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Alargar las centrales nucleares hasta los 60 años no puede hacerse sin consulta pública, según el Convenio de Aarhus

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Europa Press.- El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus ha establecido que los gobiernos deberán evaluar el impacto ambiental y consultar a la sociedad antes de tomar la decisión de ampliar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años.

La medida llega tras una denuncia de Greenpeace ante el Convenio en Países Bajos por la extensión de la operación de la central nuclear de Borssele (Holanda). Las decisiones de este comité que vela por el cumplimiento del Convenio de Aarhus son extensivas a los países firmantes del convenio, de modo que la ONG avisa al Gobierno de España que ahora «será obligatorio» realizar un debate sobre la extensión o el cierre programado de la vida operativa del parque nuclear. El comité concluye que la operación de una central nuclear no puede extenderse de 40 a 60 años sin la posibilidad de efectos ambientales significativos y, por ello, debe realizarse una evaluación de impacto ambiental con la preceptiva consulta pública.

La ampliación de la operación de la central nuclear de Borssele fue autorizada por el Gobierno de Holanda sin una evaluación de impacto ambiental. En España, Greenpeace ha solicitado en varias ocasiones a los distintos departamentos que ahora aglutina el Ministerio para la Transición Ecológica que solicite un estudio de impacto ambiental para tomar su decisión de ampliar la vida de una central aunque en España, en el caso de Garoña, esa extensión nunca ha llegado a autorizarse. En definitiva, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace España, Raquel Montón, indicó al Gobierno que, si decide ampliar la licencia de explotación de las centrales nucleares, deberá exigir un estudio de impacto ambiental y la participación pública en el proceso.

El Gobierno confirma el cierre de las térmicas sin modernizar para 2020 y de las nucleares a los 40 años

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asumido el cierre en 2020 de 7 de las 15 centrales térmicas existentes que no han realizado ninguna inversión, y ha condicionado a diferentes circunstancias la supervivencia de las otras 8 que sí que han invertido para continuar funcionando. Asimismo, la ministra confirmó la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan los 40 años de funcionamiento, plazo que se cumple en 2028.

Ribera ha expresado su «convicción clara respecto a la voluntad de cumplir con lo establecido en el programa del PSOE: tomar como referencia el plazo de vida útil desde el inicio de la explotación comercial de la central«. A este respecto, ha admitido las posiciones diferentes de los grupos parlamentarios respecto a la postura sobre la referencia a tener en cuenta para establecer el cierre o continuidad del parque nuclear, ya que algunos entienden que la referencia a la vida de diseño de las centrales es la fecha que active el cierre de las centrales y otros consideran que se debe aplazar el funcionamiento «más allá del plazo tecnológicamente previsto».

La voluntad expresada por la ministra llevará al apagón nuclear a 2028, cuando la central nuclear de Trillo (Guadalajara) eche el cierre. Si bien, la ministra añadió que es preciso abordar las «obligaciones» relacionadas con ese final y que se deberán acometer igualmente, ya sea el cierre adelantado o postergado, tales como las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los residuos peligrosos.

Así, indicó que «no se ha encontrado» al llegar al Gobierno un plan nacional de seguridad de los residuos, por lo que España está «incumpliendo una obligación» europea, y también expuso que en la actualidad se desconocen aspectos tales como el coste de la gestión de los residuos nucleares e incluso la cantidad de residuos existente. En definitiva, cree que es un «tema crítico fundamental» que necesita un análisis «más profundo» así como entender los escenarios económicos y financieros. Sin embargo, ha afeado al anterior Ejecutivo que de estas cuestiones se ha encontrado «más bien poco», salvo algunas disposiciones normativas importantes, con un calendario de fechas «que se echan encima».

En este contexto, considera que es una «ventaja» la capacidad de generación «tan grande» del sistema eléctrico a la hora de acompasar la salida de ciertas tecnologías y dar entrada a lo que deberá llegar después, de forma que se minimice el impacto en la seguridad de suministro y la estabilidad o previsibilidad de cara a inversores y costes. «No podemos actuar con el capricho del ministro de turno», concluyó.

