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La subasta de interrumpibilidad ofrece a la industria electrointensiva 2.600 MW de potencia interrumpible para los próximos 7 meses

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Europa Press / EFE.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año ha dado comienzo con la subasta de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad.

Mediante la celebración de la subasta convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y administrada por Red Eléctrica en el recinto ferial Ifema de Madrid, se repartirá esta potencia en un total de 320 bloques del producto de 5 MW (1.600 MW) y 25 bloques del producto de 40 MW (1.000 MW). La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona y que podría afectar a todo el país.

En esta ocasión, el mecanismo de asignación será similar al de ediciones anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW y año para los productos de 5 MW y de 200.000 euros/MW y año para los de 40 MW, según Red Eléctrica. Así, durante próximos días, cerca de 130 empresas de la gran industria con consumo eléctrico intensivo competirán por la adjudicación del servicio de interrumpibilidad. Los resultados de esta subasta se darán a conocer una vez que sean validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de la web del operador del sistema de Red Eléctrica eSios.

La potencia interrumpible del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018 se asignó mediante un procedimiento de subastas competitivas similar al actual en diciembre del año pasado. En un informe, la CNMC criticó que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no aprovechara para realizar una revisión del mecanismo de interrumpibilidad, de cara a esta nueva subasta, para adaptarlo a la normativa europea, que estaba previsto que entrara en vigor antes de acabar el año. Asimismo, advirtió del elevado coste que implica el mecanismo y consideró que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad».

A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio, la CNMC consideró que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente», por lo que recomendó considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW. Un cambio que ha introducido el Ministerio para intentar incrementar “la competencia” en la subasta, algo que demanda la CNMC.

Sin embargo, algunas siderúrgicas como las compañías Sidenor, Grupo Gallardo Balboa y Siderúrgica Sevillana, que han anunciado recursos contra la orden de convocatoria de la subasta, consideran que el cambio no tendrá ese efecto, pues se mantiene la misma exigencia de disponibilidad de desconectarse para los bloques de 40 MW que había para los de 90 MW, al menos el 91% de las horas de cada mes. Hay que recordar que el Ministerio de Energía aprobó una orden para poder usarla también para contener el precio de la electricidad. Según indicó a comienzos de marzo el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en los dos primeros meses de 2018 la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones para ese fin.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, ha expresado su preocupación ante la nueva subasta al asegurar que existe «muchísima incertidumbre» para la industria electrointensiva, puesto que se espera una mayor competencia. En el caso concreto de Avilés, existe la incertidumbre de que la planta pueda optar a los bloques de interrumpibilidad. «Lo que tenemos mucho miedo es que haya más empresas y que entren de una forma agresiva y los precios queden muy bajos», ha señalado.

Esta es la segunda subasta de potencia interrumpible que se hace para este año después de la celebrada en diciembre, a la que concurrieron 128 pujadores y en la que 117 se adjudicaron 384 lotes, 376 de 5 MW y 8 de 90 MW (estos últimos fueron todos para grupos empresariales), con lo que se asignaron 2.600 MW para los cinco primeros meses del año.

En la pasada subasta, el precio de salida para el producto de 5 MW fue el mismo que ahora y para el de 90 MW de 270.000 euros/MW y año, aunque finalmente se adjudicaron con descuentos, de forma que el precio medio de asignación para el de 5 MW fue de 108.245 euros/MW y de 235.167 euros/MW para el de 90 MW. Además de la sustitución de los bloques de potencia de 90 MW por otros de 40 MW, la orden del Ministerio de Energía introdujo la exigencia a las empresas participantes de no tener deudas con el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar.

La CNMC critica que Energía no introduzca ninguna novedad en el mecanismo de interrumpibilidad para cumplir con la Unión Europea

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no haya aprovechado para llevar a cabo una revisión del mecanismo de interrumpibilidad para adaptarlo a la normativa europea, de cara a la nueva subasta que se realizará para el periodo comprendido de junio a diciembre de este año, después de la primera, destinada a cubrir el periodo enero-mayo, que se celebró en diciembre.

