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El PSOE seguirá pidiendo paralizar los proyectos de almacén gasista en Doñana porque “los ciudadanos están antes que la especulación»

Europa Press.- El senador socialista por Huelva, Amaro Huelva, asegura que el PSOE va a seguir pidiendo al Gobierno central en las distintas Cámaras la paralización de los proyectos para el almacenamiento de gas natural en el subsuelo del entorno de Doñana ya que «los ciudadanos deben estar antes que la especulación».

Amaro Huelva ha remarcado que «el Gobierno tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos y no por el de Gas Natural», por lo que asegura que el PSOE «seguirá en la brecha para pedir que se paren», sobre todo tras las peticiones de los Defensores del Pueblo, del CSIC y el reciente informe realizado por el Instituto Geológico y Minero (IGME) sobre los estudios aportados por la empresa, cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido».

«No sabemos qué organismos tienen que pronunciarse más al respecto», ha señalado el socialista, que ha dejado claro que realizarán más acciones para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, «dé la cara», para lo que insta también al PP onubense y al andaluz, ya que «no pueden ser cómplices de las aberraciones contra Doñana». Amaro Huelva expresó su preocupación por «la obsesión del Gobierno por seguir adelante con el proyecto del gas haciendo caso omiso a todas estas sugerencias», incidiendo en el convencimiento de que el proyecto en conjunto «es perjudicial y contrario a la integridad del espacio natural«.

Tras recordar que su grupo ha presentado una proposición no de Ley para pedir la paralización de estos proyectos, el socialista ha asegurado que el Gobierno, con estos subproyectos, «quiere convertir a Huelva en un gran almacén de gas porque se convertiría en receptora de casi la tercera parte del gas almacenado en España». En esta línea, ha dejado claro que el PSOE ya alertó de que «la división en 4 subproyectos era un gravísimo error y ha supuesto que no valoren el impacto ambiental del proyecto en su conjunto».

El PSOE pide a Nadal comparecer en el Senado tras el informe del IGME sobre el proyecto gasista en Doñana

Europa Press.- Al tiempo que los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, expresaron su contrariedad al proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana y han incidido en que tienen más motivos tras el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), que alerta del «riesgo de inundación en uno de los almacenes», el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Senado para que dé las explicaciones correspondientes.

Así lo aseguró el parlamentario autonómico andaluz del PSOE por Huelva, Jesús Ferrera, que ha remarcado que el grupo socialista respalda las declaraciones del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que siempre ha incidido en la necesidad de que la evaluación del proyecto se hiciera de manera conjunta y no fraccionada. En esta misma línea, el socialista indicó que quieren que comparezca el ministro para conocer «la situación real que emana de ese informe», al tiempo que subraya que, si se deja claro que «corre un riesgo» el espacio medioambiental, solicitarán la paralización inmediata y espera que el PP se sume a esta defensa de Doñana.

Así, Ferrera ha reiterado su apoyo a la postura del consejero José Fiscal, que aseguró que va a pedir «de inmediato» el informe del IGME, «una institución del propio Estado», en el que, señaló, «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización», apuntó el consejero. Según ha proseguido Ferrera, «querer hacer una evaluación por partes es una chapuza cutre» que busca «intentar hacer negocio en la joya de la corona medioambiental» que es Doñana.

Por todo ello, el parlamentario ha recordado que desde hace casi dos años la administración regional, y en concreto la Consejería de Medio Ambiente, ha mostrado «su total rechazo» a este proyecto «por la forma en la que se está desarrollando». En su opinión, «el Gobierno ha utilizado una estrategia dañina para salvar la cara de la especulación de una empresa», que quiere «convertir el entorno de Doñana en un almacén de gas». Tras remarcar todas las iniciativas impulsadas por el grupo parlamentario socialista sobre esta cuestión, Ferrera ha recordado los informes del Defensor del Pueblo, tanto a nivel estatal como regional, que manifestaban la necesidad de una evaluación conjunta.

