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Las organizaciones ecologistas denuncian el «hachazo» presupuestario al Medio Ambiente, que creen que «no es una prioridad para el Gobierno»

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Europa Press.- Las organizaciones ecologistas lamentan el «nuevo retroceso» presupuestario que tendrá el medio ambiente en 2017 y que evidencia que esta materia «no es una prioridad del Gobierno» ya que, de acuerdo con el proyecto de Presupuestos del Estado, tendrá un «hachazo» en su asignación del 8,1%, de modo que contará con 1.723 millones de euros.

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, ha criticado la ausencia de toda mención a la fiscalidad verde. Precisamente, considera que los Presupuestos Generales del Estado son «tan rácanos» por la «baja tasa fiscal» y lamenta que el Medio Ambiente acumule un descenso del 75% respecto a los de 2011. Además, González reconoce que esperaba que el Gobierno iniciara una política de fiscalidad verde a través de la eliminación de las subvenciones y ayudas a los combustibles fósiles.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha censurado el descenso presupuestario que supone «un nuevo recorte» que se suma a la disminución de un 70% en estas partidas en la última década. «Queda claro que el medio ambiente no es una prioridad para el Gobierno», ha sentenciado. En general, ha advertido de que el proyecto presupuestario presentado en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta «muchas carencias» en áreas como residuos o calidad del aire. «No se justifica la importancia del medio ambiente en la pequeña asignación que le han dado», ha apostillado.

Desde Greenpeace, también han criticado el «hachazo» presupuestario a la lucha contra el cambio climático y advierte de que con esta cuantía la «anunciada» Ley de Cambio Climático nacerá sin capacidad ejecutiva. La ONG critica que el Gobierno antepone las indemnizaciones a las eléctricas a la reducción del déficit de tarifa, que se carga a los consumidores, y evidencia su «desinterés» por el cambio climático. El «hachazo» de esta partida en 2017 prevé una partida de 27,64 millones de euros, un 45,6% menos que los 50,85 millones de 2016. Para la Oficina Española de Cambio Climático se presupuestan 26,94 millones de euros en gastos, lo que supone un 45,8% menos.

A este respecto, la responsable de la campaña de cambio climático de la organización, Tatiana Nuño, lamenta la «señal política muy negativa de falta de compromiso» para cumplir con el Acuerdo de París «justo cuando se necesita mostrar más fortaleza para resistir los ataques de la Administración Trump» y avanzar hacia un sistema eléctrico en 2030 basado prácticamente al completo en energías renovables. Por ello, exige al Ejecutivo «coherencia» para dotar económicamente la ley de Cambio Climático y el Plan Integrado de Energía y Clima que cada país europeo tiene que presentar antes de diciembre.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha valorado de forma preliminar los presupuestos presentados para 2017 y advierte de que las partidas presupuestarias que se destinarán a medio ambiente «difícilmente» permitirán cumplir los objetivos. «Es triste comprobar cómo en menos de 10 años el presupuesto se ha visto reducido en un 70%. Un año más el medio ambiente da una merma en sus presupuestos», lamenta.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, denuncia el «hachazo» en partidas clave como biodiversidad y cambio climático. «Ya estábamos en niveles de país de tercera fila, pero esto no se corresponde con los compromisos internacionales de España ni con el país de mayor biodiversidad de Europa», denuncia.  A su juicio, este Ministerio está «infrafinanciado» mientras la biodiversidad «se va de las manos» y empeora «año tras año».

Por su parte, el partido verde Equo considera que con este «enorme recorte» medioambiental, el Gobierno obvia las consecuencias que tiene el cambio climático para España. Así, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha subrayado que «importan los hechos, no las palabras» y que las prioridades políticas se demuestran «poniendo recursos» económicos. «Este Gobierno ha reducido hasta la miseria el presupuesto de la lucha contra el cambio climático, poniendo con ello de manifiesto hasta qué punto ignoran el grave problema del calentamiento, que sin duda aún supondrá un coste aún mayor», ha apostillado.

