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Ferroatlántica pacta un ERTE de 2 años para toda su plantilla en España y culpa a la subasta de interrumpibilidad

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Europa Press.- Ferroatlántica ha acordado aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) de 2 años de duración y de carácter rotatorio para toda la plantilla de 550 trabajadores que suma entre sus 3 fábricas y en las oficinas con que cuenta en España. La compañía, que forma parte de Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado al 55% por el Grupo Villar Mir, atribuye este ajuste al precio de la energía y al resultado de la subasta de interrumpibilidad.

La compañía acordó el ERE con UGT, CC.OO y USO, mientras que el otro sindicato con representación, CIG, se descolgó del acuerdo. El ajuste afectará a todos los trabajadores que la firma tiene repartidos en sus 2 fábricas de La Coruña, la planta que tiene en Cantabria y las oficinas centrales de Madrid. En virtud del acuerdo, el ERE temporal se extenderá durante 2 años, hasta febrero de 2021, y se aplicará con carácter rotatorio a toda la plantilla, con un promedio máximo de afectación del 35% en cada fábrica y de un 40% de la jornada de cada trabajador.

Ferroatlántica pacta este ERTE justo cuando el Gobierno central está diseñando medidas para las empresas que registran un alto consumo de electricidad para acometer su producción, con la voluntad de aprobar estas medidas, que conformarán un Estatuto del Consumidor Electrointensivo, a través del procedimiento de urgencia. De su lado, el sindicato CIG atribuyó su decisión de descolgarse de la firma al considerar que se trata de un mal pacto, «sin garantías de empleo y de producción industrial, que deja a las fábricas de Ferroatlántica en el mismo escenario en el que estaban, con los hornos parados y una enorme incertidumbre».

El Gobierno formaliza el acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras del carbón

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el real decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. En concreto, este texto formaliza el acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 que firmaron el Gobierno, los sindicatos CCOO, UGT y USO y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

El acuerdo se alcanzó para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que en particular, gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas. Así, a través de esta bolsa de trabajo, se facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación, siempre en coordinación con los servicios de empleo. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.

100 millones para transición justa

Además, se determina la asignación, en los Presupuestos para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero (CO2), que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático. La normativa aprobada actualiza las medidas sociales adoptadas en el real decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Así, podrán prejubilarse los empleados con 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. El real decreto-ley también recoge, en su disposición transitoria cuarta, la ampliación del plazo por una prórroga de 2 años para los convenios marco de colaboración que hayan sido adoptados en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018.

El Gobierno, Carbunión y los sindicatos del carbón rubrican el acuerdo para garantizar una transición justa para el sector minero

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Europa Press.- El Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) han rubricado el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

El acuerdo ha sido firmado en un acto que ha contado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón. Ribera destacó que con este acuerdo se resuelve «la primera tarea urgente» que se encontró encima de la mesa cuando llegó al Gobierno.

«Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás«, añadió la ministra, que subrayó además que el compromiso del Gobierno «es a largo plazo» y que esta firma es «solo el comienzo del diálogo».

Mientras, Valerio consideró que el acuerdo es «una demostración de que el diálogo social funciona», aunque siempre sea «muy difícil conseguir el 100% para todos«. «De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos esforzamos por dar respuestas a la altura que necesita nuestra sociedad», reivindicó.

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en 5 años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras. Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de finalizar 2018. De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Así, este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

El acuerdo contó finalmente con la rúbrica también de la patronal Carbunión, a pesar de no compartir al 100% su contenido. «Hemos firmado pese a que no se recogen nuestros planteamientos de futuro y también porque tenemos el compromiso firme del secretario de Estado de Energía para seguir buscando la continuidad de las empresas que siguen explotando el carbón, pero como empresarios no aceptamos el final del sector», señaló el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia. En la misma línea se mostró el secretario general de la Federación de Industria de USO, Pedro Ayllón, que destacó que se firmó «el mejor acuerdo posible, pero no el acuerdo que hubiera querido firmar».

