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Acciona aboga por un plan ordenado de cierre de centrales para dar cabida a la nueva potencia de energías renovables

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Redacción / Agencias.- Así lo explicitó el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, dentro de las cinco propuestas que presentó para elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con su planteamiento coincidieron responsables de compañías energéticas del sector de las renovables como Ence, Saeta Yield y Viesgo, que reclamaron un pacto de Estado que garantice seguridad jurídica a las inversiones y que haya una transición energética planificada, en la que las renovables tendrán que desplazar a otras fuentes de energía.

Rafael Mateo ha explicado que en España hay una capacidad disponible cuatro veces superior a la punta de demanda, que está en unos 40.000 megavatios (MW), por lo que cree que «hay que hacer un plan ordenado de retirada de capacidad». En este sentido ha añadido que en esta transición «hay que atreverse a abandonar parte de los muebles viejos» y habrá que «hacer hueco» a las renovables que se incorporan al sistema eliminando la «energía sucia y subvencionada». Para el consejero delegado de Acciona, en estos momentos está habiendo más «una acumulación que una transición» energética, al tiempo que ha criticado la organización de subastas de renovables en España por su falta de planificación.

Por todo ello, Mateo presentó 5 elementos que debería contener a su juicio la Ley de Transición Energética: en primer lugar ha reclamado objetivos vinculantes y por sectores, no solo para el sector eléctrico. También reivindica poner precio al carbón porque “contaminar no puede salir gratis”, por lo que reclama fijar un precio disuasorio. Asimismo, pide poner fecha al plan ordenado de retirada de capacidad que se plasme en un calendario. Por último, ha pedido aligerar la factura de la luz y que se alcance una legislación armonizada con Europa.

En cuanto a las interconexiones, ha indicado que son inversiones cuantiosas que «hay que optimizar», pues hasta el momento lo que se hace con ellas es importar energía nuclear de Francia a España, que es más barata para el consumidor pero que «deja fuera de juego» mucha potencia instalada en España. Asimismo, destacó que las interconexiones ya habrían alcanzado el objetivo del 10% si se estableciera sobre la capacidad utilizada en puntas de demanda y no sobre la potencia instalada.

Por su parte, el vicepresidente y consejero delegado de ENCE Energía y Celulosa, Ignacio Colmenares, ha criticado el «cortoplacismo» en la planificación y ha pedido más inversiones en plantas de biomasa, que podrían reemplazar al carbón en un primer momento y a más largo plazo a la nuclear «sin caer en manos del gas», que ha recordado es «caro» y viene de países inestables políticamente. Colmenares ha expresado sus dudas sobre las últimas subastas de renovables y sobre que haya capacidad para financiar tanta renovable simultáneamente. En este sentido, auguró que en el caso de la biomasa no cree que de lo adjudicado en las últimas subastas vaya a funcionar más del 50% en la fecha fijada, al finalizar 2019.

Ha añadido que las interconexiones «no son una condición necesaria» para el desarrollo de las renovables y ha apostado por otras fórmulas, como el almacenamiento y la gestión de la demanda. Por eso, cree que los recursos no tienen que ir a hacer gasoductos, sino a impulsar el almacenamiento y las redes inteligentes, al tiempo que reclama un pacto de estado a largo plazo sobre la energía en España que aborde el sector del transporte y ponga precio al COS.

Al respecto, el presidente de Saeta Yield, José Luis Martínez Dalmau, considera que lo hecho en España en materia renovable en los últimos años ha sido un «paradigma de cómo no se deben hacer las cosas», especialmente en lo que atañe a las subastas de nueva potencia renovable, y cree que en España se ha jugado con la seguridad jurídica «y eso tiene un coste tremebundo». Por ello, ante el reto “brutal” que supone la descarbonización de la economía, Martínez Dalmau realizó unas peticiones muy concretas a los encargados de diseñar las líneas maestras de la transición energética: “sentido común, planificación, prudencia y seguridad jurídica”.

