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Sánchez impulsa el vehículo alternativo y el coche autónomo en su Agenda del Cambio: 60 medidas para un crecimiento «sostenible»

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Europa Press.- El Gobierno ha incluido un Plan de Movilidad sostenible en su Agenda del Cambio: Hacia una economía inclusiva y sostenible para impulsar la adopción de los vehículos con energías alternativas y promover la instalación de puntos de recarga en zonas urbanas. Además, el Ejecutivo incluyó en esta hoja de ruta, que sienta las bases de un desarrollo inclusivo y sostenible, programas piloto de coche autónomo y de acción 2019-2022 para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena logística.

Según el Gobierno, la red de infraestructuras físicas y digitales, junto con el «importante» sector de ensamblaje y componentes automovilísticos, un «potente» sector empresarial de energías renovables y de gestión del agua, permitiría liderar un proceso de transformación hacia la movilidad sostenible que atraiga inversión, genere nuevos empleos y promueva la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Todo ello se enmarca en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad del aire y de vida en las ciudades. Con su Agenda del Cambio, el Ejecutivo también aspira a situar a España entre los países líderes de procesos innovadores como los vehículos sin conductor.

Esta Agenda del Cambio, que guía la acción del Gobierno, se alinea con las reformas contempladas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para promover la educación, el crecimiento y el empleo de calidad, la innovación, la salud y el bienestar social, la igualdad de género, el respeto y la integración de la diversidad, y la sostenibilidad de los modelos de producción y consumo, según se destaca en el documento. El texto recoge más de 60 medidas a corto y medio plazo orientadas a apoyar el proceso de transformación ecológica, converger con los países más desarrollados en términos de bienestar y lograr una sociedad más igualitaria con una tasa de paro alineada con la media europea.

Guía la acción del Gobierno

La titular de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha señalado que la agenda es «ambiciosa y realista» y se trata del tercer eje de la política económica del Gobierno, junto a la política fiscal «responsable» y las políticas sociales. Calviño ha explicado que esta Agenda del Cambio ha guiado la acción del Gobierno «desde el primer día», ha vertebrado distintas medidas para decidir el modelo de crecimiento a medio y largo plazo. «No hay tiempo que perder para sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo a nivel económico, social y medioambiental», ha apostillado.

Para impulsar la transición ecológica se acometerán actuaciones para conseguir un marco regulatorio adecuado. En este punto, afirmó que la Ley contra el Cambio Climático y la transición energética, el Plan Nacional de Energía y Clima, y el Plan Nacional de movilidad sostenible están alineadas con los objetivos de largo plazo de España en la lucha contra el cambio climático y contribuirán a reducir las emisiones en un tercio para 2030 y aumentarán la participación de las energías renovables en el sistema eléctrico a un 70%. Así “se abrirá, al mismo tiempo, una oportunidad para la generación de nuevas orientaciones socioeconómicas, garantizando la transición justa».

Además, la Agenda del Cambio hace alusión a un Plan nacional integrado como principal instrumento para desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético para el periodo 2021-2030 y dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros. Otra de las reformas hace referencia a la regulación del autoconsumo compartido y simplificación de los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin cargos.

Las ONG ambientales aseguran que lo mejor del 2018 ha sido la eliminación del impuesto al sol y la reducción de los plásticos de un solo uso

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Europa Press. – Organizaciones ecologistas se han puesto de acuerdo en resaltar la eliminación del impuesto al sol en España y que la Comisión Europea haya aprobado la primera Directiva en el mundo que reduce los plásticos de un solo uso, como aspectos positivos del año 2018 en materia medioambiental.

Para la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, es un «motivo de celebración» que esté en trámite el Real Decreto del Autoconsumo, que elimina el denominado impuesto al sol. «Por fin se permite que la ciudadanía pueda generar energía de una manera diferente sostenible. En cuanto al cambio climático es una lástima que termine 2018 sin que tengamos una ley», ha apuntado.

