Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), la plataforma Tanquem Cofrents y Ecologistas en Acción han exigido el cierre definitivo de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) antes de su renovación en 2021, tras los tres incidentes registrados y notificados al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Una «acumulación» de averías que, para los ecologistas, pone en duda tanto la seguridad de la instalación como la supervisión del CSN: «Estamos jugando con fuego. Podemos asistir a un Fukushima 2».

Así lo han advertido el portavoz del MIA, Francisco Castejón, y el de Tanquem Cofrents, José Juan Sanchis, a raíz de los últimos incidentes comunicados por la central al CSN. «Un accidente en Cofrentes pondría patas arriba todo el turismo y la industria del Mediterráneo», ha alertado Castejón. La primera incidencia tuvo lugar en octubre de 2017, después de la última parada para recarga, al constatar una irregularidad en las medidas de caudales de los dos lazos de enfriamiento. El Consejo estableció una parada no programada y calificó el suceso en nivel 0 al no constatar impacto en los trabajadores.

Las organizaciones denuncian que, por el contrario, se decidió poner la central en funcionamiento y esto tuvo como resultado un nuevo incidente el 8 de noviembre: la rotura de una válvula de uno de los lazos y la parada forzosa de la central, en lo que ven «falta de rigor del CSN y dejadez del titular» de las instalaciones. Según los antinucleares, el procedimiento de extracción de esta válvula fue «extremadamente complicado» y los trabajadores recibieron «dosis radioactivas extra a pesar de que la recuperación se realiza con un robot». Cofrentes se puso en marcha nuevamente el 10 de diciembre tras reparar la pieza dañada, un incidente reclasificado como nivel 1 (anomalía) por el Consejo.

Finalmente, en enero, la central tuvo que parar de nuevo por una fuga en los accionadores de las barras de control, elevadores hidráulicos que actúan como los «frenos» de la central en los elementos combustibles del reactor, piezas que «ya se tuvieron que sustituir en 2005 por corrosión». Las plataformas señalan que esta fue una parada programada porque los titulares de Cofrentes avisaron al CSN con 48 horas de antelación.

Sin embargo, aseguran que los responsables de la central «habían observado la existencia de las fugas y anunciaron con antelación que pararían para anticiparse así a una parada no programada» que habría supuesto «un nuevo incidente a comunicar públicamente». La causa de este incidente, según las organizaciones, es que en las operaciones de mantenimiento «no se apretaron correctamente los tornillos de los accionadores». Un error «de parvulitos de ingeniería», ha ilustrado el portavoz de Ecologistas.

El 13 de enero se produjo otro suceso al poner la central en marcha: una vibración anómala en una pieza de la turbina que obligó a una nueva «parada forzosa» y de la que «tampoco se sabe la causa». El Consejo lo clasificó en nivel 0 al no constatar ningún impacto. Los ecologistas subrayan que esta «acumulación» de incidentes se produjo «tras un mes de inspecciones», durante la parada para recarga, y cuando el titular de la central está «a punto» de pedir la renovación del permiso de explotación por 10 años al CSN, que entraría en vigor en 2021.

Aunque reconocen que «sería improbable», las plataformas consideran que los elementos que han fallado ahora podrían hacerlo en el futuro al mismo tiempo y «no habría forma humana de pararlo». De esta forma, ha advertido en este punto el portavoz de Ecologistas, «podemos asistir a un Fukushima 2». Denuncian que, al mismo tiempo, las incidencias han supuesto «un aumento de la exposición a la radiación» para los trabajadores y ponen de relieve 3 cuestiones: «el envejecimiento y degradación de la central, la baja o nula cultura de seguridad nuclear por parte de la empresa y la falta de rigor y de medidas serias del CSN».

En cualquier caso, remarcan que no cuestionan el trabajo de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sino «la dirección política de los consejeros». «El PP es claramente pro-nuclear y por eso prepara, desde el Gobierno central, un decreto ley para evitar la discrecionalidad en el cierre», ha subrayado el portavoz de Tanquem Cofrents. Las organizaciones defienden que la central «ya está sobradamente amortizada» y agregan que la energía que produce Cofrentes «se vende al triple de su precio» y supone «un millón diario de beneficios antes de impuestos».