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Viesgo aconseja vigilar «el consumo fantasma» en los hogares para ahorrar en la factura de la luz

EFE.- La empresa eléctrica Viesgo ha puesto en marcha distintas acciones dirigidas a que se vigile la energía que se consume en los hogares de forma cotidiana sin saberlo, una situación conocida como «consumo fantasma», con la finalidad de ahorrar en la factura. Viesgo señala que se puede ahorrar desconectando el cargador del móvil o apagando el botón de encendido de la regleta. Con esta solución, Viesgo apuesta por la innovación mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas que facilitan el control del gasto energético.

La CNMC decidirá próximamente si obliga a las compañías eléctricas a distinguir con diferentes marcas sus actividades reguladas y liberalizadas

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidirá antes de concluir julio respecto a la medida para obligar a las grandes energéticas a distinguir sus diferentes marcas, con el fin de no «crear confusión» entre los consumidores.

El regulador abrió en marzo un procedimiento jurídicamente vinculante para estudiar la obligación de los grupos verticalmente integrados de electricidad y gas, es decir, aquellos con presencia en todas las actividades del ciclo de generación y venta de energía, a separar su imagen de marca (logotipos y denominación social) y canales de información (web y teléfonos). El documento de propuesta se encuentra actualmente en una fase final de alegaciones, según indicaron fuentes del sector. Una vez sea aprobada la propuesta, las compañías tendrán un plazo de 6 meses desde la notificación de la decisión jurídicamente vinculante para cumplir con este cambio de marca e imagen.

En noviembre de 2016, Asufin y UCE-Asturias denunciaron ante la CNMC esta situación y «trasladaron al regulador que esta confusión era aprovechada por las grandes empresas para cambiar los contratos de los consumidores al mercado libre, casi siempre más caro», según indicó la asociación de consumidores Asufin. Con esta medida, la CNMC fijará la obligación de que los distintos filiales de las grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo) cambien sus actuales nombres (marcas e imagen), y no solo de apellido, como ahora.

Estas compañías venden energía a un precio regulado, el conocido como PVPC, a los consumidores domésticos a través de sus comercializadoras de referencia (COR). También comercializan energía en el mercado libre a un precio libremente pactado con el consumidor. En la mayoría de los casos, las empresas incorporan el término distribución en la marca vinculada al distribuidor o comercializador de referencia o suministrador de últimos recurso en su denominación social, algo que la CNMC considera que «no elimina el riesgo de confusión de marca, si en su denominación social se incluye el nombre del grupo«.

En su propuesta de resolución, el regulador establece que las empresas no crearán confusión en la presentación de marca respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización. En concreto, esta medida está referida a la denominación social de las sociedades distribuidoras y comercializadoras de referencia en relación con la denominación social de las sociedades filiales que comercialicen electricidad y gas natural pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Con esta medida, la CNMC dará cumplimiento con la obligación que establece la Ley del Sector Eléctrico de que las empresas distribuidoras y las empresas comercializadoras de referencia que formen parte de un grupo de sociedades que desarrolle actividades reguladas y libres «no creen confusión en su información y en la presentación de su marca e imagen de marca respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización«. En el caso del gas natural, la Ley del Sector de Hidrocarburos establece idéntica obligación para las empresas distribuidoras que formen parte de un grupo de sociedades que desarrollen actividades reguladas y no reguladas.

Según Competencia, existe una fuerte concentración en el mercado de suministro de electricidad por parte de las comercializadoras que pertenecen al mismo grupo empresarial que las distribuidoras, suponiendo el 82% de los 28,2 millones de puntos de suministro. Adicionalmente, esa concentración no se ha visto modificada significativamente en los últimos años, en los que se ha registrado un descenso medio anual del 1,6%. Por lo que se refiere al sector gasista, las comercializadoras del grupo Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, único grupo integrado verticalmente en la actualidad, suministran al 73,3% de los consumidores conectados a las redes de distribución del grupo, con casi 4 millones de los 5,4 millones de puntos conectados a sus redes de distribución en 2017.