Cierre de las centrales térmicas

Respecto a las circunstancias a exigir a las centrales térmicas que han invertido para seguir funcionando, la ministra ha mencionado la evolución de los precios de la materia prima, la fiscalidad respecto al CO2 y «los avances y los costes del resto de los operadores del sistema«, tal y como ha explicado ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

«Las otras 7 centrales, que no han hecho ninguna inversión, no tienen mucho margen para pensar en cómo poder seguir funcionando cuando el marco comunitario les obliga a cerrar», ha señalado Ribera, puntualizando que «los plazos de cierre vienen dados» por la propia Comisión Europea. «Creo que pretender que en un mes es posible cambiar lo que ya existe con fecha de pasado mañana es una cosa un poco rara», apostilló, al tiempo que también invitó a los grupos a proponer medidas para «incentivar o facilitar el proceso de transición» para «modular» esta «salida de las centrales, antes o después».

Respecto al gas, la ministra ha llamado a «evaluar y ponderar» si las instalaciones actuales son suficientes o si es necesario aumentar la capacidad pero, en todo caso, siendo «extraordinariamente cautelosos con respecto a delirios de grandeza en un impulso o crecimiento» de un recurso del que, recalcó, carece España y que además «no tiene una larga vida por delante».

«Cautela, por tanto, con respecto al gas, y eso aplica a prácticamente todas las cuestiones que tienen que ver con la generación y con las infraestructuras de gas», ha apuntado Ribera, sin hacer referencia a ningún proyecto concreto, a pesar de que una de las grandes inversiones proyectadas y prioritarias para el anterior Gobierno era la interconexión gasística del MidCat, que conectaría España con Francia a través de los Pirineos. En todo caso, ha diferenciado estas inversiones con el empleo de esta energía «como materia prima en procesos industriales o cualquier otra combinación tecnológica que permita su utilización para fabricar polímeros y facilite más allá de 2050 las emisiones negativas».

Por otro lado, Ribera se ha referido a las subvenciones que pudieran apoyar la generación de energía a través de combustibles fósiles, y ha señalado que hasta ahora no se ha realizado «un diagnóstico» de este sistema en España. Así, ha reconocido que existen «distintas versiones de qué son subvenciones» y cuestionó si hay ayudas «encubiertas» a través de un tratamiento fiscal diferenciado, por lo que ha pedido hacer «un análisis serio» al respecto. En este análisis, apostó por un calendario de eliminación de esas subvenciones, pues considera que «no solo es necesario, sino que es una recomendación del G-20 que no se aplica con todo el rigor que corresponde».

Vara asevera que no va «a permitir que se cierre» la central nuclear de Almaraz «si no hay una alternativa»

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseveró que no va «a permitir que se cierre» la central nuclear de Almaraz «si no hay una alternativa», tras lo que señaló que «obviamente que algún día cerrará, pero no va a ser ahora«.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta al líder del PP, José Antonio Monago, sobre «las medidas previstas por la Junta de Extremadura para la comarca de Campo Arañuelo ante la confirmación del nuevo Gobierno de España de cerrar las centrales nucleares que cumplan 40 años de vida». En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, ha señalado que «la moción de censura trae» como consecuencia que «Almaraz cierra», ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge «en su programa electoral el no a la energía nuclear«.

Ante esta situación, Monago ha criticado a Fernández Vara porque «en este tema lleva 3 años de siesta, no ha hecho nada» cuando «la central se va a cerrar porque cumple los 40 años de vida, y Sánchez ha dicho que a los 40 años se cierran las centrales nucleares». Monago ha recordado que el PP ha «ofrecido alternativas», como que el impuesto sobre la incidencia en el medio ambiente, que tiene un importe de 98 millones de euros, se destinara a la comarca de Campo Arañuelo en la que radica la central, mientras que ha lamentado que el presidente extremeño «no ha planteado nada«.

Con esta actuación, Monago ha alertado que el Gobierno «va a hacer una moción de censura al Campo Arañuelo y al norte de Cáceres», una «moción de censura en definitiva a nuestra tierra y a los trabajadores de la planta». Así, Monago ha señalado que Vara «sigue así, sin hacer absolutamente nada en esta materia», tras lo que «llegará el cierre y no hay alternativa».

En su respuesta, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró que el cierre de Almaraz «no va a ocurrir», ya que «primero, el Gobierno no lo va a plantear, porque no lo puede plantear» porque existen factores como la posición de las empresas propietarias, del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o del Parlamento, entre otras cuestiones.