En el mismo sentido, la coordinadora ha celebrado que «se haya adelantado» y que para 2020 «se vaya a implementar» en todo el Estado la recogida selectiva de materia orgánica. «Es algo en lo que estamos muy retrasados respecto a la Unión Europea en general y a los compromisos que nos ponen».

Para Ruibal también es un «avance muy importante» la Directiva sobre plásticos de un solo uso y la prohibición de algunos plásticos a nivel europeo.

Amigos de la Tierra cree que es una «mala noticia» para España y para la ciudadanía en general el resultado de la Cumbre de Cambio Climático celebrada en Katowice (Polonia). En este sentido, Ruibal ha criticado que ha sido un «fracaso absoluto» porque no ha prevalecido un «enfoque de justicia climática» en el que los países del norte «asuman su responsabilidad». «Los objetivos de los países nos llevan de cabeza a un aumento de temperatura de 3 grados y nos tenemos que mantener en 1,5, eso es un fracaso», ha lamentado.

Por otro lado,  Greenpeace ha celebrado que «tras años de campaña» en 2018 se ha conseguido la eliminación del impuesto al sol y «demás trabas al autoconsumo» de energías renovables. Sobre estas energías, ha destacado su participación en el «primer molino eólico comunitario» del Sur de Europa junto a 500 organizaciones y particulares.

 

Transición ecológica

Greenpeace cree que la creación en 2018 del ministerio para la Transición Ecológica es «vital» para que la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad y el territorio «pasen a ser prioritarios».

De la misma manera, ha celebrado la creación de un gran corredor como Área Marina Protegida en el Mediterráneo libre de extracciones de gas y petróleo que protegerá las migraciones de cetáceos; y la aprobación del Decreto sobre la conservación de la Posidonia en las Islas Baleares, que protege 650 km2 de esta planta marina.

Internacionalmente, la organización ecológica resalta como puntos positivos de 2018 el 32% del objetivo de energías renovables de la Unión Europea; la propuesta de la Comisión Europea de reducir las emisiones a cero para 2050 y del Parlamento Europeo un 55% para 2030; o que, según demuestra el IPCC, es posible evitar el calentamiento de más de 1,5 grados si se actúa con «urgencia y determinación».

En cuanto a las acciones negativas del 2018, Greenpeace critica un recorte del 56,5% del presupuesto destinado al medio ambiente en los últimos diez años; y que en España se pagan 18.000 millones de euros en subvenciones a las «energías sucias» en la factura de la luz. Además, lamenta la aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad «en contra del criterio de la comunidad científica y de conservación».

 

Impuesto al sol

Según el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, la eliminación del impuesto al sol una de las medidas «más claras y más necesarias» porque, en su opinión, era una «auténtica aberración». De la misma manera, para el coordinador, ese impuesto suponía un «freno» a cada persona, familia y vivienda de «utilizar energía limpia». 

Para Segura, «era una cosa inconcebible que no existe en ningún lado excepto aquí. Es una fantástica noticia, va a suponer un revulsivo y un incremento en la instalación de sistemas de energía limpia».

En materia de energía y cambio climático, la ONG ha criticado que en la cumbre de Katowice (Polonia) «se ha demostrado una vez más que los políticos de todo el mundo no están a la altura del reto». «Mientras se siguen incrementando las emisiones de CO2 mundiales y españolas nuestros timoratos planes de reducción de emisiones siempre encuentran trabas y dilaciones».

 

El Gobierno socialista concede una nueva prórroga de 10 años a la plataforma petrolífera Casablanca de Repsol en Tarragona

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó un real decreto para otorgar la segunda y última prórroga a la concesión de la plataforma petrolífera Casablanca por 10 años más, después de que Repsol haya cumplido con todos los requisitos técnicos y administrativos para su aprobación.

