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La subasta de interrumpibilidad se salda con un coste de 373 millones de euros, tras descuentos de hasta el 28%

Europa Press.- Red Eléctrica de España (REE) completó el proceso de asignación del servicio de interrumpibilidad para los cinco primeros meses de 2018, cuyo coste total para el sistema eléctrico ascenderá a 372,8 millones de euros tras registrarse descuentos en las subastas de hasta casi el 28%. Este servicio lo ofrecen los grandes consumidores de electricidad y consiste en su compromiso de reducir o suspender la demanda cuando lo exija el sistema.

En esta ocasión, se han asignado bloques que suman 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible a grandes consumidores a un precio medio ponderado de 143.393 euros por MW, según indicó REE. En total, se han asignado durante las subastas 8 bloques de 90 MW y 376 bloques de 5 MW. En la convocatoria participaron un total de 128 consumidores, señaló el operador de la red eléctrica, que organizó el proceso como administrador de la subasta.

El precio medio de asignación fue de 235.167 euros por MW y año para los productos de 90 MW, un 13% menos del precio de salida fijado por el Ministerio de Energía, y de 108.245 euros por MW, un 27,8% inferior, para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía habían sido de 270.000 euros por MW y año para los productos de 90 MW y 150.000 euros por MW y año para los de 5 MW.

El Congreso reclama al Gobierno que abarate la interrumpibilidad y ajuste la potencia subastada a iniciativa de Podemos y PSOE

Europa Press.- La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidos Podemos y el PSOE en la que piden abaratar la interrumpibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema eléctrico.

Este mecanismo, a través del cual se recompensa a las grandes industrias por detener su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, ha sido cuestionado por Podemos En Marea, cuya portavoz, Yolanda Díaz, denuncia que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que Francia, Alemania o Italia juntas. La iniciativa fue respaldada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, mientras que los diputados del PP votaron en contra.

La propuesta pactada por Unidos Podemos y PSOE apuesta por modificar la regulación de la interrumpibilidad para que esta «responda estrictamente a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico español, reduciendo el volumen de potencia interrumpible en la subasta a 90 MW, aumentando así la presión competitiva en la subasta y limitando el valor máximo de la retribución por la prestación del servicio«. Asimismo, la propuesta reclama desarrollar una metodología de necesidades de cobertura y flexibilizar las condiciones de ejecución de la reducción de demanda «de forma que sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda además de cubrir situaciones de emergencia».

Por otro lado, reclama garantizar «por un período razonable» la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible «para favorecer la seguridad jurídica», que la adjudicación del servicio se realice con carácter anual, mensual o semanal, y mecanismos para que los adjudicatarios de potencia interrumpible puedan recomprar sus obligaciones de reducir la demanda. El texto también exige que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos y se publique información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, para conocer la utilidad del servicio «de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema«.

La propuesta incluye también un mandato al Gobierno para establecer en los Presupuestos una línea de ayudas directas a la industria, de carácter trienal, dentro del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020. Por último, tras pactar el texto con el PSOE, la propuesta incluye un último punto que insta a publicar, a la mayor brevedad posible, la orden de convocatoria de ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

El Gobierno regulará las compensaciones a la gran industria por el coste de las renovables

Europa Press.- El Ministerio de Energía prepara una nueva normativa en la que regulará las compensaciones a la gran industria por el uso de las renovables, con el fin de generar un «marco estable» que dé continuidad a estas ayudas, ya establecidas en los Presupuestos de 2017, y en cumplimiento con la normativa comunitaria. Así lo ha manifestado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, durante la jornada Foro Energía 2017 organizada por la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) en el Congreso.

Navia ha señalado que el modelo de apoyo a la industria electrointensiva ha estado condicionado por la crisis económica, por lo que la revisión ha sido «imposible» y ahora «hay más margen» para poder «hacer una reorientación» en el modelo. Para este año, ha lamentado que el retraso en la aprobación de los Presupuestos, que entraron en vigor el pasado mes de junio, condicionara la capacidad de negociación de estas ayudas con la Comisión Europea.

Esta negociación se debe a que la regulación actual en estos momentos no es compatible con lo que dictaminan las directivas europeas, ha explicado. «Tenemos un esquema que es poco habitual y nos sitúa en una situación de vulnerabilidad respecto a otros países. Nuestro desafío es generar un esquema alineado con otros países en el ámbito europeo y, por tanto, más estable en el tiempo», ha abundado. Así, Navia indicó que el objetivo del Gobierno es «mantener en el tiempo estas inversiones» y que, por ello, tratarán de «adoptar esquemas similares» a los del resto de países, que también establecen ayudas a su gran industria, tal y como reivindicó la presidenta de AEGE, Teresa Rasero.