«Obviamente que algún día cerrará, pero no va a ser ahora, y eso se lo puedo asegurar, porque eso no lo ha dicho el Gobierno de España», ha reafirmado el presidente de la Junta, quien ha explicado que «hay por medio muchos factores que influyen», como que él no va «a permitir que se cierre si no hay una alternativa«.

Además, el presidente extremeño ha recordado que la central nuclear «tiene unos dueños» que tienen que pedir la continuidad o no de la planta, por lo que su cierre «dependerá» de factores como qué dicen los dueños de la empresa, el Consejo de Seguridad Nuclear y la ley de cambio climático. En cualquier caso, Vara considera «razonable y obvio que se establezca un calendario de cierre de las centrales nucleares», para que esto se haga «de una manera armónica y habiendo alternativas energéticas y económicas», y «en definitiva, para que las cosas se hagan bien».

Almaraz realiza su simulacro anual

Por otro lado, Almaraz ha realizado su simulacro anual de emergencia, conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior, con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias del CSN. El ejercicio se inició con la declaración de una emergencia en el emplazamiento debido a la parada automática del reactor y la pérdida de refrigeración del reactor en la unidad II.

Durante el ejercicio se ha simulado, además, un incendio en cuya extinción han resultado heridos dos trabajadores, de los que uno ellos ha sido dado de alta en el momento y el otro atendido por el servicio médico de la planta para proceder a su descontaminación, y posteriormente trasladado al Hospital de Navalmoral de la Mata para tratar las quemaduras de su brazo izquierdo. A lo largo del simulacro se ha llegado a declarar la «Emergencia General» (Categoría IV) del Plan de Emergencia Interior (PEI) debido a la pérdida temporal de capacidad de refrigerar el reactor de la unidad II.

El CSN ha participado en dicho ejercicio, tanto desde la Sala de Emergencias (SALEM) como desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Cáceres, «realizando el seguimiento de la instalación y de las actuaciones del titular para la recuperación de las condiciones de seguridad y para la adopción de medidas de protección radiológica». Siguiendo criterios radiológicos, el CSN ha recomendado a la Subdelegación del Gobierno de Cáceres la evacuación de las poblaciones situadas en un radio de 3 kilómetros de la central, ampliado hasta 5 kilómetros para las que están localizadas en el sector preferente en la dirección del viento al oeste de la planta.

Para esta última zona se ha recomendado la preparación de profilaxis radiológica, mientras que en el resto de la zona 1, que supone el entorno a los 10 kilómetros de la central nuclear, se ha llevado a cabo el confinamiento de la población y el reparto, pero no ingesta, de profilaxis. Como medida adicional el CECOP ha activado en este simulacro, las Estaciones de Clasificación y Descontaminación y el CSN activó los apoyos externos para la realización de los controles radiológicos pertinentes, y además, la crítica situación en la que se vería la instalación obligaría al titular a evacuar a todo su personal no imprescindible.

Durante el ejercicio el CSN ha llegado a activar su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) llegando hasta el modo 3, que implica la activación de los grupos operativos de SALEM y de los apoyos externos. Explica el CSN que sucesos de esta naturaleza habrían sido clasificados como Accidentes de consecuencias de mayor alcance de nivel 5 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

El Foro Antinuclear de Extremadura pedirá el cierre de Almaraz con actos en Mérida y Navalmoral

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EFE.- El Foro Extremeño Antinuclear reivindicará el cierre y desmantelamiento de la central de Almaraz en Mérida y Navalmoral de la Mata con actos que se celebrarán este jueves y este sábado. El colectivo, al que pertenece Ecologistas en Acción de Extremadura, sumará su reivindicación a las de otras asociaciones en los actos previos al Día de Extremadura, concentrándose a las 11.00 de este jueves en la Plaza de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, donde acontecerá el acto institucional.

También el FEAN, junto con el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), se concentrará el sábado en Navalmoral de la Mata a las 12.00 en El Jardincillo, para realizar diversas actividades reivindicativas. En este recinto se realizará una performance, por medio de una instalación de gran tamaño, que simulará un desmantelamiento simbólico de la central, seguido de unos talleres para la creación de alternativas para la región. El acto se cerrará con la actuación del cantautor portugués Pascoal Moreira y con la participación de distintas organizaciones portuguesas.