La CNMC ha recordado que en la anterior orden de esa subasta ya expuso que el Ministerio de Energía debería haberla planificado mejor, de forma que cubriese todo el año. En su informe sobre la propuesta de orden del Gobierno para subastar potencia interrumpible durante los 7 últimos meses del año, la CNMC señala que el Ministerio justificó la existencia de dos subastas este año por necesitar más tiempo para adaptar el servicio de interrumpibilidad a las exigencias de Bruselas y los cambios que introducirá el nuevo marco regulatorio europeo, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2018. Sin embargo, el organismo señala que no aprecia en la propuesta del Ministerio «ninguna de las reformas regulatorias prometidas anteriormente».

Asimismo, al igual que en noviembre en su informe sobre la primera subasta de potencia interrumpible para 2018, la CNMC advierte del elevado coste que implica el mecanismo y considera que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad». A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros.

Dos cambios para la subasta

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio de Energía, la CNMC considera que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente» para aumentar el número de empresas en la subasta, por lo que recomienda considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW.

Asimismo, comparte que se impida la participación en la próxima subasta a aquellas empresas con deudas pendientes con el operador del sistema, Red Eléctrica, en relación con el servicio de gestión de la interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar. A este respecto, señala que en el primer trimestre de este año, el servicio se ha activado 35 horas, con un total de potencia interrumpida de 16.749 megavatios (MW), según Red Eléctrica.

Energía publicó en noviembre pasado una orden para que la interrumpibilidad pudiera ser usada no sólo como un mecanismo de ajuste del sistema cuando falta potencia, sino también como herramienta para la contención del precio de la electricidad. En los dos primeros meses de 2018, la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones por motivos económicos, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

En la subasta que se hizo para el periodo entre enero y mayo de 2018, se adjudicaron un total de 384 lotes de potencia interrumpible a 117 pujadores de los 128 que se presentaron. El precio medio de asignación fue de 108.245 euros por megavatio y año en los bloques de 5 MW y de 235.167 euros por megavatio y año en los de 90 MW, mientras que la media ponderada se situó en 143.393 euros por megavatio y año.

La interrumpibilidad por motivos económicos se ha utilizado 27 veces este año con el recibo de luz bajando un 8%

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EFE / Europa Press.- La factura eléctrica se ha reducido en un 8% en lo que va de año para un consumidor medio acogido al PVPC, lo que supone que el recibo de la luz bajó 12 euros aproximadamente. La interrumpibilidad, que permite cortar el suministro eléctrico a las empresas en caso de necesidad a cambio de un incentivo económico, se ha utilizado en 27 ocasiones por motivos económicos en lo que va de año, desveló el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobó una orden que posibilitaba el uso de la interrumpibilidad para cuadrar la oferta y la demanda de energía eléctrica cuando sea más barato que recurrir a otros medios. Una reacción a la sustancial subida del precio de la electricidad para los consumidores acogidos a la tarifa regulada registrada el pasado octubre por el encarecimiento de los servicios de ajuste, cuya finalidad es adaptar la oferta a la demanda en cada momento.

De este modo, Navia ha explicado que la interrumpibilidad se ha utilizado «de forma sustancial» durante los meses de enero y febrero y ha recalcado que es una de las medidas aplicadas por el Ministerio para contribuir a mejorar la competitividad de los precios energéticos. Además, recientemente se activó la liberación de parte de las reservas de gas natural acumuladas en el marco del Plan de Actuación Invernal ante la ola de frío que afecta a gran parte de España. Este plan, aprobado en noviembre, eleva de 2 días a 3,5 días el volumen de reservas de gas que deben almacenar los operadores para garantizar el suministro de gas ante un eventual aumento del consumo.

Baja un 8% este año

Por otro lado, la factura eléctrica se ha reducido en un 8% en lo que va de año. Ante estos datos, Navia ha destacado que en enero hubo una situación de precios «sustancialmente» mejor que la que se registró en dicho mes de 2017, mientras que en febrero los niveles fueron casi similares. «Hay cierto encarecimiento entre enero y febrero que se deriva de cuestiones habituales en el mercado energético, como la menor participación de renovables y la situación de ola de frío generalizada, tanto en España como en el resto de Europa, que ha hecho que la demanda suba un 5% en febrero respecto al mes de enero», añadió.

