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La Eurocámara apoya el «mecanismo de solidaridad gasística» entre países de la Unión Europea en casos de una emergencia energética

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Europa Press / EFE.- El Parlamento Europeo respaldó la propuesta de la Comisión Europea para poner en marcha un «mecanismo de solidaridad regional» que permita a un país de la Unión Europea que se encuentre en situación de emergencia energética pedir ayuda a otros socios comunitarios para satisfacer sus necesidades de gas natural a través de «corredores de abastecimiento».

La resolución fue aprobada por la comisión de Energía con 55 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. El borrador legislativo permitiría a los Estados miembros reclamar ayuda para suministrar gas en casos en los que la seguridad y la salud de los «consumidores protegidos» esté en riesgo y las deficiencias no puedan sortearse con los planes de emergencia regionales. Así, el proyecto contempla la creación de 7 «regiones de cooperación» conectadas por «corredores de abastecimiento» de gas comunitarios con el objetivo de mitigar los efectos de posibles cortes en el suministro. Dentro de esas 7 regiones, España se integraría en el denominado grupo Norte-Sur de Europa occidental, formado además por Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda y Portugal.

Este mecanismo de solidaridad deberá ahora ser negociado con el Consejo, es decir, los países, de forma que los Estados podrán recibir gas de otros países comunitarios para «proteger a los consumidores» en caso de riesgo de penuria energética que no pueda ser solventado con planes de contingencia nacional. «La solidaridad no es un eslogan vacío: es una obligación, consagrado ahora en una ley. No podemos confiar en la buena disposición y los esquemas voluntarios si se corta el suministro de gas de un Estado miembro», resumió el presidente de la comisión europarlamentaria, Jerzy Buzek.

Los eurodiputados subrayaron no obstante que el «mecanismo de solidaridad» debe ser un «último recurso» y debe incluir una compensación adecuada para reducir las consecuencias que pueda acarrear en los mercados. Además, la comisión de Energía ha introducido cambios en la propuesta para garantizar que los suministros de gas a hogares y servicios esenciales en un Estado miembro que ha pedido medidas de solidaridad sean los primeros en ser satisfechos antes que los de cualquier otra categoría de consumidores. La Comisión Europea presentó en febrero una serie de medidas para asegurar la seguridad del suministro de gas en la Unión Europea y reducir la dependencia energética, sobre todo de Rusia.

Si bien la Comisión Europea subrayó cuando presentó su propuesta que no señalaba directamente a Moscú, algunas de sus medidas apuntan directamente a Rusia o a su consorcio gasístico Gazprom. El proyecto de la Comisión Europea emana de las crisis del gas de 2006 y 2009, que dejaron sin calefacción a millones de personas, y de las pruebas de resistencia realizadas en 2014. El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló entonces que los países de la Unión Europea son aún «demasiado vulnerables ante interrupciones prolongadas del suministro de gas».

Por otro lado, la misma comisión parlamentaria aprobó también que los Estados miembros estén obligados a comunicar a Bruselas y a las autoridades pertinentes las negociaciones de suministro energético que entablen con terceros países fuera de la Unión así como los detalles de los contratos de suministro energético de más de un año, incluyendo el precio de gas, con el objetivo de asegurar que cumplen las normas y tener una imagen más amplia del mercado energético comunitario. En relación a esto la Comisión, si considera que los términos de un contrato de suministro pueden perjudicar el aprovisionamiento ininterrumpido de gas en la Unión Europea, podría iniciar procedimientos bajo la legislación comunitaria en materia de competencia.

Estos términos incluyen la «construcción o gestión de la infraestructura energética conectada con al menos un Estado miembro de la Unión Europea», lo que no debería restringir la libertad de los países comunitarios para negociar pero afectaría a proyectos como el de Nord Stream II, con el que Rusia quiere duplicar la capacidad de su gasoducto a Alemania y que genera reticencias entre los Veintiocho. El espíritu del legislador es que la Comisión Europea desempeñe un papel de «consejera» de las capitales para garantizar que se respeta la legislación comunitaria.

La SNE pide el fin de las medidas fiscales que «estrangulan» al sector nuclear y ampliar la vida útil de las centrales

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EFE / Europa Press.- La Sociedad Nuclear Española (SNE) defiende la operación a largo plazo para las centrales del país, pues considera que tienen las condiciones para ello; pide el fin de las medidas fiscales «discriminatorias» que entraron en vigor en 2013, que están «estrangulando» el desarrollo de un sector cuya rentabilidad ve «en riesgo«, y pide un «marco regulador estable y predecible» que fomente la llegada de nuevas inversiones mientras aboga por un «pacto de Estado que reconozca la trascendencia» de la nuclear.