Greenpeace plantea en las cuencas mineras las renovables como alternativa económica en un futuro sin carbón

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EFE.- La organización ecologista Greenpeace ha elaborado un informe en el que plantea que las energías renovables, la agroindustria y el turismo de experiencias son las posibilidades de desarrollo para la comarca minera de Teruel, ante el escenario del fin de la explotación del carbón.

En diciembre cerró la última mina de interior de Aragón, ubicada en Ariño, localidad donde todavía se explota una a cielo abierto junto a otra en Estercuel, y ambas con la incertidumbre de si cerrará o no la central térmica de Andorra (Teruel), su principal cliente. Las comarcas mineras como la de Teruel ven ya cerca un futuro sin carbón y la realidad es que no ven futuro, porque tal y como demuestra el estudio de la organización ecologista, siguen siendo muy dependientes del lignito.

«Si se hubieran hecho estos trabajos desde el principio, quizá la transición ya se hubiera hecho con los fondos que se han invertido», explica Tatiana Nuño, responsable de Energía de de Greenpeace. Bajo el título Más allá del carbón. Alternativas sostenibles para el futuro de las cuencas mineras. Estudio de caso: El desarrollo alternativo de la cuenca minera de Teruel, el informe es el primero que realiza de manera detallada la ONG sobre una zona minera, apunta Nuño. En el caso de la cuenca minera turolense, el estudio concluye que, a pesar de los planes de reconversión, casi la mitad del Valor Añadido Bruto de la zona continúa dependiendo de la extracción minera y de la central térmica de Andorra.

El futuro pasaría, según este estudio, por el turismo de experiencias, el sector agroalimentario y sobre todo el desarrollo de energías renovables, para lo que la zona tiene, según Nuño, mucho a su favor, al contar con estructuras de evacuación previas y de grandes redes de transporte de energía. También destaca el estudio la existencia de recursos energéticos tanto en energía solar como en eólica y en menor medida biomasa. La organización ecologista ha elegido la cuenca minera turolense como caso de estudio, y piensa que su experiencia puede servir para otras zonas de España, que deberían contar con un plan coordinado por las administraciones.

El desempleo en las minas y los negocios relacionados ha ido en aumento en el último año y el futuro es más que incierto para la central térmica de Andorra, después de que Endesa no se plantee de entrada la inversión en las centrales térmicas. Según Nuño es necesaria una «transición justa y sostenible de todas las cuencas minero eléctricas» y hacer un seguimiento de los fondos públicos que se han dedicado a la reconversión.

El Acuerdo del Clima de París entra en vigor en todo el mundo aunque España aún no lo ha ratificado

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Europa Press.- El calificado como «histórico» Acuerdo de París contra el Cambio Climático, que se adoptó el pasado mes de diciembre en la capital francesa, entró en vigor a nivel mundial este viernes, apenas una semana antes de que comience la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático (COP22) que se celebrará en Marrakech, aunque España aún no ha ratificado sus compromisos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El acuerdo, adoptado en la COP21, ya está en vigor, tal y como se acordó, 30 días después de que al menos 55 países que suman el 55% de las emisiones globales de CO2 ratificaran su compromiso de lucha para conseguir que el incremento de la temperatura global del planeta se quede por debajo de los 2 grados centígrados y conseguir una economía libre de emisiones en la segunda mitad de siglo. Lo cierto es que España no ha ratificado todavía el acuerdo formalmente, aunque sí participó en la firma del mismo en una ceremonia auspiciada por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, el 22 de abril.