Energía destaca que esta reducción en lo que va de año se produce pese a la ligera subida observada en febrero, mes en el que la factura se incrementó respecto a enero en un 2,22%, según los datos del simulador de la factura eléctrica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No obstante, señala que si se comparan los precios de febrero de este año (64,34 euros) respecto a febrero de 2017 (64,15 euros), se ha producido una subida de apenas el 0,3%, debido fundamentalmente a la ola de frío que se está produciendo en el centro de Europa y, aunque en menor medida, en España.

Según Energía, esta ola de frío ha provocado un incremento de la demanda eléctrica en España del 5% respecto a enero y ha supuesto un aumento generalizado de los precios de la electricidad en todos los países de Europa. En todo caso, explica que, como es habitual, las puntas de precios máximos en España en febrero, que alcanzaron los 74 euros por megavatio/hora fueron inferiores a las de los países del entorno de España, y pone como ejemplo que han sido unos 85 euros inferiores que en Francia y 5 euros menos que en Alemania.

«En conjunto, más allá de la volatilidad asociada a factores climáticos en febrero, el inicio del año confirma una reducción importante de la factura eléctrica gracias a la mejor situación comparativa con el mismo período del año 2017», subraya el Gobierno. Asimismo, recuerda que, en su ámbito de actuación, el Gobierno ha implementado recientemente diversas medidas para contribuir a mejorar la competitividad de los precios energéticos, como mantener constantes la parte regulada de la factura (peajes) por quinto año consecutivo.

AEGE asevera que el resultado de la subasta de interrumpibilidad es un «duro batacazo» para la industria electrointensiva

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Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) asevera que los resultados de la subasta de interrumpibilidad suponen «un duro batacazo» en la competitividad de las industrias electrointensivas y tendrán «consecuencias negativas» después de resolverse con un recorte de la retribución anual del servicio de 152 millones de euros y con 11 fábricas quedando excluidas.

AEGE señala que el resultado supone un recorte del 30% con respecto a 2017, con una reducción de 86 millones de euros en el precio medio del servicio y de 66 millones en la potencia asignada. Así, la asociación considera que con esta reducción de potencia interrumpible, «no previsible con una demanda creciente y con una insuficiente capacidad de interconexión con Francia», las fábricas proveedoras del servicio sufren una fuerte merma de su retribución en el mejor de los casos».

Además, subraya que, después de que se recortara a 5 meses el periodo de vigencia y se bajara el precio de salida en un 10%, en la subasta se confirmó una reducción de la potencia subastada y un recorte del 20% en los precios medios asignados. «Este resultado supondrá una pérdida de competitividad considerable para industrias que emplean 186.000 personas. Al recorte se suma la incertidumbre que rodea al servicio a partir de junio: lo contrario de la estabilidad que necesita la industria», añade AEGE.

Finalmente, la industria electrointensiva solicita medidas urgentes para lograr precios eléctricos similares a los de sus principales competidores europeos. En este sentido, pide que se aplique ya la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a las fuentes renovables, prevista en los Presupuestos Generales de 2017 y que, «la industria electrointensiva desconoce si dispondrá de dicha compensación».

La subasta de interrumpibilidad se salda con un coste de 373 millones de euros, tras descuentos de hasta el 28%

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Europa Press.- Red Eléctrica de España (REE) completó el proceso de asignación del servicio de interrumpibilidad para los cinco primeros meses de 2018, cuyo coste total para el sistema eléctrico ascenderá a 372,8 millones de euros tras registrarse descuentos en las subastas de hasta casi el 28%. Este servicio lo ofrecen los grandes consumidores de electricidad y consiste en su compromiso de reducir o suspender la demanda cuando lo exija el sistema.

En esta ocasión, se han asignado bloques que suman 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible a grandes consumidores a un precio medio ponderado de 143.393 euros por MW, según indicó REE. En total, se han asignado durante las subastas 8 bloques de 90 MW y 376 bloques de 5 MW. En la convocatoria participaron un total de 128 consumidores, señaló el operador de la red eléctrica, que organizó el proceso como administrador de la subasta.