Para el FEAN es imprescindible seguir exigiendo el cierre de Almaraz y el máximo compromiso del Gobierno de Extremadura ante la posibilidad de que se renueve el permiso de explotación de la central, que expira en el año 2020. La organización insiste en que el Ejecutivo extremeño «ha bajado los brazos en esta lucha», asumiendo así la ampliación de la vida útil más allá de dicha fecha, con lo que la instalación alcanzaría los 60 años de actividad. Para este colectivo, la presencia de nucleares en el mix energético dificulta y bloquea la entrada de las renovables que, aparte de ser energías limpias y sostenibles, generarían miles de puestos de trabajo en la región, tan necesitada de empleo de calidad.

La central nuclear de Almaraz envía al Ministerio de Energía la documentación para renovar su licencia más allá de 2020

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Europa Press.- La central nuclear de Almaraz (Cáceres) ha remitido al Ministerio de Energía la documentación respecto a la renovación de su licencia de explotación, una vez que expire en 2020. Así lo ha confirmado el responsable de Relaciones Institucionales de la central, Aniceto González, quien ha explicado que en primer lugar se ha remitido esta documentación y, posteriormente, la planta tiene de plazo hasta el 2019 para pedir oficialmente la renovación de licencia, que expira el 8 de junio de 2020.

De esta forma, Almaraz ha cursado toda la documentación para esta renovación de la licencia al Ministerio de Energía, quien a su vez, deberá darle traslado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Será este organismo, ha explicado González, quien deberá iniciar un proceso de análisis y evaluación sobre este asunto, y emitir un informe sobre la continuidad o no del funcionamiento de esta planta, que remitirá al Ministerio de Energía.

Cabe recordar que la última licencia de renovación de la central de Almaraz fue otorgada por el Ministerio de Industria el 8 de junio de 2010, por un periodo de 10 años, que expira en 2020. Ahora, la planta remitió la documentación y dispone de 2 años para realizar la petición oficial de renovación. En caso de que se realizara esta solicitud y fuera positiva, no se conoce el número de años por la que realizaría esta prórroga, señaló González.

Podemos pide que no se renueven las licencias de las centrales nucleares para lograr su cierre en España en 2024

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Europa Press.- Unidos Podemos exigió al Gobierno en el Congreso que no prorrogue las licencias de las centrales nucleares con el objetivo de que esta fuente energética desaparezca en 2024, año en el que expira el último permiso de una planta española.

«Es una energía peligrosa y cara que, además, no tiene internalizados los costes, por lo que, al final, terminamos pagando entre todos los beneficios de las eléctricas«, ha denunciado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de la formación morada, Rafael Mayoral, quien ha asegurado que es «inadmisible» que estas centrales puedan continuar funcionando «más allá de los permisos que tienen».

Mayoral compartió esta propuesta con representantes del Movimiento Ibérico Antinuclear, que engloba a 80 asociaciones españolas y portuguesas, con quienes se reunió. El coordinador de esta organización, Paco Castejón, destacó el «momento importantísimo» en el que se encuentra actualmente el futuro de las nucleares, ya que éstas son las que «marcan el modelo energético» del país. «Entre esta legislatura y en la siguiente expiran todos los permisos de las nucleares y se tienen que tomar las decisiones sobre prorrogar o no estos permisos», auguró Castejón.

Actualmente, el Ejecutivo se encuentra dentro del plazo de 6 meses para decidir si reabre la planta de Santa María de Garoña (Burgos). Castejón señala que si deciden prorrogar la licencia se hará por, al menos, 10 años, lo que permitirá llegar a la central hasta la cincuentena. Además, Garoña será el modelo a seguir con el resto de centrales.

«Si se produce este paso, al cabo de 10 años se prorrogarán otros 10, que es la pretensión de la industria nuclear», augura el ecologista. En este sentido, Castejón ha señalado que «las nucleares no son compatibles con un desarrollo masivo de energía renovable», porque éstas son intermitentes, mientras que las nucleares no se pueden regular. Es decir, si entraran de golpe 3.000 megavatios de eólica, no se podrían apagar de golpe 3.000 megavatios de nucleares, porque tarda un día.

La Eurocámara insta al Gobierno a aclarar si la central nuclear de Garoña cumple los requisitos de seguridad para reabrir

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Peticiones de la Eurocámara enviará una carta al Gobierno español para saber si la central nuclear de Garoña cumple «todos los criterios de seguridad nuclear» para poder reabrir después de que la Comisión Europea haya confirmado que no recibió «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista» para las mejoras exigidas en el caso de que se reabra y se prolongue su vida útil.

Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström, tras discutir la petición del alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, para pedirle «al Gobierno español que no reabran la central de Garoña», «una central obsoleta», «parada desde diciembre de 2012» y cuyo ciclo vital finalizó «hace seis años», tras cumplir «sobradamente su cometido» y que se debía desmantelar «por mandato gubernamental».

El alcalde de Valle de Zamanzas ha defendido que la planta de Nuclenor, a su juicio conocida como «la central de las mil grietas«, «es una central peligrosa» que tiene que cerrarse «para siempre» a fin de «salvaguardar la seguridad de las personas» de la zona, tras recordar que “se han notificado 136 incidentes, arrastra desde hace 30 años fallos estructurales de diseño» en la vasija del reactor e «incumple» los parámetros «mínimos» de seguridad.

Además, ha dejado claro que su reapertura no se justifica porque no hay «ningún problema» de abastecimiento eléctrico en España y representa menos del 1% de la generación eléctrica. «No es necesario reconectarla a la red», ha defendido, al tiempo que ha instado al Gobierno «que deje de multar por usar la energía solar«. Por ello Asensio ha defendido la necesidad de revisar el modelo energético. A su juicio, el Gobierno debería apostar por energías renovables y limpias, en lugar de «improvisar» licencias que solo benefician a las grandes eléctricas.

El experto jurídico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Andrei Ionut Florea, ha dejado claro que la decisión para operar plantas nucleares compete a los Estados miembro dado que «la primera responsabilidad de la seguridad nuclear es de los operadores bajo la supervisión de las autoridades nacionales«. Eso sí, subrayó que si España tomara una decisión para reabrir «a largo plazo» la central de Garoña «todas las mejoras de seguridad necesarias tendrán que ser implementadas» en virtud de la normativa europea y ha dejado claro que «hasta la fecha la Comisión no ha recibido» un plan de inversiones para Garoña, que deberán notificarse, y “cumplir todos los criterios de seguridad nuclear que fija el Tratado Euratom”.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ha alertado de que «la situación en Garoña es verdaderamente alarmante» porque se ha excedido su vida útil, recordando su forma y composición «similar» a un reactor de la central de Fukushima y ha reclamado que la Comisión de Peticiones envíe una carta a las autoridades españolas «pidiendo que informen sobre el estado de seguridad de la central» porque las medidas se deben tomar «antes» de que «lleguen los problemas». «La prórroga significa una chapuza del Gobierno», valoró, dejando claro que su cierre «no supone un problema para el abastecimiento energético» de España.

Reapertura de Garoña sentaría precedente

Su colega, Marina Albiol, aseguró que la reapertura de la central «no son rumores» dado el dictamen «favorable» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la reapertura de Garoña y alertó del «precedente» de avalar una central nuclear hasta los 60 años de vida y sin «una revisión integral cada 10 años» sino a los 14. «Estamos hablando de una revisión para el año 2031», indicó, denunciando que las centrales se han construido para 25 años, se ampliaron hasta los 40 y ahora se quiere extender hasta los 60 años. Por ello instó a la Comisión Europea a realizar «un estudio de todas las centrales nucleares de más de 40 años en toda Europa» para ver sus condiciones de seguridad.

El eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, ha apoyado el cierre «definitivo» de Garoña y ha rechazado que el Gobierno alargue su vida por criterios «puramente políticos» y «no de seguridad ciudadana y ecológica» como precedente para «dejar abiertas otras centrales al final de su vida útil». «España ya sobreproduce electricidad» y hay que apostar por las energías limpias, indicó. Además, el eurodiputado considera «bastante grave» que España no haya notificado los planes de inversión en la central ni el dictamen del CSN y ha apoyado el envío de la carta al Gobierno español para «tener toda la información en torno a Garoña» y que la Comisión estudie la seguridad de las centrales en Europa que han superado su vida útil.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, ha denunciado que con «este permiso» para reabrir «la tercera central nuclear más antigua de Europa» en su opinión «se está vulnerando la legislación europea» porque las medidas de seguridad exigidas «no se han instalado aún» y ha considerado «legítimo pedir que la Comisión Europea estudie esto y que actúe ante esta situación de atropello a la legislación» teniendo en cuenta el «riesgo alto» para la población «sólo por el 1% de la electricidad en España» que generaba la planta, al tiempo que ha incidido también en que España durante este año exporta electricidad.

