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La compañía minera Hullera Vasco-Leonesa inicia un ERE de extinción para sus últimos 68 trabajadores tras 125 años de historia

EFE.- La administración concursal de la compañía minera Hullera Vasco-Leonesa ha iniciado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para la práctica totalidad de los 68 empleados que aún desempeñaban su trabajo en la empresa, que tiene 125 años de historia.

Según CCOO, este ERE supone un «nuevo mazazo a la provincia de León, al sector de la minería y a sus comarcas» y significa el cierre de la compañía.

Las causas que alegan los administradores concursales para presentar el ERE son económicas por el desmantelamiento de la mina de interior y que actualmente no tienen ningún contrato de compra de carbón para el próximo año por parte de las eléctricas.

CCOO estaca que con esta decisión «se pone punto y final a una larga agonía que desde 2014 ha supuesto la presentación de multitud de ERE para cientos de trabajadores, el cierre de las subcontratas de la compañía y la entrada en el concurso de acreedores por su delicada situación económica».

En este sentido, CCOO cree que la pérdida de empleo y la desaparición del sector del carbón no puede seguir siendo el principal objetivo de las propuestas del Gobierno.

Por ello, el sindicato espera que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y los asesores ministeriales presentes en la última reunión trasladen sus reclamaciones a la ministra y al secretario de Estado del ramo.

«Es necesario contemplar globalmente todas las implicaciones que están en juego, y más aún con una noticia tan drástica y lamentable para el sector y la provincia de León como la anunciada por la sociedad Hullera Vasco-Leonesa», ha apuntado CCOO.

El sindicato confía en que finalmente se evite la tensión que se viene acumulando en el sector, ya que puede tener consecuencias sociales imprevisibles.

Teresa Ribera compromete ante el sindicato CCOO un plan de transición justa que complementará a la Ley de Transición Energética

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado un Plan para la Transición Justa, que será complementario a la futura Ley de transición energética, cuyo borrador verá la luz probablemente antes de agosto. En la Jornada sobre transición energética y justa, organizada por Comisiones Obreras, la ministra señaló que entre los primeros objetivos del Gobierno está facilitar una transición justa con un modelo energético, social y productivo diferente en el que ningún colectivo o región se quede atrás.

Para ello, ve fundamental fortalecer “el entendimiento y el diálogo social”, así como hacer visibles las oportunidades de empleo e inversión en un nuevo modelo de producir diferente. La ministra opina que es «indispensable» que las personas se sitúen «en el centro» del proceso para lograr una «nueva etapa» en España «más justa socialmente y más realista ambientalmente«. Por eso, ha insistido en la necesidad de un plan en el marco de una estrategia seria y participativa y, por ello, ha dicho que su Ministerio está trabajando acompañado de otros departamentos como Industria y Trabajo, pero ha añadido que también se necesita implicar a Economía, Hacienda y «también a Educación». Esta es, según añadió, una «prioridad» del presidente del Gobierno.

Respecto al Plan de Transición Justa, ha detallado que será una parte «complementaria» de la Ley de Transición Energética necesaria para dar «un giro a las políticas llevadas hasta la fecha». Ribera considera que no basta con decir que se necesita una economía baja en carbono sino que hay que «facilitar» ese proceso de cambio, hacer factible la creación de empleo sostenible en el tiempo, priorizar las oportunidades y propuestas para las comunidades locales. Además, añadió que es «imprescindible» que esta transición tenga en cuenta los contextos culturales, sociales y económicos de la población, pero también sus emociones. «Es imprescindible que los pueblos, sociedades y comarcas entiendan que lo que se está haciendo es la mejor opción», ha insistido Ribera.

Al respecto, la ministra ha dicho que para no dejar a nadie atrás en esta transición se tendrá que realizar un acompañamiento financiero, político, industrial que permita dar credibilidad a este proceso y cree que hacerlo es una «obligación» que solo puede hacerse desde el diálogo y la correcta observación de prioridades. «Necesitamos un marco coherente. Es un debate importantísimo. Necesitamos, por tanto, entender, incorporar los ajustes, los cambios, corregir aquello que no funciona con una visión amplia que vaya más allá», ha concluido. En este contexto, resaltó que las emisiones de gases invernadero son un lastre para España, los ciudadanos, las actividades económicas, los inversores y los trabajadores, tanto del presente como del futuro».

