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El Gobierno de Bolivia interviene en el sector del gas y el petróleo para no ver mermados sus ingresos

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EFE.- El Gobierno boliviano ha anunciado un decreto para fijar límites a los costes de operación de las petroleras que trabajan en el país, lo que generó preocupación de la cámara que agrupa a ese sector, que ha advertido de que se verán afectadas las inversiones futuras.

El vicepresidente Álvaro García Linera propuso “establecer una banda de precios estándar a nivel continental y mundial de cuánto cuesta hacer una perforación; en función de esos precios mínimos y máximos a escala continental y mundial, movernos en nuestros costes de operación y en nuestros costes recuperables». La variable de los costes recuperables declarados por las empresas petroleras debe ser reconocida por el Estado y, si son altos, eso reduce los ingresos para las arcas estatales. García denunció que ven cómo en algunos campos gasíferos en Bolivia los costos de operación «se disparan», cuando la tendencia mundial es de disminución.

Previamente, lapresidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Claudia Cronenbold, expresó su preocupación por la emisión de normas relativas a la gestión de los contratos de servicios de operación lo que, según consideró, genera «una gran inquietud sobre la seguridad jurídica que tiene relación directa» con las inversiones del sector. «Desde nuestra perspectiva, este hecho afectará la ejecución de inversiones futuras en el sector, las cuales como se conoce son imprescindibles para cumplir con los compromisos que tiene el país», sostuvo Cronenbold, que solicitó abrir un espacio de diálogo con las autoridades «para superar esta dificultad».

Cronenbold señaló que las petroleras están de acuerdo en que «la actual coyuntura de la industria exige de las empresas un riguroso control de los costes y de las inversiones, además de la aplicación de criterios de eficiencia». Cronenbold aseguró que desde que se planteó el «nuevo escenario mundial de precios» las empresas empezaron a ejecutar «programas de optimización y ahorro de costes«. El vicepresidente anunció que el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, se reunirá con las petroleras privadas para elaborar la reglamentación del decreto.

UNEF ve histórica la subasta de energías renovables que ha adjudicado más de 3.900 MW a la solar fotovoltaica

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calificaba de “histórico para el sector fotovoltaico» el haberse adjudicado esta tecnología 3.909 megavatios (MW) en la subasta de renovables que se ha celebrado, después de obtener sólo 1 en la anterior. Y es que el grueso de la potencia se ha adjudicado a proyectos fotovoltaicos, lo que «supondrá una importante reactivación del sector, con unas inversiones estimadas en 3.500 millones de euros, y la creación de nuevos puestos de trabajo».

El presidente de UNEF, Jorge Barredo, ha achacado “estos buenos resultados” al “alto nivel de competitividad que ha alcanzado la energía fotovoltaica”, de la que subrayó que «no sólo es una aliada clave para la lucha contra el cambio climático sino que contribuye, además, a bajar el precio de la electricidad para todos los consumidores«. En esta licitación las empresas españolas han sido «las principales ganadoras», y la potencia total asignada es superior a la que se instaló durante 2007 y 2008, cuando el sector fotovoltaico vivió un gran crecimiento.

Además, UNEF quiso recordar que este resultado se debe a que se ha permitido ampliar el cupo de potencia a asignar por encima de los 3.000 megavatios con el objeto de «facilitar la inclusión de la potencia de todas aquellas ofertas que tuviesen el mismo sobrecoste que la última oferta adjudicada, siempre que dicho sobrecoste fuese nulo para el sistema o inferior al valor que se establece en la cláusula confidencial». Aun así, UNEF destacó la «necesidad de que las licitaciones tengan un diseño adecuado y homologable internacionalmente y de que exista la seguridad jurídica adecuada en España, para que los proyectos puedan acceder con mayor facilidad a la financiación».

En la anterior subasta, de 3.000 MW, fue la eólica la vencedora con 2.979 MW, y en la del año pasado la fotovoltaica no pudo ni siquiera optar, ya que fue convocada sólo para eólica y biomasa. UNEF manifestó su malestar por los criterios de la anterior subasta, que se han vuelto a aplicar en ésta y por los que, en caso de empate en los descuentos ofrecidos por los promotores de los proyectos, se asignaría a aquellos con mayor número de horas de producción, en primer lugar, y luego a las instalaciones de mayor tamaño, lo que favorecía a la eólica según denunció UNEF.

Las subastas de suelo móvil

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El espacio entre subasta y subasta de nueva potencia renovable ha amplificado los cuestionamientos de las dos anteriores, en la medida en que ha incidido en la complejidad de la misma y, en consecuencia, en la dificultad de los operadores para su entendimiento; todo ello aderezado por la fórmula española de transición energética pendiente de definición, de la resolución de pleitos y de los arbitrajes abiertos en las instancias internacionales en materia renovable y las amenazas a la seguridad jurídica.

