180 millones de euros en juego en la subasta de interrumpibilidad

Esta subasta fue convocada por Industria después de que en la primera puja sólo se colocasen bloques de interrumpibilidad por valor de 350 millones, frente a los 550 millones previstos, que ya suponen un recorte desde los 750 millones anteriores a la reforma energética. La primera puja generó controversia después de que sectores como el siderúrgico o el cementero no lograsen cubrir sus expectativas, y de que la multinacional Alcoa anunciase cierres de plantas. Industria respondió a las críticas negando la relación entre las subastas y el ERE de Alcoa, y anunciando la nueva puja.

Si en la primera subasta se asignaron 2.080 megavatios (MW) de interrumpibilidad, en ésta se pondrá a disposición de las industrias una cantidad adicional aún sin precisar que se irá repartiendo en tandas de 50 bloques de 5 MW. Cada una de estas tandas tiene un valor de casi 50 millones de euros, si bien se asegura que la asignación final rondará los 180 millones.

El servicio de interrumpibilidad consiste en un pago a los grandes consumidores energéticos a cambio de detener su actividad en momentos en los que exista saturación en el sistema eléctrico. Para asignar la interrumpibilidad, la reforma energética recoge la creación de estas nuevas subastas, en las que las empresas pujan por bloques de megavatios a un menor precio eléctrico a cambio de ofrecerse a recortar su consumo si así lo pide el operador del sistema.

La segunda subasta de interrumpibilidad fue recibida con satisfacción por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien destacó que Industria cumplió «los compromisos». «Veremos a ver qué oferta presenta Alcoa, dependerá del precio que esté dispuesta a pagar», indicó. Por su parte, el director general de Industria de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, auguró que «el problema de Alcoa seguramente quedará solucionado» en la subasta eléctrica. También el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, indicó que la dirección de Alcoa se comprometió a retirar el expediente de despido colectivo si consigue un precio «razonable» para la electricidad.