Los datos sobre la situación española en el cumplimiento de objetivos de energías renovables y en materia de lucha contra el cambio climático más que preocupantes, son decepcionantes. En este artículo enumeramos 5 motivos interrelacionados y una conclusión inquietante después de la publicación de dos informes que, de una forma u otra, propinan un severo varapalo a la política energética española (por llamarlo así) y a la acción contra el cambio climático en nuestro país.
En primer lugar, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó el pasado viernes un informe de seguimiento sobre la implantación de energía renovable en los países miembros, situando a España entre los 8 países que incumplen los objetivos intermedios que se autofijaron. En concreto, según este informe, el 16,27% del consumo de energía final en nuestro país provino en 2016 de fuentes renovables, cuando la planificación establecía un hito de un punto más, en concreto del 17,3%. Además, entre 2015 y 2016 el crecimiento fue inapreciable (del 16,15% al 16,27%).
Por otra parte, también recientemente publicado, España ha bajado 5 posiciones respecto al año pasado en el Índice de Acción Climática y 16 puestos respecto a 2014, cuando llegó a ocupar el puesto 22, según el informe de SEO/BirdLife, que además señala que somos «el país más vulnerable al cambio climático de Europa», anticipando, además, el incumplimiento de los compromisos de emisiones de nuestro país. Una conclusión es evidente: se acumulan los resultados adversos de la política en materia de acción climática y en el desarrollo de energía renovable en España. La acción de nuestro país y del Ejecutivo está en entredicho. Y la pregunta es ¿cómo hemos podido llegar a esta situación, después de un inició fulgurante hasta 2012?
1.- Ese inicio fulgurante estuvo basado en un conjunto de errores regulatorios que promovían el exceso y la sobreinversión en determinadas tecnologías renovables, aún no maduras en aquel momento, cuya extensión masiva fue descontrolada. Podemos decir que el inicio estaba «dopado». Mantra que el actual equipo repite para exonerarse de la forma de actuar posterior.
2.- Después de esta fase llegó, como reacción, un salvaje ajuste de cuentas a las tecnologías, la reforma eléctrica y su concepto de rentabilidad razonable, con su fuerte revisión retributiva de las instalaciones y el frenazo a la instalación de nueva potencia. Los conflictos internacionales sobre esta cuestión dañan la credibilidad de la Administración Energética y su desenlace queda larvado.
3.- Fruto de esta reforma eléctrica, se ha producido un efecto disuasorio en el plano inversor (a nivel empresarial y financiero) por la falta de seguridad jurídica y regulatoria en nuestro país. Condiciones que el propio Ejecutivo airea en sus declaraciones, advirtiendo a los concurrentes a las recientes subastas del riesgo al que quedarían expuestos. Si a esto unimos el ejercicio solipsista de las dos últimas administraciones energéticas, sin diálogo ni negociación con los agentes sectoriales, el cóctel en el modelo de gobernanza (incluyendo el cuestionamiento de la naturaleza liberalizada de determinadas actividades) está servido.
4.- Falta planificación en la política energética, ante el proceso de transición a una economía descarbonizada, con grandes vacilaciones (por no llamar bandazos) para cuadrar con el cálculo electoral todos los impactos que tendría sobre el recibo mientras sobran los ejercicios retóricos de los programas electorales y las construcciones discursivas. Eso se aprecia en la prácticamente nula consideración del factor medioambiental en el sector del transporte y la movilidad, con una apuesta tímida respecto al coche eléctrico y sus infraestructuras y con la consideración conjunta del resto de sectores económicos.
5.- Incluso ante los compromisos preexistentes (20-20-20) de nuestro país, se ha dejado pasar el tiempo y avanzar por pura inercia, tanto en producción eléctrica mediante energías renovables como en eficiencia energética. Confiados en los resultados pasados de producción hidráulica y ante la aproximación de 2020, se han efectuado 3 subastas (diferentes en su diseño, sin calendarización de las mismas, con ilusión respecto a los plazos de sus proyectos, que puede derivar en riesgos en el grado de cumplimiento de la implantación de los proyectos resultantes al mezclar operadores expertos con agentes maverick). Todo ello con el aprovechamiento político de Rajoy anunciando las terceras subastas.
Finalmente se observa, por los países más avanzados, como el propio alineamiento de España en la escena europea en referencia a los compromisos medioambientales se aproxima más a los países escépticos que a los países convencidos en esta materia, lo cual revela la falta de convicción y cómo bascula según el momento. A la vista de todo ello, es previsible que, además, 2017 incluso pueda tener resultados peores en esta materia. Más allá de que el ministro encuentre justificaciones en la climatología (¡la pertinaz sequía!) y en las interconexiones, estos datos requieren una reacción política decidida, coherente, urgente y clara.