Así, existe una inercia de cambio de comercializador, desde el comercializador de referencia al comercializador libre del mismo grupo empresarial, con casi el 70% del total en 2017, aunque este porcentaje ha disminuido en los últimos años, pasando de un 78,1% en 2013 a un 69,7% en 2017, con una reducción media anual fue el 2%, según datos del regulador.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, valoró que con esta medida «España, al fin, sigue el camino ya iniciado por los reguladores europeos» y subrayó que «el objetivo es que las grandes energéticas separen claramente su negocio regulado y la comercialización del PVPC del negocio libre». «Con ello, se evitará la actual situación en la que las grandes energéticas han aprovechado durante estos años para cambiar a los consumidores al mercado libre, casi siempre más caro que el precio regulado y, algunos casos ya sancionados, con engaño a los clientes».

Los operadores eólicos reclaman cambios en las subastas de renovables para propiciar el cumplimiento de los objetivos europeos de 2030

Javier Angulo.- “A las subastas de verdad concurrimos; a otras no” fue el mensaje contundente que lanzó el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, al nuevo Gobierno de España. Lo dice alguien que no va de farol; su compañía, una de las principales en renovables a nivel mundial, ya decidió no participar en las dos subastas de renovables que hubo en España el año pasado. Ahora falta por ver la estrategia del nuevo Ministerio para acometer los objetivos europeos para 2030.

En este sentido, Mateo consideró necesario hacer subastas con diferenciación de tecnologías, lo que a su juicio requiere también de desarrollar una precisa planificación “temporal y geográfica”. “Subastas sí, pero bien hechas, con una retribución predefinida”, reiteró el representante de Acciona Energía, presente en más de 20 países. Duarte Bello, de EDP Renovables, reprochó que “no hay nada igual a las subastas de España” e indicó que la clave es la visibilidad a largo plazo de la retribución. Una visibilidad que en caso de no existir hace que, a juicio de Javier Palacios, director de Renovables España de Iberdrola, una compañía se cuestione si acude a una subasta. “Las subastas tienen que crear valor”, indicó.

Un punto a corregir de las subastas es la “exposición excesiva al precio del mercado” en la que considera que quedan los operadores el director de regulación de renovables de Endesa, Javier Rodríguez, que reconoció que acudieron a la subasta con proyectos “muy buenos” y no tan dependientes de la retribución que podrían conseguir. En el mismo sentido se expresó Manuel Navarro, director general de Renovables de Viesgo, que destacó que las reglas “no eran las idóneas” y han propiciado la creación de un mercado secundario de potencia adjudicada en las subastas. Asimismo, descartó que se puedan acometer inversiones a largo plazo “dependiendo del mercado”.

Respecto al nuevo objetivo de renovables, Palacios indicó que el mayor desafío es cómo electrificar la economía y no tanto las metas que se puedan marcar para 2030. La hoja de ruta es evidente para Mateo, que calificó el objetivo como “excelente y conseguible” pero apeló a empezar por el principio y tomar decisiones: “acabar con las tecnologías contaminantes, subvencionadas y obsoletas”. “Quemar es de otro siglo”, sentenció el CEO de Acciona Energía, que subrayó la apuesta por avanzar en la descarbonización. Bello resaltó que las renovables “ya compiten en precio”, por lo que consideró al almacenamiento y las redes como “las claves para sacar otras tecnologías del mix energético”.

En relación con lo que puede suponer para el sector de las renovables el cambio de Gobierno, Mateo fue el más gráfico al definirlo como “un bonito amanecer después de una larga noche”. Entre los deberes que puso al nuevo Gobierno, destacó el acabar con el impuesto del 7% a la generación de energía y reivindicó un “carbon tax” para hacer insostenibles económicamente las actividades más emisoras, incrementando el precio del CO2. Más optimista fue al trazar el mix energético del futuro: eólica, solar y almacenamiento con baterías, destacando el mallado que tiene la red eléctrica en España. Respecto a las baterías, Mateo indicó que “van a llegar antes de lo que se pueda imaginar”.

El representante de Iberdrola apostó por una “gestión inteligente de la demanda” y apuntó a la posibilidad de apostar por los bombeos como fórmula de almacenamiento de energía. Eso sí, Palacios consideró necesarios los incentivos y la regulación adecuada para hacer más atractivas las inversiones en estas infraestructuras que combinan la energía hidráulica con la eólica. Por su parte, el directivo de Endesa prevé que “hará falta algo más que los bombeos”, mostrando su confianza en lo que puedan deparar los avances tecnológicos, mientras que Viesgo ve un desafío en el desarrollo de la capacidad de evacuación de la energía renovable que desarrollará en España en los próximos años dada la saturación de algunos puntos.