Por tanto, se otorga una segunda prórroga de la concesión con vigencia hasta el 27 de diciembre de 2028, tras la última concedida el 17 de marzo de 2009 por un periodo también de 10 años. Propiedad de Repsol y situada frente a las costas de Tarragona, Casablanca es la única plataforma petrolífera de España. La concesión de explotación de hidrocarburos de la planta fue otorgada por un real decreto de 1978 por un período de 30 años, con dos periodos adicionales de 10 años cada uno. Según indicaron fuentes del sector, había en juego unas inversiones totales cercanas a los 150 millones de euros durante estos últimos 10 años de prórroga de la concesión.

La producción actual de petróleo en la plataforma Casablanca, durante un año, supone un valor aproximado con precios sobre los 60 dólares por barril, de 40 millones de euros. Su producción actual ronda los 2.000 barriles equivalentes de petróleo al día. A eso hay que sumar el conjunto de actividades en el área de transporte, logística o suministros que se generan alrededor de la instalación, que representa una actividad tractora, especialmente en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià.

Además, no renovar la plataforma hubiera supuesto la pérdida de empleo, con cerca de 120 personas, con puestos de trabajo altamente cualificados y bien remunerados, dependientes de la instalación. Asimismo, se hubiera perdido una parte del compromiso de Repsol con el territorio, en forma de convenios (con el Consell Comarcal del Baix Ebre, para garantizar la prestación de un servicio de transporte público adaptado para personas con movilidad reducida y otras necesidades sociales). También otros convenios y colaboraciones, por ejemplo con la Cambra de Comerç de Tortosa, con el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, becas para formación y colaboración en proyectos de investigación.

La plataforma genera actividad empresarial y contratos de servicios, especialmente en las comarcas de Tarragona, por valor de 16 millones de euros al año. De estos, 7 millones de euros corresponden a la contratación de empresas y servicios en las comarcas tarraconenses (logística, compra de combustible, catering, servicio de aduanas, gestión de almacenes y compra de todo tipo de materiales).

En este sentido, la Asociación de Empresarios de las Comarcas del Ebro (AECE) mostró su «total apoyo» a la plataforma petrolífera y mostró su preocupación «por la incertidumbre» en la que estaba. Así, exigió el visto bueno a esta prórroga, ya que de no ser así «supondría una parada de la producción, inestabilidad en su estructura, tanto a nivel de dirección como de personal y un perjuicio económico muy importante».

Reyes Maroto anuncia que el nuevo impuesto al diésel acompañará a los Presupuestos Generales del Estado 2019

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Europa Press. – La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno trabaja en un borrador sobre la nueva fiscalidad del diésel, vinculada a la transición ecológica, que acompañará a la presentación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

Maroto ha indicado, en una entrevista a Europa Press, que aunque el Ejecutivo tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el proyecto de PGE, se retrasará «un poco, no mucho» y anunciado que, de la mano de los PGE, vendrán diferentes medidas fiscales.

«Se ha hablado mucho del diésel, pero la realidad es que todavía no se ha puesto encima de la mesa un posible borrador para ver, con los sectores implicados, la letra pequeña de lo que será el impuesto al diésel», ha añadido, al tiempo que ha resaltado que el Ejecutivo tiene que ir «más deprisa» en la transición a la reducción de emisiones, tras dispararse las de dióxido de carbono (CO2).

La ministra ha afirmado que desde el Gobierno están trabajando con un borrador de la nueva fiscalidad al carburante diésel y ha señalado que se analizará junto con el sector del automóvil, con el fin de llegar a un «buen impuesto» que marque la ‘hoja de ruta’ hacia la reducción de las emisiones, pero de una forma que el sector pueda acompasarse a estos cambios.

 

Sin acierto

En otro orden de cosas, Maroto ha sugerido que las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que aseguraba que «el diésel tenía los días contados» no fueron acertadas, tal como reconoció posteriormente la propia Ribera.