Posturas contrarias de los alcaldes

Por su parte, los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, han remarcado que la evaluación del proyecto debe realizarse de manera conjunta y no fraccionada, por lo que han respaldado la postura de la Junta de Andalucía en este sentido. El alcalde hinojero ha demandado «claridad y transparencia» en este asunto, sobre todo con los municipios de la comarca, porque este proyecto de almacenamiento de gas «pone en riesgo un espacio emblemático y el Parque Nacional más importante de Europa«, así como ha subrayado también el riesgo para las poblaciones del entorno de Doñana.

En esta misma línea se ha manifestado Rocío Espinosa, que ha expresado su preocupación ya que «este proyecto se desarrolla, fundamentalmente, en el Almonte», a la par que ha reiterado que, en reiteradas ocasiones, incluso con iniciativas en el pleno, han mostrado desde el Ayuntamiento su rechazo. «Antes nos mostrábamos en contra pero tras el informe del IGME tenemos más motivos», ha proseguido la alcaldesa, que ha pedido al Ministerio de Energía que, si se reafirman los riesgos, paralice el proyecto. «Este proyecto es contradictorio con Doñana y el modelo económico sostenible que se impulsa desde hace 25 años en la comarca», han concluido, por lo que esperan que «se cuente con todas las garantías para la preservación de Doñana».

Nadal garantiza que el aumento de generación eléctrica se hará con renovables y pide mantener las plantas térmicas

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, asegura que todo el incremento de generación eléctrica que se realice en España se llevará a cabo con energías renovables al ayudar en la lucha contra el cambio climático y al control de los precios, si bien ha insistido en la necesidad de mantener las centrales térmicas como respaldo a las renovables.

Nadal ha abogado por mantener el actual mix de generación, basado en el reparto de la producción de energía eléctrica entre las distintas tecnologías (nuclear, carbón, gas, renovables y agua), ante la necesidad de mantener las centrales térmicas cuando no hay viento o sol». Nadal explicó que su estrategia pasa por «cumplir los acuerdos medioambientales y a partir de ahí hacer todo lo posible para contener el precio» ya que España «se juega muchísimo» con su política energética, por lo que «no se puede volver a hacer una política energética sin pensar en el precio«.

De esta forma, ha defendido la importancia de contar con todo el mix energético y ha recalcado que «ningún país del mundo quita simultáneamente la energía nuclear y el carbón», por lo que ve necesaria mantener ambas, ya que además la primera no emite CO2 y la segunda es más barata, sin perjuicio de que se producirá con energía hidráulica «siempre que se pueda». Además, ha afirmado que todo lo que sea incremento del mix se hará con renovables porque contribuye a la lucha contra el cambio climático, la consecución de los objetivos medioambientales y al control de los precios.

Ante las críticas del senador socialista Ángel Manuel Mato sobre el procedimiento para cerrar las centrales térmicas, Nadal le ha reprochado que desde el PSOE no hayan querido pactar «nada» y que tengan como política «cerrar el carbón y la nuclear». A este respecto, ha recordado que el Gobierno socialista decidió en 2010 el fin de las ayudas al carbón, motivo por el que el Ejecutivo de Rajoy ha tenido que «ajustar el sector en función de lo que se firmó». No obstante, aseveró que se ha ejecutado un proceso de forma «gradual», ajustando de «la mejor manera posible» y para que sufriesen lo menos posible» las cuencas tras la decisión de cierre en 2010.

Sobre el precio de la energía eléctrica ha defendido que gracias a la reforma energética los precios han bajado para los consumidores industriales y se ha mantenido «constante», convergiendo con los precios europeos, para los consumidores domésticos. En este sentido, criticó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no tuviese «paciencia» y se concediesen primas «extraordinarias» a las renovables hasta llegar a representar la mitad de las energías limpias del mundo, a un precio de 490 euros por megavatio hora, frente a los 50 euros con los que entran a mercado en la actualidad.

Según Nadal, sin la reforma del sector energético, impulsada por el Gobierno del PP, el recibo de la luz habría subido un 42% para familias y empresas, y aunque reconoció «cierto grado de conflictividad» derivado de la reforma, subrayó que es «muchísimo menos» de lo que han ahorrado los consumidores españoles con la reforma. Así, ha recordado que de 3 arbitrajes internacionales, 2 los ha ganado el Estado español y uno ha sido perdido pero recurrido. «Si todo saliese mal, sería un año de ahorro de la reforma, los otros 24 años de ahorro son para los consumidores. Había que hacerlo, se hizo y ha salido razonablemente bien», ha apostillado.

