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El sistema eléctrico cerró 2017 con un superávit de 150,5 millones mientras el déficit del sistema gasista alcanzó 24,7 millones

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Europa Press.– El sistema eléctrico arrojó en el 2017 un superávit de 150,5 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mientras que el sector del gas cerró con un déficit de 24,7 millones de euros.

Este excedente en el sistema eléctrico se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución de la distribución, de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos. De esta manera, el sistema eléctrico acumula cuatro años consecutivos en superávit, desde 2014, en que sumó un excedente de 550,3 millones de euros. En 2015, el superávit del sistema eléctrico alcanzó los 469,3 millones de euros, mientras que en 2016 ascendió a 421,45 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

1.440 millones de superávit acumulado

De esta manera, acumulaba más de 1.440 millones de euros de superávit en esos tres ejercicios, aunque el año pasado el Gobierno ya acordó devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en 2015 y 2016, importe que ascendía a unos 500 millones de euros, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Esa no es la única vez que se ha recurrido a este excedente de los últimos años, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica decidió traspasar 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Además, también el actual Gobierno, en el decreto de medidas urgentes aprobado en octubre para combatir la subida del precio de la luz, aprobó, para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, introducir la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en 2018 y 2019.

En el caso del sector gasista, el déficit en 2017 fue de 24,78 millones de euros, lo que supuso una desviación negativa del 0,91% sobre la retribución acreditada del sistema. En esta liquidación definitiva se incluyen los pagos con origen en la compensación por la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo Castor, realizados con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2017 que anulaba estos pagos. Por otro lado, en la liquidación definitiva del 2017 están incluidos los 9 pagos ya realizados a los titulares del derecho de cobro de la deuda de Castor (Banco Santander, Bankia, Caixabank) hasta la publicación de la sentencia del Constitucional, que ascienden a un total de 60,49 millones de euros.

El Gobierno traspasa 60 millones de euros del superávit eléctrico al IDAE para impulsar las energías renovables en las islas

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Europa Press.-El Ministerio para la Transición Ecológica traspasó 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Según la orden publicada en el BOE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como organismo encargado de las liquidaciones del sistema, transfiere 60 millones de euros al IDAE procedentes del superávit eléctrico. En la Ley de Presupuestos Generales de 2018 se recogía que, con efectos para ese ejercicio, se podrían convocar procedimientos para la concesión de ayudas a la inversión a partir de fuentes de energía renovables con cargo al superávit eléctrico, en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder y con una cuantía máximo con cargo al sistema eléctrico de 60 millones de euros.

Además, la norma establece que esta partida de 60 millones de euros cuenta con la posibilidad de ser incrementada con otros créditos disponibles del presupuesto de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la cofinanciación de los fondos comunitarios Feder. El importe se destinará a convocatorias de ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables en territorios no peninsulares. Los proyectos tienen que ser susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder.

Inminente Ley de Cambio Climático

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica se aprobará este mes. En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara, Sánchez ha defendido que la «modernización» de la economía «pasa por el combate y la adaptación al cambio climático», y para ello ha asegurado que antes de acabar el año aprobará esta norma, con el fin de garantizar «una transición justa con las personas y los territorios damnificados».

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a aprobar algunos «aspectos urgentes» de esta normativa a través de un decreto ley, antes de la tramitación del texto como proyecto de ley en el Congreso. Según explicó, el Gobierno mantenía un debate interno sobre la «conveniencia» de anticipar «aquellos elementos más urgentes» y que estarán incluidos en la futura ley de cambio climático.

Moody’s prevé que la deuda acumulada del sistema eléctrico se reduzca durante este año hasta los 19.000 millones de euros

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Europa Press / EFE.- La agencia de calificación Moody’s espera una nueva reducción de la deuda acumulada de los sistemas eléctricos de España y Portugal este año gracias a la mejora de su entorno macroeconómico y a la estabilidad regulatoria. En este sentido, Moody’s prevé que la deuda del sistema eléctrico español se reduzca más de un 9% en 2018, hasta el entorno de los 19.000 millones de euros, frente a los 21.000 millones de euros del año pasado.