Mientras, el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, valoró que este acuerdo supone «superar una época de incumplimientos de gobiernos anteriores y de abandono de los trabajadores» y garantizar una transición energética que «debe ser justa». Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, destacó que el pacto representa «un comienzo, no el final de nada».

El sindicato USO denuncia que la «especulación» con los derechos de emisión de CO2 dispara el precio de la electricidad

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EFE.- El sindicato USO considera que hay una «especulación» en el mercado de derivados con los derechos de CO2 que está encareciendo la energía y señala que no se han tomado medidas para mitigar esta situación, que pone en riesgo a la industria y a sus trabajadores.

El sindicato sostiene que las ganancias en los mercados las acaban pagando los ciudadanos en su factura y los trabajadores, y señala que el precio por tonelada emitida ha subido desde los 7 euros en enero de este año hasta los 24,85 euros que se alcanzaron recientemente.

En este sentido, sostiene que en solo 9 meses ha pasado a costar más del triple, una subida que está afectando «gravemente» al precio de la luz para las familias, así como a la competitividad de las empresas, sobre todo de las electrointensivas, tal y como indica el responsable de Energía de la Federación de Industria de USO, Jaime Marcos.

En este contexto, USO muestra su preocupación por el precio de las emisiones de CO2 y vaticina que en este año superarán los 20 euros.

Además, indica que esta situación puede afectar a la viabilidad de las centrales térmicas y de gas, que agrega que son indispensables para el respaldo a la red de las energías renovables.

Castilla y León pide un 4% del mix eléctrico para el carbón autóctono mientras Endesa comprará mineral de la Asturleonesa

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EFE.- Endesa comunicó a la compañía Minera Asturleonesa su intención de comprar carbón procedente de sus tajos, como reivindicaba la firma y los trabajadores de la misma para mantener sus empleos. Asimismo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, subrayó la necesidad de diseñar a nivel nacional un marco legal que garantice la compra de carbón autóctono para su quema en centrales térmicas, además de reservar para el carbón al menos el 4% del mix energético.

Herrera respondió así al portavoz de la Unión del Pueblo Leonés en las Cortes autonómicas, Luis Mariano Santos, quien pidió al PP una «posición unitaria» en los ámbitos autonómico, estatal y europeo. El presidente ha sostenido que este marco legal «debiera existir por razones de estrategia, pero también por razones socioeconómicas» vinculadas a las comarcas mineras, que actualmente «no tienen otras alternativas» para el desarrollo económico. Herrera ha argumentado que su gobierno está ejerciendo una labor de «intermediación» y de «contacto permanente» con las eléctricas y las empresas mineras para facilitar la compra de carbón.

Por su parte, el portavoz leonesista ha criticado que la acción de la Junta se limite a las palabras, en forma de «cartas a Rajoy», y no se materialice una acción coordinada para garantizar que la aportación del carbón autóctono al mix energético alcance el 7,5%, que era lo que establecía el último Plan del Carbón. Luis Mariano Santos ha defendido que su posición respecto al carbón no ha variado nunca mientras que tanto en el caso del PP como en el caso del PSOE sí se han producido cambios en función de si están o no en el Gobierno.

Herrera y Santos han coincidido al citar a los países de Eslovenia y Eslovaquia como ejemplos de que el carbón autóctono puede defenderse a nivel europeo como garantía de suministro eléctrico, y también compartieron que han de ser las térmicas que asuman la quema de carbón autóctono las que modernicen sus instalaciones para adaptarlas a la normativa europea de emisiones.

Acuerdo entre Endesa y Asturleonesa

Tras una semana de negociaciones intermitentes, el secretario de la Federación de Industria de Castilla y León del sindicato USO, Luis María Fernández, anunció «con cautela» el acuerdo, que aún no ha llegado al resto de empresas mineras, aunque éstas esperan que en breve se lo notifiquen. Aunque es un paso adelante para que los empleos continúen, Fernández asegura que no deja de ser «un parche temporal«, por lo que pide a las administraciones que aceleren la puesta en marcha de medidas que soluciones la situación minera «a largo plazo».