Ribera ha destacado que el proceso hacia una transición ecológica «no es una actividad reservada exclusivamente a los activistas ambientales», sino que desde la política se debe trabajar «intensamente» para construir medidas que tengan cobertura «más allá del corto plazo». Por otra parte, la ministra quiso destacar la «fragilidad» que presenta el equilibrio ecológico en la actualidad y la necesidad por crear un «modelo diferente» en España. Además, ha expresado que desde la Administración son conscientes de que aún quedan heridas «no cerradas» desde la crisis y que el desempleo sigue siendo «precario», especialmente entre la población joven. En este contexto, Ribera señaló que esta situación se debe corregir mediante alternativas promovidas por el diálogo y que «miren al futuro«.

La ministra ha declarado que esta aproximación «no es nueva» y que, a veces, la reacción a un cambio produce que no haya cambio. Así, hizo hincapié en que este no es el camino y que «no hay institución, centro de estudios o analista serio que no haya señalado, una y otra vez, que un proceso de cambio genera oportunidades».

En el marco de la jornada, el sindicato Comisiones Obreras presentó sus propuestas para una transición energética justa hacia un modelo bajo en carbono. El plan es fruto de un trabajo confederal y se encuentra dirigido a orientar las propuestas del economista Jorge Aragón Medina en la Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética nombrada por el Gobierno. Durante la inauguración, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido la participación sindical en esta transición energética en la que considera que no se puede olvidar a los sectores industriales. «La transición a un sistema productivo libre de CO2 debe llevar también a momentos de oportunidades laborales estables. La sostenibilidad del modelo no puede mirar hacia otro lado», subrayó.

Sin embargo, respecto a las comarcas que se verán afectadas por el cambio del modelo energético, Sordo ha reclamado «soluciones políticas» para las empresas y los trabajadores afectados que no se puedan reconvertir. Entre estas propuestas, ha reclamado precisamente un plan de transición justa para cada zona afectada y un plan de inversión industrial y del empleo al tiempo que ha propuesto que se prime a las empresas que acometen esta transición frente a las que no lo hacen. En definitiva, insiste en que el desarrollo económico debe hacerse también en áreas que «no pueden ser abandonadas a su suerte».

Sordo quiso resaltar las consecuencias locales que la transición puede acarrear y promover un cambio que no deje de lado el crecimiento «sostenible» desde el punto de vista social. En este sentido, Sordo ha declarado que la transición hacia un modelo energético justo debe tener en cuenta a los trabajadores y las comarcas afectadas por el cambio. Además, añadió que los sectores industriales son «fundamentales» en el modelo productivo español y que gran parte de los problemas económicos en España tienen que ver con la dependencia energética y con la presencia «insuficiente» de los mismos.

El contenido del documento de Comisiones Obreras reivindica una transición energética hacia un sistema productivo libre de carbono en todos los sectores económicos, el cual implante fuentes de energía renovables y conduzca a una eficiencia en el uso de la energía que configure un nuevo tejido de empresas y de actividad económica generadora de abundante empleo en todos los sectores.

En este sentido, el plan propone medidas para la transición, como estrategias de apoyo a políticas industriales, territoriales y/o sectoriales, la adecuación en la formación en los colectivos laborales, la reactivación económica de zonas afectadas mediante la inversión pública o la creación de una protección social específica; así como planes de reactivación por zonas y sectores y un plan específico de actuación de las empresas en las que se prevea un posible cierre o reconversión.

Respecto a la financiación, el documento defiende la creación de un «fondo de transición justa» con instrumentos de financiación que primen el empleo creado, sus condiciones y su permanencia. Además, CC.OO. remarca la importancia de potenciar el I+D+i mediante incentivos fiscales para las empresas que se dediquen a la investigación de nuevos procesos de generación o de actividades relacionadas con el cambio de modelo energético.

En su intervención, el secretario general de la federación de Industria de CC.OO., Agustín Martín, ha llamado a crear una «visión integral» de un modelo energético que tenga permanencia para «más de 4 años» y así logre un progreso «estable» y «responsable». En este sentido, ha señalado que el cambio debe hacerse a nivel europeo y debe perseguir los objetivos de estabilidad, suficiencia y ser generador de empleo y riqueza.