Finalmente, el director general de Regulación y Relaciones Institucionales de Viesgo, Francisco Rodríguez, también cree que en España hay una «exuberancia de capacidad» mientras desde el Gobierno se está tratando de hacer cambios normativos para dificultar el cierre de centrales, como el anunciado por el Gobierno y que se aprobará próximamente para impedir el cierre de plantas térmicas. Asimismo, Rodríguez ha añadido que las interconexiones «no pueden convertirse en un mantra y apoyarlas sin ningún tipo de control», y ha apostado por un mayor respaldo al desarrollo del almacenamiento, tecnología que considera que hará factible la transición 100% renovable y que se adapta «mucho mejor al perfil de las renovables».

Viesgo informa sobre el nuevo bono social de electricidad en su web y en cartas a los clientes

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EFE.- Mientras la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes critica que con el bono social eléctrico aprobado por el Gobierno de España «se pierde una oportunidad de abordar una reforma en parte del sistema eléctrico», la compañía Viesgo está informando sobre el nuevo bono social que entró en vigor el 10 de octubre en su página web, en las redes sociales y a través de cartas a sus clientes, tanto las que ya son beneficiarios como los que no lo son.

Viesgo ha aclarado que está difundiendo información sobre el nuevo bono social después de que la Plataforma Cantabria por lo Público haya señalado que esa información aún no aparece en la página en internet de la empresa. En su web, Viesgo explica que para acogerse a partir de ahora al bono social se tendrá en cuenta la renta, el número de miembros del hogar, si todos son pensionistas de cuantía mínima o que se den una serie de circunstancias especiales.

La compañía recuerda también que la nueva normativa limita la cantidad de energía que incluye descuento y distingue entre clientes vulnerables y vulnerables severos y qué clientes pueden beneficiarse. También recoge que los que ya son beneficiarios tienen seis meses para renovar el bono si cumplen las condiciones que se exigen. Esta información puede consultarse dentro del apartado Te asesoramos de la web de Viesgo.

Críticas a una oportunidad perdida

Por su parte, el representante de la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes, Luis Cuena, ha explicado que «parte de la gestión» para determinar quiénes serán los beneficiarios del nuevo bono social de electricidad «se va dejar en manos de las comunidades autónomas«. «Dudamos mucho que los servicios sociales, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en Cantabria en este caso, tenga capacidad técnica de poder abordar este asunto«, aseguró Cuena, que añadió que el ICASS «ha demostrado una incapacidad absoluta con gestiones más sencillas, promovidas y alentadas desde el propio Gobierno regional».

Ha apuntado también que el nuevo bono social, desarrollado por un real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre, incluye «ciertas mejoras» respecto al que se ha aplicado hasta ahora. Una de ellas, en su opinión, es que las compañías comercializadoras que tienen capacidad para ofrecer la tarifa Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) estén obligadas a comunicárselo a los consumidores, así como que es necesario acogerse a esta tarifa para poder optar al bono social.

El representante de la plataforma ha alabado también que uno de los criterios seguidos para determinar los beneficiarios del bono social sea la renta. Sin embargo, ha lamentado que todas las familias numerosas se consideren consumidores vulnerables, «independientemente de la renta». «Hay familias numerosas con renta alta que se quedan dentro y no nos parece bien«, ha reiterado. La condición de consumidor vulnerable severo sí «introduce» el elemento de la renta para las familias numerosas.

En cuanto a la financiación, Cuena ha asegurado que el coste del bono social «se mete» dentro de los costes fijos del recibo de la luz de todos los usuarios, «incluso de los que tengan bono social«. «Entendemos que una parte de la tarifa fija, de la parte que se paga por conceptos fijos, tendría que ir claramente a expensas de los Presupuestos Generales del Estado», indicó Cuena, que considera que «tampoco tiene sentido» que esa «contribución» se haga por cliente y no según la potencia contratada por cada consumidor.

