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El Gobierno creará un grupo de trabajo de «manera inmediata» para estudiar la reforma del mercado mayorista de la electricidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo de «manera inmediata» en el que participarán todos los actores con el fin de abordar la reforma del mercado eléctrico mayorista, el conocido como pool. En este sentido, Ribera señaló que el objetivo de este grupo será «presentar, estudiar y discutir» a partir de 2019 las propuestas que hay sobre la mesa para la revisión del mercado eléctrico.

Hay que recordar que el Gobierno y Unidos Podemos alcanzaron un acuerdo sobre Presupuestos para 2019 en el que, entre otras medidas, pactaron realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución que consideran que recibe en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica o la nuclear. Ambas partes consideran que recortar esta retribución podría destinarse, directamente, a abaratar la factura eléctrica.

Ribera subrayó que la electricidad tiene «un futuro brillante» dentro del proceso de descarbonización, pero también reconoció que el funcionamiento del pool debe contar con «mejoras importantes«. Así, señaló que estas mejoras deben ir enfocadas a permitir un funcionamiento del mercado que facilite «la estabilidad y confianza de los inversores», pero sin que esto «suponga la aparición de retribuciones excesivas».

A este respecto, apuntó que el Gobierno presentará antes de que acabe 2018 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional de Energía, que deben marcar la hoja de ruta para cumplir con los objetivos europeos para 2030 y 2050, con el objetivo de que sea una realidad antes de finalizar la Legislatura, ya que cuenta con un «consenso elevado» por parte de los partidos políticos.

Respecto al futuro de las centrales nucleares, subrayó que no tiene todavía la información necesaria para adoptar una decisión, debido a que el anterior Ejecutivo no trabajó en «una construcción de escenarios» de descarbonización, pero recordó que es ministra de un Gobierno que pertenece a un partido en el que el cierre de las centrales al final de su vida útil «es una referencia importante» en su programa. Además, destacó que tampoco existe un plan actualizado sobre la gestión de residuos radioactivos, lo que hace que la respuesta definitiva de este Gobierno respecto a las nucleares «esté en stand by».

Respecto a las centrales de carbón, recordó que existe un marco comunitario «que viene dado» que obliga a las plantas a cumplir con las obligaciones medioambientales o a cerrar las instalaciones, por lo que tienen «poco recorrido«. No obstante, mostró el compromiso del Gobierno para buscar soluciones para las zonas donde la falta de anticipación para buscar soluciones ha hecho que la situación sea «dramática».

Por otra parte, Ribera insistió en que es intención del Gobierno dar una respuesta «pronto» a los pequeños inversores en renovables que se vieron perjudicados por los recortes aplicados a las renovables por el anterior Gobierno. «Es verdad, hubo un problema que se trasladó a los inversores en renovables, con una expectativa que podría estar confundida en la manera de ser cuantificada y que ha generado un gran daño», apuntó la ministra, reconociendo que la situación «ha ido complicándose desde el punto de vista judicial» con el paso del tiempo.

El sector eléctrico pide no penalizar a la energía nuclear y la hidroeléctrica ante el acuerdo del Gobierno con Podemos

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Europa Press.- El sector eléctrico ha pedido no aplicar propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como la nuclear y la hidroeléctrica, ante las medidas incluidas por el Gobierno y Unidos Podemos en su acuerdo para sacar adelante los Presupuestos, que pretenden realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución que consideran que reciben en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica y nuclear, y que denominan como windfall profits.

Fuentes del sector comparten la necesidad de una reforma del mercado de generación hacia estructuras ya existentes en la Unión Europea, «que funcionan con normalidad a través de contratos bilaterales y subastas de capacidad». Consideran que esta reforma, en línea con la postura del entorno comunitario, debe ser «general, y no tecnológica, acompañada del desarrollo de mecanismos de capacidad para la generación térmica, que generará cada vez menos pero garantizará el suministro». Sin embargo, subrayan que no caben propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como las que se proponen para la energía nuclear y la hidroeléctrica, en base a argumentos extensibles a todas las energías renovables.

Concretamente, destacan que estas medidas son contrarias a la normativa de la Unión Europea, «por lo que se generaría una nueva judicialización del sector cuando lo que se requiere es recuperar la confianza de los inversores de cara a afrontar la transición ecológica» y, además, señalan que van en contra de la acción climática, «desincentivando las inversiones en energías limpias, castigando a los agentes que han apostado por estas tecnologías limpias y perpetuando los privilegios de aquellas empresas que no creyeron en la energía sostenible».