Además, Martín ha reivindicado que se ha hablado «muy poco» de las personas que viven de estos sectores y que pueden ser afectadas por el cambio del modelo, por lo que CC.OO. quiere tratar su futuro y promover un proceso energético que genere «ganadores». Asimismo, ha querido resaltar que «no puede haber transición justa sin justicia social» y que llama a la Administración y a las empresas a colaborar en este objetivo y dar pasos «muy medidos» hacia el cambio.

El SOMA-UGT rechaza la transición energética rápida del Gobierno mientras el líder de los socialistas asturianos exige que sea justa

EFE.- El secretario general del PSOE de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado que desde su cargo va a pedir «exactamente lo mismo» que reclamaba cuando presidía la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), una transición energética «justa». Sin embargo, el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, ha defendido la continuidad en el uso del carbón autóctono para producir electricidad y ha rechazado el desarrollo de una transformación energética «muy rápida» como la defendida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Además, Alperi ha evitado, no obstante, pronunciarse sobre las afirmaciones de Ribera en las que aseguraba que el carbón no tiene futuro hasta que no se reúnan. «Del dicho al hecho hay mucho trecho», apuntó el dirigente del sindicato minero, que ha considerado quela ministra puede tener la idea de hacer políticas «en pos de una transición energética muy rápida», pero que ahora mismo España no tiene energías renovables tan desarrolladas para atender la demanda energética de la industria.

El PSOE defenderá al carbón

«Mi historia está ahí y ésa es la posición política del PSOE de Asturias», ha asegurado Barbón, que admitió que sabe que «flota en el ambiente» la preocupación por la transición energética tras los planteamientos realizados desde el nuevo Gobierno central. El dirigente socialista hizo estas afirmaciones durante su intervención en la apertura del congreso del Soma-Fitag-UGT que reeligió como secretario general a José Luis Alperi, uno de los principales dirigentes junto a Barbón que respaldaron en las primarias socialistas la candidatura de Pedro Sánchez.

Además, se ha mostrado sorprendido de que haya actores que ahora se acuerdan de que hay un conflicto con la transición energética y que hablen de carbón «sin ponerle apellido» ya que, a su juicio, la prioridad debe ser el autóctono. En un congreso tras meses de negociaciones para el futuro del SOMA-FITAG-UGT, Barbón señaló que es «motivo de alegría» que se hayan mantenido las siglas del sindicato minero «por lo que representan en la historia y para el futuro».

Incrementar precio de la energía

Por su parte, el secretario de Organización de UGT Asturias, Abel Suárez, que ha afirmado que las declaraciones de la ministra Teresa Ribera sobre el futuro del carbón no le gustan «ni gota», ha abogado por hablar de carbón autóctono y de un mix energético que permita contar con una industria competitiva. «Nos encontraréis en esa lucha mano a mano porque ayuda a la cohesión de la región y porque las cuencas no merecen más que una transición justa y no es momento de incrementar el precio de la energía», ha advertido el dirigente ugetista.

Lambán (Aragón) cree que el futuro del carbón depende de un gran acuerdo y los sindicatos piden reunirse con Ribera

EFE / Europa Press.- Mientras los sindicatos UGT y CCOO piden una reunión a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para tratar el futuro del carbón, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, considera que la solución para la amenaza de cierre de las centrales térmicas, como la de Andorra, debe producirse en un marco de «grandes acuerdos» entre sindicatos y empresas de la minería con el Gobierno de España y sin que el Ejecutivo aragonés «escurra el bulto».

Lambán respondió así al portavoz del PAR, Arturo Aliaga, sobre las acciones que va a llevar a cabo su Ejecutivo para defender la térmica de Andorra tras el cambio de dos escenarios. Uno, el del Gobierno en España, con el nuevo ministerio de Transición Ecológica cuya titular, Teresa Ribero, ha afirmado recientemente que el «proceso de caída paulatina» del peso del carbón «no puede dejar a nadie atrás en el camino», por lo que es necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Y el otro cambio, ha recordado Aliaga, el objetivo de que para 2030 el 32% de la energía deberá ser renovable en la Unión Europea.

