Un enfrentamiento pueril y trasnochado

La denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo por parte de la Comisión Europea con motivo de las condiciones que la Comisión Nacional de Energía fijó a la alemana E.ON es una de las cuestiones que por anunciada no puede dejar de sorprendernos. Hay que reconocer que ha llovido mucho desde esa decisión, y que hoy este terreno de enfrentamiento con las autoridades comunitarias aparece completamente pueril. Seguramente nuestras autoridades deben ser más selectivas respecto a dónde sitúan estos escenarios de confrontación a nivel europeo, sobre todo a la vista de todas las cuestiones que se han venido produciendo a posteriori en el propio proceso en torno a las operaciones corporativas a Endesa.

Reconozcamos que el ‘europeísmo’ puro de oliva del que hace gala nuestro país no es lo que ha primado a la hora de seguir este ‘tour de force’ sostenido en el tiempo, pero seguramente tampoco los argumentos prácticos para eludir un conflicto que hoy parece bastante inane, se han tenido en cuenta en este ‘sostenella’ y no ‘enmendalla’ que parece ha sido la directriz de este proceso.

En primer lugar, por los propios términos en los que se han quedado finalmente las controversias con la Unión Europea en este caso. Una vez reducidas inicialmente las condiciones que el órgano regulador a raíz del aumento de sus responsabilidades de acuerdo con el decreto, hay que reconocer que quedan únicamente cuestiones menores, como son obligar a E.ON a mantener la marca Endesa durante cinco años (¿?); no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional para las centrales eléctricas, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español. Cuestiones que además se ven condicionadas por motivos técnicos o regulatorios para cada decisión, o son difícilmente sostenibles desde el punto de vista de la seguridad, y menos el mantenimiento de la marca, que nos devuelve a una visión romántica del españolismo.

En segundo lugar, porque la aparición de un nuevo actor, también comunitario, como es Enel (participada en un 30% por el estado italiano) puede evidenciar una actuación poco simétrica por parte de nuestras autoridades en breve plazo, si no lo está haciendo ya como se transparenta en las declaraciones de nuestros responsables políticos lamentablemente. Y, es que, parece ser que su entrada va a ser, por lo que se ha podido leer y escuchar incluso en los lapsus, todo puertas abiertas: un proceso rápido y ligero (parece que incluso un poco atropellado) para que se autorice la operación sin contraindicaciones, se ajuste la lista de operadores principales y todo el trámite administrativo y regulatorio resulte muy fluido y dure alrededor de dos meses (aunque se haya demorado ya en su primer paso en la CNE). Contrasta con el proceso seguido en el caso de la OPA de E.ON, que no ha sido un lecho de rosas, a pesar de que la germana ha evitado todos los charcos posibles, catenaccio incluido. Preguntas como ¿Habrá 19 condiciones a Enel? ¿Se seguirá llamando Endesa lo que resulte? ¿Cómo se aplicará la doctrina Rato, también cuestionada por las autoridades europeas, en materia de derechos políticos a la italiana dado su carácter de pública? ¿Cómo acabará el tema de Viesgo, toda vez que existe urgencia para que deje de ser operador principal?, son solo las primeras que nos podemos realizar y que podrían sacarnos los colores de no ser equilibrados y equidistantes, algo que parece no estar garantizado.

Y, en tercer lugar, quizá por razones de principios y motivos más generales (el fuero y el huevo): porque la tentación de cambiar o interferir en la regulación en medio de cada partido, en función de cómo se prevé el resultado y de los intereses en juego, parece ser una cuestión de difícil renuncia para un gobierno en su actuación. Esta forma de comportamiento es intrínsecamente insana y perjudicial para el correcto funcionamiento de las instituciones y de los mercados en la medida que fomenta las actuaciones discrecionales, la politización de cuestiones económicas y empresariales y la intervención estatal, en asuntos que deberían estar garantizados por regulaciones estables y sin atisbo de dudas o veleidades oportunistas.

Otra cuestión son las actitudes de las propias autoridades en liza. Un cierto desdén desde nuestras autoridades en atender los requerimientos de la administración Comunitaria. Y también puede ser que por parte de la Comisión Europea se esté actuando sin las necesarias simetrías ante situaciones semejantes con otros países y otras empresas, ante situaciones parecidas, dónde existen también otros comportamientos muy cuestionables relacionados con la libertad de movimientos, capitales y establecimiento en el espacio de la Unión. Un ejemplo es el caso de E.ON y Rhurgas, dónde debería ser tan celosa como en el caso español.

En todo caso, todo indica que este enfrentamiento en los tribunales de justicia europeos nos lo podíamos haber ahorrado, que tiene una utilidad muy limitada y que los acontecimientos confirman, que la realidad de lo que ha pasado posteriormente, va más rápido que la regulación y los procedimientos jurídicos, superando la ficción más imprevisible.