A este respecto, el secretario de Estado en funciones, Pablo Saavedra, explicó que ya está «todo preparado» pero «no ha sido posible ratificarlo por parte de un Gobierno en funciones» y confía en que, en el primer consejo de ministros «ordinario» del próximo viernes 11, el Ejecutivo pueda elevar a las Cortes Generales su ratificación y que el Parlamento pueda tramitarlo «en el menor tiempo posible«. En todo caso, ha admitido que no se puede esperar que España deposite sus instrumentos de ratificación antes o durante la COP22 de Marruecos porque la tramitación parlamentaria llevará «entre 3 y 6 meses».

«Es un tema de procedimiento y no tiene más consideración porque estoy seguro de que va a existir un consenso de todas las fuerzas parlamentarias están de acuerdo en la ratificación», ha apostillado. Una vez elevado, todo dependerá del Parlamento, aunque reconoce que la aplicación práctica para España viene dada por la ratificación de la Unión Europea y que bajo este paraguas estará representada en la toma de decisiones, ya que la posición común de cara a la COP está aprobada por sus Estados miembro.

En cuanto al papel de España, Saavedra ha manifestado que en la Cumbre de Marrakech que se celebrará del 7 al 18 de noviembre España persigue avanzar en «todos los temas» de forma «equilibrada» y prestará especial atención a obtener resultados «tangibles en los textos de negociación». Igualmente, ha destacado que en ese marco España perseguirá aumentar la acción climática y los mecanismos de transparencia antes de 2020, de modo que en esta cumbre se logren reglas que hagan «operativo» el Acuerdo de París y sentar las bases para que los países implanten sus planes de lucha contra el cambio climático a partir de 2020.

Saavedra destacó que el acuerdo es «un paso decisivo y salto cualitativo» respecto al Protocolo de Kioto por lo que su entrada en vigor es «una excelente noticia» porque supone que el acuerdo tiene continuidad y que el impulso tras la COP21 «no ha cedido«. Del mismo modo, espera que su «gran ambición» se vaya incrementando y resaltó que ha sido firmado por todo el mundo y ratificado tempranamente por más de 80 países que suman en torno al 70% de las emisiones de CO2.

Piden a España ratificarlo ya

Por su parte, las ONG ambientales celebraron la entrada en vigor del Acuerdo del Clima, que consideran «el de mayor trascendencia social» de la historia. La directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, pide a España «la máxima diligencia al nuevo Gobierno para que pueda ratificar los compromisos climáticos durante la celebración de la COP22 «. «Sería una fantástica señal al mundo de que España está a la altura de los problemas globales a los que se enfrenta en próximas décadas», manifestó. A su juicio, se deberá dar un «vuelco» al modelo económico y energético que se ha construido durante décadas en el planeta. En este sentido, ha pedido que la nueva legislatura siente las bases de ese cambio de modelo.

Por su parte, Greenpeace ve una «muy buena noticia para el planeta» su entrada en vigor porque comienza un «camino irreversible» hacia la «completa» eliminación de los combustibles fósiles. La directora internacional de la ONG, Jennifer Morgan, ha calificado de «momento crucial» el presente para «evitar el caos climático» mediante soluciones limpias, seguras e inteligentes que ya están probadas y listas para ser implantadas. «Las renovables son beneficiosas para la salud, el empleo y el medio ambiente, por lo que no podemos dejar pasar esta oportunidad con objetivos nacionales débiles que supondrán grandes gastos y grandes riesgos», ha concluido Morgan.

A nivel nacional, Greenpeace espera que el nuevo Gobierno «no eluda sus responsabilidades y comience a poner en marcha medidas para reducir sus emisiones». La responsable de la campaña de cambio climático de la ONG, Tatiana Nuño, advierte al nuevo Gobierno de que «tiene que dar un giro de 180 grados a las políticas energéticas que han marcado los últimos años» y favorecer un crecimiento «acelerado» de las energías renovables, permitir el autoconsumo y fijar en 2025 como máximo el cierre de las térmicas de carbón. «Son objetivos imprescindibles tras la entrada en vigor del Acuerdo de París», ha apostillado.