En esta coyuntura, el presidente aragonés ha señalado que mantendrá la «alianza férrea» que tiene con las comunidades de Asturias y Castilla y León, también afectadas por esta amenaza, y que seguirá apoyando la proposición de ley del exministro Álvaro Nadal para impedir su cierre, así como las políticas del nuevo Gobierno «si consideran que son justas y siempre en el marco de los acuerdos que se adopten con los sindicados y las empresas mineras».

Lambán subrayó que el acuerdo de la Unión Europea alcanzado tiene «un componente preocupante» que hace extremar la alerta respecto a lo que pueda ocurrir en las cuencas mineras y que obliga a ponerse a trabajar «sin perder un minuto«. Reconoció la necesidad de aceptar «la inevitable e ineludible» transición energética hacia las renovables, pero también la de plantearle al Gobierno central que tiene que ser justa, «sin quebrantos en las cuencas mineras», en términos de despoblación y desempleo, «ni en el sistema energético español».

En este sentido, añadió que sin un mix energético en el que el carbón tenga un 5% o 6% de participación, el precio de la energía «se dispararía» en determinadas épocas del año y esa «falla de competitividad» que tiene la industria española respecto a la europea con el precio de la energía «aumentaría todavía más». Por ello, ha insistido en que el Gobierno central debe buscar mecanismos «efectivos» para evitar el cierre de las centrales, que no sean rebatibles en los tribunales por razones de interés general, o mejor todavía si es mediante negociaciones, y que impere la reindustrialización de las cuencas mineras y la búsqueda de economías alternativas.

Lambán ha destacado que el propio sector minero «ya está buscando soluciones», como Samca, que está empezando a convertir el carbón en fertilizante. El presidente insistió en que su Gobierno seguirá aplicando las acciones que ha desarrollado hasta ahora en este asunto «pero intensificando la dedicación» al mismo dado que «se echa encima» tras el anuncio de la Unión Europea.

Ante la consideración hecha por Aliaga de que el anterior Ministerio, del PP, tenía «una hoja de ruta» trazada sobre este asunto, Lambán ha estimado que era «benévolo» con él, dado que en casi 7 años el Gobierno de Mariano Rajoy «no resolvió el problema de las térmicas» y el Plan Miner se ha reducido a la mitad «y se ha empezado a ejecutar tarde». Aliaga, por su parte, pidió a Lambán que retome las negociaciones con Endesa para lograr una solución transitoria, con menores inversiones, para la térmica de Andorra, y ha apuntado que «queda recorrido en Europa», donde hay otros países también afectados.

Los sindicatos piden una reunión

Por su parte, las federaciones de industria de UGT y CCOO han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica en la que le piden una reunión «a la mayor brevedad» para exponerle su preocupación por el futuro del carbón y las comarcas mineras. Asimismo, la Federación de Industria Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA) demanda que se evite condenar a un sector y unos territorios «al paro, la pobreza y la desolación».

Ambos sindicatos han reprochado a Ribera la «rapidez» con que el Ministerio propone llevar a efecto «con gran urgencia medidas dirigidas a unos sectores pertenecientes al grupo de emisiones de gases de efecto invernadero y a sus comarcas mineras, sin una valoración previa con los agentes sociales» sobre lo que se pretende ejecutar y que la ministra «llama transición justa».

UGT y CCOO resaltaron que vienen trabajando y negociando con los diferentes gobiernos planes que mantuvieron una parte importante del sector, aunque no ha ocurrido lo mismo con la recuperación industrial de las comarcas mineras. Han añadido que una «transición justa» es la que «no destruye ninguno de los empleos existentes» y que, «sin perjudicar a ningún sector de la sociedad, crea puestos de trabajo antes de destruirlos» y, sobre todo, la que no genera más paro ni «desasosiego» en unos territorios que ya tienen unas cifras «insostenibles» de desempleo.