Finalmente, Javier Zarraonandia, viceconsejero de Industria del País Vasco, agradeció la Distinción Anual 2018 de AEE al Gobierno vasco y manifestó que »la apuesta de Euskadi por las energías renovables ha desarrollado un gran enclave tecnológico industrial». Con un objetivo de crecimiento de la industria hasta el 25% en 2020, Zarraonandia indicó que »la eólica juega un rol fundamental con más de 110 empresas en el País Vasco que son capaces de competir en los principales mercados y da empleo a 15.000 personas, alrededor de 1.000 dedicados a la I+D».

Repsol se lanza a generar y vender electricidad en su nuevo plan estratégico con la probable compra de ciclos combinados

EFE / Europa Press.– La petrolera Repsol comercializará gas y electricidad y se expandirá en generación eléctrica con su plan estratégico para el período 2018-2020, que destina 2.500 millones de los 15.000 millones de euros de inversión total contemplados a negocios de bajas emisiones de CO2, en los que incluye también la actividad mayorista de gas, consolidarse de cara al largo plazo en el comercio minorista de gas y electricidad y en generación eléctrica.

El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, considera que la venta de la participación del 20% que la petrolera tenía en Gas Natural Fenosa, por la que obtuvo más de 3.800 millones de euros, abre la oportunidad a que Repsol empiece a desarrollar su propia actividad operada en el gas y la electricidad, pero eso sí fuera de negocios regulados que dependen de retribuciones fijadas por gobiernos. El plan presentado actualiza el que lanzó la compañía en 2015 tras la compra de la canadiense Talisman, al haberse cumplido con antelación los objetivos, y traza líneas para 2025 en esas nuevas actividades del que denomina «negocio de bajas emisiones».

Repsol contempla objetivos ambiciosos en cuanto a su participación en el mercado basado en el desarrollo del gas y la generación baja en emisiones. La petrolera actuará como mayorista de gas, actividad en la que quiere alcanzar una cuota del 15%, y comercializará gas y electricidad, ámbitos en los que espera tener 2,5 millones de clientes en 2025, que supondrían una cuota de mercado de más del 5%. Además, la petrolera, cuya actividad en generación eléctrica se limita ahora a la cogeneración que produce en sus plantas, quiere alcanzar una capacidad de 4.500 megavatios (MW) en producción eléctrica en 2025 y que la generación distribuida (fuentes no centralizadas de generación cercanas de un consumidor) sea un vector de su crecimiento.

La expansión se desarrollará de forma orgánica, aunque el consejero delegado de Repsol no ha descartado la compra de ciclos combinados, así como de renovables pero, eso sí, siempre que éstas no estén ya en operación, aunque ha recordado que la compañía ya tuvo parques eólicos en el Reino Unido, de los que tuvo que desprenderse en 2015. Tampoco descarta otras compras para crear el negocio de gas y electricidad y ha señalado, al ser preguntado por una eventual adquisición para controlar Viesgo, la quinta eléctrica del país, que está en conversaciones con muchas compañías.

El grupo prevé que el plan estratégico 2018-2020 podrá autofinanciarse a 50 dólares/barril crudo Brent, un escenario especialmente conservador con el barril de crudo actualmente por encima de los 75 dólares y un precio en el que la compañía garantiza además el mantenimiento de una elevada flexibilidad financiera y de un nivel de deuda muy inferior a la media del sector. Asimismo, Imaz asegura que, pese a los actuales precios, «tenemos que estar preparados para un escenario a largo plazo que no va a ser de precios elevados» y en el que habrá mucha volatilidad.

Aumentar la producción de crudo

El plan estratégico destina 11.000 millones de los 15.000 millones de euros de inversión prevista al núcleo de la cartera de activos de la compañía, con 4.700 millones para aumentar la producción en el área de upstream (exploración y producción) y otros 4.000 millones en el de downstream (refino, química, comercialización). Repsol prevé incorporar 95.000 barriles adicionales en el período 2018-2020 con la entrada en producción de nuevos proyectos. La petrolera prevé una producción media en ese período de 750.000 barriles de petróleo equivalentes al día, frente a los 695.000 barriles de 2017, algo que se verá complementado por una activa gestión del portafolio, mediante la cual se sustituirán la producción de barriles por otros con mayor margen de beneficio.