Del mismo modo, espera que en las negociaciones de Marrakech, los Gobiernos aborden con urgencia la brecha entre los compromisos asumidos y los necesarios para lograr que la temperatura del planeta no supere 1,5ºC de incremento. En esta línea, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, lamentó que el acuerdo COP21 entra en vigor con un nivel de ambición «insuficiente» ya que aunque se cumpliera «todo lo previsto en el acuerdo» se seguirá superando los límites del objetivo de seguridad, pues la temperatura global se incrementaría unos 3,4ºC.

A nivel nacional, criticó que el Gobierno no haya ratificado el acuerdo con la «excusa» de que estaba en funciones pero asegura que con ahora ya no hay razón para que España no ratifique el acuerdo. Aún más, quiere que España sea un «actor relevante» que contribuya a ese esfuerzo global y para ello cree que lo primero es «hacer los deberes en casa». En ese sentido, recomienda al nuevo Ejecutivo que impulse las renovables, acabe con el carbón y aporte recursos suficientes al Fondo Climático porque por mucha crisis económica que tenga España «están mucho peor en los países en desarrollo que sufren las peores consecuencias del cambio climático».

Greenpeace exige al PP un pacto energético que apueste por las energías renovables

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha reclamado al Partido Popular que cualquier pacto sobre política energética al que llegue con otras fuerzas políticas debe incluir el abandono de las energías sucias, incentivar las de origen renovable, el cierre progresivo de las centrales nucleares y prohibir los proyectos de fracturación hidráulica.

La ONG reacciona así al anuncio del PP, cuando ha dicho que diseñará una estrategia energética a medio y largo plazo a la que pretende que se sumen PSOE, Ciudadanos y PNV.

Además, reclama que en ese diseño se incluya en concreto el cierre de las centrales térmicas de carbón, junto con un plan de cierre justo para las cuencas mineras y la aprobación urgente del Plan Nacional Transitorio (PNT), de modo que se pueda asegurar el cumplimiento de las normativas europeas y el Acuerdo de París.

En este contexto, la responsable de la campaña Clima y Energía de Greenpeace, Tatiana Nuño, considera que estos son los «ejes imprescindibles» en los que deberá fijarse cualquier partido que «pretenda apoyar o diseñar un posible pacto de Estado» en materia energética deberá tener en cuenta lo que votó la mayoría en las recientes elecciones del 26 de junio.

Además, exige que cualquier pacto o estrategia energética se establezca teniendo en cuenta el cumplimiento del Acuerdo del Clima de París e insta al futuro Gobierno a su ratificación urgente.

En toco caso, Greenpeace ve «positivo» e «inevitable» que las renovables sean el principal eje en el que se basará el sistema eléctrico. Sin embargo, no ve «apropiado» ni «justo» que estas sean las únicas energías que se queden sin ayuda, cuando «todas» las fuentes sucias de energía aún perciben «subvenciones encubiertas» como los incentivos a la inversión, los pagos por disponibilidad o se les permite no hacerse cargo de todos sus costes sociales y ambientales.

«Decir que sólo operarán las térmicas de carbón que cumplan con los límites de emisión es una obviedad, pero es imprescindible asegurar que no se darán subvenciones ni bonificaciones a las empresas propietarias para ese cumplimiento. Además debe definirse el plan de cierre de todas las térmicas de carbón, como ya han hecho o acordado otros países como Austria, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Reino Unido o Finlandia», ha añadido Nuño.

Los ecologistas piden el cierre programado de las centrales de carbón

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EFE / Europa Press.- Las cinco organizaciones ecologistas de ámbito nacional reclamaron a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que el Gobierno aborde el cierre programado de las centrales de carbón para cumplir los objetivos asumidos en el acuerdo del clima de París. Así lo indicó a la salida del Consejo Nacional del Clima, la portavoz de cambio climático de WWF, Mar Asunción.