En lo que respecta a las centrales nucleares, defienden que no están amortizadas y están tan sobrecargadas de impuestos «que no son viables», como se constata «con el cierre de Garoña por parte de los operadores». En lo que se refiere a las centrales hidroeléctricas, añaden igualmente que no están amortizadas, ya que estas plantas requieren de «cantidades ingentes de inversión (gran obra civil) que empiezan a dar réditos a partir de los 70 años del inicio de su funcionamiento».

Señalan que en los balances de las empresas eléctricas se observa una amortización contable por recuperar de más de 7.000 millones de euros, lo que supone una vida útil restante de más de 30 años. Asimismo, recuerdan que los generadores hidroeléctricos pagan actualmente más del 25% de sus ingresos en impuestos, «tan elevados que no tienen parangón en nuestro entorno».

Estas mismas fuentes consideran que el potencial de la hidroeléctrica en España, conforme al plan de energías renovables 2011-2020 del Gobierno, es de más de 34.000 gigavatios hora (GWh adicionales), lo que implica que es posible duplicar la producción anual existente, por lo que, subrayan, que el «simple anuncio de estas medidas retrae el capital y el interés del inversor en todo el sector eléctrico».

Finalmente, recuerdan que estas centrales han registrado pérdidas contables, derivado de la excesiva carga fiscal que sufren, «la cual es contraria a la lucha contra el cambio climático», y que en los últimos 10 años se ha incrementado el parque hidroeléctrico más de un 7%, por lo que «no se trata de una tecnología que haya que penalizar, sino promover«.

Gobierno y Podemos versus eléctricas

Por su parte, el Ejecutivo y Unidos Podemos han pactado revisar lo que denominan como la sobrerretribución que señalan que reciben estas tecnologías que fueron instaladas en un marco anterior a la liberalización y que han recuperado «sobradamente» sus costes de inversión. Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos para 2019 que han firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, enmarcado en las reformas estructurales que el sistema eléctrico necesita para abaratar el precio de la luz.

De esta manera, señalan que una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico y que esa diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y fuera destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. Asimismo, proponen una revisión de los pagos por capacidad, de manera que «se limiten a medidas condicionales, transitorias, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad», excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia.

Dentro de estas reformas estructurales, también acordaron modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por los consumidores por los primeros kilovatios hora (KWh) sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.

Por otra parte, han pactado la creación, de manera inmediata, de un grupo de trabajo con representantes del Gobierno y el grupo parlamentario de Unidos Podemos para acordar tanto un Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que deberá presentarse en el Congreso de los Diputados antes de finalizar este año, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el cual ha de ser remitido a la Comisión Europea también antes de que finalice el presente año. En lo que se refiere al real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética, han acordado iniciar de «forma inmediata» la negociación de las enmiendas a introducir en la tramitación como proyecto de ley del real decreto ley.

Podemos ve «tímida» la ampliación del bono social y reclama revisar la retribución a las eléctricas para aprobar los Presupuestos

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Europa Press.- Unidos Podemos exige al Gobierno «compromisos claros y explícitos» para «acabar con los beneficios caídos del cielo» de las centrales eléctricas y nucleares si quiere el apoyo de su grupo a la ampliación del bono social y a los Presupuestos de 2019. En este sentido, Podemos cree que la ampliación del bono social «es un tímido avance», considerando que «se debe ir más allá» en su cobertura y en «conseguir una bajada mucho mayor» en la factura de la luz.

Fuentes de la formación morada han explicado que «la factura se puede reducir mucho más» que el 5% que estima que se puede abaratar el Gobierno con las medidas aprobadas como, entre otras, la anunciada suspensión del impuesto a la generación eléctrica a las empresas. «Es buena noticia que la factura de la luz baje un 5%, pero se puede conseguir mucho más», han aseverado, avanzando que, por ello, «seguirán presionando al Gobierno». Además, han insistido en que no comparten que la factura se abarate reduciendo los impuestos a las compañías eléctricas y, por tanto, la recaudación del Estado. «Se puede hacer de otra forma, se pueden tocar esos beneficios caídos del cielo que tienen las empresas eléctricas», han insistido.

En este sentido, recuerdan que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «ha dicho que el Estado está sobrerretribuyendo a las eléctricas y regalándoles dinero público». «Abordando estos beneficios de las eléctricas se podría conseguir una bajada mucho mayor y que además no la paguemos entre todos los españoles, sino que repercuta en las eléctricas», aseguran.