Los mineros encerrados en el Pozo Aurelio (León) realizan una huelga de hambre con el apoyo de políticos y sindicatos

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Europa Press / EFE.- Los 4 mineros encerrados desde el pasado día 13 de junio en el Pozo Aurelio (León), realizaron una huelga de hambre de 3 días, aunque se inició con el propósito de ser indefinida, cuando se cumplen 18 días de su encierro para presionar al Gobierno Central y conseguir que desbloquee las ayudas para el cierre de las explotaciones de interior.

Los mineros presentaron esta propuesta al Comité de Empresa, a quienes pidieron que se retirase la comida del interior del pozo. Los propios familiares de los cuatro mineros explicaron que la decisión de comenzar la huelga de hambre perseguía el objetivo de «llevar al límite una protesta para reclamar a los organismos oficiales una decisión firme que permita liberar el dinero prometido para el cierre».

Herrera defiende una «causa justa»

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió «de forma muy intensa y personal» la que considera «causa justa y justificable» de los cuatro mineros de la Hullera Vasco-Leonesa que reclaman al Gobierno central el pago de las ayudas que fomentan el cierre de explotaciones mineras y que fueron suscritas en octubre de 2013. Así se pronunció Herrera en el debate sobre el estado de la Comunidad.

El primero en referirse expresamente al caso de estos mineros encerrados en el Poco Aurelio ha sido el socialista Luis Tudanca, quien les ha enviado «todo el calor y aliento» porque son un «símbolo de la dignidad de las cuencas«. Posteriormente también el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se refirió a los mineros para mostrar su solidaridad con su situación, pero fue el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien profundizó más en la situación que atraviesan. Lo hizo tras una alusión del procurador leonesista Luis Mariano Santos, quien ha planteado como «dramático» y «terrible» que los mineros tengan que estar en huelga de hambre para pedir ayudas que promueven el cierre de explotaciones.

Herrera explicó que la situación de las explotaciones mineras de la Hullera Vasco-Leonesa en La Pola de Gordón tienen dos planos diferentes, ya que la mina de interior carece de viabilidad en el proceso concursal en que se halla al no haber potenciales compradores, mientras que la mina a cielo abierto sí puede contar con inversores que mantengan el empleo.

El presidente detalló que la entrega de las ayudas, para lo que ha ofrecido a la propia Junta de Castilla y León como intermediara, serviría por un lado para dar empleo al menos durante 3 años a los mineros en los trabajos de desmontaje de la mina, y por otro para dar tiempo a que fructifiquen las gestiones de venta del cielo abierto. «Hay que mover a un Gobierno que no puede justificar su inacción en el hecho de estar en funciones», ha adelantado Herrera antes de calificar de «causa justa y justificada» la defendida por los mineros de la Hullera y de comprometerse a reclamar de forma «muy intensa y personal» el cumplimiento de lo pactado ante el Gobierno.

Tudanca arremete contra el PP

A su vez, el portavoz del grupo socialista, Luis Tudanca, criticó que las «lágrimas de cocodrilo» del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con relación a la minería del carbón «no han dado de comer a ni una sola familia de las cuencas». Tudanca preguntó al presidente qué va a hacer la Junta para acabar con la despoblación en las comarcas mineras y le advirtió que en esta materia «se acabaron las bromas». “Un año después de sus golpes de pecho hoy quedan dos minas de interior abiertas con tan solo 60 trabajadores y el futuro del carbón es más negro que nunca», insistió.

En este punto, Tudanca ha acusado a Herrera y al PP de firmar «la defunción de un sector sin el cual estas comarcas no tienen futuro», en una coyuntura en la que los socialistas están «hartos» de que en Castilla y León «digan una cosa y en Madrid otra». Herrera ha replicado que le parecía «poco objetivo» que el PSOE le pueda «endosar» al PP el fin de la minería del carbón en el año 2016, cuando, en su opinión, fue en 2010 cuando se empleó la «guillotina» contra el sector por parte de los socialistas. «Nos podemos y debemos entender», ha planteado el presidente, especialmente en el principio de defender que se mantengan abiertas las explotaciones que resulten rentables.