Las cinco grandes organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) exigieron a la ministra Tejerina «mayor ambición a nivel nacional, ya que en las proyecciones que se manejan para los próximos años siguen aumentando las emisiones». «Nos parece que es totalmente impresentable que un país desarrollado como España, no lance el mensaje adecuado, y maneje escenarios en los que crecen las emisiones», indicó Asunción.

Las ONG plantearon a la ministra «objetivos energéticos concretos para que bajen las emisiones», entre ellos «la necesidad de tener un cierre programado de las centrales de carbón, ya que estos dos últimos años las emisiones de electricidad con carbón han estado aumentando muchísimo». Asunción lamentó, sin embargo, que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, «siga buscando recovecos para que España continúe produciendo electricidad del carbón».

Los ecologistas quieren que España apoye en el seno de la Unión Europea una mayor ambición de los compromisos de reducción presentados para 2030 cuando se ratifique el acuerdo de París. Actualmente, la Unión Europea se ha comprometido a una reducción de emisiones del 40%, a un porcentaje de renovables del 27% y la misma cifra en eficiencia energética para 2030. Asunción lamentó también «las evasivas y las respuestas generales» con las que la ministra ha contestado a sus preguntas.

“Falta compromiso contra cambio climático”

Por otro lado, las ONG ambientales no ven que el Gobierno esté dando pasos decididos para luchar contra el cambio climático en España, pese a ser uno de los países más vulnerables de Europa a este fenómeno. Así, el portavoz de Amigos de la Tierra, Héctor del Prado, lamentó que García Tejerina se dedicara a «tirar balones fuera» sobre todo respecto a la vinculación de modelo energético con las emisiones de efecto invernadero. Además criticó que la ministra se ciñera a que España se limita a los objetivos marcados por la Unión Europea, algo que, aunque es perfectamente legal, Del Prado cree que España debería ir más allá puesto que es una de las grandes economías y «debe dar ejemplo».

«La ministra dice que el Acuerdo de París y los objetivos 2020 van bien y que va a cumplir con todo. Ha explicado verdades a medias. Da la sensación de que todo va perfecto, pero algo no va bien cuando llevamos los 9 meses consecutivos más calurosos de la historia«, comentó. Para Del Prado, el Ministerio y la Oficina Española de Cambio Climático tienen «buenas intenciones, pero les falta fuerza para imponerse a otros departamentos y ser más ambiciosos”, en alusión al Ministerio de Industria.

En la misma línea, la portavoz de energía de Greenpeace, Tatiana Nuño, subrayó que en 2015 se aumentó un 23% el uso de carbón lo que ha provocado un crecimiento de las emisiones de CO2 del 4%. «Con el Acuerdo de París en la mano, que marca el fin de los combustibles fósiles, deberían trabajar en algún programa para marcar el fin de las térmicas de carbón y en un plan de transición justa una economía baja en carbono. Está claro que no podemos seguir subvencionando las energías sucias», opina Nuño que calificó de «un poco difusa» la respuesta de García Tejerina en esta cuestión.

Reclama medidas ambiciosas al Gobierno

De este modo, le han trasladado que el Gobierno sigue favoreciendo las energías sucias y que prevén que pese al Acuerdo de París vaya a haber «cambios importantes en las políticas que marquen la diferencia» por lo que ha advertido al Ministerio de Agricultura de que ese acuerdo global no es suficiente, de modo que se deben implantar medidas más ambiciosas. En cuanto al Plan Nacional de Adaptación cree que se debería recalcular el crecimiento de emisiones previsto hasta 2020.

Por su parte, el portavoz de energía de SEO/BirdLife, David Howell, reprochó que a pesar de que las emisiones han aumentado la ministra ha tratado de presentar los datos como «una buena noticia», igual que los datos del Plan Nacional de Adaptación o de la implantación del Acuerdo de París. A su juicio, España debería estar liderando la lucha contra el cambio climático en Europa al ser uno de los países más vulnerables, por su dependencia de los combustibles fósiles y sus condiciones climáticas. Entre las propuestas que WWF considera necesarias, estima que Europa debe modificar el sistema del comercio de emisiones, la directiva de renovables, avanzar en eficiencia energética y acometer un reparto de esfuerzos en los sectores difusos.

«Lo suyo es tener ya propuestas firmes en esas áreas para descarbonizar el transporte y la economía con avances importantes, no con el goteo actual de pequeñas medidas», ha valorado Howell, que cree que a España le faltan también mayores objetivos en el Plan Nacional de Adaptación para reducir la vulnerabilidad de España al calentamiento global. Finalmente, ha indicado que las ONG han instado al Ministerio a establecer un programa de cierre de las minas de carbón, de las centrales térmicas y de las nucleares.

Greenpeace reclama abandonar los combustibles fósiles en 2050 para evitar el calentamiento de 1,5 grados mientras WWF pide más ambición

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Europa Press / EFE.- Las organizaciones ecologistas están en vilo: WWF pide que el acuerdo que salga de la Cumbre de París incluya la revisión de las contribuciones nacionales de reducción de CO2 para mejorar «la ambición» y desde Greenpeace inciden en que es necesario el «abandono total» de los combustibles fósiles en 2050 si se quiere impedir el calentamiento global de 1,5 grados.

La responsable de la campaña de Cambio Climático de la organización ecologista, Tatiana Nuño, denuncia que a pesar de que el borrador mantiene el objetivo de no sobrepasar de 1,5 grados el aumento de la temperatura media del planeta, «detrás de algunas de las palabras» pueden verse todavía «los intereses de los estados productores de petróleo». Para Greenpeace, «lo peor» que aparece en este borrador es «cómo está formulado lo relativo a la fecha límite» para la eliminación de las emisiones de carbono. «Es necesaria una fecha clara», ha insistido y ha aconsejado establecer un «plazo ajustado» para 2050 ya que, según Greenpeace, ésta es la «única forma de no sobrepasar» ese grado y medio.

«El plazo de 2050 para la descarbonización total es factible si se pone la necesaria voluntad política. Los hechos juegan a favor. Gracias al crecimiento de las energías renovables, las emisiones mundiales pueden estar ya dejando de crecer», ha explicado Nuño. Por último, la ONG ha destacado que «hay una desconexión entre lo que está sucediendo en la sala de conferencias de la COP y lo que ocurre en el mundo real». Por ello, ha pedido a los negociadores que «eleven el listón» y que si «son capaces de comprometerse con una meta de 1,5 grados» también «deben ser capaces» de establecer una fecha de eliminación de los combustibles fósiles.

«Jugar al póquer» el futuro

Por su parte, el director de Greenpeace, Kumi Naidoo, también instó a los líderes de los países negociadores a «dejar de jugar al póquer» con el futuro de la humanidad y cerrar un acuerdo ambicioso en la cumbre climática de París, que persiga contener el calentamiento global en 1,5 grados a finales de siglo. «No pueden seguir jugando a un póquer político con el futuro de nuestros hijos y sus hijos. Tienen que preguntarse: si no cierran un acuerdo ahora, cuándo; si no aquí, dónde; y si no nosotros, quiénes lo hará», dijo Kumi Naidoo.

«El planeta como tal no necesita ser salvado, porque si fracasan, lo que va a pasar es que nosotros desapareceremos, la humanidad como especie desaparecerá y una vez que esto suceda los océanos y los bosques se recuperarán», afirmó. Naidoo advirtió de que con la naturaleza no se puede negociar, ni se le puede dar una «patada hacia delante, como si fuera fútbol político». Por eso, pidió a los líderes de todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, que se comprometan con un acuerdo ambicioso. «No es una cuestión -argumentó- sobre si yo o Greenpeace podremos vivir con un mal acuerdo o no. Es una cuestión de si nuestros hijos podrán vivir, sin más».

WWF pide revisar «con ambición»

La organización WWF ha reclamado que se incluya la revisión de las contribuciones nacionales de reducción de CO2 para antes de 2020, cuando entrará en vigor, para evitar que el aumento de la temperatura se acerque a 3 grados centígrados.Además, WWF advierte de que existe un «peligro real» de que si no se incluye esta revisión, el acuerdo podría estar bloqueado en los próximos 10 o 15 años ya que las actuales contribuciones son «insuficientes» para limitar a 2 o a 1,5 grados centígrados el aumento de la temperatura.

En este sentido, insta a los Gobiernos a apoyar un proceso de revisión científico «sólido, transparente e inclusivo», que se base en la equidad y la justicia para los próximos años, «lo ideal sería en 2018 y antes de que el nuevo acuerdo entre en vigor» para incrementar el nivel de ambición. «Los días que quedan deben servir para asegurar un acuerdo sobre este elemento crítico. Necesitamos que los países den un paso adelante y defendemos esto como una cuestión de urgencia», subrayó la ONG.

Presión global para el acuerdo

Por su parte, la presidenta de WWF, Yolanda Kakabadse, confía en que de la cumbre del clima salga un acuerdo global de lucha contra el cambio climático porque «los que toman las decisiones saben que, si no toman medidas ahora, estamos fritos» por el calentamiento. La exministra ecuatoriana de Medio Ambiente y líder de una de las principales organizaciones ecologistas afirma que el momento actual de las negociaciones «es de un pánico lógico». «Estamos en un momento de mucha tensión, pero confío en que haya un acuerdo decente, responsable y de alguna manera visionario», explica.

A Kakabadse no le «preocupa» que los países «estén posicionados hoy de manera muy dura» porque «eso forma parte de una estrategia, siempre se ponen radicales antes de ceder». Su «miedo» es «que se licuen los acuerdos y los países empiecen a aflojar y a ser menos ambiciosos», pero agrega que veía «más riesgo de que eso pasara en cumbres anteriores, no en esta donde hay tanta presión global». «Creo que los tomadores de decisiones tienen claro que la COP21 tiene que ser significativa, no hay más tiempo para esperar«, subraya una de las mujeres más influyentes en materia medioambiental.

Greenpeace critica que incentivar la quema de carbón nacional costará 405 millones de euros a los españoles

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Europa Press / Servimedia.- La organización ecologista Greenpeace denunció que el Gobierno quiere cobrar 405 millones de euros a los españoles por prolongar la vida de las «contaminantes» plantas de carbón ya que está promoviendo «unos límites de emisiones contaminantes más débiles», al tiempo que recuerda que el final de las subvenciones al carbón llegará en 2018. Ante esta situación, reclama al Gobierno que comience con la transición energética a las renovables y abandone los combustibles fósiles.

En concreto, Greenpeace acusa al Ejecutivo de realizar «maniobras» para prolongar la subvención a la quema de carbón y alargar a la vida de las centrales térmicas «sin tener en cuenta su impacto sobre la salud y el clima«. La ONG lanza estas acusaciones tras conocer, a través del Consejo Consultivo de Electricidad, el borrador de una orden ministerial por la que el Gobierno financiará con 90.000 euros por cada MW de central térmica que queme carbón nacional, «con la excusa de así reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno».

Así, añade que la nueva orden «permitirá seguir subvencionando el carbón nacional durante los próximos tres años, pero las inversiones que se realicen supondrán que la centrales térmicas podrán alargar su vida durante muchos años más, dificultando así la reducción de emisiones en España y la entrada de energías renovables«. De este modo, considera que Industria encontró en el proceso de alegaciones una «fórmula» para que los ciudadanos paguen 405 millones de euros de sus impuestos para la prolongación del funcionamiento de las centrales térmicas y subvencionen la quema de carbón, «que sólo en 2010 provocó 535 muertes en España».

«Resulta un escándalo que el Gobierno siga buscando las vueltas para subvencionar el carbón, cuando por normativa europea las subvenciones deben acabar en 2018, y no se trabaje en un plan para la transición justa a un sistema basado al 100% en energías renovables», indicó la responsable de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño. Nuño lamenta que el Gobierno esté dispuesto a subvencionar la quema de carbón nacional y que las térmicas puedan seguir funcionando «sin importarles sacrificar la salud de los ciudadanos y encima obligarnos a pagar por ello, de modo que las centrales de carbón obsoletas que deberían cerrar, podrán seguir funcionando durante decenas de años más», indicó.

Finalmente, Greenpeace denuncia la «intrusión de representantes de las eléctricas, dueñas de las plantas de carbón», dentro de la delegación gubernamental de España que decide sobre la nueva normativa europea de contaminación del aire para las plantas industriales. Los gobiernos de 190 países están reunidos en Bonn estos días para negociar el texto que seguirá al Protocolo de Kioto y que será base del acuerdo de París el próximo diciembre. «Aquí el que contamina no solo no paga, sino que cobra. Con el dinero de todos se va a prolongar la vida de las térmicas», apuntó el representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo de Electricidad, José Luis García Ortega.

Europa registra 71.000 muertes prematuras por contaminación del aire, 2.000 de ellas en España, según Greenpeace

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Europa Press.- La contaminación del aire podría estar detrás de 71.000 muertes prematuras en el conjunto de la Unión Europea, 2.000 muertes en España, con los nuevos límites de emisiones contaminantes a las industrias en las grandes instalaciones de combustión, según un informe de Greenpeace. La organización ecologista estima que estos límites de emisiones podrían costar más de 52.000 millones de euros a lo largo de 10 años en la Unión Europea, 1.500 millones en España.

Greenpeace advierte de que si los Estados miembro de la Unión Europea no aumentan sus exigencias sobre la contaminación, se incrementará el riesgo de infarto, enfermedades cardiacas, asma y otras afecciones relacionadas con la contaminación del aire, según un estudio de la organización ecologista con el European Environmental Bureau. En concreto, el trabajo estima que el coste adicional para la Sanidad y la pérdida de 23 millones de días de trabajo tendría un coste para todos los contribuyentes de hasta 52.000 millones de euros entre 2020 y 2029 en el conjunto de la Unión Europea.

En cuanto a España, la ONG señala que si las centrales térmicas aplicaran las «mejores técnicas disponibles», se salvarían 2.010 vidas humanas y generaría un ahorro de 169 millones de euros al año. Con los límites tan débiles de emisiones contaminantes que están actualmente propuestos en el borrador, los contribuyentes españoles tendrán que sufrir un gasto de cerca de 1.500 millones de euros entre 2020 y 2029 y se perderán más de 600.000 jornadas laborables.

Para la representante de Greenpeace España, Tatiana Nuño, «no hay justificación alguna» para que los políticos se nieguen a aplicar la mejor tecnología existente que puede reducir «significativamente» la contaminación mortal del carbón. «El carbón provoca daños irreparables y ya es hora de que la Unión Europea establezca la senda para comenzar su desaparición progresiva», añadió. Para la organización ecologista, la propuesta actual de la Unión Europea para actualizar sus límites de emisiones para grandes instalaciones industriales, incluidas las centrales térmicas de carbón, es «notablemente más baja que los límites de contaminación ya establecidos en Europa, China y Estados Unidos».

El estudio estima que el impacto sobre la salud de una peor calidad del aire eleva el número de  de muertes, enfermedades y costes económicos. En España el gasto sería de 199 millones de euros anuales si se aplican los límites del último borrador para grandes instalaciones de combustión, frente a 30 millones si se aplican las mejores técnicas disponibles. «El coste humano, medioambiental y económico de la industria del carbón es enorme. Los niños pagarán el precio más caro, con asma, cáncer de pulmón y enfermedades cardiacas», concluyó Nuño.