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Vara y Montilla apuestan porque el PSOE sea capaz de «buscar alternativas» frente a las centrales nucleares

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que hay que aprovechar «la ampliación de vida» de la central nuclear de Almaraz para buscar «alternativas», después de que la Comisión para la Transición Ecológica del Senado haya instado al Gobierno a rechazar el cierre de esta instalación de Cáceres.

«Si España quiere cerrar las centrales nucleares tiene que buscar ya las alternativas energéticas e industriales», señaló Vara, que considera que se puede llegar a 2030 con renovables. También se pronunció el expresidente de la Generalitat y ex ministro de Industria, José Montilla, que ha apoyado la búsqueda de alternativas que defiende Vara y ha destacado que hay que trabajar en «una política destinada al desarrollo de las renovables, que sea creíble y responsable del cierre de las centrales nucleares».

El Senado pide al Gobierno medidas para evitar la llegada de especies invasoras mediante plataformas petrolíferas que atracan en España

Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica del Senado acordó por unanimidad instar al Gobierno a adoptar un protocolo de actuación y medidas concretas para evitar la llegada de especies invasoras asociadas a las plataformas petrolíferas que atracan en puertos españoles.

La moción presentada por el grupo parlamentario socialista solicita al Gobierno que establezca y desarrolle protocolos para controlar y vigilar las especies exóticas asociadas a su llegada y así, reducir la amenaza que estas suponen para la biodiversidad de las aguas españolas. En su defensa, el senador Manuel Guerra ha destacado que desde 2011 aumentó el tráfico de plataformas petrolíferas en Canarias, la mayoría procedentes de zonas tropicales del Atlántico, como Brasil, el Caribe, el Golfo de Guinea, pero también del Indo-Pacífico y del Mediterráneo.

Estas plataformas, según explicó, funcionan como un arrecife artificial donde se instalan, normalmente en lugares donde no suele haber este tipo de elementos naturales, por lo que proliferan a su alrededor peces e invertebrados. En su desplazamiento, a menos de 15 kilómetros por hora, la fauna marina que crece a su alrededor se desplaza con ella y estas plataformas se convierten en una especie de hábitat que se desplaza lentamente por el océano. Esto, unido a que las aguas de Canarias han aumentado su temperatura media, podría acarrear graves consecuencias.

La propuesta, aceptada por todos los grupos, advierte al Gobierno de la «preocupante situación» que hace «necesario» establecer un protocolo de control ante la llegada de estas plataformas que favorecen el transporte de una «gran cantidad de especies invasoras», con lo que supone para la biodiversidad del medio marino y, por extensión, por su impacto negativo sobre el turismo, por lo que pide implantar medidas.

El Senado insta al Gobierno con los votos del PP rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres)

Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica ha instado al Gobierno a rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) con los votos de PP, el rechazo de Unidos Podemos, y la abstención del resto de los grupos parlamentarios.

La iniciativa ha sido defendida por el senador del PP, Diego Sánchez, quien subrayó que los reactores de Almaraz generaron entre el 25%/30% del total de la energía generada por el parque nuclear de España, al tiempo que emplean de forma directa a 800 personas y los empleos indirectos llegan a 2.900. Sánchez recurrió al programa electoral del PSOE, que fija el cierre de las centrales nucleares una vez que éstas alcancen el final de su vida útil. Así, asegura que genera «intranquilidad e incertidumbre» en la comarca de Campo Arañuelo, que ve peligrar una de sus principales fuentes de riqueza y empleo y, por tanto, justifica la iniciativa por la necesidad de dar un mensaje de certidumbre y confianza.

La propuesta, aprobada con la abstención del PSOE, insta al Gobierno a rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz mientras cumpla con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas legalmente, así como a autorizar la prórroga de la vida útil de la central si su titular presenta la solicitud de renovación antes del 31 de marzo, cuando expira el plazo. A continuación, una vez autorizada la prórroga, el PP plantea que «de manera inmediata» se ponga en marcha un Plan Alternativo de Desarrollo Económico y Social que genere «al menos» el mismo nivel económico y de empleo que la actual planta crea en la actualidad en la comarca, a la que no se puede «abandonar a su suerte».