Por otra parte, sobre el posible incumplimiento del objetivo medioambiental, Nadal ha afirmado que España es el único país grande de la Unión Europea que va a alcanzar el objetivo del 20% de renovables fijado para 2020, ya que tras las subastas renovables se sitúa en el 19,6%, mientras que Francia se encuentra a «años luz» de cumplir su objetivo, así como Alemania (17%), Italia (17%) o Reino Unido (15%).

El senador socialista Ángel Manuel Mato calificó de «errática» la política energética del Gobierno y denuncia que la energía renovable que «frena el PP» abarataría el precio de la luz en un contexto en el que la pobreza energética «sigue instalada«. «La ciudadanía sigue pagando los efectos» de unos precios «más caros de la Unión Europea», apuntó Mato, a lo que Nadal le respondió que su intención es bajar el precio de la luz porque «cada euro en luz es un euro menos en salarios».

El Gobierno quiere analizar técnica y económicamente las alternativas en el almacén de gas Castor antes de empezar su desmantelamiento

Europa Press.- El almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) está en la actualidad en una situación «estable» y el Gobierno considera «necesario» analizar técnica y económicamente las alternativas para proceder de forma segura para las personas y el medioambiente y de la manera más eficiente de cara a su futuro desmantelamiento seguro.

En una respuesta del Gobierno al senador de Compromis, Carles Mulet, el Ejecutivo recuerda que se acordó la hibernación segura del almacén subterráneo de gas cuyas tareas de llenado provocaron movimientos sísmicos en agosto de 2013 que motivaron su posterior cierre. Entonces, el Ejecutivo acordó hibernar las instalaciones asociadas al almacenamiento y extinguió la concesión de explotación a su titular, Escal UGS, cuyas instalaciones pasaron a ser administradas por Enagás para garantizar la seguridad de las personas, los bienes, el medioambiente y el correcto mantenimiento de la operatividad del almacén Castor y optimizar los recursos disponibles del sistema gasista español. Desde entonces, el Gobierno asegura que Enagás «ha adoptado las medidas técnicas necesarias para la hibernación segura de la instalación».

En este contexto, añade el Gobierno en su respuesta, que el estudio encargado por Enagás al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a expertos de la Universidad de Harvard concluyó con claridad que volver a operar Castor podría desencadenar «con muy alta probabilidad» por la desestabilización de las fallas de la zona «nuevos episodios sísmicos«. En definitiva, el Gobierno considera que ahora que Castor está en situación estable y teniendo como prioritaria la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, «antes de proceder a cualquier operación tendente al desmantelamiento» ve «necesario» analizar técnica y económicamente las alternativas a ello de forma segura.

El senador de Compromis, Carles Mulet, lamenta la falta de «medidas reales» para desmantelar el almacén al que define como un «amasijo de ferralla en el mar» y critica la falta de «transparencia en todo lo que rodea al proyecto de almacén de gas. Así, reprochó la práctica «enquistada» en las respuestas del Gobierno respecto a este «proyecto energético fracasado» porque considera que el Ejecutivo no concreta las medidas que se adoptarán para su desmantelamiento.

Mulet critica que el Gobierno le conteste que ha decidido que la instalación de almacén gasista Castor siga «en su estado actual de hibernación que garantiza la estabilidad del mismo». El senador denuncia que «el método Rajoy» de resolver los conflictos no sirve a los vecinos afectados por los terremotos y considera que no se puede tener sine die «toda esa ferralla en medio del mar a expensas de algún accidente o movimiento geológico que genere peligro a la población.

Por ello el senador propone sellar el almacén de la mano de expertos, como ya hizo la empresa Shell cuando abandonó la planta al haber constatado durante décadas los episodios sísmicos que producía la explotación del yacimiento petrolífero. Por otro lado, Mulet considera que el coste de desmantelar la planta deberían abonarlo «quienes planificaron mal» y ejecutaron con más de un año de retraso un proyecto innecesario y que dio toda clase de problemas. En definitiva, Compromis lamenta que 2017 vaya a terminar sin tomar medidas reales tras el estudio que se encargó al MIT.