Por otro lado, Podemos resalta que la derogación del impuesto al Sol era una exigencia al Gobierno y que así se lo habían hecho saber en la negociación que mantienen con vistas a sacar adelante el proyecto de Presupuestos de 2019. «De hecho, Podemos ha conseguido mejorar el planteamiento», apostillan estas fuentes, que cita en este sentido la retribución a los ciudadanos que aporten un exceso de energía en la red de estos kilovatios sobrantes.

Son “un parche totalmente insuficiente”

Por su parte, el portavoz del grupo confederal en la Comisión para la Transición Ecológica, Josep Vendrell, ha asegurado que las medidas aprobadas son «un parche totalmente insuficiente» pues apenas tendrán «escasos efectos en el bolsillo de la gente». «No es el plan de choque que exigíamos», ha criticado. «Emplazamos al Gobierno a negociar. Sabe que para que nosotros aprobemos los Presupuestos, para convalidar este decreto, si quiere nuestro apoyo, tendrá que tomar compromisos claros y explícitos para acabar con los beneficios caídos del cielo, con los privilegios del oligopolioy para cambiar la estrategia contra la política energética», asevera.

En este sentido, Vendrell subrayó la necesidad de fijar un precio máximo a la generación de energía hidráulica y nuclear, ya que sus centrales están totalmente amortizadas y, por tanto, su retribución supera ampliamente el coste de generación. «El diseño del mercado, consecuencia de una mala regulación de los distintos Gobiernos, hace que el precio de la electricidad sea el mismo para todas las fuentes de energía. Y es la más cara la que marca el precio para todas», ha explicado. Es por ello por lo que Unidos Podemos quiere fijarles un precio máximo o bien imponer un cargo impositivo a esta sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz.

Por otro lado, Vendrell ha apostado por un cambio en la tarifa, con el fin de hacerla más progresiva en función del consumo, y ha criticado que los cambios en el bono social «no abandonan el modelo que dejó Álvaro Nadal», predecesor de Ribera al frente de las responsabilidades de Energía, pues mantiene los beneficios a familias numerosas. «No tiene sentido que una familia numerosa con renta alta acceda al bono social», ha denunciado, y sus umbrales de renta son, a su juicio, «excesivamente bajos».

Además, también ha criticado que se limite a las comercializadoras de último recurso este bono social, dejando fuera a pequeñas empresas de carácter municipal, y que la Administración financie parte de ese bono, como el nuevo bono social térmico. «Las empresas deben asumir el coste», esgrime el diputado catalán, que también ha pedido que, como en Portugal, sea una ayuda automática, en función de los datos de la renta y así «se dé sin el calvario de las trabas burocráticas».

La única medida celebrada por Vendrell ha sido la derogación del impuesto al Sol, una medida aplaudida también por otra formación integrada en Unidos Podemos, Equo, que espera que su eliminación contribuya al desarrollo «sin trabas» de la energía fotovoltaica «y a la consiguiente reducción de emisiones de CO2». En todo caso, considera que «quitar el impuesto al Sol es necesario, pero no suficiente», tal y como ha recalcado el portavoz de la formación ecologista en el Congreso, Juan López de Uralde, que ha urgido al Gobierno a poner en marcha un Plan Nacional de energía renovable. «El potencial de la energía solar es impresionante» en el país, ha destacado.

Podemos urge a Nadal a reformar la factura eléctrica y sus costes en vez de hacer «rogativas para que llueva»

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Europa Press.- Podemos ha pedido al Gobierno y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que acometa reformas en la factura eléctrica y que, en vez de «rogativas para que llueva», aproveche las políticas públicas para garantizar «energía limpia a precio razonable». En este sentido exigen una reforma del mercado eléctrico que contemple una fijación del precio de la electricidad en función del coste de generación, que abarate la parte fija de la factura eléctrica y aborde una auditoría de costes del sistema.

«En lugar de hacer rogativas para que llueva, hagan algo e impulsen políticas para garantizar energía limpia y a precios razonables», criticó el portavoz de Energía del grupo confederal, Josep Vendrell, durante el debate en el pleno del Congreso sobre la conveniencia de modificar el actual sistema de fijación de precios. Durante su intervención, ha criticado que el precio de la electricidad en España, antes de impuestos, sea «el tercero más caro» en Europa: «No estamos en los primeros puestos de renta per cápita», ha contrapuesto. Esto se debe, a su juicio, a «un problema estructural que tiene que ver con la mala regulación y la falta de energía solar».

