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El encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 ha disparado el precio de la luz un 9% en 2018

Europa Press.- El encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, con su impacto en el mercado mayorista de la electricidad, el conocido como pool, ha disparado el precio de la luz un 9% en 2018. Según los analistas del Grupo ASE, sin el impacto del CO2, el precio de la luz, en lugar de rondar los 57 euros por megavatio hora (MWh) de media en el año sería de unos 52 euros por MWh, unos 5 euros por MWh más barato.

El gas marca el pool

Así, el Grupo ASE señala que el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 ha elevado los costes de producción de electricidad vía carbón y gas, lo que tiene un efecto directo sobre el precio de la luz porque el precio del pool, que cuenta con un sistema de fijación de precios marginalista, está indexado a las ofertas de casación del gas. En la actualidad, sólo cuando la energía eólica logra un volumen importante, como ocurrió en noviembre, es capaz de neutralizar este efecto.

De esta manera, Grupo ASE estima que, por este sobrecoste extra de la electricidad debido al efecto del encarecimiento del CO2, una empresa mediana, como podría ser una fábrica de cartón, que consumiera 5 gigavatios (GW) de electricidad al año, habrá abonado este años 25.000 euros brutos más, solo por el encarecimiento del pool directamente asociado al coste del CO2.

La central nuclear José Cabrera de Zorita cumple 50 años entrando en la recta final de su proceso de desmantelamiento

Europa Press.- La central nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), ha cumplido 50 años cuando afronta un momento crucial de su fase final de desmantelamiento, en el que se han superado el 85% de unos trabajos que está previsto que concluyan para el 2020. Con una producción anual de 1.000 millones de kilovatios hora por año, fue la primera planta nuclear construida en España. Después de 38 años de funcionamiento, el 30 de abril de 2006, cerró sus puertas definitivamente.

Según confirmaron desde la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), la demolición convencional de uno de los edificios más emblemáticos de la planta, la cúpula de color anaranjado que identifica a esta planta desde lejos, empezará a mediados de 2019. En el año 2010 la planta fue transferida de la empresa propietaria Gas Natural Fenosa, actualmente denominada Naturgy, a la empresa pública ENRESA, que desde entonces se hace cargo del desmantelamiento, el primero completo que se produce en España de forma programada y con corte de piezas radiológicas bajo agua.

La construcción de esta instalación comenzó en julio de 1965, duró 3 años y costó 2.000 millones de pesetas; fue inaugurada por el dictador Francisco Franco el 12 de diciembre de 1968. En este proceso de desmantelamiento se van a gestionar un total de 104.000 toneladas de materiales. Los residuos radiactivos de baja y media actividad están siendo enviados a El Cabril, en Córdoba, mientras que el combustible gastado de la planta permanece en el Almacén Individualizado Temporal (ATI) que hay en la propia planta.

Razones burocráticas pero también del propio proceso de descontaminación han influido en que el desmantelamiento, inicialmente previsto para 2016, haya sufrido varias demoras. También el presupuesto inicial de estos trabajos ascendía a 135 millones de euros, una cifra que se ha elevado ahora a 160 millones de euros según el propio director del Desmantelamiento de Zorita, Manuel Ondaro. Cuando estén concluidos todos los trabajos, ENRESA devolverá de nuevo el emplazamiento a Naturgy para futuros usos.

5.800 industrias sufren una «discriminación eléctrica» de 350 millones, según una plataforma molesta por el trato favorable al País Vasco

Europa Press.- Un total de 5.800 industrias sufren una «discriminación tarifaria eléctrica» consistente en el pago de un sobrecoste anual de 350 millones por estar encuadradas en un tramo tarifario diferente al que consideran que les corresponde, según la Plataforma Energética kV 25/30. El Gobierno bajó los peajes en 2014 a las tarifas con una tensión mayor o igual a 30 kilovoltios (kV) y menor de 36.

Esta plataforma está liderada por SEA Empresarios Alaveses, Grupo ASE, Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona, y presentó sus reivindicaciones en el Senado, acompañada por responsables de Confemetal. Estas empresas denuncian una «incoherencia regulatoria» y piden que se les ubique «en la tarifa eléctrica que les corresponde, evitando así un inexplicable sobrecoste». El promotor de la plataforma y gerente de ASE, Ramón López, indicó ante la Comisión de Energía de la Cámara Alta que estas empresas sufren una «incoherencia regulatoria que supone una arbitrariedad que origina inseguridad jurídica, discriminación y, en definitiva, un sobrecoste».

El problema, explica la plataforma, se originó en 2008, cuando se modificó el Reglamento de Líneas y las redes de 25 y de 30 kilovoltios (kV), clasificadas como de segunda categoría, pasaron a pagar como de tercera categoría. La solución que reclama esta plataforma es que las redes entre 25 y 30 kV se trasladen al nivel de tensión 2 de la tarifa, en concreto a la tarifa 6.2, cuyos peajes eléctricos son inferiores. Este nivel de tensión contempla unos peajes eléctricos inferiores de los que se beneficia buena parte de la industria vasca, cuya tensión es de 30 kV. En todo caso, estas reivindicaciones también beneficiarían a empresas vascas.