Dolors Montserrat afirma que el bono social ayuda a las CCAA a detectar nuevos consumidores vulnerables

Europa Press.- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha defendido que el Real Decreto que regula el nuevo bono social eléctrico coordina las ayudas entre las distintas administraciones, lo que permite a los servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas identificar a los nuevos consumidores y a familias en situación de vulnerabilidad que no habían detectado anteriormente.

Así lo ha afirmado este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, tras la acusación de la senadora socialista Matilde Valentín Navarro, quien ha apuntado que el Real Decreto del bono social «invade competencias de las comunidades autónomas y deja recaer sobre los ayuntamientos cargas económicas que son competencia de los servicios sociales».

Por su parte, Montserrat ha argumentado que el bono social es «un eslabón más» en la cadena de protección a los más vulnerables y «un ejemplo de solidaridad colectiva», ya que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos trabajan conjuntamente para proteger a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

«El bono social complementa las ayudas sociales a las comunidades autónomas y desde el Gobierno hemos incrementado en 25 millones de euros el presupuesto para la protección de los más vulnerables, sumando un total de 100 millones de euros«, ha señalado la ministra, tras reprochar a la senadora que el Grupo Socialista votase en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. «Son ustedes quienes dicen no a los más vulnerables», ha añadido.

De su lado, Valentín ha acusado al Gobierno de «lavar su imagen invitando al convite que luego pagan las comunidades y los ayuntamientos». «Ustedes dicen que las administraciones competentes en materia de servicios sociales no están obligadas a pagar, pero si abonan menos de un 50% de la factura de un consumidor en riesgo de exclusión social, le cortan la luz», ha espetado la senadora, quien señala que las autonomías y ayuntamientos deben asumir «un coste superior a los 300 millones de euros».

A este respecto, la ministra ha destacado que, gracias al bono social, los consumidores vulnerables reciben ahora un descuento que va desde el 25% al 40% en función de su renta y que llega al 50% si, además, están siendo atendidos por los servicios sociales. Además, ha recalcado que ahora las compañías eléctricas tienen la obligación de hacerse cargo de las facturas pendientes de pago de las personas que reciben ayudas sociales, cuando hasta ahora solo asumían ese coste las comunidades autónomas.

Con todo ello, Dolors Montserrat ha recordado que el nuevo bono social se financia con 100 millones de euros, un 33% más que lo presupuestado en 2016, y que además los PGE cuentan con 5.300 millones de euros adicionales para financiar a las comunidades autónomas.

El Senado rechaza con los votos del PP y Foro Asturias una comisión de investigación sobre el almacén gasista Castor

Europa Press.- El pleno del Senado rechazó, con los votos de PP y Foro Asturias, la abstención de PNV y UPN, y el apoyo de resto de grupos, una petición de Compromís para abrir una comisión de investigación sobre el proyecto de almacenamiento de gas de Castor, situado frente a Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió.

El senador Jordi Navarrete, que ha defendido la iniciativa, ha agradecido el apoyo de los grupos promotores de esta comisión de investigación (Compromís, PDeCAT, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Unidos Podemos) y a Ciudadanos y PSOE por su «coherencia y responsabilidad» al sumarse y votar a favor. Por el contrario, ha criticado «el comportamiento totalitario y lobbista del PP y el entorno de los grupos de presión». Para el senador de Compromís, el proyecto de almacenamiento de gas Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué se produjo, quiénes son los responsables y por qué hemos tenido que repercutir en la factura de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», señaló.

Paralelamente, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha comparecido en el Congreso para informar sobre el informe realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre el proyecto y en su intervención ha insistido en que los estudios anteriores a la construcción del almacén eran correctos y «no se podían prever» los terremotos en la zona. El ministro no ha adelantado si el Gobierno tiene planes próximos de desmantelar la plataforma.

El CSN traslada a las Cortes el «correcto» funcionamiento de las centrales nucleares en 2016 y reivindica su desempeño “independiente”

Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha entregado al Congreso de los Diputados y al Senado su informe anual 2016, en el que se informa del «correcto» comportamiento de las instalaciones reguladas por el CSN, no habiendo supuesto ningún riesgo ni para las personas ni para el medio ambiente, según destaca el propio organismo regulador.