USO exige evitar los «dramas”

Asimismo, el sindicato USO ha reclamado al Ministerio de Industria que evite el «drama humano» que supone la situación de los mineros encerrados en el pozo Aurelio y conceda las ayudas al cierre que contempla y regula el Plan del Carbón 2013-2018. El sindicato reclama del Instituto del Carbón y del Ministerio de Industria que, de una vez por todas, resuelvan la interpretación sobre «las deudas con Hacienda o Seguridad Social» a los efectos de poder percibir ayudas del Estado.

USO considera que en el caso de la Hullera Vasco-Leonesa, así como ocurre también con Astur-Leonesa (antigua Coto Minero del Cantábrico), se debe dar una interpretación legal en el sentido de favorecer el empleo. «Lo contrario supone un contrasentido total y absoluto sobre los fines de salvar las empresas que entran en concurso de acreedores y a la vez se les niega la percepción de ayudas del Estado por situaciones ajenas al nuevo adjudicatario», señala USO. También advierte del contrasentido que supone que en situaciones como las que atraviesa la Hullera, por entrar en quiebra y mantener deudas con Hacienda y Seguridad Social, se niegue las ayudas para realizar un cierre ordenado y con seguridad.

El sindicato USO pide crear una mesa que agrupe a las autonomías del norte en defensa de la industria electrointensiva

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EFE.- El sindicato USO solicitó al Gobierno de Cantabria que lidere la creación de una «mesa en defensa de la industria electrointensiva» en la que participen de forma activa las comunidades de País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia para reducir la tarifa eléctrica de estas industrias.

El secretario general estatal de la Federación de Industria de USO, Pedro Ayllón, asegura que esta propuesta pretende dar un futuro a muchas de las empresas en las que la energía supone cerca del 40% del coste total de la producción, lo que ayudaría a conseguir «empleo estable y de calidad». Junto a delegados de USO en Solvay, Sidenor, Gerdau, Bridgestone, Robert Bosch, Sniace, Grupo Celsa, Ferroatlántica y Columbia, Ayllón reiteró que la industria de Cantabria necesita disponer de una tarifa eléctrica «reducida», algo que las comunidades del norte de España deberían pedir al Gobierno.

En este sentido, indicó que Cantabria debe intervenir «de forma urgente y activa» para defender la industria con dificultades instalada en la región, de forma que se pueda poner en marcha «actuaciones preventivas» a los problemas de estas factorías para evitar recortes de empleos y la precarización. Por ello, anunció que presentarán su propuesta en una próxima reunión con el consejero de Industria, Francisco Martín, para que éste asuma la misma y lidere la creación de la mesa aunando las distintas sensibilidades políticas de las comunidades del norte de España.

Sindicatos e Industria alcanzan un acuerdo para adelantar a los 52 años las prejubilaciones en la minería del carbón

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Redacción / Agencias.- Los sindicatos mineros CCOO, Fitag-UGT y USO, alcanzaron un acuerdo con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para el adelanto de las medidas excepcionales de prejubilación anticipada de carácter voluntario para los trabajadores en el sector del carbón, de 54 a 52 años, según anunció el secretario del sector minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, tras la reunión celebrada con los representantes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. CCOO calcula que 500 trabajadores podrán beneficiarse de los acuerdos alcanzados.

El adelanto de la prejubilación acordado a los 52 años tendrá carácter voluntario y se aplicará a los trabajadores que estuvieran afectados por su prejubilación en el Marco de Actuación. En concreto, para aquellos que hubieran cumplido 54 años de edad equivalente a 31 de diciembre de 2018, 11 años cotizados en el Régimen Especial de la minería del carbón, y los últimos tres años en la empresa matriz solicitante.