Por último, ha criticado que se aplique el 21% de IVA a las tarifas que se beneficien del bono social. «Tendrían que llevar como mucho el 10% que lleva el agua ya que esto es otro servicio público», y alcanzar el 4% en los «casos más vulnerables», indicó Cuena. «No tiene sentido gravar un servicio que se va a bonificar«, sentenció. Además, ha asegurado que el Gobierno central estima que se van a beneficiar «alrededor de 2,5 millones» de personas en España, «un número similar al actual», aunque «el propio Gobierno entiende que el 45% de los potenciales beneficiarios del bono se van a quedar sin él por no solicitarlo».

Energía autoriza el cierre del ciclo combinado de Viesgo en Tarragona

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha autorizado el cierre de la central de ciclo combinado propiedad de Viesgo en la provincia de Tarragona, situada en el término municipal de La Canonja. Tras la autorización de Energía, Viesgo deberá realizar el cierre de la planta en el plazo de 3 años y desmantelar los activos, según consta en una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No obstante, Energía excluye de la autorización de cierre a una serie de activos pertenecientes a la central correspondientes las instalaciones eléctricas de 220 kV y 25 kV, entre otros. El año pasado, Red Eléctrica de España (REE) incorporó determinadas instalaciones eléctricas que formaban parte de la infraestructura de la central de Viesgo en Tarragona, activos que quedan así fuera de esa autorización de cierre. La petición de Viesgo ya contaba con el visto bueno de REE y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consideraron que el cierre de la central no representaba una «incidencia significativa» en la seguridad ni en la garantía de suministro del sistema eléctrico español.

La central de Tarragona fue puesta en servicio en 2003, pasando a ser propiedad de E.ON Generación en 2008, y está constituida por un grupo de ciclo combinado monoeje de 386 megavatios (MW). En los años de la crisis económica, el funcionamiento de los ciclos combinados cayó al 10% de su capacidad, reduciéndose además los niveles de consumo de gas destinado a la generación eléctrica.

Esto motivó que se pidieran a la Administración el cierre de diversas plantas. Iberdrola fue la primera compañía en dar el paso con el cierre del grupo 3 de la central de ciclo combinado ubicada en Castellón de la Plana aunque, finalmente y tras recibir el visto bueno del Gobierno, la energética desistió. También se produjeron peticiones de cierre por parte de Endesa para su planta de ciclo combinado de gas de Colón (Huelva), que fue denegada por el Gobierno, o de la central térmica de Foix, actualmente en desmantelamiento.

Esta autorización de cierre por el Ministerio de Energía del ciclo combinado de Viesgo en Tarragona se produce en un momento en el que el Gobierno trabaja en un proyecto de real decreto para regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica. El Gobierno pretende establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica «son coherentes con los instrumentos de planificación energética y compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía».

El Gobierno carga a los superávits del sistema eléctrico la devolución a las compañías eléctricas por financiar el bono social

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. De esta forma, Energía da cumplimiento a las distintas sentencias y autos que han dado la razón a las eléctricas sobre la forma en la que se ha financiado esta ayuda, cuyo coste ronda los 200 millones de euros anuales.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del órgano encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Secretaría de Estado de Energía dará traslado de esta orden a la CNMC para que proceda a realizar los reintegros a los que se refieren los apartados anteriores. La CNMC deberá enviar al Ministerio de Energía la información sobre las liquidaciones que se realicen. Contra este acto, no cabe la interposición de recurso.

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en superávit, acumulando más de 1.000 millones de euros, a los que habrá que sumar la cantidad correspondiente a 2016. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros. Las indemnizaciones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado ascienden a unos 500 millones de euros. Así, en 2016, a Endesa le correspondió el 41%; a Iberdrola, el 37,9% y a Gas Natural, el 14,7%, mientras que en 2015 los porcentajes de reparto fueron similares.

En un reciente auto, el Tribunal Supremo ya había estimado que estas indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social debían realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o a las comercializadoras. En un auto de la Sala de lo Contencioso sección 3 del Supremo, el alto tribunal acordó la obligación del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con cargo al sistema eléctrico.

En octubre de 2016,el Tribunal Supremo anuló este sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que debían pagarlo, estimando los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, y reconociendo el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, impugnada hasta la ejecución de la sentencia.