Asimismo, resalta que durante el año 2016 «continuó desempeñando con independencia y el máximo rigor» sus funciones principales de inspección, control, supervisión de instalaciones y elaboración de normativa específica, así como todas las actividades relacionadas con la seguridad nuclear y la protección radiológica. El regulador atómico certifica que la calidad radiológica del medio ambiente en 2016 se mantuvo dentro de la normalidad, tanto en el entorno de las instalaciones nucleares como en el territorio nacional. Del mismo modo, confirma que todas las instalaciones nucleares funcionaron de forma segura en 2016.

El envío del informe anual del CSN al Congreso y al Senado se debe al cumplimiento, por parte del regulador, de las obligaciones derivadas de la Ley 15/1980, de 22 de abril, que se refieren a aquellas relacionadas con la seguridad nuclear y la protección radiológica. El artículo 11 de la citada ley de creación del CSN establece que «con carácter anual el CSN remitirá a ambas Cámaras del Parlamento español y a los Parlamentos autonómicos de aquellas comunidades autónomas en cuyo territorio estén radicadas instalaciones nucleares, un informe sobre el desarrollo de sus actividades».

Almaraz inicia recarga de combustible

Por su parte, la central nuclear de Almaraz ha iniciado la 25ª parada de recarga de combustible y mantenimiento general de su unidad I, que tiene una duración estimada de 35 días. Así, se procedió al desacoplamiento de la unidad I de la central nuclear, mientras que el acoplamiento está previsto para el 31 de julio a las 00.00 horas.

Según indicó la central nuclear de Almaraz, para esta recarga se contrataron los servicios de más de 70 empresas especializadas que emplearán a más de 1.200 trabajadores adicionales a la plantilla habitual de la central, la mayoría de Extremadura. Estos profesionales han recibido la «formación adecuada para las actividades a realizar en la planta, enfocada a la prevención de riesgos laborales y a evitar el error humano en la ejecución de los trabajos programados», señala.

Entre las actividades programadas se acometerá, en su fase de recarga, la instalación del sistema de venteo filtrado de la contención que «potencia aún más la robustez y la capacidad de respuesta de la central de Almaraz ante sucesos que pudiesen ir más allá de sus bases de diseño», según explica la planta. Los trabajos de instalación de este sistema continuarán durante el ciclo de operación para su conclusión, según lo previsto, a finales de este año, cuando también se ejecutará la modificación de diseño del nuevo control de la Turbobomba de AF que se instaló satisfactoriamente en la pasada recarga de la unidad II.

Produce 6% de la electricidad

Cabe destacar que esta unidad de la central nuclear de Almaraz lleva acumulada desde su origen una producción de más de 254.300 millones de kWh. y que la producción bruta de sus reactores durante 2016 ha sido de 15.780 GWh., lo que supone el 27% de la producción nuclear en España y el 6% de la producción eléctrica bruta total.

Almaraz reafirma que es «un importante foco de desarrollo económico y social en Extremadura», ya que genera más de 800 empleos directos en su área de influencia, una cifra que se eleva a 2.900 teniendo en cuenta los empleos indirectos e inducidos. Así, con un «riguroso sistema de control basado en evaluaciones externas y auditorias», la central de Almaraz es una «instalación de referencia mundial en continuo proceso de mejora de su seguridad, actualización y modernización tecnológica», concluye la planta.

ERC, Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT piden al Tribunal de Cuentas investigar los sobrecostes del proyecto de almacén gasista Castor

Europa Press.- Diputados y senadores de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Unidos Podemos, Compromís y Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) presentaron en el Tribunal de Cuentas de Madrid, junto a la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sènia, una solicitud formal en la que piden que se abra una investigación por los sobrecostes del proyecto Castor de almacenamientode gas natural, y en la que exigen a la Administración responsabilidades.

Así lo ha asegurado la portavoz de la Plataforma, Cristina Reverte, que lo considera como un «acto de concienciación» y «reclamación» ciudadana. «Es una lucha más contra un proyecto que creemos innecesario y que ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana», ha señalado Reverte, que afirma que llevan 10 años luchando «pacíficamente» por esto. El documento que han presentado al Tribunal de Cuentas de Madrid declara, según ha afirmado la portavoz, el aumento de costes del proyecto, que al inicio suponían 400 millones de euros, según asegura la portavoz, y después aumentó a 1.700 millones de euros para, finalmente, ascender a más de 4.000 millones.