Repsol busca garantizar un nivel de reservas óptimo a medio y largo plazo, y se priorizarán los proyectos onshore (en tierra) y en aguas someras. Así, las principales inversiones se concentrarán en activos ya existentes, que no requieren de importantes desarrollos, son grandes generadores de caja y permitirán aumentar la producción a corto plazo, como Sagari (Perú), Marcellus, Eagle Ford y Buckskin (Estados Unidos), Yme (Noruega), Bunga Pakma y Kinabalu (Malasia), Corridor (Indonesia), NC-115 y NC-186 (Libia) y Reggane (Argelia).

Dentro de los 4.000 millones destinados a downstream están los 2.500 millones para inversión en negocios de bajas emisiones, dentro de los cuales 1.000 millones serán para actividades de mayorista de gas y de comercialización minorista de gas y electricidad, y otros 1.500 millones para generación de energía solar, eólica, ciclos combinados de gas y otras tecnologías bajas en emisiones.

Los proyectos de downstream están repartidos entre la expansión internacional de algunos de sus negocios y el mantenimiento y mejora de los activos clave que garantizan un desempeño excelente. Esta expansión internacional incluye el negocio de estaciones de servicio, en mercados como México, donde Repsol ha abierto en tres meses 30 instalaciones, y Perú, país en el que la compañía ya dispone de casi 500 puntos de venta. En otros negocios, como lubricantes y Gases Licuados del Petróleo (GLP), donde Repsol es el primer operador en España, se impulsará el crecimiento en Asia y Sudamérica, en el primer caso; y en el sur de Francia y Marruecos, en el segundo.

También prevé un impulso del negocio del refino, que va a verse beneficiado por la nueva normativa de la Organización Marítima Internacional (IMO), que obligará a sustituir el fuel de alto nivel de azufre por gasóleo bajo en azufre. Con todas estas iniciativas, Repsol estima que el flujo de caja operativo de downstream aumentará en 700 millones de euros en 2020 en comparación con 2017, lo que supone un alza del 27% durante el período. Además, Repsol va a aumentar un 8% anual su dividendo, hasta llegar al euro en 2020, y mantendrá el dividendo flexible, que da opción a percibirlo en acciones o en efectivo, porque gusta a los accionistas minoritarios, que son un 20% del capital de Repsol.

Respecto a la presencia de Repsol en Venezuela, Imaz ha señalado que la exposición de la compañía en ese país es de sólo 1.300 millones de dólares, y en relación a la suspensión del proyecto Red Emperor, en aguas en disputa entre China y Vietnam, el consejero ha expresado su tranquilidad porque la ley vietnamita protege a las empresas de los costes que pueda causar la cancelación de un proyecto.

Advertencia sobre subir los impuestos

Por otro lado, Imaz ha advertido del riesgo de aplicar una subida de impuestos indirectos a los carburantes, ya que al final «los pagan los consumidores», y ha afirmado que plantearse mantener las carreteras subiendo el impuesto a los hidrocarburos, tal y como proponía el informe del Comité de Expertos para la Transición Energética con un incremento del 28% en el gasóleo, sería una medida «regresiva«. En este sentido, Imaz indicó que «a las administraciones les toca tomar las decisiones y a las empresas cumplirlas», aunque pidió «racionalidad y progresividad» al aplicar medidas si se quiere construir una sociedad igualitaria.

Así, mostró su «máximo» respeto a las instituciones y aseguró que a la compañía le toca cumplir con las «reglas del juego» y buscar crear valor, generar empleo y mantener el compromiso con los accionistas. Asimismo, Imaz pidió a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que España apueste por reducir sus emisiones de CO2, «pero con la máxima eficiencia y los menores costes para la industria y para que el consumidor no tenga que pagar costes añadidos». Finalmente, el directivo subrayó que Repsol es una empresa «que produce mucho gas, más que petróleo», que es un vector para reducir las emisiones de CO2 en el mundo», que quiere ser «parte de la solución en esa transición energética».

Viesgo gana la compra colectiva de luz y gas de Anae y Selectra con una oferta con un ahorro del 10%

Europa Press. – Viesgo ha ganado la compra colectiva de electricidad y gas y dual organizada por la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (Anae) y por Selectra, al presentar ofertas en las que los consumidores pueden obtener ahorros del 10% con respecto a los precios de referencia.