En este sentido, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos para 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Por ello, la disposición adicional centésima décima cuarta señala que, «de forma excepcional para el año 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico». Además, todavía están pendientes de fallo judicial las cantidades abonadas en concepto de bono social de 2014, que fueron aplicadas por la orden IET7350/2014 y cuyos recursos ante la Audiencia Nacional están pendientes de resolverse.

El bono social eléctrico supone un descuento del 25% que se aplica sobre el importe de la factura y de él se benefician determinados colectivos vulnerables, como hogares con un potencia contratada inferior a 3 kilovatios, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y jubilados con la pensión mínima. Tras la sentencia del Supremo, el Ministerio de Energía ha venido trabajando en un nuevo modelo de bono social, con un nuevo sistema de financiación, que se va a aprobar, según ha anunciado el titular de este departamento, Álvaro Nadal, en una pocas semanas.

El Supremo obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las compañías eléctricas por haber financiado el bono social

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Europa Press.-El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las compañías eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o las comercializadoras. El Supremo acuerda la obligación del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con cargo al sistema eléctrico.

El Supremo falla así al incidente de ejecución de sentencia que presentó Viesgo solicitando el abono de los importes satisfechos en la financiación del bono social. En el escrito también se pedía la inclusión de la indemnización correspondiente a las cantidades abonadas en 2014, que el Supremo considera que «no deben quedar comprendidas» en esta ejecución, ya que fueron aplicadas de acuerdo con la orden IET7350/2014, cuyos recursos ante la Audiencia Nacional están todavía sin resolver. No obstante, el Supremo señala que la Audiencia Nacional deberá tener en cuenta la sentencia en la que declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, al considerarlo incompatible con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En su fallo, el tribunal también reconoce, en los mismos términos que a Viesgo, el derecho a que le sean restituidas las cantidades abonadas en concepto de bono social en los ejercicios 2015 y 2016 a todas las entidades personadas en la ejecución que han formulado pretensión en ese sentido, entre las que figuran Hidroeléctrica del Cantábrico, Agri-Energía, Navarro Generación, Electra del Cardener, Servillano García o Estebanell Pahisa, entre otras.

Iberdrola también se había personado en este proceso, aunque el Supremo indica que en el caso de la energética deberá esperar a lo que se resuelva en la ejecución de la sentencia recaída en el recurso que ha promovido. A finales de octubre del año pasado, el Supremo estimó los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, y reconoció el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, impugnada hasta la fecha de ejecución de la sentencia.

En este sentido, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en superávit, acumulando más de 1.000 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros. La disposición adicional centésima décima cuarta señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico». Las indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años ascienden a 500 millones de euros.

Las compañías eléctricas defienden la libertad empresarial para cerrar centrales y piden pagos por capacidad para respaldar a las renovables

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EFE / Europa Press.- El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, ha reclamado al Gobierno que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado. En el mismo sentido, las propias compañías eléctricas reclaman mantener su libertad para cerrar centrales de generación y demandan pagos por capacidad para seguir teniendo abiertas aquellas que no resulten rentables, pero que son necesarias para dar respaldo al sistema cuando baja la producción de origen renovable.

Responsables de regulación de las cinco grandes eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, se han pronunciado así durante una mesa redonda celebrada dentro del Encuentro del Sector Eléctrico, organizado por Expansión. El director de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha indicado que el problema de centrales como las de carbón o los ciclos combinados es que, al funcionar según la intermitencia de la producción eléctrica de las tecnologías renovables, en el mercado no recuperan los costes que tienen, por lo que necesitarían de unos pagos por capacidad complementarios.

En cuanto al decreto que prepara el Gobierno para regular el cierre de centrales por sus propietarios, a fin de garantizar el suministro, José Casas indicó que cree que el Ejecutivo podría evitar un cierre aduciendo motivos de seguridad del suministro o para contribuir a los objetivos de cambio climático, pero no por su influencia en la formación de precios porque la Comisión Europea es contraria a intervenir en ello.