El precio medio de asignación fue de 235.167 euros por MW y año para los productos de 90 MW, un 13% menos del precio de salida fijado por el Ministerio de Energía, y de 108.245 euros por MW, un 27,8% inferior, para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía habían sido de 270.000 euros por MW y año para los productos de 90 MW y 150.000 euros por MW y año para los de 5 MW.

El Congreso reclama al Gobierno que abarate la interrumpibilidad y ajuste la potencia subastada a iniciativa de Podemos y PSOE

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Europa Press.- La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidos Podemos y el PSOE en la que piden abaratar la interrumpibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema eléctrico.

Este mecanismo, a través del cual se recompensa a las grandes industrias por detener su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, ha sido cuestionado por Podemos En Marea, cuya portavoz, Yolanda Díaz, denuncia que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que Francia, Alemania o Italia juntas. La iniciativa fue respaldada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, mientras que los diputados del PP votaron en contra.

La propuesta pactada por Unidos Podemos y PSOE apuesta por modificar la regulación de la interrumpibilidad para que esta «responda estrictamente a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico español, reduciendo el volumen de potencia interrumpible en la subasta a 90 MW, aumentando así la presión competitiva en la subasta y limitando el valor máximo de la retribución por la prestación del servicio«. Asimismo, la propuesta reclama desarrollar una metodología de necesidades de cobertura y flexibilizar las condiciones de ejecución de la reducción de demanda «de forma que sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda además de cubrir situaciones de emergencia».

Por otro lado, reclama garantizar «por un período razonable» la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible «para favorecer la seguridad jurídica», que la adjudicación del servicio se realice con carácter anual, mensual o semanal, y mecanismos para que los adjudicatarios de potencia interrumpible puedan recomprar sus obligaciones de reducir la demanda. El texto también exige que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos y se publique información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, para conocer la utilidad del servicio «de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema«.

La propuesta incluye también un mandato al Gobierno para establecer en los Presupuestos una línea de ayudas directas a la industria, de carácter trienal, dentro del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020. Por último, tras pactar el texto con el PSOE, la propuesta incluye un último punto que insta a publicar, a la mayor brevedad posible, la orden de convocatoria de ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

Unidos Podemos denuncia ayudas encubiertas a la industria con la interrumpibilidad y pide abaratar su coste y limitar la potencia

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Europa Press.- Unidos Podemos ha propuesto en el Congreso limitar el valor máximo de las retribuciones de la interrumpibilidad, fórmula por la cual las grandes industrias detienen su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, así como reducir el volumen de potencia interrumpible. En este sentido, la portavoz de Podemos En Marea, Yolanda Díaz, destaca que el coste de la interrumpibilidad en España es «a todas luces exagerado» y con un volumen de potencia «innecesario».

Durante toda la iniciativa, Díaz realiza una comparativa entre la gestión que realizan de este recurso países europeos por cuyo tamaño España debe compararse, como Francia, Alemania e Italia, concluyendo que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que el resto de países de su entorno.

Díaz señala que si en 2016 en España se adjudicaron 2.895 megavatios (MW), con un coste de medio de 173.920 euros/MW, y un coste total de 503,5 millones de euros, los consumidores españoles pagaron por este recurso más que los abonados por Alemania, Francia e Italia juntas. Así, señala que la máxima retribución en Alemania en 2016 hubiera supuesto 39 millones de euros, en Francia 96 millones y en Italia 297 millones. Sumados todos juntos contabilizan 432 millones de euros, casi 100 millones menos que los 503,5 millones que España desembolsó en concepto de interrumpibilidad.

Todo ello a pesar de que, según sostiene en la iniciativa Yolanda Díaz, España contrate un mayor volumen de potencia que todos los países, menos Italia, a pesar de registrar puntas de demanda inferiores (40,5 GW frente a los 87 GW en Alemania, los 88 GW en Francia o los 54 GW en Italia). «Resulta sorprendente que el sistema eléctrico español necesite el doble de potencia interrumpible que Francia o Alemania, con puntas de demanda muy superiores, y solo algo menos que Italia, con una punta de demanda superior», destaca.