UGT y CCOO, que reconocen que se debe «caminar hacia una transición y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero «, consideran que para ello es necesario observar «siempre tres factores importantes: medio ambiente, precio y seguridad de suministro». Así, piden la búsqueda de soluciones y proyectos de captura y almacenamiento de CO2, «paralizados por el anterior Gobierno», que permitan lograr durante el periodo de transición energética «una combustión más limpia de las centrales térmicas existentes«. De esta manera, reclaman «dar una solución urgente y coherente que, en definitiva, clarifique el futuro del sector y las comarcas mineras» pues de lo contrario se les estará condenando «al paro, la pobreza y la desolación».

Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.

Álvarez (UGT) defiende el carbón y cree que España no tiene que intentar “ser la campeona” de las energías limpias

EFE.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido en León la compatibilidad del carbón con las energías limpias y ha afirmado que España no tiene por qué intentar ser la «campeona» en el abandono de los combustibles fósiles. El líder sindical ha apostillado que no se debe contraponer el carbón a otras fuentes de energías sostenibles y ha garantizado al apoyo de UGT al mantenimiento del sector minero así como de las centrales térmicas.

«Reitero el compromiso de la UGT con el carbón autóctono», proclamó Álvarez, que ha afirmado que las «comarcas mineras pueden tener vida con el carbón porque no va contra el medio ambiente». Ha recordado que en los países del entorno de España en los que hay carbón «se continúa quemando» y ha subrayado que eso es «plenamente compatible con el compromiso con las nuevas energías limpias«. «Es de justicia para las comarcas mineras que tanto han dado a este país, que ahora no puede mirar hacia otro lado y tiene que tener un compromiso con los mineros y con el mantenimiento de las térmicas”, sentenció.

UGT pide que la proposición de ley que presentará Nadal apueste por mantener las centrales térmicas de carbón hasta 2050

Europa Press / EFE.- Mientras desde Asturias y desde Castilla y León el PSOE ha avanzado que trabajará de manera conjunta en «aspectos «fundamentales para ambas regiones como el carbón y el futuro de las centrales térmicas, desde UGT piden que la proposición de ley que presentará el Gobierno al Congreso de los Diputados para regular el cierre de centrales de generación eléctrica apueste «inequívocamente por primar el interés público» y por mantener en funcionamiento las centrales térmicas que utilizan carbón nacional hasta 2050.

De este modo, el sindicato reitera su defensa de las centrales térmicas que se abastecen de carbón autóctono, así como de sus empleos y del futuro de «pueblos enteros y comarcas que, sin estas centrales, están abocadas al empobrecimiento y la despoblación». Asimismo, recuerda que «todas» las fuentes de energía son necesarias para dar estabilidad y seguridad al sistema, incluida la térmica de carbón, cuya fecha límite de cierre ha fijado Bruselas para 2050. Asimismo, rechaza los argumentos utilizados por las compañías eléctricas, respecto a que su cierre reducirá las emisiones de CO2, «por ser claramente sesgados, cuando no engañosos».

Por ello, reclama que una parte de los beneficios empresariales se destinen a invertir en tecnologías que contribuyan a proteger el medio ambiente, mejorando la eficiencia de las centrales térmicas mediante su adaptación, desulfurización y desnitrificación, tal y como se estableció en 2013 en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón, «que no han cumplido ni el Gobierno ni las compañías que pretenden cerrar las térmicas». Asimismo, UGT reitera la necesidad «imperiosa» de alcanzar un Pacto de Estado sobre Energía, con la participación de todos los agentes directamente implicados, «en el que se defina el futuro mix energético».

El Gobierno había preparado con anterioridad un real decreto para regular el cierre de centrales de generación eléctrica, al no obtener apoyos de otros grupos parlamentarios para hacerlo mediante un decreto-ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre las diversas objeciones que hizo al proyecto, cuestionaba que con una norma de menor rango como esa se fuera a modificar una ley, como la del Sector Eléctrico.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Energía señalaron que continuarían adelante con el real decreto, al considerar que tenía encaje legal y por ser una cuestión urgente, aunque admitieron que si el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado advirtieran de que la norma podía tener riesgos jurídicos, buscarían otra vía u otra formulación de rango legal adecuada. El proyecto de decreto ampliaba las causas para denegar el cierre de centrales de generación eléctrica, a las que actualmente sólo se puede recurrir para garantizar la seguridad del suministro, a cuestiones como el encarecimiento de los precios de la electricidad, la reducción de la competencia o afectar a los objetivos de planificación energética del país.