Piden garantizar la rentabilidad razonable

El sector eléctrico también reclama que «se garantice lo que la ley denomina la rentabilidad razonable» en la revisión que llevará a cabo el Gobierno para la retribución correspondiente a las actividades reguladas para el periodo 2020-2025, que deberá aprobarse dentro de dos años. José Casas señaló que el informe de la pasada semana de Goldman Sachs sobre el sector, que provocó la caída en Bolsa de las grandes eléctricas, constata que «el mercado ha tomado como que no es una rentabilidad razonable» la revisión a la baja prevista. Casas, que estuvo respaldado en su petición por los representantes de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, pidió que esta rentabilidad para las actividades del sector «al menos se mantenga».

El director de Regulación de Iberdrola España, Rafael del Río, señaló que hay que abordar el papel del carbón o de la nuclear, sobre la que hay «serías dudas» sobre su rentabilidad, y que en el caso de los ciclos combinados el mercado sólo cubre costes variables, pero no los fijos de operación e inversión. Por ello invitó a mirar a otros países, como el Reino Unido, que convoca subastas en las que los operadores que acuden reciben una retribución por estar disponibles y, los que no, cierran la planta o hacen una hibernación, una posibilidad esta última que también hay prevista en España pero que no se ha desarrollado.

Asimismo, las compañías eléctricas consideran que la «ambiciosa» hoja de ruta para la descarbonización de la economía, con los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y 2050, pasa por una «electrificación» de la economía. A este respecto, Rafael del Río señaló que la planificación final para esa transición tiene que ser «responsabilidad del Estado» y que las empresas deberán «acatar esas decisiones y cumplirlas”. No obstante, el directivo de Iberdrola pidió una senda «razonable» que permita cumplir los objetivos.

Barreras a la libertad empresarial

Por su parte, el director de regulación de Gas Natural Fenosa, José Antonio Guillén, ha dicho que prohibir el cierre de una central es la mayor barrera que se puede poner a la libertad de empresa y ha señalado que la única manera de mantener ciertas instalaciones es tener mecanismos de capacidad. En su opinión, los dos grandes retos regulatorios para el sector actualmente son que se permita el cierre de centrales sin restricciones administrativas y el establecimiento de un mecanismo de pagos por capacidad. También se mostró a favor de eliminar tarifas como la regulada si se quiere que la demanda participe en la formación de precios de mercado.

El director de Regulación y Relaciones Institucionales de EDP, Santiago Bordiú, apuntó que el denominado Paquete de Invierno de la Comisión Europea «no reconoce para nada los mecanismos de capacidad», quizá porque «la visión de Bruselas no es la del mercado ibérico», caracterizado por un bajo nivel de interconexión. Asimismo defendió el papel «vital» del sector eléctrico en la descarbonización debido a que se producirá un incremento de la demanda eléctrica que debe ser atendido por el mix de generación.

El director de Regulación de Viesgo, Francisco Rodríguez, señaló que el borrador del decreto del Gobierno le ha sorprendido mucho, pues el procedimiento para cerrar centrales ya está “perfectamente” regulado y, de hecho, su compañía ha cerrado 3 de carbón en los últimos 5 años. Además, ha señalado, en alusión a mecanismos compensatorios para mantener abiertas instalaciones no rentables, que «la seguridad de suministro es un bien y, en general, los bienes tienen un precio».

Por otro lado, los directivos de las eléctricas se han mostrado a favor de eliminar los impuestos y cargas ajenos al sistema que soporta la factura eléctrica y de repartirlo entre otros sectores para que todos contribuyan ya que el sector eléctrico está pagando «buena parte de la transición energética y de los objetivos de renovables». Otra propuesta fue que se constituya un fondo de transición energética que se financie con una fiscalidad medioambiental, como propuso el representante de Endesa.

Unesa reclama libertad para decidir

Por su parte, el presidente de la patronal eléctrica, Unesa, Eduardo Montes, ha indicado que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado.  Montes, que también intervino en el Encuentro del Sector Eléctrico, considera que en el proceso de transición energética la sostenibilidad “no debe cegar respecto a la necesidad absoluta de la seguridad de suministro y la competitividad de los precios«. Por otro lado, volvió a reclamar que impuestos y cargas ajenos al suministro eléctrico, que entre 2005 y 2016 han aumentado al doble, salgan de la factura.