Moody’s prevé que la deuda de los sistemas eléctricos de España y Portugal se reduzca aún más en los próximos años con la contención de los costes de los sistemas y unos ingresos regulatorios estables y alineados con el crecimiento futuro del PIB. En este sentido, Moody’s espera que el porcentaje de la deuda acumulada pendiente de pago de la tarifa de electricidad respecto al PIB español caiga del 1,9% al 1,6% en 2018. Moody’s estima la cifra en que se sitúa el déficit eléctrico en 2017 y 2018 basándose en cálculos que suponen un desembolso constante similar a la cifra reportada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para 2016.

Por tercer año consecutivo después de una década de déficits, el sistema eléctrico español registró en 2016 un saldo positivo de 421,5 millones de euros, que elevan a unos 1.400 millones de euros el superávit acumulado. Pero, según explica Moody’s, el uso de los excedentes acumulados aún no se ha regulado por completo. De acuerdo con la orden ETU/1282/2017, el dinero de la cuenta de los superávits puede ser añadida al sistema de ingresos para cubrir desequilibrios potenciales. Sin embargo, Moody’s considera que aplicar este superávit a una reducción adicional de la deuda del sistema eléctrico es algo «limitado» ya que estos excedentes podrían destinarse a otros «desafíos» del sistema.

Cualquier pago no puede exceder de 200 millones de euros en 2017 o de 500 millones de euros para 2017 y 2018 combinados, ha indicado Moody’s, que ha señalado que, aunque no se esperan déficits, el dinero también podría usarse para cubrir posibles desviaciones en los ingresos y gastos previstos del sistema eléctrico. Además, Moody’s ha subrayado que el Gobierno español está considerando el uso de ese superávit para cubrir las indemnizaciones por reclamaciones legales de generadores de energía renovable por el recorte que se hizo de las primas, de las que en 2017 había 36 abiertas por un valor de 7.600 millones de euros.

Así, Moody’s añade que los niveles de deuda acumulada en el sistema eléctrico español y portugués seguirán reduciéndose este año «como resultado de la mejora del entorno macroeconómico y la estabilidad regulatoria de los últimos años». No obstante, prevé «un desapalancamiento más rápido en el caso de Portugal» en comparación con España, debido a que el plazo de amortización de la deuda es más corto. «Moody’s espera que la deuda acumulada como porcentaje del PIB caiga del 2,5% de 2017 al 2% a cierre de 2018 para Portugal«, señaló Ángel Jiménez, analista de la agencia.

En el caso de Portugal, la agencia considera que el sistema de ajustes e ingresos al sector eléctrico doméstico para que alcance el equilibrio es poco probable que logre el objetivo de reducir la deuda acumulada pendiente a 600 millones en 2020. En este sentido, apunta que el crecimiento de la demanda está siendo más débil de lo esperado y el coste de los subsidios de algunos años previos más alto de lo que estimó.

No obstante, recuerda que en los últimos dos años la deuda acumulada del sistema eléctrico portugués se redujo, gracias al aumento de los ingresos regulados y a una amortización más agresiva de la mayoría de la deuda pendiente de pago en Portugal, que se amortizará en 5 años, plazo inferior al de España. Por otra parte, la agencia de calificación no espera cambios importantes en el marco regulatorio de España y Portugal, pues la mejora macroeconómica que han experimentado desde 2014 ofrece pocos incentivos para que los responsables políticos introduzcan modificaciones y por la falta de mayorías legislativas en los parlamentos de España y Portugal.

El Gobierno ordena la devolución a las compañías eléctricas del bono social del ejercicio 2014 con cargo a los superávits

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las compañías eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en el ejercicio 2014, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Según una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ejecuta así las sentencias del Tribunal Supremo que habían dado la razón a las compañías eléctricas respecto al sistema de financiación del bono social.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El pasado octubre, el Ministerio ya aprobó otra orden para la devolución de las cantidades abonadas por las compañías eléctricas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, después de que otro fallo del Supremo estimara que estas indemnizaciones a las compañías debían realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o a las comercializadoras.