Realizando una comparativa entre la punta de demanda anual y la potencia instalada, aunque sin tener en cuenta la disponibilidad de las diferentes tecnologías, se «da una idea de la probabilidad de tener que recurrir» a la desconexión por la falta de energía, España ocupa el último puesto en este coeficiente de riesgo. Todo ello lleva a la diputada a concluir que el sistema de interrumpibilidad no deja de ser una forma de compensar a las industrias electrointensivas. «La causa última de estas distorsiones está en que es, en realidad, una mezcla de herramienta técnica y de ayuda a la industria general, pero de forma particular a la electrointensiva», argumenta.

Unas ayudas de las que, si bien Díaz no rechaza su existencia, critica que se carguen sobre los consumidores. Por ello, aboga por que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con carácter trienal, al amparo de las directivas europeas sobre ayudas a la protección medioambiental, y con el fin de compensar el apoyo a la energía renovable y a la colaboración con la transición energética condicionadas, eso sí, en determinados supuestos.

También llama a reformar la gestión de la interrumpibilidad con el fin de que «responda estrictamente» a necesidades derivadas de la seguridad del sistema, flexibilice las condiciones de ejecución para que, además de cubrir situaciones de emergencia, «sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda», y habilitar mecanismos de recompra para que los adjudicatarios de potencia puedan cancelar sus obligaciones de reducir la demanda.

Por otro lado, pide que la adjudicación se pueda realizar con carácter anual, mensual o semanal, se garantice la retribución y volumen de potencia máxima por un período de 3 años, y que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos. Aunque el resto de países también cuentan con un mecanismo de subasta, España es el único donde esta subasta es presencial, sin que esta circunstancia se justifique en la normativa que regula estas subastas, gravándose su coste, con el consiguiente despliegue de instalaciones, equipos y desplazamiento a la sede de la subasta, a la factura de los consumidores.

La Comisión Europea aprueba un nuevo mecanismo de capacidad en el mercado de electricidad de Irlanda

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Europa Press.- La Comisión Europea ha aprobado un nuevo mecanismo de capacidad en el mercado de electricidad que está operado de forma conjunta por Irlanda e Irlanda del Norte, al concluir que ayudará a asegurar el suministro de electricidad y al mismo tiempo preservará la competencia en el mercado único europeo.

En virtud de este mecanismo, las centrales eléctricas y otros proveedores de capacidad en el mercado eléctrico de la isla obtendrán un pago por ser capaces de generar electricidad o, en el caso de operadores de demanda y respuesta, por su disposición a reducir el consumo de electricidad para ayudar a equilibrar la oferta y la demanda. «El mecanismo de capacidad conjunto entre Irlanda e Irlanda del Norte ayudará a garantizar el suministro de electricidad en los próximos años. Es bueno que este mecanismo sea gestionado más allá de las fronteras nacionales e impulsará la competencia entre todos los proveedores de capacidad», ha señalado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager

En concreto, Bruselas ha concluido que este mecanismo cumple con las normas europeas en materia de Ayudas de Estado puesto que está abierto a todo tipo de proveedores de capacidad potenciales. Además, Bruselas ha valorado que la medida mantendrá «bajo control» los costes que asumen los consumidores gracias a las subastas «regulares y competitivas» para asignar los contratos de capacidad.

Otra de las características del mecanismo de capacidad irlandés es que las centrales eléctricas seleccionadas en las subastas tendrán que reembolsar al Estado partes de las ayudas que han recibido cuando los precios de la electricidad alcancen niveles «muy altos«, por ejemplo más de 500 euros por megavatio y hora (Mwh). Las centrales financiarán este reembolso con los ingresos generados por la venta de electricidad.

Energía modifica el servicio de interrumpibilidad, cuya subasta pone en juego 2.600 MW de potencia interrumpible para los grandes consumidores

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado la orden que modifica el servicio de interrumpibilidad eléctrica, el mecanismo por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. Esta subasta se celebra esta semana en la Feria de Valladolid y estará administrada por Red Eléctrica de España (REE). Los grandes consumidores de electricidad aspiran a la asignación de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible.