El presidente de Unesa también ha considerado necesario que exista certidumbre regulatoria en la transición energética hacia una economía descarbonizada, ya que la entrada de renovables va a suponer la llegada de inversores. De hecho, Montes señaló que esta certidumbre será importante, ya que «los mercados van a ser muy sensibles a todo ello». Montes subrayó que la electricidad con bajas emisiones será «clave» en ese camino para la descarbonización en otros sectores y destacó que es «imprescindible» una transformación «inteligente, racional y sin pausa».

El papel de las redes

Por su parte, el presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, defendió el importante papel que jugarán las redes en la transición energética, ya que «hacen compatible» el nuevo modelo con la seguridad de suministro. En su intervención, el presidente del operador del sistema eléctrico subrayó que las redes serán las «facilitadoras» de la transición energética, ya que las energías renovables no son gestionables, lo que supone «un problema que hay que resolver».

Antoñanzas (Viesgo) pide que la política energética apoye la «electrificación de la economía»

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Europa Press.– El presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha considerado «fundamental» que la política energética apoye «de una forma clara y estable» la «electrificación de la economía«. Así lo ha defendido durante un encuentro organizado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), bajo el título Revolución en el sistema energético: energías renovables, consumidores activos y mercado.

Según Antoñanzas, es «imprescindible» que el marco regulatorio apoye la transformación del sector ya que “la disrupción tecnológica, la descentralización y la innovación están cambiando los paradigmas tradicionales, derribando barreras y descubriendo sinergias entre las distintas partes de la cadena de valor».Por ello, según indicó el presidente de Viesgo, la compañía ha apostado por liderar la digitalización del sector, con proyectos de innovación tecnológica dirigidos a ser transparentes, a facilitar la vida de sus clientes y a optimizar la operación de la red de distribución aumentando la capacidad de integración de las energías renovables.

“Imperativo legal” apostar por renovables

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reivindicado las energías renovables pues, según ha dicho, «son el futuro», y ha llamado a apostar por ellas no sólo porque hoy en día es un «imperativo legal», sino también «por pura lógica» ante la realidad, cada vez más notoria del cambio climático.Revilla ha opinado que el calentamiento del planeta es «innegable» y ha puesto como prueba de ello las alteraciones climáticas que se están dando en España y en Cantabria, donde entre abril, mayo y junio apenas se han producido precipitaciones y se ha registrado una media de temperatura más elevada de lo que hace unos años era habitual para la época.

Por eso, ha insistido en la necesidad de apostar por las energías limpias para reducir la contaminación y combatir el cambio climático, un sector éste en el que España «debería aplaudirse» por contar con todos los elementos necesarios para ser una potencia mundial: sol, viento y agua.Asimismo, se refirió al proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo por parte de Viesgo, que permitirá aumentar su capacidad en 1.000 megavatios mediante el salto de agua entre diferentes alturas.

Revilla también ha aprovechado para felicitar por la organización de este tipo de foros de debate como el que patrocina Viesgo en la UIMP, cuyas conclusiones tienen que, a su juicio, servir a las Administraciones a la hora de enfocar las políticas públicas.En este punto, ha abogado por que los países pongan en marcha medidas que ayuden a frenar la contaminación del planeta, a lo que no ayuda la decisión de Estados Unidos de salirse del Acuerdo de París.

El gasto de los hogares en energía subió un 6% en el primer trimestre del año

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Europa Press.- El gasto medio de los hogares españoles en electricidad y gas durante el primer trimestre del año ascendió a 338,4 euros, lo que supone un incremento de un 6% con respecto a los tres primeros meses de 2016, periodo en el que se destinó a este concepto una media de 318,4 euros, según datos del Estudio Fintonic 2017 Energía.