Según el presidente de la SNE, José Ramón Torralbo, estas medidas han derivado en un aumento de los costes, que ha cifrado en más del 20%, y que han obligado a hacer ajustes y que además se unen al impacto negativo del descenso en la demanda energética de los últimos años. «No pedimos subvenciones, sino que los costes se puedan asumir», subrayó Torralbo en la 42 reunión anual de esta sociedad, que agrupa a unos mil profesionales del sector nuclear.

«Esto no hay industria que lo resista», aseveró Torralbo, que aseguró que estas medidas fiscales están afectando «de manera importante a la viabilidad» de las centrales y a toda la industria del sector nuclear, «coartando» su capacidad de desarrollo e inversión y «estrangulando» sus posibilidades de crecimiento. Para Torralbo «sería una lástima» que por razones fiscales y no empresariales, se llegara a cerrar instalaciones «absolutamente productivas» dentro de un sector «puntero» internacionalmente que está «tirando del país» y que da trabajo cualificado a 30.000 personas, entre empleos directos e indirectos.

Torralbo volvió a reclamar una política que pase por un marco regulador “estable y predecible” a largo plazo, que garantice la «rentabilidad» de las inversiones que se realicen, y un pacto de estado de energía que reconozca la importancia del sector nuclear, en lugar de seguir aplicando medidas que, en su opinión, «pueden ser más ideológicas que racionales». Entre los argumentos que esgrime para reclamar ese gran acuerdo está que la nuclear, por sexto año consecutivo, generó más del 20% de la energía que se consume en España con un 7,7% de la potencia instalada, lo que la sitúa a la cabeza en producción,por delante del carbón y la eólica.

«Son inversiones importantes y tienen que tener una rentabilidad garantizada, si no ninguna empresa apostara por ello», advirtió Torralbo. En este sentido, y cuestionado por las consecuencias para el sector de contar con un Gobierno de España en funciones y con las competencias de Energía cedidas al ministro de Economía, Luis de Guindos, tras la dimisión del que era el titular de su cartera, José Manuel Soria, reconoció que «la interinidad no es buena a la hora de tomar decisiones».

A juicio de Torralbo, España cuenta con un «buen» y «adecuado» mix energético que ha abogado por mantener. Por ello, reclama un «consenso» nacional para este modelo, en el que se reconozca el papel de la energía nuclear «en la consecución de los objetivos de fiabilidad, de seguridad del suministro, de competitividad y de respeto al medio ambiente». En este último aspecto, apuntó que una de las «ventajas» de la energía nuclear es que «no emite gases de efecto invernadero» y ha subrayado que las centrales nucleares existentes en España «evitan» que se emitan a la atmósfera cada año 40 millones de toneladas de dióxido de carbono que se generarían si se optara por otras energías que sí los produce.

Además subrayó que la tendencia internacional es el incremento del número de centrales, además del aumento de su vida útil, otra de las reivindicaciones del sector nuclear en España. Según la SNE, alargar la vida de las centrales de 40 a 60 años, una vez «verificado» que reúnen las características técnicas y condiciones para operar con seguridad, dinamizaría la economía y el empleo, reduciría la contaminación atmosférica y además disminuiría la dependencia del exterior de un país que no cuenta con petróleo y gas para abastecerse. En España hay en funcionamiento 8 plantas nucleares, con una edad en torno a los 30 años y cuyas autorizaciones se renuevan cada década.

«El parque nuclear español está mostrando su capacidad para operar a largo plazo», argumentó Torralbo que «cree» que todas las centrales nucleares del país se encuentran en condiciones de prolongar su actividad más allá de su vida útil. «De cualquier manera yo no soy el que tengo que decirlo. Afortunadamente para eso está el organismo regulador, el CSN», matizó Torralbo. El presidente de la SNE indicó que algunos países empiezan a apostar por la operación a largo plazo de las centrales nucleares, entre ellos Estados Unidos, y ha defendido que éstas ahora «no se parecen en nada» a cuando comenzaron debido a las inversiones que se han realizado en ellas.

El Gobierno autonómico asegura que el gas natural es necesario para Canarias porque las energías renovables no garantizan el suministro

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EFE.- El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, considera que es necesario introducir el gas natural en Canarias como fuente de energía porque las energías renovables no son suficientes para garantizar el suministro eléctrico. Ortega respondió así a la diputada de Podemos, Concepción Monzón, quien le instó a centrarse en las renovables para evitar más dependencia energética, pero el consejero aseguró que con la tecnología actual no se garantiza el suministro. «Por eso necesitamos el gas», añadió Ortega.