El adelanto de la prejubilación acordada será de hasta dos años, lo que supone tener 52 años o más de edad equivalente con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda. Se entenderá cumplido este requisito en aquellos trabajadores para los que estuviera previsto su prejubilación hasta el 31 de diciembre de 2018, de haber mantenido hasta esa fecha el coeficiente reductor que tuviesen asignado en el momento de la extinción de su relación laboral. Para ello, será necesario además tener 9 años cotizados al régimen especial de la minería del carbón y 3 años consecutivos contados desde la extinción de la relación laboral que da lugar a estas ayudas.

El sindicato indicó que para el cálculo de la cantidad bruta garantizada será tal y como se viene haciendo en el artículo 9 del real decreto de 2014, y una vez esta cantidad esté calculada definitivamente, tendrá una reducción del 4,66% cada año durante un máximo de dos años para los trabajadores que se acojan a esta fórmula, con un tope máximo del 9,32%, así como que las bajas incentivadas no tengan como referencia el ejercicio 2012, sino enero de 2015. «Es un texto muy bueno para la época en la que estamos», afirmó Fernández, antes de recordar que se partía de una propuesta inicial de reducción del 6,66% que, posteriormente, se bajó al 4,66%

Este porcentaje de reducción de la pensión se realizará sobre una base de cotización que va desde el 60% al 70% del salario del trabajador de la minería. Con el acuerdo, los sindicatos mineros han logrado mantener el objetivo de garantizar una remuneración del 60%, por lo que «es positivo». «Nos hubiese gustado que hubiera podido llegar a más compañeros, los que se van en 2019 o 2020, pero es lo que se nos puso sobre la mesa y no podíamos dejar pasar la oportunidad«, afirmaron desde el sindicato Fitag-UGT.

Los sindicatos calculan que el número de beneficiarios de las prejubilaciones voluntarias podría acercarse a 500. El acuerdo también recoge la posibilidad de bajas incentivadas voluntarias para todos los trabajadores en plantilla desde el 1 de enero de 2015. Hasta ahora, el acceso a estas bajas voluntarias solo era posible para los empleados que el 31 de diciembre de 2012 tuvieran una antigüedad mínima de un año en cualquiera de las empresas mineras acogidas al acuerdo marco. Este acuerdo, que está previsto que sea firmado este miércoles en el Ministerio, será tramitado como decreto ley y posiblemente aprobado este viernes en el Consejo de Ministros.

«Fitag-UGT considera positivo este acuerdo, ya que da una salida sólida viable en el tiempo a estos trabajadores», añadió el sindicato. En la misma línea, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de la Unión Sindical Obrera (USO), José Vía, indicó que el acuerdo alcanzado ahora «viene a dar solución a un colectivo que está en debacle» y ha resaltado que los trabajadores que no podían acogerse a las prejubilaciones ahora «ya tienen una vía de escape«.

«Dramática» situación del sector minero

El sindicato CCOO indicó que el acuerdo alcanzado contempla la modificación de diferentes aspectos de carácter social dentro del Marco de Actuación de la Minería del Carbón. Su contenido «supone una alternativa para los trabajadores ante la dramática situación que atraviesa el sector como consecuencia de la inacción de un gobierno que aún no ha decretado una orden ministerial que garantice el consumo de carbón nacional«, asegura. En todo caso, apunta, el acuerdo permite paliar el «difícil periodo que están viviendo miles de trabajadores de la minería en todo el país y trata de solventar con garantías su vida laboral vinculada a la actividad minera«.

Según el responsable de Industrias Extractivas de CCOO, José Luis Villares, los sindicatos han «arrancado» un acuerdo a Industria que permitirá a los trabajadores que lo precisen poder acogerse a estas posibilidades «dado el actual estado de la minería del carbón en este país». «Es realmente inadmisible que el Gobierno incumpla de manera sistemática los acuerdos de 2013. De ello se deriva que si las empresas extractivas no pueden vender su carbón el cierre está asegurado y los trabajadores en el desempleo», afirma. «Desde CCOO se reclamó una vez más al secretario de Estado que de una vez por todas tome el pulso a las eléctricas y no se deje ningunear por elementos ajenos a la estabilidad del sector», añade.