A finales del 2016, el Supremo ya había reconocido el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social. Las cantidades correspondientes a 2014 estaban pendientes del fallo del Tribunal Supremo. Así, el tribunal ha estimado los recursos presentados por Endesa, Iberdrola, Viesgo, Gas Natural, Estebanell y Pahisa, Electra del Maestrazgo, Fuciños Rivas, Cooperativa Popular de Fluido, Eléctrico de Camprodón y la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).

El bono social eléctrico en 2014 rondó los 200 millones de euros y fue asumido en su mayor parte por Endesa (41,61%), Iberdrola (38,47%) y Gas Natural (14,18%). Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo, acumulando más de 1.440 millones de euros de superávit. En concreto, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros y en 2016 421 millones de euros.

A este respecto, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de Presupuestos de 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios extrapeninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. 

El sistema eléctrico cerró 2016 con un superávit de 421,45 millones de euros

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Europa Press.- El sistema eléctrico arrojó en el ejercicio 2016 un superávit de 421,45 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este excedente se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos, señala el organismo en su informe.

En concreto, en la liquidación definitiva del ejercicio 2016 se han ingresado 696,3 millones de euros por aplicación de la Ley 15/2012, de los cuales 196,1 millones de euros se corresponden con el canon por utilización de aguas continentales. De este modo, el superávit definitivo en el ejercicio es superior en 396,6 millones de euros al previsto en la Orden IET/2735/2015 (24,9 millones de euros) y en 310,6 millones de euros al de la Orden ETU/1976/2016 (110,9 millones de euros).

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo. Concretamente, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros. De esta manera, acumula más de 1.440 millones de euros de superávit. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

De todas maneras, el Gobierno acordó el pasado mes de octubre devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ejecutaba así las sentencias y autos que habían dado la razón a las eléctricas respecto al anterior sistema de financiación el bono social. Estas indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado ascienden a unos 500 millones de euros.

Por otra parte, Gas Natural Fenosa presentó alegaciones para la incorporación en esta liquidación definitiva de 2016 de la devolución del bono social descontado por las comercializadoras de referencia en el periodo del 1 de septiembre al 24 de diciembre de ese año, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de que tumbaba el anterior esquema de bono social y hasta la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre.

No obstante, la CNMC señala que en cumplimiento, entre otras, de la sentencia del Supremo, así como de su auto de ejecución de septiembre, se dictó la Orden ETU/929/2017 y, como consecuencia de ésta, el organismo aprobó la resolución de devolución de las cantidades financiadas por las sociedades o grupo de sociedades en concepto de bono social correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, así como los intereses legales correspondientes.

Así, indica que no cabe en absoluto lugar a confundir los descuentos que las comercializadoras de referencia efectúan a sus clientes en cumplimiento de la obligación legal establecida en el artículo 45.3 de la Ley 24/2013, con las cantidades satisfechas por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollasen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización, en virtud de su obligación de financiación. Por ello, la CNMC considera que no se puede concluir la incorporación en la liquidación de 2016, como coste del sistema eléctrico, de estas cantidades descontadas por las comercializadoras a sus clientes en concepto de bono social en ese periodo.

El Gobierno carga a los superávits del sistema eléctrico la devolución a las compañías eléctricas por financiar el bono social

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. De esta forma, Energía da cumplimiento a las distintas sentencias y autos que han dado la razón a las eléctricas sobre la forma en la que se ha financiado esta ayuda, cuyo coste ronda los 200 millones de euros anuales.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del órgano encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Secretaría de Estado de Energía dará traslado de esta orden a la CNMC para que proceda a realizar los reintegros a los que se refieren los apartados anteriores. La CNMC deberá enviar al Ministerio de Energía la información sobre las liquidaciones que se realicen. Contra este acto, no cabe la interposición de recurso.

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en superávit, acumulando más de 1.000 millones de euros, a los que habrá que sumar la cantidad correspondiente a 2016. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros. Las indemnizaciones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado ascienden a unos 500 millones de euros. Así, en 2016, a Endesa le correspondió el 41%; a Iberdrola, el 37,9% y a Gas Natural, el 14,7%, mientras que en 2015 los porcentajes de reparto fueron similares.

En un reciente auto, el Tribunal Supremo ya había estimado que estas indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social debían realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o a las comercializadoras. En un auto de la Sala de lo Contencioso sección 3 del Supremo, el alto tribunal acordó la obligación del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con cargo al sistema eléctrico.

En octubre de 2016,el Tribunal Supremo anuló este sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que debían pagarlo, estimando los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, y reconociendo el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, impugnada hasta la ejecución de la sentencia.

En este sentido, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos para 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Por ello, la disposición adicional centésima décima cuarta señala que, «de forma excepcional para el año 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico». Además, todavía están pendientes de fallo judicial las cantidades abonadas en concepto de bono social de 2014, que fueron aplicadas por la orden IET7350/2014 y cuyos recursos ante la Audiencia Nacional están pendientes de resolverse.

El bono social eléctrico supone un descuento del 25% que se aplica sobre el importe de la factura y de él se benefician determinados colectivos vulnerables, como hogares con un potencia contratada inferior a 3 kilovatios, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y jubilados con la pensión mínima. Tras la sentencia del Supremo, el Ministerio de Energía ha venido trabajando en un nuevo modelo de bono social, con un nuevo sistema de financiación, que se va a aprobar, según ha anunciado el titular de este departamento, Álvaro Nadal, en una pocas semanas.

El Supremo obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las compañías eléctricas por haber financiado el bono social

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Europa Press.-El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las compañías eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o las comercializadoras. El Supremo acuerda la obligación del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con cargo al sistema eléctrico.

El Supremo falla así al incidente de ejecución de sentencia que presentó Viesgo solicitando el abono de los importes satisfechos en la financiación del bono social. En el escrito también se pedía la inclusión de la indemnización correspondiente a las cantidades abonadas en 2014, que el Supremo considera que «no deben quedar comprendidas» en esta ejecución, ya que fueron aplicadas de acuerdo con la orden IET7350/2014, cuyos recursos ante la Audiencia Nacional están todavía sin resolver. No obstante, el Supremo señala que la Audiencia Nacional deberá tener en cuenta la sentencia en la que declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, al considerarlo incompatible con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En su fallo, el tribunal también reconoce, en los mismos términos que a Viesgo, el derecho a que le sean restituidas las cantidades abonadas en concepto de bono social en los ejercicios 2015 y 2016 a todas las entidades personadas en la ejecución que han formulado pretensión en ese sentido, entre las que figuran Hidroeléctrica del Cantábrico, Agri-Energía, Navarro Generación, Electra del Cardener, Servillano García o Estebanell Pahisa, entre otras.

Iberdrola también se había personado en este proceso, aunque el Supremo indica que en el caso de la energética deberá esperar a lo que se resuelva en la ejecución de la sentencia recaída en el recurso que ha promovido. A finales de octubre del año pasado, el Supremo estimó los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, y reconoció el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, impugnada hasta la fecha de ejecución de la sentencia.

En este sentido, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en superávit, acumulando más de 1.000 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros. La disposición adicional centésima décima cuarta señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico». Las indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años ascienden a 500 millones de euros.

El Congreso acepta usar el superávit eléctrico para el pago de las indemnizaciones a las renovables por los arbitrajes adversos

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Europa Press.- La Comisión de Presupuestos del Congreso ha incorporado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias contra empresas en litigios derivados de la normativa del sector eléctrico.

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional el dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales. Sin embargo, esta aplicación se amplía para «dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales», señala el PP, autor de la iniciativa, en la justificación de su enmienda, «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a Presupuestos». Esta enmienda se registró cuando España perdió su primer arbitraje internacional, por los recortes aplicados a las renovables.

Estas disposiciones con rango de ley suponen una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se habrán acumulado unos 1.130 millones hasta 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros.

El PP plantea usar el superávit eléctrico para pagar los arbitrajes adversos mientras la fotovoltaica española reclama igualdad de trato

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) reclama al Gobierno el mismo trato a los productores nacionales que a los internacionales, después de que el Ciadi haya fallado a favor de la firma británica Eiser Infraestructure y en contra del Estado español. En relación con este asunto, el PP quiere extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias derivadas de la normativa del sector eléctrico.