Si en un futuro, por el avance de las renovables, «sobra el gas, pues sobrará el gas», a pesar de las inversiones realizadas, sostuvo el consejero. Precisamente la necesidad de amortizar las inversiones en las infraestructuras portuarias y plantas regasificadoras de gas, que cifró en 192 millones de euros sólo en Granadilla, será para Podemos una de las principales trabas para el avance de las energías renovables en las islas. La amortización de esas instalaciones tardará entre 10 y 50 años, alertó, y no hay garantía de que el precio del gas se vaya a mantener en los niveles actuales.

«El gas no soluciona los problemas de Canarias, nos hace más dependiente, tendrá serias repercusiones al impedir la diversificación de las fuentes de energía e incumple los protocolos del cambio climático», argumentó Concepción Monzón. Además, agregó, las elevadas inversiones “concentran el capital en muy pocas empresas”, mientras que las energías renovables y el autoconsumo tienen el efecto contrario, al “extender la participación de pequeñas empresas y particulares en la producción de energía”. El proyecto para introducir el gas en Canarias es de 1988, pero «estamos en 2016» y la tecnología permite el autoconsumo a partir de energías renovables, afirmó Concepción Monzón. Podemos también aludió a «problemas de seguridad» del gas.

Ortega se mostró de acuerdo en que las energías renovables son preferibles, pero afirmó que hay que garantizar el suministro y eso no es posible con la tecnología actual, por lo que concluyó que en Canarias se necesita el gas. El consejero señaló que las islas ya cuentan con plantas de generación de electricidad de ciclo combinado, pero aún no llega el gas a ellas porque no se han materializado las plantas regasificadoras previstas en Granadilla y Arinaga, instalaciones planeadas para construirse en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

El consejero insistió en que «apuesta al 100% por las energías renovables» pero «el gas nos acompañará en el viaje y, si llega un momento en que se tiene que eliminar, se eliminará”. Para subrayar el compromiso del ejecutivo con las renovables, recordó que ha defendido recientemente el autoconsumo en Bruselas, que el ejecutivo desbloqueó los concursos eólicos y que va a convocar las mesas de geotermia y energía fotovoltaica. «Pero hay que garantizar el suministro, y con la tecnología actual no se puede, por eso necesitamos el gas, que contamina menos que el petróleo y es más barato», insistió.

Endesa invierte 7,6 millones de euros para garantizar la seguridad del suministro eléctrico en sus centrales de Baleares y Canarias

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Redacción / Agencias.- Endesa invirtió 7,6 millones de euros en un proyecto de mejora en las centrales de generación eléctrica de Baleares y Canarias para garantizar la disponibilidad de estas plantas en caso de fallos en los transformadores principales, según explicaron, ya que un fallo en un transformador principal de salida de grupo puede generar periodos de indisponibilidad superiores a un año para el grupo de generación asociado.

Para evitar esta situación, Endesa ha diseñado y desarrollado 11 poli-transformadores principales de salida de grupo que podrán ser utilizados como equipos estratégicos compartidos entre la totalidad de las centrales térmicas y diésel ubicadas en ambos sistemas insulares. Uno de los objetivos del proyecto es poder sustituir el máximo número de transformadores de salida de grupo existentes con el menor número de poli-transformadores posible. Esta mejora permite al grupo energético ampliar del 16% al 90% el porcentaje de grupos cubiertos con un repuesto compatible (85% en Canarias y al 98% en Baleares). Así, se garantiza la disponibilidad de todos los grupos ante un fallo en el transformador, una parte fundamental de las centrales para la evacuación de la energía generada.

Menor uso al mayor coste

Para ello, los transformadores han sido diseñados de tal manera que puedan ser instalados en diferentes configuraciones de montaje, logrando así que las 11 máquinas puedan sustituir en caso de fallo a cualquiera de un total de 115 grupos de generación de diferente tipo (grupos de carbón, motores diésel, ciclos combinados, turbinas de gas natural o grupos de fuel). Además, con este proyecto, que ha durado tres años, la compañía busca generar un ahorro de costes para los sistemas insulares. El hecho de disponer de estas máquinas asegura que la generación de energía se realiza siempre con los grupos más eficientes de las centrales, con lo que se evita tener que utilizar otros grupos con mayores costes para el sistema.

El proyecto se inició como parte del plan de fiabilidad y mejora de los equipos de las centrales de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, para garantizar la disponibilidad técnica de los grupos de generación y asegurar la seguridad de suministro eléctrico y se han dedicado a su desarrollo 14.300 horas de ingeniería, pruebas y supervisión. El fallo de un transformador principal de salida de grupo puede implicar periodos de indisponibilidad de hasta un año debido a los extensos tiempos de fabricación y reparación, por lo que el proyecto permitirá que se minimicen estos periodos de indisponibilidad de los grupos, asegurando así una mejor calidad de suministro en los sistemas aislados, con el consiguiente beneficio para el cliente.