El primero es el anuncio de la tercera subasta de potencia renovable realizado por el propio Mariano Rajoy de forma inmediatamente posterior a la celebración de la segunda, lo que pilló por sorpresa a propios y extraños y, principalmente, a los mismos adjudicatarios de la potencia recién subastada con menos de una semana de antelación. Un anuncio que venía a uncir la necesidad de cumplir con los objetivos de generación y potencia renovable que España tenía, con la comunicación política añadida. El departamento de Energía busca la forma de multiplexar la potencia adjudicada por si fallan los calendarios de puesta en funcionamiento de la misma.

En segundo lugar, y casi en paralelo, las revelaciones y propias declaraciones del ministro de Energía, anunciando la revisión de los criterios de cálculo respecto de la rentabilidad razonable de las instalaciones de régimen especial. Unos criterios instaurados en la reforma eléctrica de 2013 y que, en aplicación directa y virtual de la rebaja del bono español, confirma la comprensión del Ministerio de la rentabilidad en las subastas como “suelo móvil” variable. Interpretación que ha causado un fuerte malestar en los titulares de las instalaciones actuales, además de apuntalar la decisión de los operadores eólicos que deciden no participar en el mercado español por su inseguridad jurídica y su incertidumbre.

Una advertencia, la de Nadal, acompañada además de una admonición hacia las empresas de menor tamaño y a otros operadores maverick, ahuyentándoles en lo que se refiere a la participación en las subastas por su propia complejidad, para que no se vieran atrapados en una posible reducción retributiva, además de las dudas existentes respecto a la viabilidad de la ejecución de los proyectos resultantes. El hecho es que el sector se empieza a apuntar a la tendencia de los contratos bilaterales de suministro frente a la inestabilidad de las subastas.

Por su lado, el ministro que busca sobre todo tener las manos libres para hacer y deshacer, sin aceptar restricciones del marco jurídico, económico, presupuestario, europeo o de la inversión y, a la vez, sin consecuencias derivadas de los grados de libertad de la discrecionalidad en la acción política. Sin embargo, desde instancias europeas se tiene en observación la deriva de la regulación renovable española.

Por otra parte, pese al discurso teórico de comunicación política de neutralidad tecnológica, las condiciones de diseño de cada subasta apuntan o se orientan hacia tecnologías diferentes. Eso le permite al Ministerio conseguir que permanezca viva la lucha entre tecnologías, cuya división tanto éxito ha traído en el pasado a sus responsables para alejar el foco, de forma que, a la vista del corto espacio de tiempo en que se producen estas subastas, la única forma de influir en la mediática es la proliferación de invectivas intertecnológicas. Todo apunta a que esta subasta abrirá la mano con la fotovoltaica, lo cual proporcionará coartada al propio Ejecutivo y dejará sin argumentos a los teóricos de la conspiranoia de los grandes operadores.

En suma, que estamos ante el resultado de una subasta más: de suelo móvil, de calidad de marco regulador, de regulación a la española. Veremos.

La patronal fotovoltaica UNEF pide que en la próxima subasta de renovables todas las ofertas que empaten entren como adjudicatarias

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que lo más adecuado es que todas las ofertas que en la próxima subasta de renovables empaten, y que no supongan un sobrecoste para el sistema, entren como adjudicatarias. Por ello, solicita que no se repita «el mismo error» que en la subasta verde celebrada en mayo, en la que la fotovoltaica quedó excluida por el criterio de las horas de funcionamiento «a pesar de haber ofertado al mismo precio que la otra tecnología».

Asimismo, respecto a las licitaciones que se celebren en los territorios extrapeninsulares (Canarias y Baleares), UNEF pide que tengan «el diseño adecuado«. Además, la patronal reclama a las administraciones públicas «una mayor implicación en el desarrollo de la energía fotovoltaica, como fuente inagotable, sostenible y limpia» para cumplir los compromisos definidos en el Acuerdo de París, y del autoconsumo. De esta manera, pide a la administración pública un compromiso para recuperar la seguridad jurídica y conseguir mantener la retribución para los proyectos fotovoltaicos al 7,3%.

Por otra parte, recuerda también las posibilidades que se abren en el desarrollo del autoconsumo tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional «avalando su uso colectivo y atribuyendo a las comunidades autónomas las competencias para su regulación». A este respecto, la patronal insta a las comunidades autónomas a que sigan el ejemplo de Cataluña, definiendo la regulación necesaria para fomentar el desarrollo de instalaciones de autoconsumo compartido en edificios de viviendas y urbanizaciones «para que se mejore la eficiencia energética de los mismos y se contribuya a la lucha contra el cambio climático». Además, señala la importancia de acabar con las barreras económicas, como el impuesto al sol, y administrativas definidas por la actual regulación.