Energía impulsó este real decreto alegando que la planificación energética del país no podía depender sólo de decisiones empresariales, en medio de un contexto en que se produjo el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos), al desistir uno de sus propietarios, Iberdrola, de reabrir la planta. Además, Enel, propietario de Endesa, había dado a conocer que podría cerrar algunas plantas de carbón en España e Iberdrola pidió autorización para cerrar las dos últimas centrales térmicas de carbón que la compañía tiene en el mundo, la de Velilla (Palencia) y la de Lada (Asturias).

El PSOE, con el carbón

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, y su homólogo de Castilla y León, Luis Tudanca, han manifestado sus «coincidencias» a la hora de abordar temas como la minería del carbón y la transición energética. «Queremos exigir al Gobierno de España que deje de marear la perdiz y ponga encima de la mesa el cumplimento del Marco de Actuación 2013-2018 y qué espacio va a quedar para el carbón nacional«, ha destacado Barbón, que ha remarcado la oposición del PSOE al cierre «indiscriminado» de las centrales térmicas mientras no haya un plan de cierre acordado con todas las administraciones y agentes sociales y económicos.

Citando la enmienda del PSOE a una proposición no de ley (PNL) de Foro Asturias debatida en el Congreso de los Diputados, Barbón ha puesto sobre la mesa la posición del PSOE, que pasa por diseñar un plan del carbón en el que se hable de qué hueco le va a quedar al carbón nacional y por ver qué sucede con los 250 millones de euros para las comarcas mineras españolas que no se han invertido. Respecto al anuncio del ministro de crear una ley para regular el cierre de las térmicas, Barbón aseguró que «no se está negociando nada» con el PSOE y le ha pedido que ponga dinero.

«Reitero la unidad de castellanos y leoneses y los asturianos de defender nuestro carbón», ha afirmado Tudanca, que ha criticado la «absoluta inutilidad» del Gobierno del PP, que ha sido incapaz de sacar una norma que impida el cierre de las térmicas. Tras considerar que el Gobierno está «más preocupado» por evitar los posibles cierres de las centrales nucleares antes que de salvar el carbón, ha indicado que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide que, en el nuevo marco presupuestario europeo, se establezca un fondo global para apoyar iniciativas de transición justa.

Energía acuerda abordar el futuro del carbón con los sindicatos en grupos de trabajo a partir del 12 de marzo

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha acordado con los sindicatos CC.OO. y UGT el establecimiento de un grupo de trabajo para abordar el futuro de la minería del carbón y cuyos detalles se concretarán la semana del próximo 12 de marzo, según anunció el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, tras una reunión con los representantes mineros de sendas organizaciones sindicales en una situación de incertidumbre por la intención de algunas compañías eléctricas de cerrar sus centrales térmicas de carbón.

En lo que ha calificado como un «año importante» para la minería y el carbón, Navia ha reiterado que «es importante trabajar con agentes sociales para lograr una transición ordenada y lógica«. Por ello, subrayó que las reuniones del grupo de trabajo tendrán una frecuencia más elevada y tendrán un carácter eminentemente «técnico» para «tratar cuestiones más concretas que puedan suscitar Administración y sindicatos». El Ministerio concretó que las reuniones técnicas estarán a cargo del gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Joaquín Fernández Dapena, que se sentará con la patronal Carbunión y sindicatos en dos mesas separadas para abordar la cuestión «desde un formato técnico y no político».

El coordinador de Industria de CC.OO., Jesús Crespo, recordó que, si bien «hay que hablar del futuro», primero hay que «resolver el presente». Del mismo modo, destacó la intención de los sindicatos de incorporarse a la plataforma europea de regiones con minería del carbón que se presentó recientemente en España. Desde CC.OO. han resaltado que el grupo en el que participarán los sindicatos se reunirá cada tres semanas y en junio se convocará a los representantes de la comisión de seguimiento para informar de los avances logrados. Además, la organización sindical creará un equipo de trabajo que se reunirá de forma paralela y que dará soporte a las reuniones que se celebrarán en el Ministerio.