Rasero ha reconocido que las aportaciones previstas en los Presupuestos de 2017 fueron una «gran alegría» para la industria electrointensiva, pero ha lamentado que aún esperen la «luz verde» de Bruselas para poder recibir ese apoyo económico. En este sentido, ha reclamado que la gran industria «pueda contar con las mismas herramientas que tienen otros países» ya que, ha dicho, pese a que han reducido «al máximo» su consumo y realizaron mejoras en innovación y eficiencia energética, cree que «todos esos esfuerzos se ven mermados por un precio de la electricidad que no es competitivo».

Por otro lado, Navia ha destacado que otra de las reformas que prepara el Gobierno, que también negocia con las autoridades europeas, y que actualmente se encuentra en consultas con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la reforma de los mecanismos de interrumpibilidad. Esta fórmula, establecida en la reforma energética, establece un sistema de subastas entre la gran industria para compensar parones en la producción, y por tanto de consumo eléctrico, en momentos de saturación del sistema eléctrico. La próxima subasta cubrirá un período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo.

Según Navia, la reforma incrementará el recurso de la interrumpibilidad frente a otras opciones. El secretario de Estado ha optado por no poner plazo a la reforma, ya que se encuentran negociando los cambios normativos con Bruselas, y aún no saben cuándo contarán con su «visto bueno». «Presionamos para tenerla cuanto antes y tener el visto bueno para ponerlas en marcha cuanto antes«, ha dicho.

El PSOE confía en que el Gobierno busque la estabilidad energética para las empresas con la nueva subasta de interrumpibilidad

EFE.- El portavoz de Industria y Energía del Grupo Socialista en la Junta General del Principado de Asturias, Jesús Gutiérrez, expresó sus esperanzas, desde el «escepticismo positivo», en que el Gobierno central busque una estabilidad energética para las empresas tras el «parche» de 5 meses planteado para la próxima subasta eléctrica.

Jesús Gutiérrez ha querido transmitir un mensaje de «prudencia» ante el borrador de la orden ministerial que modifica las condiciones de la subasta de asignación de derechos de interrumpibilidad, aunque ha insistido en mostrarse escéptico. Lo ha hecho tras mantener una reunión con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, dado que en esta ciudad están radicadas 3 de las 5 empresas más electrointensivas de España.

La propuesta del PSOE es eliminar los peajes de las tarifas eléctricas para que sean más beneficiosas para las empresas, establecer nuevas tarifas impositivas y que el plazo del servicio de interrumpibilidad sea como mínimo para un plazo de 2 a 3 años. «Eso es lo único que va a dar estabilidad a las empresas, es lo que garantizará que no haya deslocalizaciones y es lo que dará tranquilidad a los trabajadores», ha indicado Gutiérrez.

Gutiérrez quiso trasladar un mensaje de prudencia ante el periodo temporal de adaptación a la normativa europea que se abre hasta junio de 2018. El servicio de interrumpibilidad se plantea en la próxima subasta para sólo cinco meses, pero, en principio, para adaptar la normativa a las exigencias de Europa y establecer luego un sistema más estable para las empresas.

En ese punto, el PSOE es «escéptico» pero lo quiere ser, según ha indicado Jesús Gutiérrez, en positivo. «Somos escépticos porque el Gobierno de España nos tiene acostumbrados a no buscar las soluciones en el marco de la energía pero, a la vez, queremos abrir una puerta a la esperanza para que, de una vez por todas, atienda los requerimientos que se le vienen haciendo por parte del PSOE y por parte de los agentes sociales», ha recalcado el diputado.

El diputado socialista ha mostrado más confianza en el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que en su antecesor, José Manuel Soria, «que sabía mucho de turismo pero muy poco de energía y de industria, mientas que el actual creemos que sabe bastante más de industria y de energía». Por su parte, la alcaldesa ha indicado que éste es uno de los problemas más acuciantes que tiene la ciudad, y ha reconocido que es un tema que le «agobia» por la incidencia que tiene sobre la estabilidad de la industria, por lo que ve «imprescindible» buscar una solución al coste energético.

El Gobierno se compromete ante Asturias a que un nuevo mecanismo de subasta de interrumpibilidad entrará en vigor en 2018

EFE.- El Gobierno central tiene previsto aprobar un nuevo mecanismo para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, según la normativa que demanda la Unión Europea, que sustituirá al actual, cuya vigencia finaliza el próximo mes de mayo, y que entrará en vigor en el segundo semestre de 2018. Así se lo trasladó en una reunión el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, al consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Isaac Pola.