Según informo el comparador, las ofertas para esta compra colectiva, lanzada el pasado mes de enero, tendrán una duración de un año y podrán ser contratadas en toda España, incluidas las Islas Baleares y Canarias, sin tener ningún compromiso de permanencia. Además, Anae y Selectra han negociado para que aquellos clientes de Viesgo que se preinscribieron a la compra colectiva puedan acceder al precio negociado.

Selectra aseguró que la oferta de energía ganadora de la compra colectiva se posiciona como la más económica del mercado para los usuarios con potencias inferiores a 15 kilovatios (kW), siendo más barata que el resto de ofertas que aparecen en el comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, además, casi un 10% inferior al precio del mercado regulado en 2017 y enero de 2018.

La energía será de origen 100% renovable. También estará disponible para potencias inferiores a 3 kW, lo cual resulta especialmente importante tras la entrada en vigor del nuevo bono social de luz, que elimina de los supuestos para acceder a esta ayuda el tener una potencia inferior a 3kW.

Para contratar la oferta ganadora, los inscritos podrán acceder a una plataforma habilitada para la contratación, que será totalmente gratuita. También podrán llamar al 91 123 12 60 para mayor información.

Del mismo modo, Anae y Selectra han negociado que, durante las próximas semanas, la oferta quede abierta para que todos aquellos que lo deseen puedan contratar la oferta ganadora a través de la página web (club.selectra.es/anae).

Las tres principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, costearán el 88% del bono social de este año

EFE.- Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa asumirán el 88% del coste del nuevo bono social, según la propuesta de orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo en 2018, abierta a trámite de audiencia. El nuevo bono social, después de la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el mecanismo de financiación del anterior, es costeado por todas las comercializadoras y no sólo por las que desarrollan actividades de generación y distribución como ocurría antes.

Según la regulación, el bono social, así como la cofinanciación del suministro de energía de los consumidores en riesgo de exclusión social, debe ser asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica y por las sociedades que no formen parte de ningún grupo. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calcula para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica.

El 72%, Endesa e Iberdrola

Endesa es la compañía a la que corresponde un mayor porcentaje en la financiación del bono social, con un 37,15%; seguida de Iberdrola, con un 35,05%, y Gas Natural, con un 15,82%. Ya a más distancia se sitúa EDP España, a la que la propuesta de orden de reparto le asigna un porcentaje del 3,69%, y Viesgo, a la que corresponde un 2,2%. La orden podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses y también puede interponerse recurso de reposición contra la misma ante el Ministerio de Energía en el periodo de un mes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre un decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Supremo. El coste del nuevo modelo, según los datos que facilitó el Ministerio de Energía, estará entre 230 y 235 millones de euros al año, superior al anterior, que era de entre 180 y 200 millones.

El acceso a los descuentos en la factura de la luz establecidos en el nuevo bono social oscilan en función de la renta de un 25% al 40%; aunque en el caso de personas atendidas por los servicios sociales un 50% de su factura lo abona su comunidad autónoma y la otra mitad su compañía comercializadora. En diciembre, las cinco grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, recurrieron tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla y que establece el nuevo mecanismo de financiación.

Nadal asegura que los nuevos ajustes en el sistema eléctrico compensarán lo ganado por las empresas en las sentencias judiciales

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que los ajustes que el Gobierno plantea en la retribución de algunos activos energéticos permitirán compensar lo que han ganado las empresas dedicadas al transporte y la distribución por sentencias en los tribunales contra la reforma eléctrica.

Nadal ha recalcado que las empresas «no están perdiendo dinero» sino que lo están ganando «a base de pelear cada línea de la reforma eléctrica en los tribunales a costa de los contribuyentes y la industria«. El titular de Energía indicó que el coste total de esos ajustes para las empresas será de entre 150 y 200 millones de euros.

Nadal ha asegurado que las empresas dedicadas al transporte y la distribución están «bien retribuidas para el riesgo que asumen», con 200 puntos básicos por encima de la rentabilidad de los bonos del Tesoro, y que, por eso, prácticamente agotan sus cupos de inversión. Según el ministro, Iberdrola invierte el 93% de su cupo; Gas Natural Fenosa, el 100%; Viesgo y EDP, «por encima del 90%»; y sólo Endesa «no invierte los suficiente», el 59%, «por su política de dividendos«. Nadal subrayó que, cuando el organismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dice que hay «sobrerretribución», «hay que hacerle caso».