En esta línea, ha indicado que el Gobierno está trabajando en una fiscalidad que recoja las peticiones de la Comisión Europea, pero junto con políticas económicas que ayuden a que la transición hacia la reducción del CO2 sea de una forma ordenada».

 

Ecologistas piden a Pedro Sánchez varias medidas urgentes para afrontar una «verdadera» transición ecológica

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EFE / Europa Press. – Las principales organizaciones ecologistas han manifestado cuáles son las diez medidas «imprescindibles y urgentes» que el Gobierno debería adoptar en los primeros cien días para afrontar una «verdadera» transición ecológica, entre ellas un calendario de cierre de las centrales nucleares y de las de carbón.

Los responsables de Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción han celebrado el nombramiento de Teresa Ribera como ministra para la Transición Ecológica por la sensibilidad y conocimiento medioambiental que ha demostrado durante los últimos años, pero han insistido en que tiene capacidad ejecutiva y ahora es el momento de demostrar «la valentía que le presuponemos».

Entre las medidas que proponen destacan el establecimiento de un calendario de cierre de las centrales nucleares y de carbón en 2025 y su sustitución por renovables, una Ley de Cambio Climático con objetivos ambiciosos o la prohibición de las prospecciones petrolíferas en mar y en tierra y la fractura hidráulica («fracking»).

En este sentido, recuerdan que la primavera de 2019 es «clave» para saber cuál es la posición del Gobierno de Sánchez, al ser la fecha en que acaba la licencia de Almaraz, por lo que el Ejecutivo «se va a tener que retratar» con la decisión que tome.

Además, solicitan que se ponga en marcha una Auditoría del Agua en España, la paralización de los Planes de Sequía y la Estrategia de Regadío, elaborar un Plan Nacional de Humedales, que suspenda el trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona), retirar los recursos contra las sentencias que bloquean la construcción de los pantanos de Biscarrués y Mularroya, y que inicie un Pacto por el Agua.

En materia de energía, las ong conservacionistas han señalado que las interconexiones gasistas son «contradictorias» con los objetivos climáticos fijados en París, y han pedido que se deniegue la autorización previa para la construcción del Almacén Temporal Cetralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas (Cuenca) mientras no exista un calendario de cierre «ordenado» de las centrales nucleares.

Para combatir la contaminación, piden una equiparación de los impuestos del diesel y la gasolina, revisar las etiquetas de la DGT sobre las emisiones reales de los vehículos y respaldar los planes de mejora de calidad del aire que se han puesto en marcha en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

 

Perdida de Biodiversidad

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha dado «la urgente voz de alarma» en materia de biodiversidad. Las organizaciones quieren que Sánchez se oponga a la reforma, actualmente en trámite, de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Para Ruiz, la oposición del Ejecutivo a la modificación de la Ley es una «prueba de algodón» sobre sus intenciones en medio ambiente y recomienda, si no fuera posible paralizar la modificación, llevar este asunto al Tribunal Constitucional. En materia de biodiversidad, las entidades también quieren que se ponga en marcha los planes de las especies declaradas en estado crítico; y paralizar las licencias de pesca de coral rojo en Cataluña.

En cuanto a residuos, quieren que defienda una Directiva ambiciosa que reduzca el consumo y distribución de plásticos de un solo uso y que aproveche la modificación planteada de la Ley de residuos 22/11 para conseguir la separación selectiva de biorresiduos en 2020, y adelantar la separación de textil a 2020.

También exigen la reducción del uso de pesticidas en un 30% para 2020. En particular, piden la prohibición de aquellos plaguicidas más peligrosos y los que interfieren con el sistema endocrino, evitar la concesión de permisos generalizados para el uso de sustancia prohibidas, prohibir el uso veterinario del diclofenaco e iniciar la elaboración de un Plan Nacional de Salud Ambiental.