Así figura en una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, registrada ahora que España ha perdido su primer arbitraje internacional por los recortes aplicados a las energías renovables. En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Sin embargo, esta aplicación se amplía de esta forma para «dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales», señala el PP en la justificación de su enmienda, «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a los Presupuestos».

Estas enmiendas, con rango de ley, suponen una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se han acumulado unos 1.130 millones hasta 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros.

Anpier exige el mismo tratamiento

Respecto al laudo del Ciadi, Anpier destaca que se da la razón a la firma británica frente a los «drásticos recortes retroactivos» impuestos por el Gobierno español en las «sucesivas reformas del marco regulatorio» a la producción de energía renovable. Por ello, los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue «la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional» y que, «muy probablemente», recibirá también el resto de fondos extranjeros con recursos pendientes de resolución en el Ciadi.

«El quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaicas es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales», indicó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca. Los productores fotovoltaicos han soportado, según indica Anpier, «recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca exigía el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarias».

Pese a todo, «el Gobierno mantuvo que la reforma era legal y sólida, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones», señala, antes de resaltar que ahora «una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia, que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado». Este resarcimiento ha de producirse «con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y, sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor», añade.

Energía asegura que no dedicará el superávit tarifario a la indemnización a las compañías eléctricas por financiar el bono social

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Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, asegura que la disposición adicional incluida en el proyecto de Presupuestos para 2017, en la que se recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar indemnizaciones por fallos judiciales en ejecución de sentencias derivadas de la normativa del sector eléctrico, no tiene por objetivo cubrir los cerca de 500 millones de euros de compensación a las eléctricas por haber sufragado el bono social en los últimos años.

«Es una previsión genérica y no tiene en cuenta que sea para una sentencia u otra», afirmó Navia en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Energía para explicar los Presupuestos Generales del Estado para 2017, añadiendo que, en el caso del bono social, a pesar de la sentencia firme del Tribunal Supremo que da la razón a las compañías, el Gobierno «va a pelear donde corresponde, en los tribunales».

Así, el secretario de Estado subrayó que la finalidad de esta medida es corregir el hecho, «que se da con relativa frecuencia», de sentencias derivadas de distintos periodos regulatorios que representan costes transcurridos unos años para los Presupuestos. En este sentido, subrayó que si las indemnizaciones por sentencias atrasadas se pagaran siempre con cargo a los Presupuestos, «se generaría un incentivo perverso» a hacer «regulaciones agresivas», que, de ser rechazadas, luego la pagarían otros Presupuestos dentro de varios años. Eso es contrario a un principio fundamental, que el sistema eléctrico tiene que ser sostenible por sí mismo», añadió al respecto.

Ambición en fomentar eficiencia energética

Además, Navia destacó también la convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley, con una cuantía de hasta 60 millones de euros. «Su finalidad es permitir acelerar el despliegue de renovables por vías adicionales a la subasta que ya está en tramitación», indicó. En materia de eficiencia energética, Navia afirmó que el Gobierno es «claramente ambicioso», como lo demuestran los esfuerzos desde el IDAE, aunque advirtió que se tiene que procurar que ese nivel de ambición «vaya acompasado con los otros agentes implicados».

Por lo que respecta a la reducción de la deuda del sistema eléctrico, que es a lo que, según la Ley del Sistema Eléctrico de 2013, era a lo que debía destinarse los superávits que el sistema español alcanzó desde entonces, ha señalado que desde que se introdujo la reforma el déficit se ha ido reduciendo cada año en 2.000 millones de euros, corrigiendo los «costes acumulados en el pasado». Navia considera que «sin esa losa» podrían ser más ambiciosos.

Respecto al carbón, apeló al resto de grupos políticos a pronunciarse respecto a si apoyan o no la presencia de la generación de las térmicas en el mix energético español. «Pensamos que hay un espacio necesario para que sigan estando, como se vio en el episodio de enero «, reconoció. Así, afirmó que la primera decisión que se debe tomar es ponerse de acuerdo en si se quiere seguir teniendo una parte de térmica en el mix eléctrico. «Es lo lógico y lo razonable», añadió.