«No tenemos ninguna transparencia por parte de la Administración, a lo largo de 10 años hemos pedido que se expliquen las cosas, que se nos dé la información, porque al final, quien tenemos que pagar las facturas de otros y la responsabilidad de otros, somos la gente corriente», ha criticado. Las actividades en el almacén de Castor, situado entre Castellón y Tarragona, fueron paralizadas en septiembre de 2013 debido a que las inyecciones de gas provocaban terremotos en la zona de Vinaroz (Castellón). Un año después, en octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que acordaba el cierre de las instalaciones.

El Gobierno también acordó que el Gobierno indemnizaría con 1.350 millones de euros a Escal UGS, participada por el grupo ACS, la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, por su cierre. Pero el importe sería abonado por Enagás Transporte, lo que según advirtió OCU, repercutiría en los consumidores, los cuales acabarían pagando en su factura de gas durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual, lo que elevaría el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones.

Los diputados y senadores que apoyan a la Plataforma también han pedido responsabilidades al Gobierno y que se inicie una investigación. Por su parte, el alcalde de Alcanar (Tarragona), Alfons Montserrat (ERC) exigió «transparencia, claridad, e información» sobre Castor porque, a su juicio, «es la mejor manera de que no vuelva a repetirse». Montserrat tachó de «deplorables» las indemnizaciones acordadas por el Gobierno por su cierre y ha recordado que este almacén «ha puesto en peligro todo un territorio con alrededor de 500 movimientos sísmicos». Por su parte, el senador de ERC, Miguel Aubà, reclamó «que pague quien haya cometido el problema» y ha expresado su apoyo a la plataforma.

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, destacó que este proceso contra Castor se ha materializado en la petición para la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Navarrete señaló que se abordarían cuestiones como los motivos por los que no se hicieron los estudios de impacto medioambientales necesarios que exigía la ley, el aumento del gasto del proyecto, el motivo por el que las indemnizaciones del Gobierno repercuten en los usuarios del gas o quién dio la orden de inyectar más gas del que era capaz la infraestructura con una velocidad superior a la recomendada por los técnicos.

Compromís, Podemos, Esquerra Republicana y PDeCAT exigen en el Senado una comisión de investigación sobre el almacén de gas Castor

Europa Press / EFE.- El senador de Compromís Jordi Navarrete presentó una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el almacenamiento de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió. Así se ha expresado el senador, que busca clarificar el procedimiento seguido en la tramitación administrativa del proyecto energético Castor.

La solicitud se ha registrado después de que el informe encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard concluyera que los terremotos registrados en 2013 se debieron a la inyección de gas en el almacén. Los senadores pretenden que se investiguen y depuren las responsabilidades de los que autorizaron y aprobaron la puesta en funcionamiento del Castor, en la que participaron los gobiernos del PSOE y del PP. Estos grupos también piden que la comisión de investigación fije un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones que se hicieron para el proyecto.

El parlamentario de Compromís, promotor de esta iniciativa que ha recabado los apoyos de ERC, Podemos y PDeCAT, ha criticado que el proyecto Castor está «lleno de irregularidades, de sobrecostes y de mala gestión». Además, ha defendido que es el momento de que el PP y el PSOE tomen una posición al respecto. «Es el momento de saber donde están las responsabilidades y de saber qué normas tenemos que ponernos para que en otras circunstancias no se produzcan estas actuaciones», ha argumentado Navarrete, para el que Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué hemos tenido que repercutir en la factura del gas de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», sentenció.

Aclarar el proceso de licitación

Por su parte, el senador de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Miquel Aubà explicó que su formación apoya la petición de Compromís ante la necesidad de que «se aclare cómo fue la cuestión, todo el proceso» de un proyecto que «desde el minuto cero fue un desastre, un error de construcción y económico«. Según ha defendido Aubà, «todos» los españoles van a pagar el coste del proyecto «a través de la factura del gas«. «La ciudadanía se merece una explicación clara y contundente de por qué va a pagar», concluyó. Además, ERC ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que informe sobre el frustrado almacén Castor que el Gobierno ha decidido mantener hibernado.