Finalmente, quieren una Ley del Tercer Sector de Acción Medioambiental que reconozca el papel de las organizaciones ambientales y que el nuevo Gobierno garantice la presencia de estas en todos los consejos consultivos con implicación ambiental. En particular, quieren un representante ecologista en el Consejo Económico y Social.

 

Teresa Ribera apunta a ministra de Transición Energética y Medio Ambiente con el cambio climático en el punto de mira

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Europa Press / EFE.- La ex secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, ha aceptado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para encargarse del área de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del nuevo Gobierno, según han confirmado fuentes de la dirección socialista.

Este nuevo gran Ministerio aglutinará las áreas de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Falta por perfilar el nombre definitivo de la cartera ministerial; se barajan dos alternativas: o bien Transición Ecológica o bien Transición Energética y Medio Ambiente. Teresa Ribera fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y ocupó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático desde 2008 hasta 2011. En la actualidad, Ribera es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), con sede en París, desde junio de 2014 y es una gran conocedora de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático y medio ambiente.

Las organizaciones ecologistas valoran a Teresa Ribera como una persona adecuada para este puesto. Así, las principales organizaciones como Ecologistas en Acción, WWF o SEO/BirdLife han acogido con agrado la propuesta para esta cartera. Entre otros, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, destaca que Teresa Ribera es «sensible» a los temas ambientales y «muy competente«. «Con ella, aunque no está claro que la correlación de fuerzas en el Congreso permita grandes cambios, al menos la cosa no iría a peor«, ha manifestado.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, ha valorado su experiencia como secretaria de Estado; su visión internacional «única en España» y el hecho de que ha trabajado con Pedro Sánchez en el diseño de la transición energética. «Es respetada por todos los sectores y creo que sería un buen comandante para este barco. Es idónea para dar un giro y cuenta con el suficiente apoyo para hacer cambios necesarios con gran respaldo«, sentencia. Finalmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado su «capacidad de sobra para trabajar en cambio climático».

Más renovables y mayor eficiencia

Por su parte, la Fundación Renovables ha pedido al nuevo Ejecutivo que haga avanzar a España hacia un cambio de modelo energético en el que las energías renovables y la eficiencia deben tener el papel protagonista. La Fundación declara que la situación energética del país es «insostenible«. Según sus datos, ha afirmado que España padece un 83% de dependencia exterior de la demanda final energética, que registra un aumento del 20% de las toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono (MtCO2) entre 1990 y 2015 y ha sufrido un parón en la instalación de potencia renovable entre 2013 y 2018.

Fundación Renovables resalta que estos datos muestran cómo España «no sólo ha perdido el liderazgo que mantuvo hasta el 2010», tanto en el desarrollo de las energías renovables como en la creación de un tejido industrial del sector. Por ello, la organización aseguró que sería imprescindible que España se sume a la «senda» de los Estados miembros que están liderando la transición energética en la Unión Europea y apruebe la Ley de Cambio Climático, alcanzando un pacto político que permita al sector renovable «recuperar la legalidad y la seguridad jurídica».

Asimismo, Fundación Renovables ha instado a llevar a cabo una reforma real del sistema eléctrico que permita reducir el coste de la electricidad, eliminando y modificando las distintas partidas que lo forman con racionalidad y transparencia, como por ejemplo haciendo desaparecer el impuesto del 7% para la generación de electricidad con fuentes de energías renovables. Además, ve necesaria la puesta en marcha de una política fiscal activa con herramientas que favorezcan aquellas prácticas que aceleren y faciliten un cambio de modelo energético y penalicen las que lo ralentizan u obstaculizan.

De la misma forma, la Fundación defiende un cambio de modelo energético que ha de ser también social y económico y que conlleva la democratización de la energía, colocando al ciudadano como actor principal. En este sentido, ha declarado que para llegar a la descarbonización consensuada a nivel mundial para 2050, es «imprescindible» plantearse ya metas a 2030 y actuar «de forma prioritaria» sobre la demanda. En cuanto a la oferta, la Fundación Renovables insiste en que la tecnología renovable está lista para asumir el papel que le corresponde en un modelo sostenible y que «nadie tiene dudas sobre su competitividad», tras el «espectacular» descenso de costes que ha experimentado..

