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Montoro niega retrasos en la investigación de Hacienda sobre los parques eólicos de Castilla y León

Europa Press.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, negó que se haya producido ningún retraso intencionado en la investigación de la Agencia Tributaria sobre la concesión de parques eólicos en Castilla y León, algo de lo que le ha acusado el PSOE, que le exigió en el Senado que tome medidas al respecto.

La polémica de los parques eólicos de Castilla y León sigue en el pleno del Senado. El socialista Juan María Vázquez aseguró que un inspector hizo un «explosivo informe» sobre el supuesto pago de 110 millones en comisiones a altos cargos del PP en la Junta de Castilla y León y que la delegada de la Agencia Tributaria en Castilla y León lo «ocultó durante meses». Por ello, el socialista reclamó a Montoro una investigación y que tome medidas. «¿Por qué no actúa, qué teme personal y políticamente? Nadie cree que la delegada no informara a otras instancias del explosivo informe, tal vez recibió instrucciones de silenciarlo», añadió el senador.

Montoro acusó al portavoz socialista de buscar el desgaste del Gobierno a través de los funcionarios de las instituciones y defendió la independencia de la Agencia Tributaria. Según su relato, el informe en cuestión se cerró el 30 de diciembre; le siguieron otros hasta que el 3 de marzo se envió a la delegada la posibilidad de presentar una denuncia, que se registró el día 9, «seis días después y mediando un fin de semana«.

«Si usted no hace nada ni ha hecho nada todos vamos a pensar que trata de proteger esos comportamientos y evitar consecuencias para su partido por la mayor trama de corrupción en esa comunidad autónoma y de las mayores de España», insistió Juan María Vázquez. «No tiene remedio, todo son tramas, tramoyas, no son funcionarios actuando», le respondió el ministro, que asegura que encuentra una «actitud sospechosa» en los socialistas. «¿Usted cree que un funcionario de la Agencia Tributaria recibe una instrucción política? Lo está diciendo tanto que empiezo a pensarlo… del pasado», sentenció Montoro.

La Comisión de Industria del Senado da luz verde a la nueva Ley de Hidrocarburos sin aceptar enmiendas

EFE.- La Comisión de Industria del Senado ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Hidrocarburos sin introducir ninguna de las 256 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, con lo que el texto pasa al Pleno de la Cámara Alta en los mismos términos que salió del Congreso.

La Comisión ha aprobado el informe de la ponencia sobre la Ley de Hidrocarburos, normativa que se debatirá de nuevo en el Pleno del Senado, tras rechazar cinco vetos -dos presentados por el Grupo Mixto, dos por la Entesa y uno por el Grupo Socialista- y 256 enmiendas parciales.

El senador del PP -grupo que cuenta con mayoría absoluta- José Ignacio Palacios ha rechazado los vetos al considerar que «esta es una ley necesaria» que «cierra todo ese paquete de normas que el Gobierno ha tenido que aprobar (…) para poner orden en materia energética».

Así, Palacios ha asegurado que la normativa introduce competencia, reduce la dependencia energética y contribuye a la lucha contra el fraude, entre otras cuestiones. El Grupo Popular ha rechazado también las enmiendas al articulado al considerar, en la mayoría de los casos, que no tienen cabida dentro del texto.

Durante la sesión, en la que la mayoría de los senadores han declinado defender sus enmiendas con el objetivo de hacerlo en el Pleno, el socialista Jesús Alique ha criticado que la ley «carece de un enfoque integral», al tiempo que ha acusado al Gobierno de actuar favoreciendo «el oligopolio energético» y apostando por «un modelo energético del pasado».

El proyecto de Ley de Hidrocarburos establece la creación de un mercado secundario del gas y de varios impuestos para la exploración y explotación de hidrocarburos, que beneficiarán al territorio donde se ubican los yacimientos y a los dueños del terreno, entre otras cuestiones.

Durante el trámite en el Congreso, se incorporaron varias enmiendas del PP para limitar la cuota de mercado de las petroleras en cada provincia al 30% en términos de ventas anuales y no de número de estaciones de servicio como hasta ahora.

Elimina también la autorización previa para las empresas comercializadoras de gas natural de países de fuera de la UE si ya cuentan con el permiso de algún país miembro y modifica la periodicidad con que las gasolineras envían a Industria sus datos, entre otras cuestiones.