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Ribera asevera que «el diésel tiene los días contados» y que hay que «ir pensando en un proceso de salida»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado al anterior Gobierno del PP de haber utilizado partidas presupuestarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para financiar el déficit de tarifa en el sistema eléctrico al tiempo que ha manifestado en el Congreso que «el diésel tiene los días contados» y que su «impacto» en la calidad del aire «es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida».

En todo caso, sobre una posible subida de impuestos que pudiera afectar a este carburante, la ministra se remitió a su colega María Jesús Montero, titular del departamento de Hacienda. Respecto a las restricciones al tráfico que preparan ciudades como Madrid, Ribera las ha celebrado como una medida «muy razonable y muy normal» pues cree necesario facilitar la movilidad pero también que ésta «afecte cada vez menos, en la medida de lo posible, a la salud de los ciudadanos». «Evidentemente, el diésel tiene los días contados. Durará más o menos, pero sabemos que su impacto en partículas y en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida», afirmó.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno debe plantearse qué «señales fiscales y regulatorias» puede aprobar para acompañar a los gobiernos municipales «en ese proceso de cambio» de la movilidad. La ministra ha aclarado que «no se puede culpabilizar a quien compra» un vehículo diesel, aunque el consumidor debe saber que su precio “no está reflejando el coste real del impacto que tiene ese coche». «Un consumidor responsable es lo mejor que podemos tener, pero para facilitar comportamientos de consumidor responsable tenemos que asegurarnos de que las señales de mercado, las señales fiscales, nos permitan discriminar de una manera intuitiva, natural, sin tener que hacer análisis profundísimos sobre qué significa cada compra», ha concluido.

El PP «vacía» partidas medioambientales

Respecto a sus críticas al PP, Ribera aludió a un «vaciamiento» del presupuesto de Medio Ambiente para cubrir el déficit de tarifa, lo que considera «el descubrimiento más importante y llamativo» que ha hecho al llegar a su departamento. En este sentido, la ministra contrapuso la utilización de estas partidas con la de las subastas de derechos de emisión de gases contaminantes, ya que considera «perfectamente legítimo» y «positivo» financiarlo a través de estos ingresos. «Menos mal que había subastas de emisión y que esos ingresos permitían financiar cosas», ha dicho, haciendo un llamamiento a pensar «en un contexto estructural» y dirigir este gasto «de forma más transparente y más estratégica, que no sustituyendo partidas presupuestarias preexistentes que han desaparecido«.

Unidos Podemos propone que el 50% de lo recaudado en la subasta de emisiones se dedique a desarrollar las renovables

Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos propone que, al menos, el 50% de la recaudación de la subasta de emisiones de gases de efecto invernadero se destine por ley al desarrollo de las energías renovables. Así lo recoge una de sus enmiendas al proyecto de ley aprobado por el PP que modifica hasta tres leyes: la de Evaluación Ambiental, la de Montes y la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Según explicó en su momento el Ejecutivo popular, este texto propone reforzar el carácter preventivo ante las amenazas y los nuevos desafíos ambientales y presta una atención especial a la eficiencia de los recursos y a la prevención de riesgos que a partir de ahora estarán «mejor reflejados en el proceso de evaluación». De este modo, la Ley de Evaluación Ambiental modificará la evaluación de las obras de repercusión social para hacer hincapié en la especial eficiencia del uso de los recursos y también se espera la integración o coordinación de la evaluación de impacto ambiental con otros procedimientos ambientales.

PNV y Ciudadanos piden, en sus enmiendas, que la norma recoja una nueva disposición final en la que se determine que, cuando un procedimiento judicial afecte a la ejecución de un proyecto y ya cuente con una Declaración de Impacto Ambiental favorable, el plazo de vigencia de la misma se quedará en suspenso hasta el momento de la sentencia firme. «Se pretende evitar que el promotor tenga que tramitar nuevamente una evaluación ambiental del proyecto desde cero», indican los nacionalistas.

El proyecto de ley también busca potenciar la calidad de la información y la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental y priorizar el uso de los medios electrónicos, para poder garantizar así la participación efectiva de todas las personas interesadas en el procedimiento. En este sentido, Unidos Podemos ha incluido enmiendas para que esta información sea accesible a la población, a través de las webs de los ayuntamientos.