Por su parte, el PSOE presentó una enmienda de sustitución, que fue rechazada, por la que se instaba al Gobierno a cumplir los compromisos de descarbonización con una apuesta «preferente» por las fuentes de energía «limpias, renovables o alternativas». Esta enmienda ha sido «traducida» por el senador popular como una forma de decretar el cierre nuclear. El senador socialista, Miguel Ángel Nacarino, entiende que la enmienda del grupo parlamentario se entiende en un contexto de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno y, por tanto, «corrige la incoherencia» de la propuesta de los populares, al tiempo que ha acusado al PP de «agitar» a la población para que salga a manifestarse «sin ofrecerles una alternativa».

A este respecto, el senador popular ha pedido al PSOE claridad a la hora de decir si quiere o no cerrar las centrales y ha asegurado que tanto el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, como el del Gobierno, Pedro Sánchez, son «antinucleares». En ese contexto, señaló que todas las «maniobras» realizadas por los socialistas, a su juicio, son «para cerrar Almaraz«. Si bien entiende que es «un marrón» para su compañero socialista extremeño defender la moción socialista, no ha aceptado la enmienda de sustitución porque ambas propuestas son contrarias, «como el agua y el aceite».

Desde Unidos Podemos, la senadora Margarita Quertglas ha denunciado que renovar la licencia de los reactores de Cáceres llevará a estas plantas a una situación de operación a largo plazo a pesar de que «han sufrido numerosas incidencias» porque están «envejecidas«. A su juicio, prolongar su vida útil no es una medida de descarbonización y asegura que se pueden sustituir en España todas las energías de origen fósil en 2025.

En su turno de réplica, el senador popular se ha referido al ex consejero de Industria de Extremadura, José Luis Navarro, ahora presidente de la Empresa Estatal de Residuos (ENRESA), de quien ha recordado que tiene una empresa de consultoría medioambiental y a quien acusa de que, desde su actual responsabilidad, «está parando las inversiones» del almacén temporal centralizado (ATC), que «es fundamental para Almaraz«.

Además, Diego Sánchez ha dudado de Navarro por haber comprado «miles de hectáreas» cercanas a Almaraz para instalar proyectos de energía solar porque considera que lo que el Gobierno hará será cerrar Almaraz después de una prórroga de 4 o 5 años y después «dar el pelotazo» con las renovables que evacuarán su energía a través del nudo de Almaraz. «Tiene mucho interés el señor Navarro en los proyectos de renovables cerca de Almaraz», ha advertido el senador, que ha asegurado «alto y claro» que la «única» garantía de que no se cierre la central nuclear es «cambiando» de Gobierno en España y en Extremadura.

El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón en España están en bancarrota, según Ribera

Europa Press.- El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón se encontraban en situación de bancarrota o suspensión de pagos en mayo del pasado año, por lo que no podían devolver las ayudas antes de diciembre para evitar su cierre con arreglo a la normativa europea. Así lo expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aludiendo a que el Gobierno socialista tuvo que asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias ante un vacío de «anticipación» por el anterior Ejecutivo.

Algo parecido ocurría con las centrales térmicas que, según Ribera, tampoco habían acometido las «importantes inversiones» necesarias para seguir llevando a cabo su negocio después de 2030, por lo que se enfrentaron a un problema que «les estalló en la cara». Por ello, en una respuesta al senador del PP, Alfonso Jesús Rodríguez, la ministra ha afirmado alejarse de la «demagogia» y ser «honesta» con los trabajadores, a los que «no va a dejar abandonados», algo que sí habría ocurrido con el cierre de las minas que tenía preparado el anterior Ejecutivo, según denunció Ribera.

Rodríguez ha criticado que España haya importado energía desde una central térmica de Marruecos, mientras que el Gobierno procede a cerrar las minas y las centrales en su propio país, calificando los 8 meses de Ribera al frente del Ministerio de «despropósito«. «Su transición no es ni transición ni justa», ridiculizó Rodríguez, al mismo tiempo que criticó las políticas llevadas a cabo por el Gobierno como «rápidas, express y sorpresivas». Sobre esta importación de energía procedente de Marruecos, Ribera ha señalado que obedece a la oferta y la demanda y que se vale de una interconexión entre dos continentes que lleva en funcionamiento desde 2006.