Además, Podemos quiere establecer un cargo a las centrales nucleares e hidroeléctricas por el margen entre su escaso coste de generación y el precio de la electricidad generada equivalente al resto de centrales, los llamados windfall profits o beneficios caídos del cielo. Asimismo, quieren que al concluir la concesión de las centrales hidroeléctricas se recupere su gestión pública con el fin de «evitar el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable».

Podemos se marca como objetivo básico «la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas». «El sistema eléctrico se ha convertido en un sistema de transferencia de rentas. En el mercado mayorista se paga a igual precio, independientemente del coste de generación», criticaron, reivindicando además un diseño de la tarifa para garantizar «consumos básicos más baratos» y que «penalice consumos más ineficientes y elevados».

Finalmente, llaman a garantizar el acceso del servicio «para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía» y el «estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica». En este sentido, quieren que la reforma abarate la parte fija de la tarifa regulada en función de la potencia y aumente la parte variable en función del consumo, para así crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados.

Unas reivindicaciones que han sido secundadas por PSOE y Ciudadanos, con los que Podemos ya se apoyó a principios de año para pactar y sacar adelante una iniciativa similar en la Comisión de Energía. Así, el socialista Óscar Galeano ha criticado la «volatilidad» de la factura eléctrica, comparándola con la del mercado bursátil, pues es más propio de dinámicas «especulativas», y ha manifestado que la oposición demanda «investigar las tripas del mercado eléctrico y mejorar lo que es manifiestamente mejorable».

Además, ha recordado que, si bien el Gobierno justifica las subidas como una consecuencia de una «tormenta perfecta» por condiciones meteorológicas, el parón nuclear francés y la alta demanda, la subida registrada en octubre, cuando la luz alcanzó su máximo pico anual, se produjo en un momento de baja demanda. A pesar de ello, se activaron mecanismos de ajuste, algo cuestionado por la CNMC, que también ha criticado la forma de articular los mecanismos de interrumpibilidad. «Esto se traduce en una desconfianza total del consumidor, que considera este mercado como el de menor competencia», sentenció.

Por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha apostado por impulsar un Pacto de Estado por la Energía y en finalizar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, con el fin de poder abaratar el recibo de la luz, sin «errores políticos» como las primas a las renovables, y mediante «la financiación de las comunidades autónomas», recogiendo allí las compensaciones extrapeninsulares.

También ha anunciado su apoyo Compromís, que, a través de Ignasi Candela, se ha preguntado la razón por la cual, si el Gobierno se declara incapaz de controlar la factura eléctrica, recurre ante el Tribunal Constitucional leyes contra la pobreza energética, como la aprobada por el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Idoia Sagastizabal (PNV) alertó de que, en caso de modificar la parte variable de la tarifa, con el actual sistema podría incrementarse el déficit de tarifa en caso de menores consumos, y que además podría provocar una mayor complejidad del sistema.

Por su parte, el popular Teodoro García Egea ha criticado las demandas para someter el sistema eléctrico a una auditoría, argumentando que ésta ya se hizo por funcionarios y técnicos estatales «hasta la última línea de distribución». En todo caso, se ha mostrado favorable a negociar la estructura de la tarifa y decidir si los costes externos a la generación son abonados por el contribuyente o el consumidor eléctrico, pero ha rechazado la idea de beneficios caídos del cielo por parte de las gestoras de centrales hidráulicas o nuclear. «Las eléctricas tienen una rentabilidad sobre el capital empleado que en España es inferior a su coste de capital”, indicó, abogando por «electrificar la movilidad para disminuir las emisiones de CO2».

El recibo medio de la electricidad viene registrando importantes repuntes en los últimos meses. Por ejemplo en octubre se disparó un 6,42% respecto a septiembre, la mayor subida registrada desde enero. Además, el precio de la electricidad alcanzó el 23 de octubre, entre las 19 y las 20 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh). En los diez primeros meses de 2017 el recibo de la luz ha alcanzado los 683,76 euros, lo que representa un incremento del 12,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 76 euros.

Todos los costes de acceso, en juego en Europa

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A propósito de la investigación de Competencia de la Unión Europea, decíamos ayer, una de las cuestiones que más han sorprendido a estas autoridades comunitarias es el volumen de las mismas y, a la vez, la carencia de estudios de demanda que avalasen estos incentivos. Aplicado a nuestro país el problema es que, con la sobreoferta existente de capacidad de generación y con la caída de demanda acumulada en los últimos años, aún no recuperada, desde las autoridades comunitarias no se aprecia justificación de su necesidad.