Juan Virgilio Márquez (AEE): “Con estabilidad regulatoria y seguridad jurídica participarían aún más operadores en las subastas de energías renovables” (II)

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Javier Angulo.- Apenas un mes después de la última subasta de renovables, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva subasta anunciada recientemente por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: 3.000 MW destinados a las tecnologías eólica y solar fotovoltaica. Precisamente son las subastas el principal tema a abordar en esta segunda parte de la entrevista al director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez (Madrid, 1973).

La falta de diálogo con el sector fue uno de los principales reproches que se realizaron al Ministerio de Industria con el tándem José Manuel Soria-Alberto Nadal. ¿Hasta qué punto ha cambiado la situación en la nueva legislatura, con el nuevo Ministerio de Energía y la llegada de Álvaro Nadal?

Se están dando pasos en una dirección correcta, como muestra el dialogo de expertos para la formulación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es de valorar, pero siempre hemos pedido que el dialogo tiene que estar en todas las fases de ejecución de los grandes proyectos o programas que el Gobierno tiene que lanzar. Uno de esos asuntos son las subastas. Nos hubiera gustado que en la gestación o diseño de las subastas, en la fase inicial, se hubiera dialogado con todos los sectores renovables para recopilar de cada uno de ellos sus principales necesidades y mejorar su diseño. Se están dando buenos pasos, a diferencia de la etapa anterior, pero hay cuestiones que se pueden mejorar.

¿Cómo valora el sistema de subastas de renovables puesto en práctica para la subasta de mayo y que todo indica que volverá a utilizarse prácticamente igual para la anunciada subasta de otros 3.000 MW renovables?

El sistema de la última subasta, que era bastante similar al de 2016, es complejo.En otros países, casos de éxito a nivel internacional, se establecen sistemas en los que se subasta un incentivo por producción de energía; aquí se subasta un incentivo por potencia instalada. Todosistema complejo implica riesgos, en primer caso, de interpretación. Por ello, no terminamos de ver la ventaja de la neutralidad tecnológica; entendemos que habría que realizar subastas que incorporasen cupos por tecnología que saliesen de una planificación energética, del mix que el Gobierno quiere conseguir para el futuro.

Por ello, creemos que una subasta no se debería limitar a una puja cuantitativa por un incentivo sino que debería tener en consideración una serie de condicionantes que rodean al ámbito energético en este país: hay una distribución regional peculiar, con un mayor recurso eólico en el norte y mayor recurso solar en el sur; hay una industria propia, una industria eólica que hay que cuidar, con más de 200 centros de producción en 16 comunidades autónomas. Asimismo, hay una conciencia ambiental importante. La subasta podía haber sido una oportunidad para aglutinar todos estos intereses públicos para integrarlos en un mecanismo que, aún con estos parámetros, seguiría garantizando un precio muy bajo, de incentivo 0  durante este primer período regulatorio.

¿Ha habido discriminación a favor de la eólica, tal y como denuncian las organizaciones solares?

A día de hoy no puedo asegurar que se haya favorecido a alguna tecnología. Los parámetros asignados a cada tecnología no minusvaloran el rendimiento que podría aportar cada tecnología, discriminando a la solar en beneficio de otras, como se ha dicho. Así que, simplemente por el diseño de la subasta, no me atrevo a decir que se haya favorecido a la eólica, salvo en caso de descuento máximo. Es evidente que uno, cuando hace el diseño de una subasta y al margen del contexto, no piensa que la oferta que va a ir al descuento máximo va a ser mayoritaria. Puede pensar que las plantas que más prestaciones den, vayan al descuento máximo, pero no el 100% de la subasta.

Lo cierto es que las subastas están integradas en un contexto. En diseño no se beneficia a la eólica, pero claro, cuando se da que la mayor parte de la oferta va al descuento máximo, lo que priman son las horas de producción. Y si el contexto es que hay mucho proyecto, parado durante mucho tiempo, tanto eólico como fotovoltaico, y se subastan 3.000 MW, se llena con las tecnologías que más producen, en este caso la eólica. La conclusión de la subasta es que se ha quedado pequeña, que hay capacidad de aportar más megavatios renovables a descuento máximo.

En 2015, AEE reclamaba al Gobierno un calendario de subastas. Ha habido dos subastas, se anuncia otra de 3.000 MW en próximos meses. ¿Se cumplen las expectativas de la patronal?