El parlamento de Pakistán pasa a alimentarse únicamente con energía solar

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EFE.– El parlamento de Pakistán inauguró formalmente una planta solar para convertirse, de acuerdo con las autoridades paquistaníes, en el único en el mundo en funcionar solo con esta fuente alternativa de energía. El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, inauguró el proyecto verde junto al embajador chino en Pakistán, Sun Weidong, en un acto en el que recordó que la escasez de electricidad es un grave problema para el país.

La planta que alimenta al hemiciclo cuenta con 4.000 paneles solares con una capacidad para generar 1,8 megavatios, de los que un 80% se usará en el hemiciclo y un 20% se destinará a la red nacional, indicó el jefe del proyecto, Sajid Shaukat. Así se evitará la emisión de 2.500 toneladas de dióxido de carbono al año y un ahorro de 100.000 euros anuales. El portavoz del Parlamento, Ahqan Iqbal, explicó que el proyecto es un «regalo» que el presidente chino, Xi Jinping, hizo al país el año pasado.

Pakistán, el sexto país más poblado del mundo con 180 millones de habitantes, sufre un gran déficit energético que provoca continuos cortes eléctricos incluso en la capital del país nuclear. Según el Banco Mundial, el 44% de los hogares paquistaníes no están conectados a la red nacional. El sector energético paquistaní está lastrado por la falta de inversión, fruto de las pocas garantías de seguridad jurídica y la corrupción, con escasez endémica de liquidez derivada del impago del suministro energético.

Soria afirma que el fracking es una «cuestión de seguridad energética nacional»

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Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sostuvo en el Congreso de los Diputados que el desarrollo de las técnicas de facturación hidráulica para obtener gas, el fracking, es «una cuestión de seguridad energética nacional». Así se expresó Soria con motivo de una interpelación del diputado del grupo mixto Iker Urbina, quien denunció «el rechazo social a este tipo de método de extracción de la energía» y pidió que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de su regulación.

Soria indicó que el Plan de seguridad Nacional contempla que «la energía tiene que ser segura, equilibrada y sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico» y que no se descarta ningún tipo de fuente. Por ello, según defendió, la regulación de esta técnica es potestad del Estado y no de las autonomías, lo que explica que el Tribunal Constitucional haya fallado siempre a favor del Ejecutivo en esta materia. Sobre la capacidad de las autonomías para no permitir extracciones, admitió que pueden hacerlo ya que deben dar la autorización, aunque advirtió que si lo hacen sin respetar la normativa estatal se verán expuestas a que los inversores las denuncien ante los Tribunales con una gran probabilidad de perder.

Por otro lado, afirmó que «la verdadera revolución en materia de energía es la que ha supuesto el fracking en Estados Unidos», lo que le permite atraer empresas europeas gracias a que su gas cuesta 3,5 dólares, mientras en el viejo continente se triplica este coste. En cuanto a las actuaciones del Gobierno en esta materia, Soria explicó que ha consistido en aumentar los requisitos medioambientales para poder llevar a cabo este tipo de actividades.

En este sentido, el ministro sostuvo que «no se conoce ningún tipo de actividad industrial que esté exenta al 100% de riesgo» por lo que «las instituciones deben legislar para minimizar la posibilidad y la probabilidad de que haya y se materialicen estos riesgos». Además, recordó que la modificación de la ley de hidrocarburos contempla compensaciones tanto para los propietarios de los terrenos como para las comunidades autónomas y los entes locales próximos al territorio.

Iker Urbina (Amaiur) propuso al ministro apostar por «otro modelo energético que respete los recursos naturales» y a las personas. «¿Otro modelo energético? ¿Qué modelo?», cuestionó el ministro para defender el mix de energías existentes en España: nuclear, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, biomasa, solar, carbón, gas. Además, sobre un mayor peso de las renovables, recordó que en 2014, del total de generación de la energía eléctrica, un 43% provenía de renovables.

En cualquier caso, Soria matizó que detrás de estas energías limpias debe haber otras «de respaldo». «El discurso de ‘todo renovables’ me parece muy bien, pero digamos cuál es la realidad del sistema energético, que si se produce todo con viento o sol tiene que tener una tecnología de respaldo y pagarla, se utilice o no y ese pago se envía a final de mes en el recibo de la luz a todos los españoles», aseveró. Finalmente, Urbina acusó al Gobierno de velar «por los intereses de ciertos lobbies económicos», un extremo que Soria negó, para afirmar que actúan » para reducir «los 100 millones de euros que diariamente los españoles emplean en importaciones energéticas».