El secretario del sector minero de UGT, Víctor Fernández, explicó que el grupo de trabajo contará con 5 representantes de los sindicatos y que el objetivo es reunirse con el ministerio «3 veces cada 2 meses». También ha expresado, por su parte, que las próximas reuniones «deberían ser más ágiles» para llegar a junio «con el tema prácticamente resuelto». Fernández añadió que «para cuando finalice el año» habrán de realizarse «las gestiones oportunas». También ha mostrado disposición a que «nadie se quede en la calle» hasta ese momento. Ambos sindicatos han subrayado la necesidad de involucrar a las propietarias de las centrales térmicas de carbón para que realicen las inversiones medioambientales pertinentes para seguir operando.

Estos encuentros urgen, según los sindicatos, porque este año se acaba el Marco de Actuación de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras (2013-2018) y se necesita un nuevo marco de actuación para activarse en enero de 2019 que no pase por el cierre de las centrales y la pérdida del empleo de los trabajadores. El sindicato UGT destacó que dicho marco debería llevar implícito el desarrollo de un plan social que incorpore medidas como bajas incentivadas y planes de prejubilación para que ningún empleado sea despedido. “Tenemos que ver los sindicatos como lo presentamos», ha apuntado Fernández.

Los sindicatos respaldan al Gobierno frente al informe de la CNMC sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica

Europa Press.- Mientras los sindicatos y el Ministerio de Energía han acordado fijar una agenda «más intensiva» para conseguir el cierre «social» de las centrales de carbón, los representantes de los trabajadores han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica ante el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, «permite no dar pie» a los cierres de las térmicas.

«La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos», ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de «pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo». Esta legislación, subrayó, «dice cómo no se debe cerrar una central». Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que «define que para el cierre de centrales eléctricas hacen falta unos dictámenes y, a partir de ahí, tienen que desarrollar un escrito para esa central». También dice que “si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar», ha zanjado.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales en noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico». El organismo estima que el decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios o a la competencia.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. La CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al Mercado Interior.

Cierre «social» de las térmicas

Por otro lado, la sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón ha finalizado con la disposición por parte de CCOO, UGT y el Ministerio de Energía, de reunirse «con mucha más frecuencia» a partir del próximo 28 de febrero. «La idea es juntarnos con mucha más frecuencia y, cuando sea, plantear las cuestiones a la Unión Europea o a las fuerzas parlamentarias, donde corresponda», ha destacado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Desde CCOO, Jesús Crespo ha destacado que «los incumplimientos» del plan «están provocando un cierre totalmente desordenado» de las centrales de carbón, por lo que «los primeros afectados han sido los trabajadores». «Con reuniones cada 6 meses no se soluciona el problema que tenemos», ha destacado, por lo que ha expuesto la intención por parte de los sindicatos de crear un grupo de trabajo «para explorar mecanismos y sinergias» de cara a los próximos meses. Desde UGT, Víctor Fernández ha apostado por hablar con Bruselas al tiempo que tienen lugar las reuniones «para que esto que pedimos no nos lo pongan difícil», según ha apostillado.

CCOO lamenta que el Ministerio de Energía tardara 6 meses en convocar a los sindicatos para buscar solución al carbón

Europa Press.- CCOO de Industria ha lamentado que el Ministerio de Energía «haya tardado 6 meses» en volver a convocar a los sindicatos para buscar una solución «al cierre desordenado» del carbón y que siga sin entender que la situación del sector es «dramática». El sindicato acudió «con la esperanza de avanzar en cada uno de los temas que se han incumplido del Marco de Actuación de la Minería del Carbón 2013-2018».

Varias peticiones sobre el carbón

Asimismo, CCOO reclama que la generación eléctrica con carbón siga teniendo su espacio en el mix eléctrico; que se establezcan mecanismos para que las centrales de generación que usan carbón nacional realicen las inversiones medioambientales; que se dinamicen las comarcas mineras a través de proyectos empresariales y que se promueva la investigación, el desarrollo y la innovación en proyectos de generación eléctrica con carbón autóctono y captura de CO2. Además, el sindicato afirmó que pidió al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, información sobre la solicitud de cierre de las centrales de Lada y Velilla, propiedad de Iberdrola, y Anllares, de Gas Natural Fenosa.