Navia ha expuesto que la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) respecto a las modificaciones previstas para mecanismos de asignación de retribuciones para el servicio de gestión y demanda de interrumpibilidad es «transitoria y su vigencia acaba en el próximo mes de mayo». «Hay que ser cautos y mandar una mensaje de tranquilidad. Es un mecanismo transitorio el que se ha planteado recientemente. A lo largo del mes de diciembre se implementará una subasta hasta el mes de mayo y a partir de ahí tendremos un mecanismo alternativo y compensatorio que incida en que nuestra industria tenga un precio final competitivo de la energía eléctrica «, ha precisado.

El consejero ha querido trasladar un mensaje de «tranquilidad» a las grandes empresas consumidoras de energía eléctrica y a sus trabajadores ante el diseño de esta nueva normativa. Además, ha subrayado que se implantará alguna otra medida para la mejora de la competitividad de las empresas electrointensivas a través de otros factores que configuran el precio final de la electricidad, «como los peajes o determinados aspectos fiscales«. Por otra parte, el consejero ha indicado que pronto se podrá fijar una fecha para la firma del convenio marco del Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras, dependiente del Ministerio, con el Gobierno regional.

En relación a la regasificadora de Gijón, ha apuntado que espera que en este ejercicio el mecanismo administrativo de la planta regasificadora de El Musel reciba la autorización definitiva por el Consejo de Estado. «Confiamos que antes de finales de este ejercicio podamos tener ya este primer punto para este otro gran objetivo como es la autorización definitiva y puesta en servicio de la planta regasificadora de El Musel», indicó.

Una oportunidad para el Gobierno

Del mismo partido que el Gobierno autonómico, el portavoz de Industria y Energía del Grupo Socialista en la Junta General del Principado, Jesús Gutiérrez, ha transmitido un mensaje de «prudencia» ante el borrador de la orden ministerial que modifica las condiciones de la subasta de interrumpibilidad, ante el que se ha mostrado escéptico. «Entendemos la preocupación de la industria electrointensiva y de sus trabajadores ante los cambios anunciados por el Ministerio de Energía, que generan inestabilidad en un sector fundamental para la economía asturiana por los empleos y las inversiones que genera», ha indicado Gutiérrez.

El portavoz socialista ha querido trasladar un mensaje de prudencia ante el periodo temporal de adaptación a la normativa europea que se abre hasta junio de 2018. «El Gobierno tiene desde ahora la oportunidad de ir introduciendo mejoras para ir avanzando a un marco estable de la industria electrointensiva, tanto para ampliar la vigencia de la subasta de los paquetes de interrumpibilidad como en lo relativo a los peajes de acceso a la red, como en la fiscalidad que redunde en un precio final de la energía competitivo», ha señalado. El PSOE asturiano espera «con un escepticismo positivo» que el Ministerio recoja todas sus demandas».

El Gobierno desoye a la industria: la próxima subasta de interrumpibilidad solo cubrirá 5 meses en lugar de un año

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha limitado el periodo que cubrirá la próxima subasta de interrumpibilidad a 5 meses, en lugar de la adjudicación por un año, como era habitual. Sindicatos y partidos políticos llevan tiempo pidiendo que la subasta de interrumpibilidad vaya más allá del año para dotar de más estabilidad a la industria que se beneficia de los pagos del servicio interrumpible, integrada por empresas grandes consumidoras de electricidad.

Según consta en el proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, que ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el periodo de entrega para el procedimiento de subastas será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Ministerio considera que este plazo es «más adecuado y se ajusta más eficazmente al contexto energético en estos momentos», teniendo en cuenta que se contempla una reforma de los actuales mecanismos de capacidad para adaptarlos a la normativa comunitaria, cuya asignación deberá producirse mediante mecanismos competitivos, «tal y como indica también el informe sobre la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad, publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2016», añade. Además, señala que tras la adjudicación de más de 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable, que serán ejecutados en los próximos dos años, se requiere una adaptación de los mecanismos actuales de cobertura y gestionabilidad «en concordancia con los compromisos europeos adquiridos«.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre futura sobre la evolución de las precipitaciones. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de la reducción de potencia. Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir el servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad. Industria realizó una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad. La última subasta de interrumpibilidad, celebrada en noviembre del año pasado, se saldó con un coste total para el sistema eléctrico de 525 millones de euros y potencia para todos los participantes en la puja.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, también maneja otros datos sobre los cambios que prevé el Gobierno central para la próxima subasta de la tarifa eléctrica, que tienen que ver con el sistema de pagos del servicio y con las razones por las que Red Eléctrica de España (REE) podría requerir un «apagón». Las medidas gubernamentales podrían tener que ver con la necesidad de ajustar el sistema de concesión del servicio de interrumpibilidad a los criterios que exige la Unión Europea.