En 2015 se hablaba de una planificación energética, con una serie de megavatios necesarios para cumplir los objetivos. La realidad es que no ha habido ese calendario de subastas, simplemente ha habido dos subastas para el cumplimiento de objetivos de renovables comprometidos con Europa. Y la próxima subasta que viene es consecuencia de que las anteriores se han quedado pequeñas.

Hay quién no duda en hablar de improvisación en esta forma de anunciar las subastas…

Desde AEE hemos pedido siempre una planificación energética a largo plazo. Permite prepararse, que las industrias hagan ofertas competitivas, busquen los mejores desarrollos tecnológicos, busquen los mejores parques… Lo que ocurre es que hay una subasta del 2016, que se llenó con el descuento máximo del 100%; hay otra este año en la que se han corregido aspectos, como un límite al descuento máximo, y también se ha vuelto a llenar; conclusión: el Gobierno ha visto que hay más oferta a descuento máximo y por eso plantea realizar otra subasta.

Respecto a la primera subasta, ¿desde AEE hay confianza en que los adjudicatarios vayan a llevar a cabo sus proyectos?

No tenemos ningún indicio que diga que los proyectos no se van a hacer. Confiamos en las empresas que han resultado adjudicatarias de la subasta. Llevamos mucho tiempo parados, con los proyectos en los que, en muchos casos los permisos ya adjudicados, perfectamente estudiados. Además, esas subastan también exigían avales, por lo que las empresas adjudicatarias saben a lo que se arriesgan si no cumplen, con los avales que se ejecutan como penalización. Eso sí, hasta que no se materialicen los proyectos no podemos decir que la subasta ha sido un éxito. Las subastas tendrán éxito siempre y cuando los proyectos se lleven a cabo.

El Gobierno confía en que con estas subastas se conseguirá alcanzar el objetivo de renovables del año 2020. Sin embargo la planificación energética indica que España necesitaría 8.500 MW renovables, de los cuales 6.400 MW eólicos. ¿Esperan que haya más subastas aparte de la que se acaba de anunciar por parte del presidente del Gobierno?

Esa planificación de 2015, de Red Eléctrica, es la que venimos utilizando porque está bien estudiada y es una referencia del sector. Teniendo en cuenta los 500 MW de la primera subasta, el cupo canario, los 2.900 MW de la subasta de mayo más los megavatios que la eólica pueda conseguir en la próxima subasta, creemos que a nivel de sector eléctrico se cumplen los objetivos. Pero insisto, el reto no es el sector eléctrico sino el resto de sectores del que un 20% de energía final consumida tiene que proceder de fuentes renovables. El objetivo se va a cumplir siempre que tengan el avance necesario para poder cumplirlo, sobre todo en lo que se refiere al transporte y calefacción.

¿Estas subastas suponen el impulso necesario para la industria eólica después de la moratoria renovable?

Esta subasta ha generado mucha esperanza en el sector. Estábamos en un momento complicado porque llevábamos mucho tiempo parados y los centros industriales ubicados en España llevan 3 años exportando el 100% de su producción, casi 3.000 millones de euros al año. Somos un sector incorporado a la mesa de sectores estratégicos con el calzado, el vino, los fabricantes de automóviles… un sector que ha sabido soportar la crisis, soportar la reforma, y reorientar su actividad para ser un player de referencia a nivel mundial, produciendo aerogeneradores para todo el mundo

Un mercado local siempre es muy bueno porque genera eficiencia en costes, los centros de producción se quedan en España. Va a generar empleos, entre 25.000 y 30.000 empleos  equivalentes en la fase de producción y de fabricación de los parques, contando empleo directo e inducido. Y en funcionamiento de los parques unos 6.000 empleos equivalentes al año, además de 3.000 millones de euros de inversión. Es una noticia estupenda, una inyección de moral, esperanza y alegría

¿Cuál  puede ser el cambio de fisonomía en el sector eólico? Hay operadores eólicos, con fuerte implantación en España, que no han acudido a la subasta. Otros han acudido al  necesitar incorporar potencia renovable a su mix empresarial de generación… ¿cómo anticipáis que va a ser la evolución del sector?

Hay que diferenciar que estos nuevos actores entran sin ninguna carga del pasado. Los fondos de inversión llegan en buena situación porque los activos tienen un nivel de eficacia y eficiencia importante y los explotan correctamente. Hay una serie de empresas, principales actores de la implantación renovable en España, que tienen una cantidad importante de activos que han sufrido la reforma energética y optan por estrategias más conservadoras. Hay otras empresas que tratan de cambiar su modelo de generación y apuestan por renovables ante la transición energética. Desde la AEE respetamos las estrategias particulares de cada empresa y creemos que hay que dar cabida a todos para que las renovables sigan generando más energía y sean cada vez más baratas.

Con mayor nivel de seguridad jurídica ¿Creéis que podría volver a participar en nuevas subastas de potencia algún operador que declinó participar en la subasta?

SI se estableciera un marco futuro en el que la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica estuviera garantizada a unos niveles como los que desde el sector estamos demandando, habría mayor penetración de muchos actores, no sólo de los que no han acudido a la subasta. La regulación en España permite al Gobierno realizar cambios cada cierto tiempo, cambios que nos preocupan mucho. Estamos hablando de que cada 6 años se puede cambiar la rentabilidad razonable, la rentabilidad regulada que por ley se garantiza al inversor. Una empresa lo tiene que tener en cuenta para su estrategia. No hay seguridad desde ese punto de vista.

No se sabe que va a pasar a partir de 2020, esperamos que el Gobierno abra una vía de diálogo con el sector para conocer sus necesidades y sus problemas. Hay que tomar decisiones que garanticen las inversiones realizadas y la sostenibilidad del sistema de tal forma que no vuelva a penalizarse a los inversores que en su momento apostaron por implantar las renovables en España. Si eso se garantizase, el avance de las renovables en España a precios todavía más competitivos sería mucho mayor. Habría más seguridad, más confianza, y en las subastas de renovables participarían aún más operadores.

 

Primera parte de la entrevista en este enlace:

Juan Virgilio Márquez (AEE): “La transición energética tiene que ser ambiciosa, a largo plazo, planificada y eléctrica”

Galán asegura que Iberdrola está en países con seguridad jurídica adecuada y quiere una compañía «aún más grande y rentable»

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EFE / Servimedia.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, expresó su intención de hacer de Iberdrola «una compañía aún más grande y rentable» y ha señalado que reforzará su compromiso con la creación de valor para accionistas, empleados, clientes y las sociedades donde desarrolla su actividad. En este sentido, considera que Iberdrola está instalada en los «países adecuados» desde el punto de vista de la seguridad jurídica y que el marco actual para su actividad en Estados Unidos es «predecible y estable».

Galán respondía así al abogado Francisco Javier Cremades, que se ha interesado por la seguridad de los países en los que invierte Iberdrola, después de que recientemente Gas Natural Fenosa haya visto cómo en Colombia se intervenía y liquidaba Electricaribe, sociedad de la que era propietaria en un 85%. Galán ha dicho, respecto a las inversiones en el exterior, que Iberdrola está en los «países adecuados», como Reino Unido, que «tiene una seguridad jurídica envidiable».

En el caso de Estados Unidos, donde Iberdrola opera a través de su filial Avangrid, cree que, pese a la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia, más favorable a los combustibles fósiles que a las renovables, el marco en que se mueve la compañía es «predecible y estable», pues los proyectos que tiene en marcha y que se extienden hasta 2020 dependen de Gobiernos de diferentes Estados y no de la administración central.

«Aún más grande y rentable»

Con el objetivo de lograr «una compañía aún más grande y rentable», el presidente de Iberdrola señaló que el futuro «requerirá de más y mejor energía». Así, ha destacado que la «buena evolución» de Iberdrola, que el año pasado obtuvo un beneficio neto de 2.705 millones de euros, un 11,7% más, ha permitido ofrecer a sus accionistas una remuneración creciente, que ha situado la rentabilidad total para ellos en el periodo 2014-201 en el 55%. También se ha referido a la aportación que hace la empresa eléctrica a la sociedad a través de impuestos y ha indicado que en 2016 su contribución fiscal ascendió a 5.800 millones de euros, de los que 3.500 millones se ingresaron en las haciendas españolas.

Galán considera que 2016 es una «magnífica base» para que la compañía prosiga con sus planes futuros de inversión, que se revisaron al alza para los próximos cuatro años hasta alcanzar los 25.000 millones de euros entre 2016-2020. Explicó que la necesidad de abastecer a una «fuerte y creciente demanda», en la que el consumo eléctrico global crecerá un 70% en los próximos 25 años, hará necesarias unas inversiones de cerca de 20 billones de dólares en todo el mundo.

Además, apuntó que «en ese modelo energético más sostenible y más electrificado, todas las tecnologías renovables serán necesarias, tanto en instalaciones de gran tamaño como en las menores y más distribuidas». Sin embargo, advirtió de que «la naturaleza intermitente de las energías renovables requerirá contar con una mayor capacidad de respaldo y almacenamiento, a las que poder recurrir cuando no produzcan lo suficiente«. En la misma línea, Galán añadió que «dada la mayor complejidad del sistema, serán necesarias más redes y más digitalizadas que integren las nuevas instalaciones de generación y almacenamiento, centralizadas o distribuidas, para poder garantizar el servicio«.

Además, ha recordado que ese aumento de la producción para atender a una mayor demanda, tiene que ir acompañada de una reducción drástica de las emisiones para combatir el cambio climático y cumplir con los compromisos internacionales, reforzados en los Acuerdos del Clima de París. En este sentido, ha dicho que, en España y Europa continental, Iberdrola es una de las compañías eléctricas con menores emisiones, casi un 70% inferiores a la media del sector, y ha recordado que casi dos tercios de la capacidad de generación de la compañía es renovable, por lo que «hemos sido reconocidos como ejemplo de que es perfectamente compatible obtener buenos resultados económicos y liderar, a la vez, la lucha contra el cambio climático».

Galán ha señalado que la empresa está acometiendo grandes inversiones en energía eólica y marina, como las de los parques que lleva a cabo en el mar Báltico, en el mar del Norte y en el Canal de la Mancha. Ha destacado la buena marcha del negocio en Estados Unidos, a través de su filial Avangrid, segundo productor eólico en ese país y cuya aportación a los beneficios del grupo aumentó un 53% en 2016, así como en México, donde está aprovechando la reforma energética en ese país y espera que antes de que acabe la actual década la producción allí supere a la que Iberdrola tiene actualmente en España.

También recordó la revisión de las perspectivas de la compañía a 2020, presentada en febrero, que prevé un incremento del beneficio de 3.500 millones, un 30% más que en 2016, cuando la compañía ganó 2.705 millones, crecimiento igual que el que tendrá la retribución al accionista con respecto a 2016 hasta alcanzar los 0,37-0,40 euros por acción. Por último, tuvo un reconocimiento para José Luis San Pedro, que deja el consejo de administración tras 46 años dedicados a la compañía y al que ha definido como su «gran colaborador» y «principal apoyo», así como a Santiago Martínez Lage, que también cesa, y ha dado la bienvenida al director de Negocio, Francisco Marínez Córcoles, nuevo consejero.

Colombia anuncia la liquidación y venta de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, y el Gobierno exige seguridad jurídica

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Europa Press.– La reacción del Ministerio de Exteriores a este anuncio fue instar al Ejecutivo colombiano a alcanzar «una solución satisfactoria que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y de la empresa, respetando el principio de seguridad jurídica». Todo ello después de que el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, José Miguel Mendoza, anunciara el inicio de un proceso de venta por liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa intervenida a finales del 2016 por las autoridades locales.

«La compañía no está en condiciones de prestar un servicio de energía con la calidad y la continuidad debidas, y de ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe», aseguró Mendoza. El superintendente aseguró que la filial se venderá a un nuevo operador capaz de asumir las nuevas inversiones y que Gas Natural Fenosa solo obtendrá ingresos con la operación una vez se hayan completado los pagos a los distintos acreedores conforme a la ley. «Si tras pagar a la masa acreedora quedaran recursos adicionales, se entregaría a los accionistas actuales, a Gas Natural Fenosa», afirmó el presidente del organismo, antes de destacar que la operación «no costará un solo peso a los colombianos«.

Respecto a la posibilidad de que la compañía española acuda a los tribunales internacionales para denunciar la medida, Mendoza aseguró que «todas las decisiones son susceptibles de ser demandadas, pero la amenaza de una demanda nacional o internacional no puede hacer que esta Superintendencia se abstenga de adherirse a los estándares legales cuanto se trata de una empresa en quiebra». Mendoza también aseguró que el proceso de liquidación comenzará «inmediatamente», será «absolutamente público» y tendrá una duración cercana a un año. El objetivo será «encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la costa caribeña» y que asuma las inversiones necesarias para acabar con el «avanzado deterioro» de las redes locales.

Para acometer el proceso, las autoridades colombianas habilitarán un «cuarto de datos» y un proceso de due diligence, de cara a la celebración de una subasta «pública y competitiva» para escoger al nuevo operador. Mientras tanto, Electricaribe seguirá siendo administrada por un agente especial de la Superintendencia. Las autoridades intentarán vender la filial «al mayor precio, para beneficio de los usuarios y de los acreedores» de la empresa, aseguró Mendoza, quien negó «intereses políticos u ocultos» en el proceso, que responde a motivaciones «absolutamente técnicas».

El superintendente aseguró que Electricaribe tiene un pasivo total de 2,4 billones de pesos colombianos (750 millones de euros), de los que 1,8 billones (565 millones de euros) corresponden a entidades financieras. Además, el plan de inversiones que debe afrontar el nuevo operador, y que se convertirá en el «eje central del proceso de selección», asciende a 240.000 millones de pesos (75 millones de euros) anuales. Electricaribe, participada en un 85,38% por Gas Natural Fenosa, fue intervenida por el Gobierno colombiano el pasado 14 de noviembre, situación que se amplió por dos meses en enero, hasta el 11 de marzo.

El Gobierno pide seguridad jurídica

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lamentó la decisión anunciada por el Gobierno de Colombia de liquidar la empresa Electrificadora del Caribe (Electricaribe), controlada por Gas Natural Fenosa. Según pone de manifiesto, dicha decisión «no es acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado la empresa ni con su empeño de mejorar el servicio de distribución eléctrica», a pesar de las «circunstancias adversas ajenas».

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno reitera su preocupación ante la situación generada por la liquidación de una empresa cuya matriz española «es puntera en los sectores en los que opera y con gran sensibilidad social, que lleva años trabajando en Colombia». Por ello, asegura que «seguirá brindando su apoyo» a Gas Natural Fenosa si decide hacer uso de los instrumentos jurídicos a su disposición e insta al Gobierno de Colombia a que siga dialogando con la compañía, de manera que se pueda alcanzar «una solución satisfactoria para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y de la empresa, respetando el principio de seguridad jurídica».

El Gobierno cree que el conflicto de Electricaribe va «en buena dirección» mientras Colombia reitera que la intervención es preventiva

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EFE / Servimedia.- El Gobierno colombiano aseguró que la intervención de Electrificadora del Caribe (Electricaribe), participada mayoritariamente por la española Gas Natural Fenosa, es de «carácter preventivo» y reiteró a España la voluntad de seguir buscando una salida que satisfaga a los dos países. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, señaló que la mediación que se está llevando a cabo entre las autoridades colombianas y Gas Natural Fenosa para la resolución del conflicto «va en la buena dirección».

El Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo un “seguimiento” de la situación, y desde el primer momento «ha auspiciado que hubiera un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la empresa española y yo creo que va en la buena dirección», apuntó Méndez de Vigo después del Consejo de Ministros, en el que este asunto no ha sido tratado precisamente porque el Ejecutivo no cree «que suscite ninguna dificultad». Méndez de Vigo declinó pronunciarse sobre si la decisión de las autoridades colombianas genera algún tipo de inseguridad jurídica. «Inseguridad, falta de certeza e incertidumbre… vamos a evitarlo», comentó el portavoz.

El Gobierno colombiano ordenó el pasado martes la intervención preventiva de la distribuidora de energía Electricaribe, de la que Gas Natural controla el 85,38% del capital y que suministra energía a la costa atlántica del país. La intervención llegó después de que el Gobierno y directivos de Gas Natural Fenosa no llegaran a un acuerdo para capitalizar la empresa, que tiene problemas de caja debido a la elevada cartera morosa de clientes, que al cierre de septiembre pasado ascendía a 1.259 millones de euros. De hecho, los impagos a su filial han llevado a Gas Natural Fenosa a abrir un arbitraje en el Banco Mundial.

La compañía pretendía alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Santos basado en la aplicación de un marco regulatorio fiable que ofrezca seguridad jurídica y evite fraudes e impagos, ya que, de no ser así, considera que la actividad en el país no es viable. De hecho, debido a la actual situación, el resultado después de impuestos de la filial en la región Caribe registró pérdidas de alrededor de 24 millones de euros hasta septiembre, frente a los 14 millones de pérdidas registrados en el mismo periodo del ejercicio 2015.

Intervención de Electricaribe “es preventiva”

Por su parte, «el Gobierno quiere reiterar que la medida es de carácter preventivo y dará tiempo para encontrar una solución que responda a la necesidad de los habitantes de la Costa Atlántica en materia de energía eléctrica y para que la empresa asuma sus responsabilidades de operación, inversiones y pagos a los generadores de energía«, indicó la Cancillería de Colombia, que añadió que «reitera su voluntad con el Gobierno español de seguir buscando una salida de mutuo beneficio que satisfaga a los dos países, pensando tanto en la seguridad de la inversión extranjera como en la prestación óptima de los servicios a los ciudadanos».

Igualmente destacó que la toma de bienes, haberes y negocios de Electricaribe fue «necesaria dada la inminente situación de cesación de pagos» por parte de esa compañía, pero recordó que el «proceso no afecta de ninguna manera la seguridad jurídica de las empresas extranjeras en Colombia». Con la intervención, el Gobierno busca garantizar la prestación del servicio de electricidad a cerca de 3 millones de colombianos de 7 de la zona norte de Colombia «a los cuales el Gobierno debe atender para asegurar la prestación de los servicios públicos con la continuidad y calidad necesarias».

El Gobierno de Canarias remite al Consejo Consultivo los cambios en la normativa eólica

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EFE.- El Gobierno canario acordó remitir al Consejo Consultivo un proyecto de decreto para modificar parcialmente el reglamento sobre la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de Canarias, con el fin de favorecer la penetración de las energías renovables. La consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila (CC), aseguró que esta modificación responde al acuerdo político suscrito en noviembre de 2015 entre el Ejecutivo canario y representantes del Estado para resolver las principales discrepancias mantenidas entre ambas administraciones públicas a este respecto.

Dávila subrayó que estos cambios aportan seguridad jurídica a la norma dictada por el Ejecutivo autonómico y contribuyen a establecer un escenario más propicio para la penetración de las renovables en los sistemas eléctricos insulares. El proyecto de decreto incluye modificaciones en 5 artículos relacionados con los objetivos de la potencia eólica; las instalaciones de autoconsumo; la eficiencia energética y la calidad de la energía; las protecciones eléctricas; y los sistemas de gestión telemática. En este sentido, desde el Gobierno canario aseguran que se adecua la normativa autonómica al criterio del Estado, dotando de mayor garantía jurídica a los operadores.

El Decreto 6/2015, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación de parques eólicos en Canarias, entró en vigor en febrero de 2015, eliminando el sistema de concurso de asignación de potencia como forma de acceder a la autorización administrativa. Sin embargo, el Gobierno central consideró que el contenido de algunos de sus preceptos vulneraba el orden constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, establecido en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, por lo que la Abogacía del Estado interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el Decreto 6/2015.

Al comienzo de la presente legislatura, ambos Gobiernos acordaron crear una mesa de trabajo para estudiar y proponer una resolución extrajudicial, en virtud de la cual, el Estado aceptó retirar el recurso a cambio de modificar la redacción del Decreto 6/2015. Gracias a este acuerdo, el Ejecutivo ha conseguido dotar de plena seguridad jurídica la tramitación de nuevos parques eólicos y desbloquear la penetración de energía eólica en las islas. Una vez que el Consejo Consultivo elabore su Dictamen preceptivo, el proyecto de decreto será aprobado en Consejo de Gobierno y publicado en el BOC para su entrada en vigor.

APPA advierte de que España no cumplirá los objetivos sobre clima y renovables para 2030 si no mejora la regulación

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Redacción / Agencias.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) advierte de que, de seguir con las políticas energéticas actuales, no se cumplirán los objetivos sobre clima y energía para 2030 a los que España se ha comprometido con las autoridades europeas, por lo que la asociación subrayó la necesidad de mejorar el marco regulatorio del sector.

A pesar de que el acuerdo alcanzado en la Cumbre de París para combatir el cambio climático les hace ser «optimistas», el presidente de APPA, José Miguel Villarig, ha denunciado que la legislación española «pone las cosas difíciles» a muchas de las empresas que apuestan por las renovables. En este sentido, Villarig ha puesto de manifiesto la «falta de estabilidad» en la normativa y la «confusión» que acarrea el diseño de las tarifas eléctricas, por lo que pide mejorar la regulación para corregir la «inseguridad jurídica» y que la retribución a las inversiones dure toda la vida del proyecto, o de lo contrario las empresas se ven «indefensas para actuar».

APPA hace referencia al «cambio cada 6 años» de la retribución a las inversiones. Ante la proximidad de 2020, que es el año límite en la Unión Europea para que el porcentaje de renovables cubra un 20% del consumo total de energía, el sector cree que España «no cumplirá sus compromisos» europeos vinculantes en materia medioambiental, excepto que «cambie sustancialmente» la política de energías renovables.

«Nos preocupa que las decisiones se tomen desde la improvisación y con un horizonte que no pase de la legislatura», ha lamentado Villarig, que también pide que se eliminen algunos costes regulados de las tarifas. Por ello, ha reclamado la necesidad de un Gobierno estable con el que negociar cambios en la legislación. «Este es un sector regulado que necesita un horizonte de certeza para desarrollarse, la inestabilidad nos perjudica», ha explicado. Villarig también ha sido crítico con las subastas para la instalación de nueva potencia renovable, en vista a que los resultados de la última «no fueron los deseados», y apuesta por dar un precio fijo al kilovatio hora.

El presidente de la patronal de las renovables ha admitido que algunas empresas del sector «lo están pasando regular o mal» en España. Ha criticado la reforma eléctrica emprendida por el último Gobierno. Villarig también ha comentado que «no es de recibo» que la rentabilidad razonable no se cumple «tal y como está planteada». Para explicarlo, ha señalado que, si no hay cambios, se ha dejado de pagar a las empresas de renovables en tres años casi unos 1.000 millones de euros, de los que espera recuperar casi 400 millones.