En concreto, estos 2.600 MW de potencia interrumpible a subastar estarán repartidos en 376 bloques del producto de 5 MW (1.880 MW) y ocho bloques del producto de 90 MW (720 MW), según REE. Esta adjudicación, por la que competirán cerca de 150 empresas de la gran industria con intensivo consumo eléctrico, se limitará a un periodo de 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo, en lugar de la adjudicación por un año, como venía siendo habitual. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Gobierno justifica esta limitación temporal en la necesidad de adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018. El mecanismo de asignación será similar al de los años anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW por año para los productos de 5 MW y de 270.000 euros/MW por año para los de 90 MW. En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta precedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros.

El Gobierno modificó este año el sistema de interrumpibilidad. Entre las novedades introducidas figura la posibilidad de activar el servicio por criterios económicos. En este caso, el operador hará que entre en juego la interrumpibilidad si es más barata que los servicios de ajuste del mercado diario. La aplicación del servicio de interrumpibilidad por criterios económicos se realizará por cantidades mínimas de 200 megavatios (MW) y máximas de 500 MW en cada hora, de acuerdo con el cumplimiento de algunas condiciones. Además, en caso de su activación por este criterio, entre los adjudicatarios del servicio se establecerá un sistema de turnos rotatorios como criterio de orden para requerir su activación.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de una opción de reducción de potencia.

Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) criticó las propuestas del Ministerio al considerar «elevado» el coste del sistema de interrumpibilidad eléctrica, «apenas utilizado», y propuso que se justificase su necesidad. El organismo consideró que las subastas de interrumpibilidad son «complejas», que sus costes triplican las del gas y electricidad y que algunos productos (90 MW) favorecen a las grandes industrias.

La CNMC advierte sobre el «elevado» coste del servicio de interrumpibilidad y propone que Red Eléctrica justifique su necesidad

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido sobre el «elevado» coste del sistema de interrumpibilidad eléctrica, «apenas utilizado», y propone que se justifique su necesidad. El organismo presidido por José María Marín Quemada considera que las subastas de interrumpibilidad son «complejas», que sus costes triplican las del gas y electricidad, y que algunos productos (90 MW) favorecen a las grandes industrias.

Así se desprende del informe publicado por la CNMC que analiza la propuesta del Ministerio de Energía, que introduce varias modificaciones en el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y los mecanismos de capacidad. En la actualidad, la Comisión Europea está investigando a varios países, entre ellos España, por los sistemas de pagos por capacidad ya que podrían incurrir en ayudas de Estado no autorizadas. En el caso de la interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico.

La CNMC señala en su informe que la revisión del mecanismo de interrumpibilidad y de capacidad propuesto por el departamento presidido por Álvaro Nadal debería haberse abordado con la suficiente antelación. De esta forma, según la CNMC, la próxima subasta de interrumpibilidad habría cubierto todo el año frente a los 5 meses que, de hecho, ya ha aprobado el Ministerio de Energía mediante una disposición adicional. Esta limitación temporal se ha justificado para adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018, que introducirá nuevos cambios.

Por otra parte, la CNMC considera que Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, debería justificar mediante una metolodología de estudio que «realmente es necesario» subastar unas cantidades tan elevadas de potencia interrumpible. En este sentido, el organismo dependiente del Ministerio de Economía señala en su informe el «elevado» coste de la interrumpibilidad y el reducido uso efectivo que siempre se ha hecho del mismo.

Asimismo, la CNMC señala la complejidad del sistema de subastas de interrumpibilidad, lo que explica que su duración en ocasiones se haya prolongado durante 5 días y el elevado coste de su organización (entre 504.000 y 660.000 euros) comparado con las diferentes subastas eléctricas y gasistas con costes situados entre 75.000 euros y 205.000 euros. Además, la CNMC señala que las subastas del producto de 90 MW son susceptibles de plantear problemas de competencia, como consecuencia del escaso número de empresas que pujan en ellas y, por tanto, de la poca presión competitiva. Por ello, recomienda acumular las ofertas en los bloques de 5 MW para permitir una mayor desagregación.

Finalmente, la CNMC se muestra disconforme con el modo de proceder de la Secretaría de Estado de Energía porque ya ha publicado, antes de que ella enviara su informe, la resolución de octubre por la que se aprueba el calendario y las características de las subastas del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. «Así, condiciona, y por ello mismo menoscaba, la función como órgano consultivo de esta Comisión”, ha señalado el organismo presidido por José María Marín Quemada.