Asimismo, aplicar la rentabilidad razonable supondrá ahorrar al sistema 1.500 millones de euros a partir de 2020. Eso sí, respecto a esta revisión de la retribución, el ministro subrayó que «no se sabe lo que va a ocurrir» y que al igual que la prima de riesgo ha bajado y se han podido abaratar los costes financieros, en la actualidad Estados Unidos vive una «tormenta financiera» por la que están subiendo «mucho» los bonos del Tesoro. La clave, según Nadal, es que España tenga un buen sistema de financiación, porque «de la misma manera que bajan los tipos, pueden subir».

Por otro lado, preguntado sobre la repercusión «negativa» de los planes de ajuste de la retribución regulada de redes de transporte y distribución eléctrica a partir de 2020, Nadal ha señalado que comparte la necesidad de que haya inversión y de que se den «los mejores precios posibles de la energía para los consumidores«. «Hemos pactado la necesidad de mejorar las tarifas industriales», le ha recordado Nadal al senador vasco José María Cazalis, que también ha asegurado que es «importante» que se lleguen a acuerdos.

Cazalis ha puesto en duda que reducir la retribución de la actividad de distribución permita atraer la inversión necesaria y que se traduzca en una rebaja de tarifas. En su opinión, la senda elegida por el Ejecutivo pone en riesgo a las empresas dedicadas a la fabricación de equipamiento. Cazalis ha abogado por una «reforma completa» y ha pedido al Gobierno que huya «del parche y el cortoplacismo», que, bajo su punto de vista, es «lo que ha hecho que esté en este punto». En este sentido, señaló que lo que se puede ahorrar debería ser considerado «como un superávit del sistema y dedicarse a reducir la deuda» del mismo.

Previamente, el senador de UPN, Francisco Javier Yanguas, había pedido al Gobierno que no se produzca un recorte retributivo a los productores de energía solar fotovoltaica por el efecto negativo que tendría en los pequeños inversores. Según Yanguas, a la fotovoltaica se le ha cargado «el San Benito del déficit». «Están en el purgatorio y si hay un recorte más, quienes invirtieron en esta energía se van al infierno«, señaló.

El senador de UPN critica al Gobierno por cambiar las normas «a mitad del partido» y con efecto retroactivo. Por esto, el senador ha pedido que el Gobierno actúe antes de 2020, que escuche a las asociaciones y las familias. Además, desveló que cree que finalmente el Ejecutivo hará algo para reconocer el esfuerzo que han hecho «las familias fotovoltaicas».

Nadal ha reiterado que, sin la reforma energética, el recibo de la luz habría subido un 42%, un incremento que, a su juicio, «habría sacado del mercado» a las empresas. El ministro ha repetido que tanto las renovables como las actividades reguladas del sector han mantenido aún su retribución aunque los costes financieros han bajado. Finalmente, Nadal apuntó que «le preocupan» las familias que invirtieron «en un sector tan complicado» como el de la energía solar fotovoltaica, ya que, según cree, «este no es un producto para inversores pequeños, sino para gente conocedora del sistema».

Las principales compañías eléctricas financiarán el 95,4% del coste del nuevo bono social de electricidad

Europa Press.- Las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, se harán cargo de casi el 95,4% del coste del nuevo bono social, frente al 96% que soportaban con el anterior sistema. Según el cálculo del porcentaje de reparto de la financiación propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Ministerio de Energía, Endesa asumirá el 37,14% del total; mientras que Iberdrola correrá con el 35,04%, correspondiéndoles así más del 72% del total entre las dos empresas.

Por su parte, Gas Natural Fenosa se hará cargo de la financiación del 15,81%, mientras que EDP, contando Cide, sufragará el 5,17% y Viesgo el 2,2%. En total, la CNMC ha incluido en la lista para participar en la financiación del bono social eléctrico de 2018 a un total de 232 sociedades que realizan la actividad de comercialización de energía eléctrica sin que formen parte de ningún grupo y 18 matrices del grupo de sociedades que desarrollan esta actividad. Al resto de empresas, fuera de las principales compañías eléctricas, les corresponde porcentajes inferiores al 1%. Así, Fenie Energía, la comercializadora de las empresas instaladores, será la que más aporte de las pequeñas, con un 0,88%.

