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El Tribunal de Cuentas analizará las multas que fijan CNMC y CNMV y las compensaciones de costes del sector eléctrico

Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó entre las fiscalizaciones previstas para 2019 una revisión del sistema de multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de las transferencias presupuestadas para compensar los costes del sector eléctrico.

En su programa de fiscalización para 2019, el organismo presidido por María José de la Fuente ha decidido unilateralmente realizar una fiscalización horizontal sobre la tramitación de quejas, consultas y reclamaciones y la imposición y cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, de los ejercicios 2016 a 2018. Este informe será publicado en 2020.

No será la única fiscalización sobre la CNMC, ya que el Tribunal de Cuentas tiene previsto publicar este año el análisis de la contratación ejecutada entre 2015 y 2017. Respecto a las compensaciones en el sector eléctrico, la fiscalización se centrará en el programa presupuestario 425A, sobre normativa y desarrollo energético, con especial referencia a las transferencias de capital para compensar los costes del sector eléctrico, referido al ejercicio 2018.

Cesce deberá asumir indemnizaciones por cerca de 100 millones de euros por seguros con Abengoa

Europa Press.- La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) deberá asumir alrededor de 97,4 millones de euros por 24 pólizas relacionadas con el Grupo Abengoa. Así figura en su Informe de fiscalización del Fondo de Reserva de los riesgos de la internacionalización, ejercicio 2017 realizado por el Tribunal de Cuentas y que recoge que, en enero de 2016, esta entidad tenía riesgo vivo con Abengoa por importe total de 116 millones de euros y 99,5 millones de dólares.

De estas pólizas, el importe que Cesce deberá indemnizar asciende, al menos, a 75,5 millones de euros y 25 millones de dólares, entre riesgo procedente de crédito comprador, de seguro a fiadores por riesgo de ejecución de avales y de seguro a fiadores por riesgo de garantías bancarias. Respecto el crédito comprador, Cesce había asegurado a 3 entidades financieras con 8 pólizas concedidas a distintas empresas del Grupo Abengoa (deudores y garante, respectivamente frente a Cesce), de las que deberá indemnizar 25 millones de dólares y 54,6 millones de euros, el importe vivo en 2016.

De todas estas cantidades, Cesce aún no abonó las indemnizaciones por 4 pólizas con una de las tres entidades financieras, que deberá pagar paulatinamente hasta 2020, a medida que venzan las cuotas del crédito, hasta un total de 35,8 millones de euros. Para estas 4 pólizas, señala el Tribunal de Cuentas, Cesce instruyó al asegurado para que bloquease las disposiciones de los créditos, por lo que no tuvo que indemnizar 9,2 millones de euros ni se dispuso de la totalidad del crédito denominado en dólares.

Respecto a las pólizas de seguro a fiadores por riesgo de ejecución de avales, 15 en total suscritas entre junio de 2012 y abril de 2015, el riesgo vivo fue disminuyendo hasta situarse en enero de 2016 en 56,5 millones de euros y en 74,5 millones de dólares. Sin embargo, Cesce había llegado a asumir inicialmente un riesgo máximo de 77 millones de euros y 157 millones de dólares, con una cobertura de entre el 95% y el 34,7%, cuando el porcentaje más habitual, según el Tribunal, es del 50%.

Según la fiscalización realizada, estos seguros tuvieron que prorrogarse en numerosas ocasiones, autorizándose por la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado (CRE) la suscripción de los correspondientes suplementos a las pólizas con el consiguiente pago de la prima. Este riesgo fue disminuyendo a medida que avanzaban los proyectos, y hasta mayo se habían ejecutado avales de 2 pólizas, en 2016 y 2018, por un importe total de 16,2 millones de euros. Sin embargo, 9 pólizas aún tenían riesgo vivo por 25,1 millones de euros y 33 millones de dólares.

Otras cuatro pólizas, suscritas en el 2015, tenían un riesgo vivo en enero de 2016 de 3,8 millones de euros y 23,4 millones de dólares, cancelándose estas fianzas ese año antes de su vencimiento pues, según ha manifestado Cesce al Tribunal de Cuentas, el proyecto, la construcción de una planta termosolar en Israel, se vendió, tal y como preveía el plan de viabilidad de Abengoa.