El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, reclamó archivar la petición porque el peticionario «no presenta pruebas de ningún incumplimiento» de la legislación europea y ha explicado que en caso de el Gobierno decida reabrir la central «tendrá que comunicar mejoras de seguridad realizadas» pero «sólo si son de cierta entidad y sobrepasan ciertos umbrales«. Asimismo, ha rebatido que España sí tiene «déficit energético» para defender la central de Garoña. «Compramos el 80% de la energía que necesitamos», argumentó. La autorización de la renovación de la licencia solicitada por la propietaria, Nuclenor, está ahora en manos del Gobierno central.

La presidenta de la Comisión de Peticiones ha anunciado al término del debate que se mantendrá abierta la petición y se enviará una carta al Gobierno español para pedirle «información precisa» y «rápida» para «saber si todos los criterios de seguridad nuclear» que exige el Tratado Euratom se cumplen en el caso de Garoña teniendo en cuenta que la Comisión no ha recibido «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista para volver a poner en servicio la planta de Garoña». «Tenemos que saber si esto es verdad o no», apunta la Comisión, que quiere conocer  los cambios que se han llevado a cabo en las instalaciones ante una hipotética reactivación de la producción, paralizada desde 2012.

El Movimiento Ibérico Antinuclear reclama el cierre de Cofrentes cuando caduque su permiso de explotación en 2021

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Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que agrupa alrededor de 80 asociaciones, sindicatos y entidades de España y Portugal, ha reclamado el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) «cuando caduque su permiso de explotación” en 2021. De este modo, se da tiempo para «desarrollar las energías renovables y aplicar medidas de eficiencia energética», se mantiene la «estabilidad de la red» y «sus propietarios no tienen derecho a reclamar lucro cesante«, según ha argumentado el coordinador del MIA, Paco Castejón.

Castejón considera que estamos en un «momento clave» para el futuro energético de España desde el punto de vista del diseño del modelo energético, dado que de 2020 a 2024 se van a revisar los permisos nucleares de las centrales españolas. En la actualidad, ha señalado, se opta por un mix entre la energía nuclear y las renovables, lo que a su entender es «un verdadero freno para las renovables» y se prolonga el funcionamiento de las centrales porque generan «un millón de beneficios diarios».

El «problema», alerta, es que «pasan los años y se vuelven más inseguras», ya que «se degradan, y presentan «problemas de corrosión». Eso ocurre, ha explicado Castejón, porque los sistemas están diseñados para 40 años y luego no se sabe cómo se van a comportar». Así, ha insistido en su petición de cierre progresivo de las centrales por cuestiones de seguridad, por los residuos radioactivos que generan, cuyo «volumen se ha incrementado un 50% y no saben qué hacer con ellos», y por el «freno que suponen para el desarrollo de un nuevo modelo energético».

El coordinador del MIA ha asegurado que Cofrentes «tiene una historia negra de incidentes». Ya en los años 90 hay «inestabilidades térmicas», ha relatado, que duplican la potencia y «fisuras de elementos combustibles que entran en el agua y se contamina y sale de la contención y se pasea por toda la central». Además, ha advertido, la metodología para los cálculos sísmicos que se hicieron cuando se construyó la central nuclear «está caducada» y actualmente el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha sacado unos nuevos métodos de cálculo de terremotos que Cofrentes «no cumple«.

Según Paco Castejón, «las centrales no son necesarias porque hay suficiente potencia instalada para sustituirlas sin problema». En este sentido, recordó que en España hay instalados actualmente un total de 108.000 megavatios (MW) entre todos los tipos de energía, de los cuales 7.400 MW son de energía nuclear. Sin embargo, la máxima demanda que se ha alcanzado es de 45.000 MW, de modo que queda una potencia de 63.000 MW que no se usa, ha subrayado. Tanto es así que «mañana se puede prescindir de las centrales nucleares sin problema de garantía de suministro», sentenció.

Además, hizo hincapié en que en estos momentos «estamos pagando el kilovatio/hora nuclear a precio de gas». Según indicó, a las centrales les cuesta 1,05 céntimos producirlo antes de impuestos, mientras en el mercado marginalista se paga a 5,5 céntimos, según el promedio de 2015, y después «el ciudadano tiene que pagar además el impuesto de electricidad, el IVA y los peajes de transporte, distribución y las diferentes primas», añadió.