Alcoa, ArcelorMittal y AZSA son algunas de las principales beneficiarias de los pagos del servicio de interrumpibilidad. Ante estos cambios, y «con todas las reservas», José Manuel Gómez de la Uz quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Alcoa, a la espera de poder confirmar que la idea del Gobierno central sea la de ganar tiempo para mejorar posteriormente las condiciones del sistema tarifario y lograr el aval de la Unión Europea. Por su parte, fuentes de la multinacional del aluminio aseguraron que están analizando los cambios que se anuncian para la subasta del servicio de interrumpibilidad.

Por otro lado, la sección sindical de UGT en Alcoa considera que los cambios que se apuntan suponen «una falta de compromiso del Gobierno estatal con la industria nacional». El sindicato asegura que se trata de una subasta eléctrica de «transición» para 5 meses mientras termina de confeccionar un marco energético mejor del que hay actualmente para la industria. «La reforma del actual marco energético es una reivindicación sindical que llevamos exigiendo y luchando mucho tiempo», sostiene UGT que, sin embargo, considera que no tiene que haber una subasta transitoria sino un nuevo marco energético que dé estabilidad y competitividad.

Red Eléctrica abre el plazo de participación en la subasta de interrumpibilidad

EFE.- Red Eléctrica de España (REE) ha abierto el plazo de participación en la subasta de interrumpibilidad que se convocará para la temporada eléctrica de 2017 y pone a disposición de los consumidores la documentación necesaria para el envío de la solicitud. Previsiblemente, a la convocatoria acudirán las tres grandes consumidoras de energía eléctrica de España, radicadas en la comarca de Avilés: ArcelorMittal, Asturiana de Zinc (AZSA) y Alcoa.

Los consumidores interesados en participar en la subasta de interrumpibilidad deberán realizar su solicitud de habilitación no más tarde del 31 de agosto. Ello, según explica REE, sin perjuicio de que la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se fije el calendario y las características de la subasta para la temporada 2017 establezca otra fecha. La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria.

Industria estudiará que una parte de los megavatios de la subasta de interrumpibilidad se adjudiquen por más de un año

Europa Press.- Mientras los trabajadores de Alcoa reanudarán este próximo viernes sus protestas, el Ministerio de Industria está de acuerdo con que una parte de los megavatios que se adjudiquen en la subasta eléctrica sean por un plazo superior al actual año de vigencia, a fin de garantizar una estabilidad en el suministro. Así lo indicó el consejero de Industria del Gobierno asturiano, Francisco Blanco, que se reunió con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y le planteó esta posibilidad.

Según Blanco, Nadal valoró positivamente la propuesta, que consistiría en «sacar una parte de los megavatios que se subastan a un plazo más largo, a tres o cuatro años, en lugar de a un plazo anual». El porcentaje bajo estas condiciones, según el representante asturiano, podrían rondar el 50% o 60% del total de megavatios, «dejando el resto para las empresas que actualmente entran o salen en el sistema». El consejero aseguró que Nadal también considera la opción de «sacar bloques intermedios, y no solo de 5 o de 90 megavatios, para otros perfiles de empresa». Así, Blanco se mostró esperanzado de tener un nuevo marco regulatorio antes de la subasta del próximo año para «asegurar un suministro más fiable«.

Por el contrario, Blanco salió decepcionado del encuentro con la respuesta de Nadal a sus demanda de soluciones para la «dramática situación de las minas asturianas». En este sentido, reclamó que el Gobierno «cumpla sus compromisos» con los planes del carbón y la posibilidad de habilitar un mecanismo para la compra de carbón nacional por parte de las eléctricas. Pero «el Ministerio sigue empantanado en trámites administrativos y son incapaces de aprobar una norma», criticó.

Reanudan las protestas en Alcoa

Los trabajadores de la factoría de Alcoa en Coruña reanudarán este viernes sus protestas con una concentración, a las 19.00 horas, ante la Delegación del Gobierno en Galicia en contra de la puja anual de interrumpibiidad y en demanda del mantenimiento de la actividad en el centro coruñés, según el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, que precisó que estas mismas demandas se las han trasladado al consejero gallego de Economía e Industria, Francisco Conde, en una reunión en la que, según expuso, les trasladó «su apoyo» y reconoció «que el sistema hay que cambiarlo», en relación a la actual subasta eléctrica.