Por último, la única póliza procedente de un seguro a fiadores por riesgo de garantías bancarias se cerró con una indemnización total de 4,7 millones de euros entre 2016 y 2017. Cesce es una sociedad mercantil participada mayoritariamente por el Estado, con una representación del 50,25% en su capital social. El resto de accionistas son Grupo Banco Santander, con una participación del 23,88%, BBVA, con el 16,30%, otros bancos, con el 5,67%, y otras compañías de seguros, con el 3,90%.

El Tribunal de Cuentas analizará durante este año la gestión del cuestionado canon hidroeléctrico en los ejercicios 2015 y 2016

Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó, dentro de su programa de fiscalización para 2018, un informe sobre la gestión del canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, conocido como canon hidroeléctrico, durante los ejercicios 2015 y 2016.

De esta forma, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda analizará la gestión de esta tasa, aprobada en 2012 y lanzada en 2013 por el Gobierno de Rajoy tras la reforma energética con el fin de aplacar el déficit de tarifa. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando el Gobierno publicó el desarrollo del canon, gravando con un 22% la producción en instalaciones hidroeléctricas.

Contemplado como un impuesto medioambiental, el Gobierno justificó que «la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección» y que, para reforzar las políticas de protección, se hacía necesaria «la obtención de recursos que deben ser aportados por quienes obtienen un beneficio de su utilización privativa o aprovechamiento especial al posibilitar la producción eléctrica en centrales hidroeléctricas«.

La legalidad de este canon fue cuestionada el pasado junio por el Tribunal Supremo, que elevó tres cuestiones a la Justicia Europea antes de resolver los recursos de Unesa y Acciona contra el mismo, poniendo en duda si respondía a razones medioambientales, su compatibilidad con el principio comunitario de no discriminación en la Directiva europea sobre el mercado eléctrico, y si no constituía una ayuda de Estado a terceros competidores.

El Supremo denunció que únicamente el 2% de la recaudación del canon repercute en cada Confederación Hidrográfica, frente al 98% que se ingresa en el Tesoro Público, por lo que lo considera «un ingreso más del sistema eléctrico, al no destinarse la recaudación a la protección y mejora del dominio público». Posteriormente, el Gobierno elevó la tasa del 22% hasta el 25,5%, dentro de las medidas impulsadas para paliar los efectos de la sequía en algunas cuencas hidrográficas. El proyecto de ley, tramitado en el Congreso, fue aprobado en noviembre.

ERC, Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT piden al Tribunal de Cuentas investigar los sobrecostes del proyecto de almacén gasista Castor

Europa Press.- Diputados y senadores de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Unidos Podemos, Compromís y Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) presentaron en el Tribunal de Cuentas de Madrid, junto a la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sènia, una solicitud formal en la que piden que se abra una investigación por los sobrecostes del proyecto Castor de almacenamientode gas natural, y en la que exigen a la Administración responsabilidades.

Así lo ha asegurado la portavoz de la Plataforma, Cristina Reverte, que lo considera como un «acto de concienciación» y «reclamación» ciudadana. «Es una lucha más contra un proyecto que creemos innecesario y que ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana», ha señalado Reverte, que afirma que llevan 10 años luchando «pacíficamente» por esto. El documento que han presentado al Tribunal de Cuentas de Madrid declara, según ha afirmado la portavoz, el aumento de costes del proyecto, que al inicio suponían 400 millones de euros, según asegura la portavoz, y después aumentó a 1.700 millones de euros para, finalmente, ascender a más de 4.000 millones.

«No tenemos ninguna transparencia por parte de la Administración, a lo largo de 10 años hemos pedido que se expliquen las cosas, que se nos dé la información, porque al final, quien tenemos que pagar las facturas de otros y la responsabilidad de otros, somos la gente corriente», ha criticado. Las actividades en el almacén de Castor, situado entre Castellón y Tarragona, fueron paralizadas en septiembre de 2013 debido a que las inyecciones de gas provocaban terremotos en la zona de Vinaroz (Castellón). Un año después, en octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que acordaba el cierre de las instalaciones.

El Gobierno también acordó que el Gobierno indemnizaría con 1.350 millones de euros a Escal UGS, participada por el grupo ACS, la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, por su cierre. Pero el importe sería abonado por Enagás Transporte, lo que según advirtió OCU, repercutiría en los consumidores, los cuales acabarían pagando en su factura de gas durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual, lo que elevaría el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones.

