que el sector ha sufrido este año, así como «al parón sufrido en los dos años anteriores, en los que España ha pasado del segundo al cuarto lugar en la producción mundial de esta energía».

«Es un recorte tan intenso, de 600 millones de euros, que tardaremos muchos meses en lograr que los avances tecnológicos y la reducción de costes nos permitan volver a invertir en este sector en España. Aun así, lo conseguiremos», añadió.

Laso mostró además su confianza en que a partir de ahora el sector disfrute de «mayor apoyo ministerial» y un «entorno de seguridad jurídica» que permita «desarrollar efectivamente una industria estratégica para el futuro del país, clave para participar en la creación del millón de nuevos empleos vinculados a las renovables que acaba de plantear el presidente del Gobierno».

Laso se mostró además esperanzado en que el siguiente real decreto, cuando se publique, sirva también para «regular, consolidar y dinamizar el autoconsumo fotovoltaico en España», lo que supone «de por sí un objetivo ambicioso» y «extremadamente útil para combatir el cambio climático».

En este sentido, recordó que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) espera que más del 40% de la producción eléctrica tenga origen solar en 2050, y confío en que España no quede rezagada en esa carrera, dadas «sus condiciones climáticas, tecnológicas e industriales para figurar en cabeza».

APPA: «Si las primas no son suficientes, el sector no invertirá»

Asimismo, el presidente de APPA advirtió de que, si las subvenciones que reciben estas energías no son suficientes, el sector no podrá seguir haciendo inversiones, en referencia a la nueva regulación de renovables aprobada por el Gobierno, y por la que se revisan las subvenciones que actualmente reciben estas energías. A partir de la entrada en vigor de esta norma, las istalaciones fotovoltaicas pasarán a recibir primas entre un 5% y un 45% inferiores.

González Vélez incidió que el Gobierno tiene la legitimidad y la responsabilidad de marcar las reglas del juego, es decir, de decidir cómo quiere apoyar a estas energías. No obstante, dejó claro que, si estas subvenciones no son suficientes, la industria de las renovables dejará de invertir en España y tendrá que acudir a otros países.

A su juicio, las decisiones del Gobierno «están condicionadas por un exceso de protección al gas. Está claro que quieren favorecer el consumo de gas y podar el desarrollo de las renovables».

Críticas desde el PP y CCOO

En el sector político, el diputado del PP Carlos Floriano criticó también el decreto aprobado en Consejo de Ministros que regulará las renovables e incluye un recorte de las primas a la energía fotovoltaica.

Para Floriano, «los vaivenes del Gobierno en la regulación de las renovables» ponen en peligro el empleo en este sector y cuestionan la viabilidad de unos proyectos que se presentaron con arreglo a una normativa que ahora ha sido modificada.

Mientras tanto, para el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que no quiso comentar las medidas del Gobierno en materia de recortes de primas de energías renovables, advirtió que el «mayor riesgo para las renovables está en la inseguridad jurídica».

Esta inseguridad jurídica viene determinada por los cambios que se vienen produciendo permanentemente en el sector que están generando «problemas que afectan a las inversiones y al empleo potencial que puede conllevar esas inversiones», añadió.