Según este análisis, un informe que analiza el gasto energético de más de 150.000 hogares españoles entre enero y marzo de 2017, la comercialización en España sigue copada por Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP Energía y Viesgo, que acaparan más del 90% de la facturación. Sin embargo, con respecto a los datos proporcionados por este mismo estudio en 2015, se aprecia una reducción en la cuota que representan. Un descenso que también se manifiesta en la evolución experimentada en los primeros meses del año con respecto al número de clientes, ya que en el periodo las principales compañías registraron una caída de un 3% en su nómina de clientes respecto al último trimestre del 2016.

El director de Estudios Fintonic, Iker de los Ríos, señaló que este decrecimiento se debe «tanto a la captación de clientes por parte de las nuevas comercializadoras como al esfuerzo de las principales compañías del sector por consolidar el número de recibos con sus clientes en una única relación contractual (gas y electricidad)». Viesgo fue la excepción en el bloque de las compañías distribuidoras, registrando un aumento en el número de clientes cercano al 5%. En esta línea, las comercializadoras emergentes como Podo, Som Energía, Gana Energía o Pepe Energy crecieron por encima del 8%.

Asimismo, según el informe, la mitad de los consumidores centraliza sus facturas de luz y gas en una única compañía, es decir, tienen ambos servicios con el mismo proveedor o únicamente consumen electricidad. Es el caso del 50% de los clientes de Endesa y de dos de cada cinco clientes de Iberdrola o Gas Natural. Además, una cuarta parte de los hogares tienen recibos en los que combinan dos de estos tres grandes suministradores. En lo que se refiere a las áreas geográficas, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa lideran el mercado en la mayoría de las comunidades autónomas. La excepción se encuentra en Asturias, Cantabria o País Vasco, donde destacan EDP Energía o Viesgo.

Viesgo también recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Viesgo en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se suma a los ya interpuestos por Gas Natural Fenosa y Endesa ante la misma instancia judicial por esta cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 27 de marzo. La orden ministerial contra la que se presenta el recurso recoge una refacturación en el recibo de la luz para los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos que hace Energía, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

La CNMC multa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo por formalizar contratos sin el consentimiento de 7 clientes

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Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. En concreto, el organismo presidido por Marín Quemada ha resuelto estos expedientes tras recibir 7 reclamaciones de usuarios que presentaron sus denuncias directamente ante la Comisión o a través de las oficinas municipales de información al consumidor.

En estos casos, los clientes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su consentimiento. En consecuencia, la CNMC procedió a la apertura de un periodo de información previa y, en atención a las circunstancias de cada caso, se abrieron los correspondientes expedientes sancionadores a estas cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural como responsables de infracciones leves de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.

La normativa establece el derecho del consumidor para elegir suministrador. La CNMC ha acreditado que, en los casos sancionados, las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y no contaron con el consentimiento. Concretamente, la CNMC ha impuesto las siguientes sanciones: Endesa Energía, cinco multas de 20.000 euros cada una de ellas, hasta un total de 100.000 euros, en cuatro expedientes distintos; Iberdrola Clientes, una multa de 30.000 euros; Gas Natural Servicios, una multa de 10.000 euros y Viesgo Energía, una multa de 15.000 euros. Estas resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

La CNMC ya publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los clientes y las comercializadoras de gas y electricidad, cuando se realiza un cambio de suministrador en los contratos de los usuarios. Entre otros aspectos, la CNMC recomienda a las comercializadoras que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y la contratación telefónica, especialmente en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores. También recuerda que deben identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión, entre otros.

Facua critica a los comerciales

Facua asegura que tanto el Gobierno como las autoridades de protección al consumidor autonómicas «vienen manteniendo» una actitud pasiva en relación a la mala praxis de algunas comercializadoras que han sido multadas por parte de la CNMC. En este sentido, la organización equipara este «macrofraude» con el que se produjo a comienzos de la década pasada en el sector de las telecomunicaciones y recomienda a todos los usuarios que hayan sido «víctimas» que denuncien sus casos ante el organismo regulador. De igual modo, Facua denuncia «especialmente» los casos en los que los usuarios afectados por el cambio de compañía perdieron el bono social y asegura que la CNMC analiza 270 denuncias presentadas por esta asociación en nombre de sus asociados.