Los diputados y senadores que apoyan a la Plataforma también han pedido responsabilidades al Gobierno y que se inicie una investigación. Por su parte, el alcalde de Alcanar (Tarragona), Alfons Montserrat (ERC) exigió «transparencia, claridad, e información» sobre Castor porque, a su juicio, «es la mejor manera de que no vuelva a repetirse». Montserrat tachó de «deplorables» las indemnizaciones acordadas por el Gobierno por su cierre y ha recordado que este almacén «ha puesto en peligro todo un territorio con alrededor de 500 movimientos sísmicos». Por su parte, el senador de ERC, Miguel Aubà, reclamó «que pague quien haya cometido el problema» y ha expresado su apoyo a la plataforma.

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, destacó que este proceso contra Castor se ha materializado en la petición para la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Navarrete señaló que se abordarían cuestiones como los motivos por los que no se hicieron los estudios de impacto medioambientales necesarios que exigía la ley, el aumento del gasto del proyecto, el motivo por el que las indemnizaciones del Gobierno repercuten en los usuarios del gas o quién dio la orden de inyectar más gas del que era capaz la infraestructura con una velocidad superior a la recomendada por los técnicos.

El PP quiere que Enresa ajuste el valor de las tasas que cobra a las nucleares para gestión de residuos

Así consta en una de las dos propuestas de resolución que el grupo popular ha presentado al informe anual de fiscalización de la gestión realizada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)del fondo para la financiación de las actividades del plan general de residuos radiactivos en los ejercicios 2010 y 2011.

Estas iniciativas serán debatidas en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Además, los populares quieren que se articule un procedimiento formal de comunicación entre Enresa y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que permita a aquella contrastar los elementos que integran las bases imponibles de las tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales y los registros correspondientes al sistema eléctrico.

Izquierda Plural, por su parte, planteó instar al Tribunal de Cuentas a realizar un informe de fiscalización específico referido a la actividad contractual de Enresa, abordando la fiscalización de la contratación de la empresa nacional de residuos a empresarios particulares, el volumen total de gasto subcontratado y el grado de concentración de adjudicatarios en los procesos de selección.

Revisión de los elementos tributarios

Fue a principios de febrero cuando el presidente del Tribunal de Cuentas presentó en sede parlamentaria una serie de recomendaciones a Enresa en las que le sugería la conveniencia de revisar cada año los elementos tributarios de las dos tasas que caen sobre los titulares de centrales nucleares para la gestión futura de los residuos radiactivos que estas generan.

Según el Informe de fiscalización de los ejercicios 2010 y 2011 del Tribunal, estas tasas se deberían actualizar en función de las necesidades de financiación futura resultantes de las actualizaciones socio-financieras de las previsiones contenidas en los en el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que Enresa comunica al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El objetivo de esta recomendación es «garantizar» que las dotaciones anuales al Fondo se distribuyan a lo largo del periodo que queda de vida útil de las centrales nucleares.

Además, para adecuar los recursos acumulados en el fondo para los costes futuros que deberá afrontar Enresa tras el cierre de las centrales nucleares en explotación, el Tribunal sugiere que podría plantearse «como alternativa» al incremento de la cuantía de las tasas que recaen sobre los titulares de las plantas atómicas, la «internalización por estas empresas» de los costes por asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que, a pesar de estar asociados a la generación de energía nucleoeléctrica, se han cargado anualmente desde su implantación al Fondo para la financiación de actividades del PGRR.

Asimismo, considera que Enresa «debería cargar» al fondo imputable a las centrales nucleares en explotación la «totalidad de los costes soportados» por Asignaciones a Ayuntamientos afectados por las centrales nucleares e instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radiactivos, que se han venido repartiendo entre los cuatro fondos en los que figuraba distribuido el Fondo para la financiación de actividades del PGR, a pesar de que la Ley de 1997 no les otorgó la consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento.

A juicio del Tribunal, teniendo en cuenta las cantidades recaudadas por tarifas, peajes o precios y los rendimientos financieros generados para afrontar los costes de la gestión de los residuos radiactivos del sector eléctrico y del resto de instalaciones radiactivas, tras el cambio regulatorio de 2009 «no garantizaría como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional» que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoléctricas.

Esto se debe a que no se obliga a revisar cada año los elementos tributarios de las tasas que recaen en los titulares de las centrales nucleares y a trasladarles cada año las desviaciones significativas que en la financiación de esos costes de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos.