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ERC pide a Hacienda que las comercializadoras eléctricas tributen a los ayuntamientos el IAE según su facturación en el municipio

Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) quiere que las empresas comercializadoras de electricidad tributen a los ayuntamientos el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en función de su facturación en el municipio, y no en un pago fijo, como vienen haciendo hasta ahora. Por ello, ha planteado al Ministerio de Hacienda que acabe con una «anomalía legislativa» que, lamentan, perjudica «a pequeñas comercializadoras eléctricas que intentan abrirse al mercado».

Así lo expone el portavoz de Energía de Esquerra, Joan Capdevila, quien ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que pide al Gobierno «corregir esta situación» y que aclare si contempla este cambio. En caso afirmativo, quiere saber qué fecha maneja para ponerlo en marcha. Capdevila explica que, tras separarse las actividades de distribución y comercialización de la energía eléctrica en 1997, no se llevó a cabo una modificación en el IAE, quedando únicamente un epígrafe para las empresas de distribución.

Sin embargo, muchos municipios no renuncian a cobrar el IAE a las comercializadoras, a las que reclaman el abono de esta tasa que establece un importe fijo, independientemente del volumen de facturación que exista en un determinado municipio. «Esto supone un coste inasumible para las pequeñas comercializadoras y pone en serio riesgo la tímida evolución de la competencia en el sector eléctrico que se ha producido últimamente», recalca Capdevila, que calcula en un 10% el peso de los pequeños operadores.

Iberdrola recurrirá la sentencia que le condena a pagar 7,5 millones al Ayuntamiento de Lorca por tasas a las subestaciones

EFE.- Iberdrola va a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia , después de que un juzgado de lo Contencioso Administrativo desestimara el recurso interpuesto por la compañía contra la liquidación de las tasas de licencia de la actividad de las subestaciones Carril y Nogalte, emitidas por el Ayuntamiento de Lorca, al que debe pagar casi 7,5 millones de euros.

La compañía considera que el Ayuntamiento interpreta erróneamente el artículo 6 de la ordenanza, dado que los kilovatios a tener en cuenta para el cálculo de las liquidaciones son exclusivamente los empleados para el funcionamiento de las subestaciones (400 kilovatios cada una) y no los totales para la actividad de distribución. El presupuesto de Iberdrola Distribución previsto para la construcción de las subestaciones de Carril y Nogalte supone alrededor de 6 millones de euros (3 millones por subestación) y el coste que suponen las tasas municipales resulta en conjunto muy superior a la inversión prevista para la construcción y puesta en servicio de ambas centrales.

La compañía entiende que esta aplicación de la tasa es desproporcionada y confiscatoria, y excede en mucho el coste real del servicio que presta el Ayuntamiento por la prestación de los servicios de revisión y comprobación del expediente administrativo para el otorgamiento o desestimación de la correspondiente licencia. Además, este sobrecoste por la aplicación del cálculo de las tasas municipales de Lorca haría inviable, añade la compañía, la construcción de nuevas infraestructuras de distribución en Lorca. También encarecería sustancialmente la creación e implantación en el municipio de nuevas industrias y empresas al aumentar el coste de repercusión sobre las mismas.

Pelea en el pleno municipal

Por su parte, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha explicado la sentencia después de que el concejal del PSOE Isidro Abellán lo desvelara en el pleno municipal. Gil ha acusado al edil socialista de «no respetar la lealtad institucional» y de hacer «un uso absolutamente inadecuado» de un asunto que el regidor trasladó a los representantes de los grupos municipales en la Junta de Portavoces, apelando a su reserva. Tras el rifirrafe plenario, Gil ha explicado que la sentencia, de 25 de mayo, fue notificada al consistorio y que la compañía eléctrica la recurrirá.

La sentencia desestima en primera instancia los recursos de Iberdrola contra las liquidaciones municipales por 960.000 euros que realizó el ayuntamiento por las tasas de la subestación de Nogalte y de 5,4 millones de euros en el caso de la subestación transformadora de Carril. Gil ha señalado que la sentencia confirma la legalidad de las liquidaciones y de la propia ordenanza municipal, que también había impugnado Iberdrola, que tendrá que abonar al ayuntamiento de Lorca el importe íntegro más los intereses ordinarios, los de demora y 3.000 euros de costas judiciales, una suma total de casi 7,5 millones de euros.

El alcalde ha felicitado a los servicios técnicos, económicos y jurídicos que pusieron en marcha el procedimiento de oposición a la demanda de Iberdrola y ha dicho que su gestión «permitirá ingresar una gran cantidad económica importantísima a las arcas municipales«. Gil se ha congratulado «desde la prudencia» del fallo judicial favorable al ayuntamiento, convencido de que Iberdrola interpondrá un recurso de apelación, aunque ha reiterado que «es un éxito jurídico y técnico sin precedentes para el Ayuntamiento» de Lorca.

El litigio con Ibedrola se inició en 2013, cuando se efectuaron las liquidaciones en las que el consistorio y la compañía discreparon sobre el importe de las mismas, al entender la eléctrica que debían calcularse solo en función de la energía consumida en esos centros y mientras que el ayuntamiento consideraba el cálculo a realizar sobre la totalidad de la energía transformada en esos centros. La compañía también recurrió la ordenanza municipal al considerar que no estaba ajustada a derecho.

El Tribunal de Cuentas analizará durante este año la gestión del cuestionado canon hidroeléctrico en los ejercicios 2015 y 2016

Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó, dentro de su programa de fiscalización para 2018, un informe sobre la gestión del canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, conocido como canon hidroeléctrico, durante los ejercicios 2015 y 2016.

De esta forma, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda analizará la gestión de esta tasa, aprobada en 2012 y lanzada en 2013 por el Gobierno de Rajoy tras la reforma energética con el fin de aplacar el déficit de tarifa. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando el Gobierno publicó el desarrollo del canon, gravando con un 22% la producción en instalaciones hidroeléctricas.

Contemplado como un impuesto medioambiental, el Gobierno justificó que «la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección» y que, para reforzar las políticas de protección, se hacía necesaria «la obtención de recursos que deben ser aportados por quienes obtienen un beneficio de su utilización privativa o aprovechamiento especial al posibilitar la producción eléctrica en centrales hidroeléctricas«.

La legalidad de este canon fue cuestionada el pasado junio por el Tribunal Supremo, que elevó tres cuestiones a la Justicia Europea antes de resolver los recursos de Unesa y Acciona contra el mismo, poniendo en duda si respondía a razones medioambientales, su compatibilidad con el principio comunitario de no discriminación en la Directiva europea sobre el mercado eléctrico, y si no constituía una ayuda de Estado a terceros competidores.

El Supremo denunció que únicamente el 2% de la recaudación del canon repercute en cada Confederación Hidrográfica, frente al 98% que se ingresa en el Tesoro Público, por lo que lo considera «un ingreso más del sistema eléctrico, al no destinarse la recaudación a la protección y mejora del dominio público». Posteriormente, el Gobierno elevó la tasa del 22% hasta el 25,5%, dentro de las medidas impulsadas para paliar los efectos de la sequía en algunas cuencas hidrográficas. El proyecto de ley, tramitado en el Congreso, fue aprobado en noviembre.

Padecer pobreza energética en la Barcelona de Ada Colau servirá para no pagar la tasa de alcantarillado

Europa Press.- El pleno de Barcelona ha aprobado de forma provisional por unanimidad modificar la tasa de alcantarillado para que las personas afectadas por pobreza energética queden exentas de pagarla, por la que unos 7.476 hogares, 18.690 personas, pagarán entre 10 y 15 euros menos al año.

También se ha modificado la tasa de estacionamiento regulado para aplicar un recargo de 2 euros la hora en las áreas verde y azul para no residentes durante episodios de contaminación, de los que se registran entre 2 y 3 cada año, medida de la que quedarán exentos los vehículos ecológicos y de 0 emisiones. La medida ha contado en el pleno con el apoyo del Gobierno de BComú y PSC, ERC, la CUP y el concejal no adscrito, mientras que el grupo Demòcrata se ha abstenido y han votado en contra Cs y PP.

Por unanimidad, también prosperó adaptar las bonificaciones del impuesto de vehículos a las nuevas etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas modificaciones, junto a la de la tasa de alcantarillado, se han aprobado provisionalmente y pasarán ahora a un periodo de información pública de 30 días, tras lo que los cambios quedarán aprobados definitivamente si no se presentan reclamaciones. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, defendió que se trata de medidas concretas y necesarias, aunque el Gobierno municipal aspira a alcanzar un acuerdo más amplio de cara a las Ordenanzas Fiscales para 2018 para avanzar hacia una fiscalidad más progresiva desde el punto social y ambiental.

Sònia Recasens (PDeCAT) ha criticado que se trata de medidas aisladas que demuestran el fracaso en política fiscal del Gobierno municipal, mientras que la líder municipal de Ciudadanos, Carina Mejías, ha dicho que estas son políticas de propaganda y que la modificación de la tasa de alcantarillado «instrumentaliza la pobreza energética«. El portavoz Jordi Coronas (ERC) ha pedido que al Gobierno de Ada Colau que tenga una actitud abierta y dialogante para negociar las Ordenazas Fiscales para el próximo año.

San Sebastián de los Reyes aprueba a propuesta de Podemos cobrar tasas a las compañías energéticas que usen suelo público

EFE.- El pleno de San Sebastián de los Reyes aprobó que el Ayuntamiento de la localidad cobre una tasa a las empresas eléctricas que hagan uso del suelo público de la localidad, a propuesta del grupo Sí Se Puede. La moción contó con el respaldo del PSOE, PP, Ganemos, Izquierda Independiente y los dos concejales no adscritos, mientras que Ciudadanos (C’s) se abstuvo en la votación.

En concreto, el grupo municipal de Sí Se Puede reclama el cobro de una tasa por aprovechamiento del dominio municipal a todas las empresas transportadoras de energía, agua, gas e hidrocarburos, según indicaron. «En una situación como la actual, donde los Ayuntamientos deben asumir la responsabilidad del rescate de sus vecinos en casos como los de pobreza energética, es totalmente necesario el cobro de estas tasas«, aseveró el portavoz del partido, Iván Cardador. El concejal ha defendido su propuesta aludiendo a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y argumentó que los Ayuntamientos «tienen potestad» para establecer unas tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, desarrollando las correspondientes Ordenanzas reguladoras.

Baleares consigue de Endesa facilidades al autoconsumo al perdonar la tasa por el estudio de conexión de las placas solares

EFE.- Endesa dejará de cobrar por el estudio de conexión de las pequeñas instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de hasta 10 kilovatios, lo que supondrá un ahorro al usuario de 180 euros, según indicó el Gobierno autonómico balear tras abordar este pago con la distribuidora eléctrica. Con la exención de este canon y la eliminación de la tasa administrativa reclamada a la compañía por el Ejecutivo autonómico, los usuarios podrán ahorrar hasta 250 euros, según la Administración.

«Aunque para instalaciones más importantes de tipo industrial sí puede ser razonable cobrar en concepto de estudio de acceso y conexión, para instalaciones pequeñas implica un encarecimiento excesivo para el particular o pequeño comercio que quiera apostar por las energías limpias», señaló el director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard. Con estas medidas, se quiere potenciar los sistemas de autoconsumo energético, con la eliminación de las trabas económicas, al tiempo que ultima la puesta en marcha de una ventanilla única para simplificar y agilizar los trámites. Además, se incrementó la deducción fiscal a la inversión que mejor la sostenibilidad de la vivienda habitual.

Las centrales nucleares pagarán 61.000 euros anuales por cada guardia civil que trabaje en sus instalaciones

Europa Press.- Los explotadores o, en su defecto, los titulares de las centrales nucleares y demás instalaciones nucleares ubicadas en España deberán pagar una tasa de 61.000 euros al año por cada agente de la Guardia Civil que preste servicio de manera permanente en dichas infraestructuras.

Así se recoge en las enmiendas que el PP presentó en el Congreso al proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria, con la que se crea una nueva tasa estatal por la prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil en el interior de instalaciones nucleares. Según indica, el establecimiento de una unidad permanente de la Guardia Civil en el interior de una central nuclear o similar conllevará el pago de un gravamen fijo de 61.053 euros por año y agente asignado, cantidad que se calculará proporcionalmente si el tiempo de prestación del servicio es inferior.

Además, el Ministerio del Interior, previo informe favorable de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y los departamentos de Industria y Hacienda, podrán modificar y actualizar vía orden ministerial la cuantía de la tasa, que será además revisada una vez concluya el periodo de implantación de las unidades de la Benemérita para que cubran «exclusivamente» sus gastos de mantenimiento.

Estarán sujetos al pago de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades titulares de instalaciones obligadas a disponer de estas unidades de respuesta. El Ministerio del Interior se encargará de gestionar este nuevo tributo, que se devengará anualmente el 1 de enero o cuando se inicie la prestación del servicio y que habrá que autoliquidar obligatoriamente durante el primer trimestre del año o en los tres meses siguientes al devengo si se trata del primer ejercicio de aplicación.