En esta línea, el parlamentario del PDeCAT Josep Lluis Cleries ha argumentado su apoyo a la comisión de investigación porque «se han producido una serie de irregularidades difíciles de entender». «Es bueno que en sede parlamentaria se den las explicaciones oportunas», ha indicado, al tiempo que ha abogado por poner «negro sobre blanco» lo que ha sucedido. Ante los sobrecostes del proyecto, Cleries ha defendido que cuando una compañía privada hace una inversión de este tipo «es esta empresa la que arriesga a costa de los beneficios que ha obtenido».

Desde Podemos, la senadora alicantina Vicenta Jiménez, ha asegurado que hay «motivos más que suficientes para exigir que la comisión de investigación» salga adelante porque la ciudadanía «debe conocer cómo, porqué y quiénes son los responsables» de llevar a cabo un proyecto con «la oposición ciudadana». Por su parte, la senadora catalana María Freixanet ha puesto de manifiesto que el proyecto «ha estado impugnado por la sociedad civil desde el momento cero» y que ha tenido informes técnicos y medioambientales en su contra también desde el inicio. «Se está tratando de una verdadera chapuza, un pelotazo económico permitido y avalado desde el Estado», ha subrayado.

Podemos y Compromís ya registraron en el Congreso de los Diputados otra petición de creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor para esclarecer las responsabilidades del caso y recuperar el dinero de las indemnizaciones, por ser un proyecto «negligente». La instalación dejó de almacenar gas en septiembre de 2013 tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona. El almacenamiento fue construido por la sociedad Escal UGS, controlada por la constructora ACS, que renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros. En marzo de 2016, Enagás culminó el proceso de hibernación (cierre temporal) del almacenamiento con el doble sellado de los pozos.

Los técnicos de Hacienda (Gestha) advierten de que aplicar un impuesto por desmantelar la nuclear de Garoña puede ser inconstitucional

Europa Press.- Mientras el Grupo Parlamentario Popular ha manifestado en el Senado su rechazo a una moción de Podemos, debatida en la Comisión de Energía, por la que se instaba al Gobierno a desestimar la solicitud de renovación de la autorización de la central nuclear de Garoña, en Burgos. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha advertido de que aplicar un impuesto a las empresas eléctricas por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña «podría ser declarado inconstitucional».

Así, Gestha ha recordado que el artículo 31 de la Constitución dice que cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento de las cargas públicas conforme a su renta, de modo que cualquier impuesto que se establezca sobre una industria para mantenerlo en pérdidas e impedir su cierre «podría quedar fuera de los preceptos constitucionales», sobre todo sicomo en el caso de Garoña dicho impuesto «fuese tan elevado como para que sea más rentable prolongar la actividad que desmantelar la central».

Aunque Gestha entiende que el objetivo del Gobierno de Castilla y León es preservar los puestos de trabajo y la actividad económica que genera esta planta en Burgos, recuerda que si una empresa se ve abocada a cerrar porque no es viable, «no es posible que se le imponga un tributo cuando no hay renta o riqueza que gravar». Por otra parte, Gestha cree que el propio Ministerio de Hacienda desaconsejará ese impuesto y podría interponer un recurso de inconstitucionalidad si finalmente se decide aprobarlo.

Alternativamente, el colectivo recuerda que el municipio donde está radicada la central puede aprobar una Ordenanza para exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para gravar al tipo máximo del 4% el coste de ejecución de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia. En cualquier caso, desde Gestha reconocen que España «todavía tiene mucho camino por recorrer para estar en la media del resto de la Unión Europea en materia fiscal medioambiental o fiscalidad verde«.

El PP rechaza desmantelar Garoña

La propuesta de Podemos, que contó con el apoyo del PSOE, pedía que se renunciara definitivamente a la reapertura de la instalación y se procediera al desmantelamiento de la planta nuclear, al tiempo que se elaboraba un plan de reactivación de la zona. Desde Podemos, reclamaron a los parlamentarios escuchar «el clamor popular que se ha dado durante años» para cerrar una planta «vieja, obsoleta, peligrosa, cara e innecesaria». Sin embargo, el PP argumenta que la central es ahora más segura que hace 40 años.