El Gobierno anuncia que aprobará «próximamente» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor

Europa Press.- El Consejo de Ministros evaluará y aprobará «en las próximas semanas» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental han trabajado en un proyecto para facilitar una «rápida propuesta». Ribera ha garantizado que «existe un compromiso político claro» del Gobierno de «no reactivar en ningún caso Castor» y de facilitar «la mejor opción posible» para su clausura definitiva.

«Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico», ha manifestado la ministra. Eso sí, ha admitido que «formalmente» no se ha adoptado «ninguna decisión de manera oficial» sobre el futuro del almacenamiento gasístico, que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación. La ministra asegura que el Ejecutivo va a abordar «con las máximas garantías y rigor técnico» la cuestión y ha puesto en marcha «todo lo necesario» para evaluar la situación actual.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y «no ha habido manifestación sísmica desde entonces», pero ha añadido que ésta es una situación «temporal» que «no puede prolongarse mucho tiempo». «Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura», insistió, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían «difícilmente justificables».

Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es «actuar» porque «la única decisión viable» es facilitar su clausura «definitiva» ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando «lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose». En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación «es inminente». Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es «acelerar» este proceso.

Finalmente, ha incidido en que de forma «simplista» lo «fundamental» es acometer el sellado definitivo «cuanto antes», con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. «El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también», ha concluido. En todo caso, precisó que no se compromete a desmantelarlo porque el Gobierno no tiene aún preparada «esa última etapa que puede ser complicada».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de «fiasco» el proyecto Castor, celebra el anuncio de Ribera de que «por fin» digan que lo van a desmantelar yha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir «a pies juntillas» los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que «no vuelva a suceder lo que en Castor» y no sean de nuevo «los mismos paganinis«, los ciudadanos, quienes asuman «el fiasco».

Desde ERC, Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, comentó que le entra «cierta tranquilidad» la confirmación de que este «megaproyecto ruinoso» será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes. «Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía», ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.

Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir «sus responsabilidades» pese a que «muchas veces» se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP, Salomé Pradas, ha espetado a Ribera que «no es digna» de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es «una realidad» porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto. «Usted, que está en el origen del problema, nos da la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales», criticó Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte de Pedro Sánchez fue «una burla» y un «insulto» para Castellón.

También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha criticado el «tanto daño» que hizo a Castellón con Castor pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad. Tras la réplica, la ministra reconoció que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema «enormemente embrollado» y que es «complicado» encontrar una solución concreta, pero afirmó que el Gobierno está «estudiando» la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.

El Gobierno catalán lo celebra

Por su parte, el delegado del Gobierno autonómico de Cataluña en Terres de l’Ebre (Tarragona), Xavier Pallarès, celebró el anuncio de la ministra. «Si se confirma el sellado definitivo del almacén Castor es una gran noticia para las Terres de l’Ebre», sostuvo Pallarès, que remarcó que era una de las principales reclamaciones de este territorio y confía en que esta decisión se haga realidad «lo antes posible», además de esperar para ver qué medidas se tomarán con las instalaciones terrestres.

El Gobierno niega que “vaya a cerrar» ninguna central térmica, sino que dependerá de las empresas, mientras impulsa la Ciuden

Europa Press.- El Gobierno de España quiere convertir la Fundación de la Ciudad de la Energía (Ciuden) en el elemento «impulsor» y «dinamizador» de todo el proceso de transición ecológica y energética en la comarca de El Bierzo (León). Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno «no va a cerrar» ninguna central térmica, sino que dependerá de en qué medida las empresas que gestionan estas centrales garantizan la seguridad del suministro, según la normativa europea.

Así lo ha afirmado la ministra en el Senado, tras una pregunta del senador del PP, Miguel Ángel Ramis, quien ha acusado al Ejecutivo de hacer «postureo ecológico», de igual forma que se ha hecho con la «batalla» a los automóviles diésel. Sin embargo, Ribera contraatacó al senador popular con el mismo calificativo de «postureo ecológico», aludiendo a que el antiguo Gobierno firmó todas las obligaciones ecológicas que impuso la Comisión Europea y que, sin embargo, cuando el nuevo Ejecutivo llegó a la Moncloa «no se encontró con nada hecho«.

Según ha explicado la ministra, los plazos para lograr los objetivos ambientales por parte de las centrales térmicas estaban fijados desde el año 2010 y no se tuvieron en consideración, por lo que ha considerado que la firma de las obligaciones «se debía corresponder con ese postureo ecológico». Así, Ribera ha afirmado que «no piensa cerrar nada», ya que solo dependerá de si las empresas que gestionan estas plantas descartan invertir para reducir las emisiones de estas centrales y sus cierres son compatibles con la seguridad del suministro. De lo contrario, tal y como ordena la Comisión Europea, tendrían que cerrarse antes del año 2020.

En su pregunta, Ramis ha indicado que el principal objetivo es «garantizar el suministro a todos los ciudadanos del país». «Lo que importa no es qué centrales se vayan a cerrar sino cómo se va a sustituir el aporte energético de estas centrales». «Parece que pretenden teñirse de verde y hacer postureo político, como la batalla a los automóviles diesel para apoyar el vehículo eléctrico; pero esto también tiene que tener fuentes eléctricas, ¿todas deben de ser ecológicas?. No es posible», ha sentenciado el senador, al mismo tiempo que ha tildado de «revanchistas, vacuas e inútiles» las medidas del Gobierno.

Transición energética en El Bierzo

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, presentó en Ponferrada el nuevo proyecto que el Gobierno quiere llevar a cabo con la Ciuden, cuya reactivación pretenden que permita hacer una transición «justa y equilibrada» y «tener futuro a las personas de esta comarca que participan en él». Una de las primeras medidas tomadas fue el nombramiento como director general de la Ciuden al profesor de Botánica de la Universidad de León, Arsenio Terrón, «una persona que conoce bien el territorio», según el secretario de Estado.

Domínguez Abascal también ha anunciado la creación de un comité de asesoramiento estratégico en el que haya representantes de instituciones políticas, sociales y académicas que «tienen que trabajar en la evaluación de planes de acción de futuro y como dinamizadores de propuestas”. El secretario de Estado ha reiterado que el primer objetivo «es convertir a la Ciuden en un elemento fundamental para promover el desarrollo económico y social de las comarcas mineras como generador de empleo», donde el I+D, para lo que fue creado en su día, seguirá su desarrollo, pero en un segundo plano.

Por otro lado, Domínguez Abascal apuntó que el segundo de los objetivos será el de «fortalecer» el tejido empresarial dentro de las comarcas mineras y apoyar iniciativas que vayan encaminadas a ese desarrollo económico y social. Para ello, la Ciuden contará además con el apoyo de Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (Idea) para llevar a cabo actividades formativas y de restauración ambiental.

El Gobierno aprobará próximamente ayudas a vehículos alternativos mientras el Congreso acuerda una hoja de ruta para renovar el transporte

Europa Press.- Después de que el Congreso haya acordado una hoja de ruta dirigida a la renovación del transporte privado y de mercancías, tanto terrestre como marítimo, de cara a la transición ecológica, con objetivos a 2030, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno aprobará de manera «inminente» un nuevo plan de incentivos a la compra de vehículos alternativos, con hasta 15.000 euros para vehículos pesados.

En la actualidad, los Presupuestos 2018, aprobados por el PP, recogen 66,6 millones de euros de apoyo a la movilidad energéticamente sostenible y eficiente. Ribera ha destacado también en el Senado la necesidad de que se adopten en España políticas de reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero más eficaces en el sector transportes, que supone el 25% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2).

«Actuar sobre este sector es prioritario. Para cumplir con los objetivos de descarbonización hay que tomar medidas de mitigación«, respondió Ribera en el Senado a la interpelación del senador del PNV, José María Cazalis, sobre medidas para avanzar en la reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero de los vehículos de transporte e industriales. La titular para la Transición Ecológica ha considerado fundamental el que se promueva el uso de combustibles alternativos, incluyendo en su caso la electrificación parcial y siempre y cuando el origen de la electricidad sea de bajas emisiones.

Ribera también ha hablado del hidrógeno como una posible solución a futuro para reducir las emisiones del sector transporte por carretera y ha subrayado la necesidad de que se impulsen medidas para el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, empezando por la propia Administración central. No obstante, Ribera ha reconocido que sustituir los motores diésel por otros alternativos en camiones es más «difícil».

Según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), los camiones transportan 14.000 millones de toneladas de mercancías al año. «El Parlamento Europeo impulsó reducir las emisiones en este tipo de vehículos y ahora los Estados miembro tenemos que acelerar los acuerdos. Hay que pedir a los fabricantes y acompañarlos en este proceso de reconversión», apuntó Ribera, que recordó que los vehículos pesados emitieron aproximadamente 23 millones de toneladas de CO2 equivalente en España en 2016; las furgonetas alrededor de 4 millones, y entre ambos coparon el 30% de emisiones totales del transporte por carretera.

«En España, la senda de emisiones efecto invernadero ha aumentado muy notablemente, sobre todo las del transporte, y deben quedar eliminadas antes de 2050 para cumplir los objetivos de descarbonización de Europa», ha resaltado. Los niveles de reducción de emisiones propuestos por la Comisión Europea en mayo, del 15% en 2025 y del 30% en 2030, establecen un camino para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima.

Hoja de ruta del transporte

Por otro lado, la iniciativa presentada por el PSOE en la Comisión de Transición Ecológica fue pactada finalmente con el PP, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís, que ha salido adelante por unanimidad en la comisión.Concretamente, el Congreso reclama el desarrollo «de forma especial y urgente» de un plan de ayudas dirigido a automóviles y furgonetas más antiguos que considere el nivel de renta, y acordar con comunidades autónomas, sindicatos y patronal «una estrategia para la transformación de la industria automovilística y sus industrias auxiliares».

Asimismo, pide incentivos para fomentar una infraestructura de recarga de acceso público, mecanismos para que la Administración Pública «asuma un papel ejemplarizante en la adopción y compra de coches eléctricos», un plan específico para el desarrollo del autobús eléctrico en centros urbanos y campañas de promoción de la movilidad eléctrica en flotas y asociaciones gremiales.Por otro lado, pide facilitar proyectos de I+D+i en desarrollo de baterías eléctricas y de su reciclaje y fijar unos estándares comunes para los puntos de recarga, que incluya elementos como el tipo de enchufe o la forma de pago.

La hoja de ruta para la transición ecológica en el transporte también propone otras medidas dirigidas a la descarbonización del transporte terrestre de mercancías, y reclama la planificación de las infraestructuras ferroviarias y un plan de implantación del camión ligero eléctrico.En este sentido, pide desarrollar un sistema de incentivos a la adquisición y un modelo propio de despliegue para la infraestructura de recarga asociada, y también facilitar proyectos de I+D+i de otras tecnologías de transporte pesado de mercancías «que permitan descarbonizar completamente el transporte».

Por otro lado, pide también la adopción de medidas en los puertos españoles, donde pide garantizar la energía eléctrica de los buques, pero también facilitar la transformación del transporte de mercancías marítima al gas natural licuado.Así, pide planificar las inversiones para instalar en los puertos, priorizando aquellos localizados en grandes rutas internacionales, sistemas de suministro de gas natural licuado a buques, e incentivar a través de exenciones fiscales o ayudas directas, las inversiones de los armadores para la adaptación de los buques al GNL.

Respecto al suministro eléctrico, el Congreso ha acordado posibilitar que las autoridades portuarias puedan distribuir energía eléctrica a los concesionarios, incluso a través de redes de distribución de energía eléctrica cerrada, y que estos puedan dar suministro a buques atracados. Asimismo, las empresas distribuidoras podrían ser titulares de último recurso de la infraestructura necesaria para el suministro a buques en atranque, una vez que se haya celebrado un concurso y no haya pujado por esta titularidad nadie. En este sentido, pide que las tasas devengadas por la ocupación privativa de la zona portuaria por parte de las empresas de distribución sean consideradas como costes retribuibles.

El Congreso también pide un peaje específico para el suministro eléctrico de los buques, estudiar medidas para facilitar su adaptación al consumo eléctrico, como reducir el impuesto especial de electricidad o incentivos fiscales a la inversión, planificar las inversiones en infraestructura y un calendario para su instalación. Asimismo, pide que esta reforma esté «guiada por el principio de que quien contamina paga» y sea «neutral a la recaudación», incluir a los puertos de interés general en las zonas de distribución eléctrica y reordenar y «simplificar con criterios de eficacia y eficiencia la elevada proliferación de normas y tributos ambientales entre comunidades autónomas y Administración central».

El PP insta en el Senado al Gobierno socialista a que mantenga el carbón como componente del mix energético nacional

Europa Press.- El PP ha defendido una moción en el Senado, aprobada en la Comisión de Transición Ecológica, en la que insta al Gobierno a seguir impulsando las energías renovables, pero manteniendo el carbón como componente del mix energético nacional, planteando una transición efectiva del sector minero y no un cierre inmediato.

En la moción, defendida por el senador del PP por Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, se insta al Ejecutivo a abordar la transición energética desde tres ámbitos: el cumplimiento de los compromisos medioambientales, el menor coste energético para familias y empresas y la estabilidad y seguridad del suministro. Asimismo, Rubio Mielgo reprochó al PSOE que vote en contra «a pesar de haber aceptado 3 de las 4 enmiendas que ha presentado este partido». «El PSOE ha demostrado una vez más su incongruencia y su falta de criterio a la hora de defender los intereses de los castellanoleoneses y del medio rural de nuestra comunidad», indicó.

El senador también recalcó que es necesario que el Gobierno defienda los pagos por capacidad para las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red. Para ello, consideró que el Gobierno debe alinearse con lo decidido en el marco europeo y llevar el posible objetivo de fin de generación térmica con carbón a 2030.

De esta manera, afirmó que el carbón representa un 30% de la producción de electricidad total de la Unión Europea, por lo que debería seguir ocupando un puesto esencial en las fuentes de energía utilizadas. Pero esto, apuntó, debe ser compatible con el propósito de la Unión Europea de disminuir las emisiones de CO2 entre un 80% y un 95%.

Además, el senador del PP recordó que en Castilla y León existen 8 grupos térmicos repartidos en las centrales de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla del Río Carrión y ha destacado que, en Europa, países como Alemania y Polonia están apostando por la construcción de nuevas centrales de carbón en la que los avances tecnológicos aportan sistemas de captura y almacenamiento de CO2, sistemas que pueden adaptarse en las centrales existentes de forma progresiva. «El interés general de España implica que el carbón tiene que formar parte del mix energético nacional, asegurando al menos hasta 2030 el funcionamiento de los grupos térmicos existentes», recalcó.

En el texto, el PP también pide al Gobierno que modifique los criterios de autorización del cierre de instalaciones de generación de modo que puedan impedirse cierres como el de la central de Velilla, propiedad de Iberdrola, que en noviembre de 2017 solicitó al entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo el permiso para su clausura. Asimismo, la moción solicita que se establezca, por razones estratégicas, un procedimiento de devolución de las ayudas cobradas desde 2011, que permita la continuidad de las explotaciones rentables que pretenden continuar operativas desde el 1 de enero de 2019.

Montero asegura que la subida del diésel no tiene afán recaudatorio» sino que busca preservar el medio ambiente”

Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la equiparación del impuesto del diésel con el de la gasolina que prepara el Gobierno no tiene un «afán recaudatorio«, sino «preservar el medio ambiente» y «cuidar la salud de los ciudadanos».

Así lo señaló durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta de la senadora del PP, Esther Basilia del Brío, sobre si el Gobierno mantiene que el impuesto al diésel no afectará a las clases medias y trabajadoras, en donde ha asegurado que la propuesta intenta que aquellos que más tienen aporten «algo más» para contribuir a las arcas públicas con el fin de «consolidar» el Estado de bienestar, mientras que se bajará la fiscalidad a los que facturen menos.

La senadora popular ha criticado que el sistema fiscal «ataca directamente» al empleo, al ahorro y a la inversión, por lo que cree que los más humildes «pueden pasarlo muy mal». También advertía que el 30% del tributo «lo van a sufragar agricultores, usuarios de calefacción diésel, conductores y autónomos» y en cambio «el coche lo van a disfrutar otros».

De esta forma, ha acusado al Gobierno de convertirse en la «antítesis de Robin Hood» ya que «roba a los pobres para dárselo a los ricos», y ha indicado sobre la fiscalidad que «lo único verde es la gestión y planificación de recursos públicos, que es pura y llanamente recaudatorio». «Nos van a meter en la misma trampa que con las energías renovables, que por llegar los primeros pagamos más que nadie y condujo al déficit tarifario”, auguró la senadora.

Del Brío criticó que el Gobierno prevé recaudar más por esta subida impositiva que por el alza de impuestos a las rentas altas. En concreto, la subida del diésel elevará la recaudación por este impuesto en 670 millones de euros, por encima de lo que prevé ingresar por la subida de impuestos a las rentas más altas (323 millones por el alza del IRPF y 339 millones por la subida de Patrimonio). Por su parte, la ministra aseguró ver una «falta de respeto» las palabras vertidas por la senadora, que a su juicio intentan «desacreditar» la fiscalidad verde, y esgrimió que las subidas impositivas en materia medioambiental tratan de ser «disuasorias» de comportamientos agresivos medioambientales.

El PP presenta una moción para evitar el cierre de las centrales de generación eléctrica viables

Europa Press.- El PP ha presentado una moción en el Senado para evitar el cierre de las centrales de generación eléctrica «viables» de forma unilateral y sin tener en cuenta «el interés general» ni los objetivos o garantías de suministro y cambio climático e «impacto en el precio de la electricidad». Esta iniciativa está así en línea con la propuesta de Ley que intentó sacar adelante el anterior Gobierno, que pretendía endurecer los criterios que tenía que cumplir una eléctrica para cerrar una central de generación.

En este nuevo intento en el Senado, cámara en la que el PP cuenta con mayoría, el grupo parlamentario insta también al Ejecutivo a mantener el carbón como componente del mix energético, «planteando los términos de una transición justa del sector minero en términos de transición, no de cierre, y defender los pagos por capacidad de las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red, siendo las centrales térmicas indispensables para el control de la red y abaratamiento de la factura de la luz».

Una interconexión eléctrica del 15%

Asimismo, solicita continuar impulsando «decididamente» la instalación de renovables y biomasa que complemente los más de 28.000 megavatios (MW) de solar fotovoltaica que, o bien están operando o están en proceso de construcción, los 2.300 MW de termosolar y 23.000 MW de energía eólica, para cumplir los objetivos de penetración de renovables y emisiones de CO2 en el año 2030 y 2050. Además, en su iniciativa insta a impulsar las interconexiones energéticas de España y «poner todos los medios necesarios» para que en el año 2030 se alcance un mínimo del 15% de interconexión en redes de transporte de electricidad.

Por otra parte, pide al Gobierno replantearse la decisión de crear un nuevo impuesto especial para el diésel, por lo perjudicial que supondría para la industria automovilística, el sector agrario, los autónomos, los transportistas y para todos los usuarios propietarios de vehículos diésel. De esta manera, ve necesario apostar por un nuevo modelo sostenible de transporte con cero y bajas emisiones, «pero exigiendo un modelo de transición ordenada para que la economía, la industria y los consumidores se puedan adaptar a este nuevo modelo energético».

La central nuclear de Almaraz

Por otro lado, el PP de la provincia de Cáceres ha denunciado que el cierre de la central nuclear de Almaraz supondría terminar «de golpe» con el futuro de la comarca de Campo Arañuelo, además de destruir «de inmediato» cientos de puestos de trabajo, y provocar que las familias extremeñas pagasen un 15% más por la luz y las empresas afrontasen un incremento del 25%.

El presidente del PP de la provincia de Cáceres, Laureano León, se reunió con los alcaldes, portavoces y presidentes locales para abordar este asunto que «preocupa» a los dirigentes del PP, que «quieren evitar el cierre de la central» y «conseguir un compromiso serio» del Gobierno de España, de la Asamblea de Extremadura y de la Diputación de Cáceres. Por ello, no descartan impulsar movilizaciones ante la «preocupación» por esta situación de Campo Arañuelo, e informar a todos los vecinos de la zona de lo que supondría el cierre de la central, entre otras acciones.

Cabe recordar que el PP ya ha solicitado en el Congreso que se modifique la Ley de cierre de estas instalaciones, y ha pedido al PSOE que rectifique su postura del sí al cierre de la central nuclear, al tiempo que pide al Gobierno de España que «reflexione» y «rectifique». «Que el Gobierno defienda el no al cierre de las centrales nucleares, porque tener una energía a un precio desorbitado es sinónimo de pérdida de competitividad de nuestra industria y de empleo, y el objetivo del PP es seguir creando condiciones óptimas en nuestra sociedad para continuar creando empleo», concluye.