El pasado mes de octubre, el Gobierno aprobó el nuevo bono social de electricidad, basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supone descuentos del 25%, el 40% y el 100% en la factura de la luz, según los casos. Este nuevo decreto regula la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiar el bono social, en función de su cuota de clientes.

No obstante, las grandes eléctricas, e incluso algunas más pequeñas, ya han presentado sus recursos contenciosos-administrativos contra este real decreto. En octubre de 2016, el Supremo ya tumbó el anterior mecanismo de financiación del bono social al estimar los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo y reconocer el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación. Este fallo del Supremo anuló el mecanismo de financiación del anterior bono social eléctrico, circunstancia que obligó al Gobierno a diseñar este nuevo sistema.

El Gobierno ordena la devolución a las compañías eléctricas del bono social del ejercicio 2014 con cargo a los superávits

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las compañías eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en el ejercicio 2014, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Según una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ejecuta así las sentencias del Tribunal Supremo que habían dado la razón a las compañías eléctricas respecto al sistema de financiación del bono social.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El pasado octubre, el Ministerio ya aprobó otra orden para la devolución de las cantidades abonadas por las compañías eléctricas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, después de que otro fallo del Supremo estimara que estas indemnizaciones a las compañías debían realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o a las comercializadoras.

A finales del 2016, el Supremo ya había reconocido el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social. Las cantidades correspondientes a 2014 estaban pendientes del fallo del Tribunal Supremo. Así, el tribunal ha estimado los recursos presentados por Endesa, Iberdrola, Viesgo, Gas Natural, Estebanell y Pahisa, Electra del Maestrazgo, Fuciños Rivas, Cooperativa Popular de Fluido, Eléctrico de Camprodón y la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).

El bono social eléctrico en 2014 rondó los 200 millones de euros y fue asumido en su mayor parte por Endesa (41,61%), Iberdrola (38,47%) y Gas Natural (14,18%). Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo, acumulando más de 1.440 millones de euros de superávit. En concreto, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros y en 2016 421 millones de euros.

A este respecto, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de Presupuestos de 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios extrapeninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. 

Las compañías eléctricas que integran Unesa ganaron 3.432 millones de euros en 2016, un 21% más

Europa Press.- Las empresas que integran la patronal eléctrica Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo) registraron en 2016 un beneficio neto de 3.432 millones de euros, lo que representa un incremento del 21% con respecto al ejercicio anterior. La facturación en 2016 alcanzó los 18.951 millones, lo que representa una caída del 11,7% con respecto a 2015, como consecuencia de la disminución del precio del mercado mayorista.

Por su parte, las inversiones en activos eléctricos de las empresas asociadas a Unesa se mantuvieron en línea con 2015, llegando hasta los 2.315 millones de euros. Mientras, el consumo neto de energía eléctrica en España en 2016 se situó en 238.493 millones de kilovatios hora (kWh), un 0,7% por encima del ejercicio anterior. Este nivel de consumo, en términos absolutos, se situó entre los valores históricos de 2003 y 2004, tras las caídas de años anteriores ejercicios, señaló Unesa.

Por su parte, la producción eléctrica estimada de España alcanzó el año pasado los 262.104 millones de kWh y experimentó una disminución del 2,2% con respecto a los 267.936 millones de kWh producidos en 2015. Esta bajada de la producción, frente a la subida de la demanda, se debe al incremento de las importaciones de energía eléctrica, hasta alcanzar un saldo importador de unos 7.700 gigavatios hora (GWh). La demanda máxima del sistema peninsular alcanzó los 40.489 megavatios hora (MW), cifra que se situó un 11% por debajo de la máxima histórica, alcanzada en 2007.

Por su parte, la participación de las energías renovables en el mix generador se situó en 39% y la generación libre de emisiones superó el 60%. Mientras, la potencia eléctrica instalada en España a finales de 2016 fue de 105.308 MW y experimentó una disminución del 0,9% con respecto a los 106.224 MW del año previo, lo que supuso una disminución neta de 916 MW. Así, apenas se produjeron incorporaciones de nuevas plantas al parque generador, mientras que se dieron de baja 932 MW correspondientes a centrales térmicas de carbón.