En el caso español, esto cobra especial relevancia en la medida en que se computa dentro del recibo de la luz en forma de costes de acceso, de forma que este apartado creció exponencialmente respecto a la evolución del coste de la energía consumida. Ya hay campañas en la red evidenciando tal desproporción. Cada estratagema de solución a problemas pasados genera nuevos problemas y éste es uno que se está larvando. Son varios los aprendizajes a extraer de esta situación:

En primer lugar, esta investigación respecto a los conceptos incluidos en los costes de acceso es algo que se veía venir y sobre lo que ya se había advertido en numerosas ocasiones y por numerosas voces expertas. Otra cosa es la voluntad férrea y marcada de no darnos por enterados de las malas noticias, o incluso de la ley de la gravedad si se diera el caso, habilidad que en España permite mirar hacia otro lado en lo que se refiere a las condiciones de competencia y el derecho comunitario.

Además, por su inclusión en la tarifa en forma de cuña gubernamental, el volumen de la misma es enorme para el consumidor español doméstico, empresarial e industrial. Por muy sofisticados que sean los sistemas de los que se han servido los sucesivos gobiernos para articular estas ayudas, su cuantía ha perdido cualquier relación con la realidad, la comparación y la necesidad. Aunque se adjudique mediante una subasta, si lo que se subasta no tiene correlato con su necesidad, es una cuestión que tarde o temprano se evidencia por si sola.

En segundo lugar, existe un consenso tácito entre nuestros políticos en el que se diluye la percepción de ayuda de Estado o de subvención en estos mecanismos, sin entrar en una valoración objetiva de los mismos. Por desconocimiento, por aquiescencia política o simplemente por evitarse problemas de opinión pública en la esfera representativa o deliberativa. La ortodoxia económica se ha perdido en el maremágnum de las declaraciones respecto de lo que se quiere oír. ¿Se imaginan al parlamento español interino votando en contra de estas tres figuras (ayudas al carbón, pagos por capacidad y pagos de interrumpibilidad) por ser ayudas de Estado, de forma semejante a las iniciativas que se están llevando contra la energía nuclear, el fracking o Garoña?

En tercer lugar, existe otro consenso, el consenso social, alrededor de estas ayudas y sus “finalidades”. Incluso los propios consumidores domésticos tienen una postura pública ausente, es decir, de mirar para otro lado aunque se sufraguen desde el recibo, dado que prefieren la vía de la intervención final administrativa en los precios que la ortodoxia basada en la formación de los mismos a través del mercado y, de forma aditiva, con los elementos que se incluyen en los peajes. Los consumidores y su representación son tolerantes a las subvenciones y los subsidios cruzados que encierran.

En efecto, existe un ambiente social que es propicio a estos mecanismos y ayudas, aunque suponga una factura del suministro más alta, plato de la balanza que se oculta. Que prefiere acudir a la demagogia y a la crítica de grano gordo a los precios eléctricos, tensionar los enfrentamientos antiempresariales que son de mucha más fácil venta, cuestionar el mercado mayorista o recurrir a la sempiterna cantinela de los windfall profits de los retroprogresivos, que atacar el problema, principal en términos cuantitativos, que es la cuña gubernamental incluida en los costes de acceso, criticando las subvenciones o sobreinversiones aunque sea lo sustancial por volumen. Evidentemente en una cultura económica y política como la española tan esquemática, eso no es sexy.

En cuarto lugar, todo procede del fracaso de una liberalización fallida e incompleta, que debería haber partido de la limpieza del recibo de esos costes; en ese caso, probablemente, los precios de la energía para los consumidores domésticos, empresariales e  industriales, necesitados de competitividad, serían otros. Toda cuestión que sea considerada como subvención o como decisión política deberían cargarse en los Presupuestos Generales del Estado.

Adenda. Queda por saber qué ocurre y qué consideran las autoridades de competencia europeas, respecto de la “pieza separada” de los pasados modelos retributivos de las tecnologías renovables en régimen especial, claramente desbordados, exagerados y desproporcionados en ciertas tecnologías, pero cuya alteración en la denominada reforma eléctrica tiene efectos sobre la seguridad jurídica y la retroactividad en las inversiones en el Reino de España. El Gobierno español, por mano del Ministerio de Industria en la etapa Soria, intentó conseguir una declaración semejante, es decir, que fueran considerados como ayuda de Estado, como parapeto contra los arbitrajes y conflictos judiciales abiertos. Lo que está claro es que tenemos mucho en juego en este títere. Casi todos los costes de acceso. Veremos.