El sector renovable espera cambios

En este sentido, el Clúster de la Energía de Extremadura ha expresado la «esperanza» que tiene depositadas el sector de las renovables en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, para que las impulse con un cambio de rumbo, y ha pedido medidas contundentes que lleven a su desarrollo. Según expone su presidente, Vicente Sánchez, el sector tiene puestas sus miras en la promulgación de una ley que ponga en valor las energías renovables, para que éstas sean un motor económico, tal y como acontece en la mayoría de países occidentales.

A tenor de lo que han venido diciendo los partidos políticos en relación con este sector durante los últimos meses, cree que el PSOE no debería tener problemas para encontrar la mayoría suficiente para impulsar las energías renovables y el autoconsumo, ámbito este último que generaría una gran riqueza y puestos de trabajo en la comunidad extremeña. En su opinión, si se tiene en cuenta que el PSOE buscará algunas leyes de impacto durante este tiempo, y a tenor de las dificultades con las que se encontrarán los socialistas en otros ámbitos, las energías renovables debieran ser uno de sus objetivos, a juicio de Sánchez.

Por este motivo, el sector extremeño estará «expectante» e instará a la Junta de Extremadura, que ha mostrado en múltiples ocasiones su apoyo a las renovables, a que ponga este tema sobre la mesa en sus reivindicaciones al nuevo Gobierno. Sin embargo, Sánchez ha reconocido que al inicio de la legislatura de Mariano Rajoy también se pensaba que se abría una nueva etapa en el ámbito de las renovables y luego se «quedó en nada».

El temor a que se repita la situación, unido a la «inestabilidad» del nuevo Gobierno, hace que el sector extremeño sea «prudente», según Sánchez, aunque «es verdad que el PSOE posee más interés que el PP, que tiene cero en este ámbito». «Pese a las trabas puestas hasta ahora, el sector que más empleo genera en España hoy son las renovables y la eficiencia energética, y por este motivo es fundamental que se impulse», insiste.

Pola confía en que el PSOE asuma la posición del Gobierno de Asturias sobre el carbón

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EFE. – El consejero de Industria, Isaac Pola, piensa que la dirección del PSOE asuma la postura del Gobierno asturiano sobre el futuro del carbón y de las centrales térmicas y no la reflejada en el documento encargado a un consejo de expertos sobre la transición ecológica de la economía.

En el nombrado borrador de recomendaciones, elaborado tras siete meses de trabajos, plantea el cierre del carbón en 2025 e incide en que, para cumplir con el Acuerdo de París, se requiere del cierre ordenado de las centrales térmicas en esa fecha y de las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, con alternativas para las zonas en las que se encuentran.

Así, el consejero ha recordado que en el Principado las dos terceras partes de la energía que se genera procede del carbón; exporta entre un 15 y un 20 por ciento de la electricidad que produce y casi el 50 del consumo se realiza en la industria, circunstancias que se no producen en otras comunidades autónomas.

De esta forma, ha asegurado, una transición energética no adecuada «tendría consecuencias particularmente importantes», en especial sobre la industria electrointensiva por el incremento del precio de la energía, lo que hace imprescindible que el proceso hacia la descarbonización sea «inteligente, planificado y ordenado» y que se lleve a cabo de forma «justa» con los territorios afectados.

El criterio de respetar la singularidad de cada territorio coincide con el expresado por la Unión Europea, ha apuntalado Pola tras incidir en que el Gobierno ya ha hecho constar a la dirección del PSOE su desacuerdo con el documento elaborado por el comité de expertos y que confía en que asuma sus planteamientos