A su entender, el margen de beneficio es «insensato» y es el «verdadero motivo de prolongar la vida de las centrales nucleares». De hecho, ha asegurado que el Gobierno «miente» cuando dice que sustituir la energía de las centrales nucleares costaría «un 25% más» en la factura del consumidor. Según ha calculado el MIA, supondría «no más del 5%» de incremento en la factura. Por último, ha censurado lo que considera un «problema político y de democracia» y ha criticado que pese a que «la mayoría de la ciudadanía y del parlamento son anti-nucleares», el Gobierno, al cual ha calificado de «pro-nuclear», no pregunta sobre esta cuestión a la sociedad.

La cuestión nuclear en la España de hoy

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Todo el acontecer alrededor de la reapertura o no de la central nuclear de Santa María de Garoña, todo el debate sobre el futuro de los otros 7 reactores del parque nuclear español y su participación en la estrategia de transición energética, si es que hubiera dicha estrategia, todo, en definitiva, del mensaje que lanzó Iberdrola gira alrededor de una cuestión que es la fiscalidad energética y. en concreto, de la propia fiscalidad de las actividades nucleares en combinación con otros factores.

El framing para esta tecnología lo constituye la combinación de la fiscalidad vigente, resultante del ajuste contable perpetrado por las medidas Soria, con los requerimientos de nuevas inversiones en materia de seguridad derivados de la revisión de exigencias postFukushima. Ambos puntos unidos, en el caso español, con la proximidad de estos reactores a los 40 años de vida técnica del diseño inicial de las instalaciones (erróneamente denominada vida útil, en un ejercicio de comunicación política para hacer semejantes, de forma interesada, dos conceptos diferentes: vida útil y vida de diseño).

Tampoco hay que abstraerse del conflicto ideológico de trasfondo en lo que se refiere a las actividades nucleares. Mientras los detractores y apologistas antinucleares han visto el devenir del atrabiliario proceso de Garoña como el principio del fin de lo nuclear en España, por otra parte los pronucleares abrigan la posibilidad de que, en unas circunstancias razonables, esta tecnología pueda servir a la transición energética en su proceso de descarbonización, siguiendo el modelo Obama (nuclear más renovables, ahora cuestionado por Trump, pero por la parte renovable), al tratarse de una tecnología no emisora. Una posibilidad que choca con los intereses de abrir huecos de capacidad en el parque de generación.

El retorno de las inversiones

Así las cosas, el anuncio del presidente de Iberdrola ante los accionistas de la compañía en relación a la situación deficitaria de los activos nucleares ha venido a dibujar el terreno de juego que, por otra parte, adquirirá repercusión en los próximos meses en este complicado escenario político y económico. Sánchez Galán ha puesto, con su intervención, el centro de gravedad de la decisión empresarial en la cuestión nuclear en la rentabilidad para el retorno de las inversiones. Mientras desde ciertos sectores interpretan que ha dejado el campo libre al Gobierno, otros consideran que incrementa la presión para el cumplimiento de los compromisos ambientales con Europa, ante la predatoria política fiscal de los populares en relación a la tecnología nuclear.

No es nuevo; los sucesivos gobiernos han comulgado con la teoría retroprogresiva respecto a una rentabilidad cuasi infinita de la energía nuclear que, supuestamente, habilita a la propia Administración a la fijación de impuestos a dicha tecnología también de forma ilimitada. La teoría de los activos amortizados, que “olvida” las inversiones sucesivas realizadas, de mantenimiento y/o futuras, ha servido para situar el conjunto de tasas y gravámenes en cerca del 45% de los ingresos de las nucleares: tasas Enresa del 18%; impuesto sobre combustible gastado del 15%, impuesto a la producción eléctrica del 7% y resto de cánones y tasas (IBI, etc…) en un 5%.

En estas condiciones, hay muchas formas de participar en el debate ideológico/maniqueo antinuclear. Con un escenario socialmente menos virulento ante lo nuclear, pero probablemente más militante en lo político, incluyendo con sus diferencias a PP, PSOE y Ciudadanos (incrementar la fiscalidad es otra forma de participar), el desenlace de la cuestión nuclear vendrá, seguramente, de la parte empresarial. Y lo hará con unas consecuencias económicas y medioambientales para el sistema eléctrico que precisan de un mayor análisis por la Administración.