Los sindicatos acusan a las eléctricas de usar el carbón para negociar «otros intereses»

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EFE / Europa Press.- El sindicato USO acusó a las eléctricas de utilizar la situación del carbón nacional para negociar con el Ministerio de Industria «otros intereses» de sus empresas. Por su parte, miembros de CCOO de Industria y SOMA-FITAG-UGT de Asturias se concentraron ante la sede del PP en el Principado de Asturias para reclamar al Gobierno central el cumplimiento del acuerdo Marco de Actuación 2013-2018 sobre el carbón.

En la concentración ante las puertas del Ministerio de Industria, el secretario de acción sindical de la federación de Industria de USO, José Vía, señaló que las térmicas y la patronal minera Carbunión «no pueden seguir chantajeando ni poniendo como rehenes a los trabajadores de la minería como históricamente han hecho». Además, aseguró que las eléctricas «están negociando otros intereses de las térmicas», en concreto, «cuánto les van a pagar por hibernar las centrales de ciclo combinado», una cuestión que «no es problema del carbón«. Por ello, señaló que es obligación del Ministerio de Industria «tutelar que se siga quemando carbón nacional en las térmicas para dar viabilidad al sector».

Vía indicó que reclamará al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que se respete el compromiso de generar el 7,5% de la electricidad con carbón nacional. Además, solicitará que se ponga en marcha una «solución urgente y transitoria» para «la situación de colapso» en la que está inmersa el sector y que se aprueban inmediatamente las nuevas ayudas a las térmicas de carbón, que pasen por empezar a quemar mineral «desde el próximo lunes». «Necesitamos arrancar carbón, que nos dejen trabajar y que las térmicas quemen carbón nacional y no de importación», defendió, porque de lo contrario se perderán los más de 4.000 empleos del sector de la minería.

Los sindicatos contra el PP

Alrededor de medio centenar de sindicalistas pidió al Ministerio de Industria que posibilite mayores incentivos para que se queme carbón nacional por parte de las centrales térmicas. El secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, instó a la presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, a que haga «valer su papel» ante el Gobierno central para reclamar que cumpla sus compromisos. «A Mercedes Fernández se le llena la boca diciendo que apuesta por la minería pero no hace nada«, recalcó Manzano, que lamentó que el Gobierno haga «oídos sordos a las reivindicaciones de los mineros cuando muchos de ellos están siendo despedidos».

En este sentido, el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, señaló que la negativa del Ejecutivo a aprobar un nuevo mecanismo para la compra de carbón nacional por parte de las eléctricas que sustituya al que dejó de estar operativo en 2014 «está provocando el cierre de explotaciones con los consiguientes expedientes de regulación de sus plantillas«. Alperi rechazó que esta movilización tenga un carácter electoralista y aseguró que seguirán las movilizaciones si a partir del domingo, cuando se celebren las elecciones, el Gobierno no cumple con sus compromisos.

El sindicato USO se manifestará el viernes frente a Industria reclamando la quema del carbón nacional

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Europa Press.- El sindicato USO (Unión Sindical Obrera) convocó una concentración minera para este viernes, enfrente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en defensa de la orden ministerial que obliga a quemar carbón nacional en las centrales térmicas. Esta concentración, según el sindicato, servirá de colofón a las dos semanas de movilizaciones en reivindicación de que se apruebe la orden.

USO asegura que el sector «se encuentra al borde del colapso y de entrar todo él en diversos ERE por la negativa de las centrales térmicas a quemar carbón nacional». Industria, señala, está «incumpliendo» el Plan del Carbón firmado con los sindicatos en el que se comprometía a publicar una nueva orden de quema de carbón nacional que sustituyese a la finalizada en diciembre de 2014. De momento, indica, no hay una nueva orden alternativa.