Respecto al futuro de la factoría coruñesa, que los trabajadores ven en peligro tras el resultado de la subasta, Conde se habría comprometido a trasladar al Ministerio y a la empresa sus demandas. Mientras, el presidente del comité de empresa confirmó que, por ahora, no han obtenido respuesta a sus demandas de petición de información por parte de la empresa. Asimismo, reiteró que están «valorando» la posibilidad de denunciar, vía judicial, la subasta eléctrica por entender que pudo haber «irregularidades» en cuanto al cumplimiento de los requisitos incluidos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los nacionalistas gallegos piden una tarifa eléctrica industrial «estable» y compensaciones para los territorios productores como Galicia

Europa Press.- El Bloque Nacionalista Galego (BNG) quiere una reforma en profundidad del sistema energético y propone algunas medidas como crear una tarifa industrial «estable» que proporcione seguridad a las empresas y facilite su competitividad. También reclama compensaciones para los territorios productores de energía. Estas medidas se recogen en una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Industria del Congreso.

En la proposición, los nacionalistas gallegos critican las subastas de interrumpibilidad puestas en marcha por el actual Gobierno porque resultan «perversas» para la industria, que `pierden «seguridad a la hora de planificar su futuro». A su juicio, la falta de precios de referencia y el establecimiento de una subasta anual «afecta a las inversiones» que las grandes consumidoras de electricidad realizan en sus instalaciones, además de generar una competencia desleal.

«Consideramos más adecuado el sistema anterior de precios por consumo porque al menos era seguro y más justo que el actual», insisten el Bloque, que reclama «derogar un sistema de subastas que únicamente está reportando problemas de inestabilidad empresarial, encarecimiento de los costes de producción, competencia desleal e inseguridad laboral». Como alternativa a este sistema, el BNG pone sobre la mesa el modelo vigente en países como Alemania o Francia, con la aprobación de una «tarifa industrial estable» que permita «variaciones predecibles» y a la que se puedan acoger los grandes consumidores que cumplan «una serie de requisitos de consumo».

Finalmente, el BNG insiste en su petición de «reformular todo el sistema» e incorporar tarifas más bajas para los territorios que, como Galicia, son «netamente productores de energía» y que no se ven compensados de ninguna manera por los efectos negativos «sociales y ambientales» de contar con instalaciones productoras de energía. «El Gobierno suele esgrimir razones de solidaridad territorial mal entendida para negarse a aceptar una tarifa eléctrica distinta para Galicia. Pero sólo se practica la solidaridad en un sentido. No existe la solidaridad para con el que produce la energía y sufre los costes de generarla», apunta la formación.

El PSOE pide a Red Eléctrica un informe sobre Solvay y exige al Gobierno que impulse las negociaciones

Europa Press.- El PSOE quiere que Red Eléctrica de España (REE) elabore un informe sobre las circunstancias que llevaron a que la empresa Innovyn-Solvay quedara «excluida» de la última subasta de interrumpibilidad, y reclama además al Gobierno que impulse las negociaciones con todas las partes para evitar la deslocalización de la compañía de Cataluña.

En una proposición no de ley registrada en el Congreso, los socialistas lamentan que la decisión del Ministerio de Industria de «excluir» a Solvay de la subasta de interrumpibilidad para 2015 y 2016 «pone en grave riesgo la viabilidad» de la planta de Martorell (Cataluña) y podría conllevar la pérdida de hasta 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Además, critican que no se atendieran las alegaciones de la compañía tras su suspenso en las tres pruebas de interrumpibilidad que Industria realiza a los grandes consumidores eléctricos para comprobar que pueden funcionar desconectados si es necesario, situación que motivó la recomendación de REE de excluir a Solvay de la subasta.

«Se podría haber optado por una solución que hubiera permitido la participación en la subasta», cree el principal partido de la oposición, que recuerda que la orden ministerial de octubre de 2013 permite al Ministerio de Industria autorizar esa posibilidad si el suspenso en los test se debe a «motivos excepcionales debidamente justificados», tales como los que alegaba la empresa. Así, ante las «graves consecuencias» que se pueden derivar de esta medida tanto para la viabilidad de la empresa como para el mantenimiento del empleo, el PSOE pide a Red Eléctrica que realice un informe para «conocer todo lo sucedido» y para verificar que el operador nacional cumplió «en tiempo y forma» con las correspondientes notificaciones sobre los controles rutinarios.